PELIGRO: HACIENDA Y TRIBUNALES SUELTOS!. LA COMPRA DE INMUEBLES QUE EL VENDEDOR ADQUIRIÓ POR HERENCIA.

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Imagínense ustedes que adquieren en el mercado de vivienda de segunda mano un inmueble que determinada persona ha adquirido en herencia. Imagínense además que, como en la nota registral consta nota marginal informando que el mismo está afecto al pago del Impuesto de Sucesiones y en el mismo aparece trabado un embargo preventivo del Ente Público Servicios Tributarios, exigen al vendedor la acreditación del pago de dicho tributo. Extremen aún más la imaginación, y piensen que el comprador le muestra no sólo el abono del importe del tributo, importe que procede, además, de una liquidación y no de una autoliquidación (dato este último importantísimo) y un acto el Ente Público Servicios Tributarios que alza el embargo ante el pago, que no ha podido ser inscrito aún en el Registro de la Propiedad, siendo así que ambos documentos son auténticos, es decir, que no se trata de una falsificación para incitar al eventual interesado a consumar la compra. Ante ello, el ciudadano, que ha extremado toda la diligencia posible, opta por adquirir el inmueble y registrar la escritura de compraventa. Hasta ahí, todo correcto.

Pero imaginen ahora que, con posterioridad a dicho negocio jurídico y a la inscripción registral del inmueble en favor del comprador, el Ente Público Servicios Tributarios efectúa una revisión al alza de su propia liquidación, cuadruplicando el importe inicial de la cuota tributaria. E imaginen que, fallida la acción de cobro frente al vendedor, se dirige frente al comprador merced a una acción de derivación de responsabilidad, amparándose en la afección real de bienes. El comprador, lógicamente, alega que en el momento de adquisición ya se había satisfecho la cuota del Impuesto de Sucesiones, cuota que, además, procedía de una liquidación tributaria, es decir, practicada por la propia Administración, y que es un tercero amparado por la buena fe registral. El Ente Público Servicios Tributarios se opone alegando la afección real de bienes y amparándose en la nota según la cual el inmueble está afecto al pago del impuesto, y continúa, impasible el ademán, con su acción, dictando acto de derivación de responsabilidad y obligando al adquirente a abonar la nueva cuota tributaria con la obligada consecuencia de que, en caso de impago, responderá con el bien inmueble adquirido.

Les adelanto que no es necesario forzar la imaginación, pues nos encontramos ante un supuesto auténtico, en concreto una actuación seguida por el Ente Público Servicios Tributarios del Principado de Asturias y que dio lugar a la lamentable Sentencia 556/2017 de 27 de junio de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictada en recurso 138/2016 (ES:TSJAST:2017:2164), resolución judicial que en cualquier país civilizado no sólo sería inimaginable, sino que de haberse producido hubiera causado bochorno entre la propia judicatura. Claro que, por ejemplo, en los Estados Unidos sería inconcebible no ya la sentencia, sino una actuación como la del Ente Público Servicios Tributarios del Principado de Asturias, uno de los organismos más nefastos que existen y donde su personal únicamente busca sangrar el bolsillo del sufrido ciudadano.

El supuesto fáctico resuelto es el que hemos relatado en los dos párrafos iniciales de la presente entrada. Pero conviene que el lector posea unos datos adicionales que revelan, cuando menos, la ineptitud o desidia (en el más generoso de los supuestos) de ciertos empleados públicos del ente recaudador tantas veces citado.

Primero.- El organismo autonómico recaudador incoa el expediente de Impuesto de Sucesiones una vez presentada la escritura pública en el registro del organismo. Dado el elevado importe de los bienes, de forma inmediata el Ente Público adopta medidas cautelares para asegurar el pago y procede al embargo de diversos inmuebles, embargos que con una inusual celeridad se traban.

Segundo.- El funcionario encargado de tramitar el expediente lo tiene durmiendo el sueño de los justos un año, pues tarda exactamente doce meses en dictar la liquidación provisional.

Tercero.- El contribuyente procede al abono de la cuota tributaria y el organismo tributario, sabedor de que se desea transmitir los inmuebles (porque fue expresamente informado no sólo de dicho extremo, sino de la fecha de la venta) alza los embargos a fin de que pueda transmitirlos.

Cuarto.- Justo diez días después de perfeccionada la venta y depositada en el registro de la propiedad la escritura, el empleado público que tramitó el expediente despierta de nuevo de su letargo y pone en marcha la maquinaria para rectificar al alza la liquidación provisional, de tal forma que concluye con una liquidación definitiva que cuadruplica la provisional. Pero con la peculiaridad de que para ello no se tienen en cuenta datos o documentos nuevos, sino los que ya constaban en el propio expediente.

