EL TRIBUNAL SUPREMO DE ESTADOS UNIDOS ABORDA DE NUEVO LA RESTRICCIÓN AL DERECHO A PORTAR ARMAS: NEW YORK STATE RIFLE & PISTOL ASSOCIATION v CITY OF NEW YORK.

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Ralph Waldo Emerson escribió en el año 1836 un poema titulado Concord Hymn, para colocarlo en la base del obelisco que en 1837 se erigiría en dicha localidad, con el objetivo de conmemorar una de las primeras escaramuzas de la guerra de independencia norteamericana. Los dos versos finales del primer cuarteto indicaban que: “Here once the embattled farmers stood /and fired the shot heard round the world.” (En cierta ocasión aquí se situaron los granjeros en orden de batalla / y efectuaron el disparo que se oyó en todo el mundo). De esta manera, con un disparo, se inició el conflicto que en apenas ocho años finalizaría con el reconocimiento de las por entonces colonias británicas como estados independientes, que pasarían a ser los Estados Unidos de América del Norte.

Es imposible, por tanto, separar la historia de los Estados Unidos de las armas. Ya fuesen estas mosquetes, fusiles, colts o ametralladoras. Desde el conflicto bélico con Gran Bretaña hasta la actualidad, pasando por la conquista del oeste y los difíciles años de la prohibición, las armas han estado presentes en el devenir de los Estados Unidos. En los estadios iniciales de su nacimiento y expansión no sólo era lógico, sino absolutamente imprescindible la posesión de un arma de fuego por simples motivos de autodefensa, debido la insuficiente dotación de los cuerpos de seguridad, y eso allí donde éstos existían.

La posesión de armas se consideró incluso un derecho tan inherente al ciudadano, que se llevó nada menos que al texto constitucional, garantizándose en la segunda enmienda aprobada en 1791. Según dicho precepto: “A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed” (siendo necesaria para la seguridad de un estado libre una milicia bien regulada, no se vulnerará el derecho de los ciudadanos a tener y portar armas). El tenor de dicho precepto admite dos interpretaciones: la estrictamente individual, desligada de cualquier otra consideración (es el derecho de los ciudadanos, de cualquier ciudadano, el tener y portar armas, con independencia de la existencia o no de la milicia) y la colectiva, es decir, la que considera que ese derecho de naturaleza individual únicamente puede ejercitarse a través de la milicia, para la cual está pensado. En otras palabras, mientras que la tesis individualista liga la posesión de las armas al individuo sin ninguna otra consideración, la colectiva vincula su ejercicio a la integración en la milicia.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos efectuó una interpretación de la segunda enmienda en su célebre sentencia District of Columbia v. Heller, hecha pública el 26 de junio de 2008, donde por cinco votos (en este caso fue decisiva la orientación de Anthony Kennedy, quien unió su voto al de John Roberts, Antonin Scalia, Clarence Thomas y Samuel Alito) frente a cuatro (los de John Paul Stevens, David Souter, Ruth Bader Gisburn y John Paul Stevens) la sentencia, redactada por Scalia, buceó en las fuentes historiográficas remontándose a la época fundacional, concluyendo que se estaba ante un derecho de naturaleza individual totalmente desligado de la milicia; derecho, eso sí, que admitía determinadas restricciones, como, por ejemplo, la prohibición de armas a personas con disminuciones psíquicas. Dicha sentencia contó con un largo voto particular de Jon Paul Stevens, quien pretendió utilizar igualmente criterios históricos para refutar las tesis de Scalia. De todas formas, a efectos jurídicos, lo importante es que dicha resolución interpretaba la segunda enmienda siguiendo las tesis individualistas, es decir, garantizando el derecho de todo individuo a la tenencia de armas. Dejaba en el aire la cuestión de si dicha enmienda era de aplicación únicamente al gobierno federal o si vinculaba a los estados. Dicho interrogante se solventó justo dos años y dos días más tarde, el 28 de junio de 2010, cuando en el caso McDonald v. City of Chicago, por idéntica mayoría y con las mismas personas en los mismos bandos, se consideró que la enmienda vinculaba igualmente a los gobiernos estatales.

Desde entonces, se perpetúa el eterno debate entre los partidarios de una libertad absoluta de armas y quienes abogan no por la supresión de tal derecho (algo que nadie, absolutamente nadie, defiende en Estados Unidos) sino únicamente por un mayor control en la venta. Incluso el inefable Barack Obama, antes de llegar a la Casa Blanca, en su campaña electoral para alcanzar la presidencia manifestó públicamente, con un notable enfado, en un mitin celebrado en agosto de 2008 que mentían quienes le acusaban de querer privar a los ciudadanos de sus armas: “No te voy a quitar tu rifle, no te voy a quitar tu escopeta, no te voy a quitar tu pistola”.

Pues bien, hace apenas tres días, el 22 de enero de 2019, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos accede a tomar en consideración el asunto New York State Rifle & Pistol Association Inc v. City of New York, donde se plantea como interrogante jurídico a resolver: “Si la prohibición que la ciudad de Nueva York establece al transporte de armas de mano con licencia, aseguradas y descargadas en el hogar o en campos de tiro fuera de los límites de la ciudad es conforme con la Segunda Enmienda, la cláusula de comercio y el derecho constitucional a desplazarse libremente.” Se aborda, por tanto, no sólo una restricción a la posesión de armas establecida a nivel estrictamente municipal (la normativa impugnada emana de los órganos de gobierno de la ciudad de Nueva York, no del estado) sino su vinculación o posible afectación de otros derechos, en este caso como el de desplazarse libremente.

En esta ocasión, el bloque que constituyó la mayoría en los asuntos Heller y McDonald cuenta con dos bajas, las de Scalia por fallecimiento y la de Kennedy por renuncia, pero ambas han sido sustituidas por Gorsuch y Kavanaugh, que mantienen la misma línea ideológica de sus predecesores en el cargo, e incluso en el caso de Kavanaugh mucho más acentuada que la de Kennedy.

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