DE HAVILLAND v. FX (TRIBUNAL SUPREMO DE CALIFORNIA): PRIMERA ENMIENDA Y HECHOS HISTÓRICOS DRAMATIZADOS.

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Olivia de Havilland, que goza de un envidiable estado de salud con ciento dos primaveras y media a sus espaldas, es, sin duda alguna, una de las grandes damas del séptimo arte y una de las dos personas vivas que aún mantienen el nexo de unión con la época dorada del Hollywood clásico. Esa apariencia de mujer frágil y quebradiza encubre una voluntad de hierro que le ha llevado, ya centenaria, a emprender una batalla judicial que ha intentado llevar incluso al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, con un resultado final no favorable a sus intereses.

Todo comienza en marzo del año 2017, cuando se inicia la emisión de la serie Feud: Bette and Joan, cuyo argumento básico se centra en la rivalidad que dentro y fuera de las pantallas mantuvieron las actrices Bette Davis y Joan Crawford, encarnadas respectivamente por Jessica Lange y Susan Sarandon. Uno de los personajes de la trama era Olivia de Havilland, encarnada al efecto por Catherine Zeta Jones (curiosamente nuera en la vida real de Kirk Douglas, el otro centenario superviviente de la era de los grandes estudios). Aun cuando la aparición del personaje en la trama podía considerarse ciertamente episódico si se tiene en cuenta la duración total de la serie (sobre un total de 392 minutos, el personaje apenas sobrepasa diecisiete minutos de aparición en pantalla) la “verdadera” de Havilland consideró que la imagen que de ella transmitía la serie no era “auténtica” y, por tanto, entabló acciones legales contra la productora, FX Networks. Alegaba en síntesis un uso indebido de su imagen, vulneración del derecho a la intimidad, enriquecimiento injusto y reclamación por daños ocasionados por el “trastorno emocional y el daño ocasionado a su reputación”; negaba haber efectuado una entrevista en la entrega de los Oscar del año 1978 (como se indicaba en el telefilme) y rechazaba haberse referido a su hermana, la también actriz Joan Fontaine (con quien mantenía unas relaciones tormentosas, por no decir que ambas se detestaban cordialmente) como “my bitch sister”, palabras que la serie ponía en su boca. La productora, en su defensa, alegaba que no se estaba propiamente ante una serie “histórica”, sino ante un “docudrama”, es decir, una “dramatización de la historia” lo que implica el partir de hechos históricos acreditados y de la existencia de personajes reales, pero asumiendo ciertas licencias y coqueteos con la ficción.

El Tribunal Superior del condado de Los Ángeles rechazó las tesis de la productora y dio la razón a De Havilland. Los productores impugnaron judicialmente la sentencia y el 23 de marzo de 2018, el Tribunal de Apelaciones del Estado de California en su sentencia De Havilland v. FX Networks revoca la sentencia de instancia. No me resisto a transcribir los cuatro párrafos iniciales de la sentencia en los que se resumen las treinta y ocho páginas de la resolución:

“Los autores escriben libros. Los cineastas duedan películas. Los dramaturgos elaboran piezas teatrales. Y los guionistas, directores y productores de televisión crean shows y los emiten a través de las ondas..o, en estos tiempos modernos, online. La primera enmienda protege tales trabajos y la libertad de expresión de sus creadores. Algunos de esos trabajos son ficción, algunos reales, y algunos mezclan realidad y ficción. El hecho que dichas creaciones generen ingresos para sus autores no disminuye su protección constitucional. La primera enmienda no exige que autores, cineastas, dramaturgos y productores de televisión ofrezcan sus obras gratuitamente al público.

 

Libros, películas, obras teatrales y espacios televisivos con frecuencia representan a personajes reales. Algunos son famosos, y otros ciudadanos corrientes. Si uno de los personajes representados en tales obras es una estrella de fama mundial (una “leyenda viva”) o una persona que nadie conoce, el o ella no es propietaria de la historia ni tiene el derecho a controlar, dictar, aprobar, rechazar o vetar la representación que hace el autor de la misma.

