JUNE v GEE: LECCIONES PRÁCTICAS SOBRE JUSTICIA CONSTITUCIONAL A RAÍZ DE UNA MEDIDA CAUTELAR SUSPENDIENDO LA APLICACIÓN DE UNA LEY.

original

Desde que el día 22 de enero de 1973 se hizo pública la sentencia del caso Roe v. Wade, dicha resolución judicial fue objeto de encendidos elogios y apasionadas críticas. Dicha resolución judicial, que ponderaba los intereses el conflicto (el derecho de las madres a optar por no continuar con un embarazo y el del estado a tutelar los derechos del nasciturus, uno de los cuales es, precisamente, la vida) solventó la cuestión de forma salomónica: dividiendo el periodo de gestación en tres trimestres, durante el primero de los cuales la madre goza de libertad de elección para interrumpir el embarazo, no siendo lícito al estado proscribir o tipificar como delito tal proceder; por el contrario, en el último trimestre la regla general es la proscripción del aborto, de tal manera que es lícito al estado no sólo tutelar la vida del aún no nacido, sino incluso tipificar penalmente como delito la práctica del aborto, si bien puede permitirse en circunstancias extremas, fundamentalmente en caso de riesgo para la vida de la madre.

Desde entonces, el caso Roe se situó en el centro del huracán, y si un amplio sector defendía la doctrina, otro sector no menos amplio clamaba por su revocación. Una de las ocasiones en que más cerca se estuvo de retrotraer la situación al momento anterior a 1973 fue en el año 1992, en el célebre asunto Planned Parenthood v. Casey, donde un borrador inicial de sentencia redactado por el chief justice William Rehnquist (en el cual, sin revocar formalmente la sentencia Roe, en la práctica la dejaba sin efecto), no llegó a ver la luz gracias a tres jueces republicanos: Sandra Day O´Connor, Anthony Kennedy y el entonces recién nombrado David Souter. Los tres admitían que las leyes podían establecer válidamente requisitos que limitasen el derecho al aborto, pero nunca suprimirlo en su totalidad. Desde entonces, tal criterio es el que ha seguido el Tribunal Supremo, analizando caso por caso si las restricciones impuestas a nivel legislativo imponen una carga excesiva hasta el punto de dejar sin efecto el derecho.

El 27 de junio de 2016, en el caso Whole Whoman´s Health v. Hellerstedt, el Tribunal Supremo por una mayoría de cinco votos (los de Anthony Kennedy, Ruth Bader Gisburn, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan) frente a tres (los del chief justice John Roberts, Clarence Thomas y Samuel Alito -aún no se había elegido a Gorsuch para sustituir al fallecido Scalia-) declaró la inconstitucionalidad de una ley aprobada por el estado de Texas que imponía “obstáculos indebidos” (undue burden) a las mujeres que deseasen interrumpir voluntariamente el embarazo.

Pues bien, en junio de 2016 se aprueba la Ley 640 del estado de Luisiana, que imponía una serie de restricciones a los doctores que efectuasen la práctica de abortos. Dicha norma legal fue impugnada y el juzgado de distrito anuló la misma al ser contraria a la Constitución, utilizando para ello la doctrina que el Tribunal Supremo acababa de explicitar para resolver el caso Whole Whoman´s Health v. Hellerstedt. No obstante, la resolución del juzgado de distrito fue impugnada, y la Sala del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, en el caso June Medical Services LLC et al v. Doctor Rebeca Gee (actuando ésta no como médico a nivel profesional, sino como responsable de la Secretaría de Salud y Hospitales del Estado de Luisiana), revocó la sentencia de instancia al considerar que la ley impugnada no imponía ninguna restricción indebida al derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo. Una petición de elevar el asunto al pleno de dicho Tribunal de Apelaciones fue rechazada, pese a que tal rechazo contó con dos votos discrepantes que se manifestaban contrarios al rechazo, a la vez que sometían a una profunda crítica la sentencia de la Sala.