Quinto.- Ante la ineficacia de la acción dirigida frente al contribuyente, el Ente Público Servicios Tributarios dirige su acción frente a los adquirentes del inmueble, quien lo había adquirido previamente al inicio de las actuaciones de revisión de la liquidación provisional. Es decir, que ni tan siquiera la Administración podía alegar que el comprador era consciente de que se estaba tramitando una revisión.

Sexto.- Nota chusca que explicita de forma harto descarnada la verdadera naturaleza del organismo administrativo autonómico y el respeto a los derechos de los ciudadanos. Ante lo voluminoso del expediente administrativo, el comprador solicitó se le expidiera copia del mismo en formato digital. La respuesta del Ente Público Servicios Tributarios fue la que sigue, y citamos textualmente: “No se entrega en formato electrónico porque no es posible garantizar la seguridad e integridad de la misma” (sic). Sin embargo, al judicializarse el asunto, el expediente se remite al juzgado en soporte CD-ROM. Sobra todo comentario en relación al desprecio con que el nefando organismo ha tratado al ciudadano en este asunto.

Y llega la solución judicial del caso, que avala el actuar administrativo, lo cual si bien es sorprendente en términos jurídicos, no lo es tanto si de lo que se trata es de ayudar en cierta medida a la Comunidad Autónoma a paliar el lamentable estado de sus arcas públicas. La resolución debía ofrecer respuesta a dos cuestiones: si la afección real cesaba para el tercero si adquiere el inmueble una vez efectuado el pago de la liquidación provisional y ésta no ha sido aún no ya rectificada, sino iniciado el proceso de rectificación; y, en segundo lugar, si la Administración ha vulnerado el principio de confianza legítima.

Conviene señalar, a título de mera anécdota, que la resolución judicial emana de un dictador, pues es un hecho notorio e incluso reconocido públicamente por el mismo ponente que éste no redacta, sino que dicta las resoluciones judiciales; y recordemos que, precisamente por esa circunstancia, Ernesto Giménez Caballero tituló su libro de recuerdos Memorias de un dictador, porque el mismo fue dictado a una secretaria, y no redactado materialmente por el autor, como suele ser habitual.

Pero, entrando de lleno en el asunto, lo cierto es que el magistrado en cuestión se manifestó sumamente comprensivo con las tesis de la Hacienda autonómica.

Primero.- Aun reconociendo y teniendo por hecho incontrovertido que en el momento de adquisición únicamente existía una liquidación provisional y ni tan siquiera se había iniciado el procedimiento de revisión de la misma (es decir, que el adquirente no se le podía exigir el conocimiento de la existencia de unas actuaciones que aún no se habían iniciado), rechaza que la afección real cesase en ese momento, sino que se prolonga hacia el futuro. Así razona, así así:

La argumentación de la parte recurrente se fundamenta en que realizada la liquidación inicial y abonado el impuesto ya no existe afección real del bien en caso de que se produzca una liquidación definitiva dentro del plazo de prescripción. A juicio de esta Sala este motivo impugnatorio no puede prosperar. Y decimos esto por cuanto como se desprende de lo contenido y previsto en el art. 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria , en relación con el art. 9 del Reglamento de la Ley del Impuesto de Sucesiones , aprobado por R.D. 1629/91 de 8 de noviembre, esa responsabilidad subsidiaria de los adquirientes de los bienes afectos al pago de la deuda, lo es en relación a la que se derive de una liquidación definitiva del tributo que es la que determina la deuda tributaria finalmente y de forma definitiva. Efectivamente las liquidaciones provisionales siempre están sujetas a la existencia de una actividad de comprobación o de inspección que pueda considerar que todos los elementos de la valoración tributaria se hayan liquidado correctamente. Por tanto conforme establece el art. 101 de la Ley General Tributaria, solo serán liquidaciones definitivas las que se practiquen por la inspección de tributos previa investigación y comprobación de todos los elementos de la obligación tributaria, así como aquellas otras a las que la normativa tributaria atribuya tal carácter de definitivas. Desde esta perspectiva la deuda tributaria realmente debida es la que se contiene en una liquidación definitiva o en una provisional una vez que transcurra el plazo de prescripción. En el caso que aquí se decide, la liquidación definitiva fue la que dio lugar a la deuda tributaria tras la correspondiente acta de disconformidad. Por tanto, esa era la cantidad finalmente adeudada y esa era también la cantidad asegurada conforme los preceptos más atrás citados. No cabe en consecuencia considerar que la afección se limitaba a la liquidación inicial o provisional y no a la definitiva. La propia anotación registral se refiere a la afección “a las liquidaciones que procedan”, y no solo a la provisional a que dio lugar la declaración inicial del contribuyente.

