EL INFORME DEL CHIEF JUSTICE SOBRE LA JUDICATURA FEDERAL EN EL AÑO 2018: LA IMPORTANCIA DE LOS LAW CLERKS.

LAWCLERKOFFICE

Washington D.C., mes de marzo de 1928. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, presidido por William Howard Taft (la única persona en la historia de los Estados Unidos que, tras ser inquilino de la Casa Blanca entre 1909 y 1913 ocupó la cúspide del poder judicial) ha de resolver el asunto Olmstead v. United States. En cuanto a los hechos, los mismos son claros, tozudos e incontrovertidos: Roy Olmstead había sido declarado culpable de contrabando de alcohol, entonces proscrito nada menos que por la decimonovena enmienda constitucional. El problema radicaba en la única prueba de cargo existente: las grabaciones obtenidas por varios agentes federales se habían logrado mediante la instalación de micrófonos en varias dependencias sin la preceptiva autorización judicial. La cuestión se trataba, por tanto, de verificar si las mismas podían ser utilizadas válidamente como prueba o si debían considerarse ilícitas por vulnerar los derechos constitucionalmente garantizados tanto en la cuarta como en la quinta enmienda. El Tribunal Supremo, por cinco votos contra cuatro (los del chief justice William Howard Taft y los de James Clark McReynolds, Edward T. Sanford, Edward Sutherland y Willis Van Devanter), argumentaron que las pruebas obtenidas eran perfectamente válidas y, por tanto, capaces plenamente de fundamentar la condena.

Uno de los jueces, discrepante de la opinión mayoritaria, redactó un sólido y contundente voto particular discrepante, en el cual se oponía rotundamente al uso como prueba de grabaciones sin la preceptiva autorización judicial. Dicho juez advertía en su filípica que: “Los avances científicos a la hora de proveer al Estado con medios de espionaje no parece que se vaya a detener con las grabaciones. Quizá algún día se desarrollen medios en virtud de los cuales el Estado, sin confiscar documentación de receptáculos secretos, pueda reproducirlos en un Tribunal, y con los cuales sea capaz de exponer al jurado los acontecimientos más privados de un hogar.” En el borrador inicial de voto discrepante, el juez incluía un párrafo en el que hacía referencia a la televisión, entonces en las fases iniciales de su andadura, indicando que a través de la misma: “el Estado podía introducirse en los lugares más recónditos de los hogares.” No obstante, cuando el magistrado trasladó el voto particular a su law clerk, éste le explicó que la televisión “no funciona así”, y le explicó que no era posible desde la misma obtener imágenes. El juez retiró la frase relativa a la televisión gracias a la información que le suministró su law clerk. El juez en cuestión era nada menos que el brillantísimo jurista y antiguo abogado Louis D. Brandeis, y el law clerk era Henry Friendly, quien veintinueve años más tarde, en 1958, se convertiría en juez del Tribunal de Apelaciones del Segundo Cirtuito, órgano que llegaría a presidir y en el que permanecería hasta su fallecimiento el 11 de marzo de 1986.

Este curioso episodio sirve de base al actual chief justice John Roberts para iniciar su 2018-End Year Report on the Federal Judiciary, dedicado precisamente a los beneficios mutuos que produce la relación entre los jueces y sus law clerks, para conmemorar el centenario del reconocimiento oficial de dicho puesto. Recordemos que dicha figura, desconocida en el ordenamiento español aunque familiar en otros países europeos (caso de Alemania), no es otra cosa que un recién licenciado en Derecho a quien un juez contrata durante un año para labores de investigación jurídica y asistencia en la redacción de documentos judiciales. El juez obtiene así la ayuda de una persona recién titulada que le alivia de ciertas cargas, mientas que ésta, a la vez, obtiene una visión práctica como necesario complemento de la formación universitaria, excesivamente teórica. Muchos de los jueces del Tribunal Supremo han sido law clerks, y así, por ejemplo, John G. Roberts lo fue de William H. Renhquist (como éste a su vez lo fue de Robert H Jackson) y Neil Gorsuch fue law clerk de Anthony Kennedy.

En sus orígenes, a finales del siglo XIX, el abono de las retribuciones de los law clerks corría a cargo del bolsillo particular de cada juez que los utilizaba. No es sino en 1919 cuando por vez primera el Congreso otorga una partida para que la retribución de los mismos corriese a cargo de los Estados Unidos, y no del peculio de cada juez.

John Roberts ilustra a la perfección en su informe los beneficios de esta mutua colaboración:

“Como demuestra el intercambio entre Brandeis y Friendly, los jueces se benefician de la asistencia de sus law clerks, quienes aportan energía, conocimiento nuevo y aire fresco. Por supuesto, éstos carecen de la autoridad judicial para resolver asuntos, pero sin embargo los jueces se dirigen a ellos en busca de ayuda para búsquedas, comprobación de análisis legal y para evitar errores. El beneficio es mutuo. Los law clerks obtienen la pericia legal de juristas que han obtenido posiciones de alta confianza y responsabilidad en la profesión. Mientras Brandeis se benefició de los conocimientos de su ayudante para comprender una tecnología recién instaurada, Friendly pudo comprobar como un experto jurista con una clara visión de los intereses en liza construía su discrepancia.”