La sentencia del caso June Medical Services LLC et al v. Doctor Rebeca Gee fue impugnada, a través de un certiorari, ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, con la petición de queque se adoptase una stay order, es decir, el mandato judicial a las autoridades de que se abstengan de aplicar la ley impugnada en tanto en cuanto no se resolviese sobre el asunto; en otras palabras, una medida cautelar de suspensión pero con la peculiaridad de que el objeto de la medida no es un acto administrativo, ni tan siquiera una disposición de carácter general, sino un texto legal. Lo sorprendente es que, cuando el propio Tribunal no ha decidido aún si aceptará conocer el asunto, el pasado jueves día 7 de febrero de 2019 aceptaba suspender cautelarmente la ley impugnada, y lo hacía por cinco votos frente a cuatro.

Quien esté al tanto de la composición del Tribunal Supremo en estos momentos sin duda alguna se verá sorprendido por la adopción, en cuanto los jueces “conservadores” (el chief justice Roberts, Clarence Thomas, Samuel Alito, Neal Gorsuch y Brett Kavanaugh) superan a los “liberales” (Ruth Bader Gisburn, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan) y, en principio, ello hubiera debido conllevar la negativa a la adopción de la medida cautelar si uno se atiene a criterios de predictibilidad ideológica. No obstante, el chief justice Roberts unió su voto al de los cuatro liberales para adoptar la medida, que cesará su vigencia de forma automática en el momento en el que se decida no conocer el asunto (en cuyo caso, la sentencia del Tribunal de Apelaciones pasará a ser firme) o, en caso contrario, al dictarse sentencia definitiva. Esa medida contó con un voto particular del juez Brett Kavanaugh, al que se adhirieron sus colegas Thomas, Alito y Gorsuch, en el que sostiene que la medida se solicita no sobre la base de hechos concretos, sino sobre predicciones o elucubraciones

La situación altamente descrita es sumamente ilustrativa del sistema de justicia constitucional estadounidense y, sobre todo, permite explicitar, por vía de contraste, las carencias del sistema español de justicia constitucional. Veámoslo:

Primero.- La norma legal es objeto de impugnación directa ante un juzgado de distrito, es decir, en el órgano sito en la base de la pirámide trifásica judicial estadounidense y por las personas directamente afectadas por la normativa legal. Por el contrario, en nuestro país una norma legal ha de impugnarse directamente ante el Tribunal Constitucional, y con una brutal restricción de la legitimación activa (que no es que sea reducida, es que es rácana y miserable), de tal forma que los afectados por la regulación legal no puede más que impugnar la norma de forma indirecta, aun cuando pueda acreditar que la misma le afecte directamente.

Segundo.- El iter procesal revela cómo una norma legal aprobada en junio de 2016 aborda dos instancias en apenas dos años. En nuestro país, el Tribunal Constitucional si por algo se caracteriza es por la calma oriental con la que tramita los asuntos, de tal forma que en el más generoso de los casos de un trienio de espera no se salva nadie, llegando incluso a superar los dos e incluso tres trienios. Eso salvo que existan casos muy concretos en los que, por razones inexplicables desde el punto de vista jurídico y tan sólo entendibles echando mano de la psiquiatría, acelere la tramitación de determinados casos; por ejemplo, sólo el odio feroz hacia la profesión letrada explique que la Ley 2/2017 de 21 de junio, de modificación de la Ley 1/1996 de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita, recurrida ante el Tribunal Constitucional el día 27 de septiembre de 2017, fuese resuelta en menos de un año a través de la Sentencia 103/2018 de 4 de octubre. Ello demuestra que cuando se trata de fastidiar o perjudicar a colectivos a quienes se detesta, el nefando legislador negativo sabe darse prisa.

Tercero.- Por último, la diferencia más evidente es la posibilidad que existe en el ordenamiento estadounidense de suspender de forma cautelar la aplicación de un texto legal, algo que pueden hacer tanto los juzgados de distrito, como los Tribunales de Apelación y, obviamente, el Tribunal Supremo. Por el contrario, en nuestro país esa posibilidad se encuentra vedada salvo en el único supuesto de que el gobierno invoque el artículo 161.2, como ha recordado en bastantes ocasiones el Tribunal Constitucional (por ejemplo, en el Auto 267/2014 de 4 de noviembre). Con ello, se sitúa una espada de Damocles sobre el propio intérprete de la Constitución, en cuanto una norma legal impugnada sobre cuya constitucionalidad se duda continúa su aplicación en el tiempo; lo cual, en el caso de que en el futuro, tres, cuatro, cinco o incluso diez años después se declare la inconstitucionalidad de la misma, la aplicación de la norma habrá producido situaciones irreversibles.

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