Para, a continuación, negar al adquirente la condición de tercero protegido por la buena fe registral.

Segundo.- En lo que a la invocación del principio de buena fe y confianza legítima se refiere, la resolución judicial, tras acumular cita tras cita de sentencias relativas a lo que ha de entenderse por confianza legítima (algunas de las cuales habían sido citadas en la demanda), a la hora de aplicar la misma al fondo del asunto, se limita a este breve y cantinflesco párrafo:

no puede la parte recurrente invocar buena fe ni confianza legítima en una actuación administrativa determinada cuando es así que, de un lado, y como ya hemos dicho, existen unos preceptos legales que clara y taxativamente establecen una afección real del bien adquirido por el recurrente al pago del Impuesto de Sucesiones, y por el otro lado, cuando existe una inscripción registral que publicita esa afección real. En estas condiciones considera esta Sala que la parte recurrente no puede invocar que existió la infracción de los principios de confianza legítima o buena fe

La anterior resolución judicial supone, más que un bofetón, una auténtica puñalada mortal al principio de seguridad jurídica y coloca una verdadera espada de Damocles sobre los compradores de bienes inmuebles adquiridos por herencia. En efecto, téngase en cuenta que en el caso resuelto por la sentencia, nos encontrábamos ante una liquidación administrativa, pero trasladen ese razonamiento a la situación actual, donde en el Principado de Asturias tan sólo existen autoliquidaciones y ya no liquidaciones administrativas. Si un comprador adquiere un inmueble que el vendedor ha recibido por herencia, teniendo en cuenta que la acción administrativa para comprobar las autoliquidaciones se prolonga durante cuatro años, aun cuando en el momento de la compra el vendedor acredite el pago del impuesto autoliquidado, si dentro del plazo de prescripción el Ente Público efectúa una comprobación y rectifica al alza la cuota tributaria, el comprador habrá de responder por afección real, aun cuando el procedimiento de comprobación se haya iniciado con posterioridad a la adquisición. Quiere ello decir que en la práctica lo que les está recomendando esta sentencia es no adquirir ningún bien inmueble procedente de una sucesión mortis causa en tanto no hayan transcurrido cuatro años desde que el sujeto pasivo haya presentado la autoliquidación del draconiano tributo que grava dicha operación.

Don César Vidal, en el programa La Voz (que dirige y presenta desde su actual residencia en Miami) utiliza el verbo robar para describir las actuaciones llevadas a cabo por los órganos tributarios españoles, para a continuación afirmar que éstos pierden el cincuenta y uno por ciento de los casos en los tribunales. La primera afirmación es no sólo defendible, sino probablemente cierta; la segunda, es harto discutible y tan sólo se explica porque el citado comunicador traslade o trasponga la jurisprudencia norteamericana a nuestro país. En efecto, los organismos fiscales estadounidenses son extremadamente cuidadosos, entre otras cosas porque los órganos judiciales priman los derechos del individuo sobre el mero afán recaudatorio, y no pierden de vista que fue precisamente una insurrección frente a un tributo injusto coactivamente impuesto lo que determinó el nacimiento de los Estados Unidos, siendo, además, la potestad tributaria y recaudatoria la que se presta a más abusos. Hasta el punto se lleva inserta en la médula esa desconfianza, que, como recuerda el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en su sentencia United States v. Clarke, para evitar abusos incluso el organismo encargado de la inspección y recaudación, el Internal Revenue Service, carece de facultades de autotutela, precisando en todo caso de autorización judicial para que sus actos tengan efectos frente al interesado. O tempora, o mores.

Post Scriptum.- El magistrado dictador de la sentencia se doctoró con una tesis que llevaba por título: “El control judicial de la actividad administrativa. Anomalías y disfunciones competenciales en nuestro sistema de justicia administrativa.” Ignoro si la tesis fue dictada o redactada, pero de lo que sí estoy seguro que, de conocer el título de la misma, los nueve jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que suscribieron por unanimidad la sentencia United States v. Clarke, se hubieran partido de risa, considerando dicho título un sarcasmo o una broma de mal gusto que ilustra a la perfección el país cuna de Guzmán de Alfarache.

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