 

En este caso, la actriz Olivia de Havilland demanda a FX Networks LLC y Grupo de Entretenimiento Pacífico 2.1, autores y productores de la miniserie de televisión Feud: Bette and Joan. En el docudrama sobre las actrices Bette Davis y Joan Crawford, una actriz interpreta a de Havilland, gran amiga de Davis. De Havilland interpone una acció judicial basándose en vulneración de la normativa legal vigente sobre publicidad y en el derecho común de daños por apropiación indebida. Basa su reclamación en el hecho (no controvertido) que “no ha otorgado su permiso a los creadores de Feud para utilizar su nombre, identidad o imagen de ninguna manera”. También basa su pretensión en la imagen falsa que transmite FX en una entrevista ficticia donde el personaje de De Havilland se refiere a su hermana como “puta” cuando en la realidad el término utilizado fue “lady dragon”. De Havilland solicita se detenga la distribución y emisión del programa y una indemnización por daños.

 

El Tribunal de instancia rechazó la moción especial de FX para desestimar la pretensión, concluyendo que, dado que Feud intentó ofrecer una imagen de Havilland lo más realista posible, el programa no era “transformativo” bajo los criterios seguidos en Comedy III Productions Inc v. Gary Saderup Inc y, por tanto, no se encontraba protegido por la primera enmienda. Como tanto apelantes como númerosos intervinientes han señalado, dicho razonamiento implicaría sentar la base para futuros litigios frente a cualquier libro, obra y programa de televisión que represente a gente real, de tal forma que cuanto más realista sea la representación, el trabajo sería potencialmente más impugnable. La primera enmienda no permite tal resultado.”

Insistimos, esto es un simple resumen de todo el caso, dado que los jueces americanos tienen extremadamente desarrollada la facultad de síntesis para comprimir en apenas unas líneas todo un asunto. Pero ello no impide que la resolución, muy bien redactada, con estricta separación de hechos y derecho y donde cada uno de los apartados aparece con rotulación que facilita enormemente el acudir a un fundamento concreto. Por ejemplo, en este caso, la página 14 de la sentencia rotula un epígrafe de la siguiente forma: “La primera enmienda protege la representación que FX efectúa de Olivia de Havilland sin necesidad de obtener su permiso”, para a continuación desarrollar in extenso dicho particular. Es curioso el énfasis que la sentencia pone en un caso resuelto por el Tribunal Supremo del Estado de California justo cuatro décadas antes, en concreto el Guglielmi v. Spelling-Goldberg Productions, donde un familiar de Rodolfo Valentino reclamaba frente a la productora de un telefilm sobre la vida del celebérrimo astro del cine mudo, film en el que se tomaban ciertas licencias; y digo que es curioso porque en el caso De Havilland, los jueces descansan más en el voto particular concurrente del chief justice que en la opinión mayoritaria, y en concreto en esta frase que se reproduce literalmente:

“Rodolfo Valentino fue una estrella de Hollywood y su vida y carrera son parte de la historia cultural de una era. Su persona es claramente una fuente de inspiración para poesías o canciones, biografías o ficciones. Si el trabajo final de los productores constituye una aproximación seria de Valentino o una mera fantasía es algo que ha de dejarse a la conclusión del lector o del espectador, no de los tribunales.”

De Havilland no dio la batalla por perdida e interpuso un certiorari ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el cual identificó como cuestión jurídica a resolver la siguiente:

“Se encuentran las afirmaciones temerarias o deliberadamente falsas sobre una figura pública, contenidas en un formato de docudrama protegidas por la primera enmienda y en consecuencia exentas de reclamaciones interpuestas por la víctima sobre la base de difamación y derecho a la publicidad, hasta el punto de justificar una inadmisión en la fase inicial del procedimiento?”

 

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos llevó el asunto a la reunión celebrada el día 1 de enero de 2019 (anoten bien la fecha, porque en el calendario del máximo órgano jurisdiccional no es día de vistas –argument day-, pero sí día de reunión de los jueces –conference day-) y el pasado día 7 de enero hizo público que rechazaba conocer el asunto.

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