Ahora bien, dicha posición se presta, como cualquier puesto, a eventuales abusos, que Roberts no oculta, aunque a cualquier lector que se hubiese asomado a las páginas iniciales del libro que, con el título The Supreme Court publicara William Rehnquist en 1987 (existe una segunda edición de 2001, con tres capítulos añadidos y con una ligerísima alteración en la sistemática), dichas advertencias no le cogerían en modo alguno de sorpresa. Abusos que: “adoptan más la forma de faltas de educación o respeto que de acoso sexual, y frecuentemente no son objeto de denuncia.”

Pero lo que llama la atención es que el Informe que el 1 de junio de 2018 se elaborase afecta al comportamiento no sólo de los law clerks, sino de todos los que desarrollan su trabajo en el mundo judicial, es decir, que afecta igualmente a los propios jueces. Y lo que sorprende, sobre todo al jurista español, es que a la hora de elaborar dicho informe no se haya limitado la consulta a jueces y funcionarios (que es lo habitual en nuestro país), sino que se haya recabado la opinión de “Miembros del Congreso, Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, organizaciones sin ánimo de lucro y ciudadanos particulares.” Recalco esto último porque muchas de las lacras de la Administración de Justicia en España radican precisamente en que los informes se elaboran adoptando la técnica del avestruz: enterrar la cabeza en la tierra abstrayéndose así de todo lo que provenga de fuera, quizá por la anticuada idea de que los trapos sucios, de haberlos, han de lavarse en casa. Y así nos va.

Es más que seguro que desde la alta judicatura española se contemple a la figura del law clerk como algo indeseable, peligroso o como una mera stravaganzza. En ello pueden influir varios factores que conviene abordar de forma harto delicada, pero que en modo alguno pueden ocultarse y omitirse.

Primero.- Sindrome del opositor.

A diferencia de lo que ocurre en el mundo anglosajón, la judicatura española se nutre de personas que han superado un sistema selectivo donde lo que se mide es única y exclusivamente la capacidad de retención memorística de un amplio temario. El esfuerzo que debe hacerse, pues, es tan brutal, extraordinario y loable como inútil, pues el convertir el cerebro en una cinta magnetofónica capaz de reproducir un determinado temario al ser requerido por los examinadores garantiza, sí, un conocimiento teórico más o menos amplio (que se supone ya lo otorga la Universidad), pero no una capacidad decisora o resolutiva.

Precisamente ese esfuerzo notable que hubo de realizarse a costa de privaciones y la pérdida de años de juventud limitados o reducidos únicamente al estudio, ocasiona que en algunos casos, determinadas personas miren por encima del hombro no sólo a quienes no han superado pruebas selectivas públicas, sino incluso a quienes han superado otras diferentes. Ello explica ciertos malos gestos, alguna que otra contestación fuera de tono y determinados comentarios más propios de otros lugares que del foro. Afortunadamente las malas formas no son algo frecuente, aunque se faltaría a la verdad si se dijera que no existen. Tengo la fortuna de que en mi cotidiano quehacer frecuento un orden jurisdiccional donde todos, absolutamente todos sus integrantes son personas no sólo de la mayor altura jurídica, sino de una educación exquisita; el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Cuatro de Oviedo llega incluso de pedir a las partes disculpas cuando se producen retrasos en el inicio de las vistas. Pero cuando salgo de esa jurisdicción a veces veo algunos comportamientos (en particular recuerdo el de dos juezas de instrucción de cierta villa marinera) tan rayanos en la grosería más burda que podría aplicarse a las mismas la afirmación del profesor Henry Higgins cuando manifestaba que determinados comentarios: “harían abochornarse a un marinero“.

Pero aun cuando puede decirse que las malas formas están casi (aunque no totalmente) desterradas, no lo está tanto el síndrome del opositor, que de vez en cuando hace su aparición aunque sea con “un poco de azúcar” (homenajeemos a Mary Poppins ya que se ha estrenado hace apenas quince días la secuela) para hacerlo más digerible.

Segundo.- Síndrome de la omnipotencia y soledad.

Recuerdo como si fuera hoy la ponencia impartida por el catedrático Juan Alfonso Santamaría Pastor a finales del año 1998 en Gijón, para exponer algunas de las novedades de la, entonces, recién aprobada Ley 29/1998 de 13 de julio. Me llamó poderosamente la atención su análisis de la influencia de la estructura judicial sobre la personalidad de los jueces, que transcribo literalmente: “El juez, en su juzgado, es todopoderoso y omnipotente. Pero, a la vez, está solo, sin ayuda de nadie. Y como saben, la omnipotencia unida a la soledad genera locura.” Ante la cara de sorpresa de todos los asistentes, explicó su razonamiento de la siguiente forma: “No me miren con extrañeza. Es Freud puro.”

Lo anterior influye en extremo. Un juez que es el responsable máximo de su juzgado, pero que a la vez no goza de apoyo alguno en su soledad (pues los Secretarios Judiciales van por un camino paralelo al del juez y el personal de administración y servicios depende de los primeros y no de éste), todo ello unido al síndrome del opositor anteriormente analizado hace que se contemple toda ayuda externa como algo indeseado, como una intromisión. Al fin y a cabo, nadie tiene que enseñar nada, porque ha demostrado de sobra sus conocimientos al superar el proceso selectivo. Lo cual es cierto sólo a medias, por cuanto cuatro ojos ven mucho más que dos, y ciertamente del contraste de pareceres pueden surgir ideas o razonamientos que, siendo válidos, es posible que el juez no se haya planteado por las razones más diversas y que pueden ser útiles.

Y esta ultima es, según John Roberts, la tarea fundamental del law clerk.

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