DOS ILUSTRATIVOS PÁRRAFOS DEL MAESTRO JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ SOBRE EL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.

 

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El fallecimiento de don Jesús González Pérez el pasado mes de enero de 2019 ha supuesto nada menos que la desaparición del último vínculo que existía con la denominada justamente “generación de la Revista de Administración Pública”, a quien debemos nada más y nada menos que el moderno Derecho Administrativo. La longevidad de don Jesús, discípulo del legendario procesalista Jaime Guasp (cuya memoria, por cierto, siempre honró en sus escritos) le ha permitido sobrevivir a todos sus colegas de generación y a verse rodeado por un ordenamiento, unos sistemas y unos principios que, aun cuando herederos directos de los que él y sus compañeros llegaron a implantar en la década de los cincuenta, se alejaban lenta pero imperceptiblemente de ellos. Le sucedió a González Pérez algo parecido a lo que le ocurrió a otro legendario personaje, don José Martínez Ruiz “Azorín”, integrante de la titánica “generación del 98”, que en los años cincuenta y sesenta constituía una leyenda viva del periodismo y ensayismo noventayochista así como vínculo directo de las nuevas generaciones con figuras de la talla de Pío Baroja, Ramiro de Maeztu, Antonio y Manuel Machado, Ramón Valle Peña (alias “Valle Inclán”).

Si algo ocupó y preocupó a don Jesús fue sin duda alguna la garantía de los derechos ciudadanos frente a la Administración, auténtico eje cartesiano que vertebró toda su magna obra. No en vano el libro de homenaje que le tributaron sus colegas en el momento de su jubilación se titulaba, precisamente, La protección jurídica del ciudadano. Todas las páginas de don Jesús rezuman esa preocupación por garantizar unos derechos individuales y que éstos no fuesen pisoteados por una omnipotente Administración, fuertemente armada con todas sus prerrogativas y potestades. Y frente a ello, no dudó en dejar en sus páginas afirmaciones tajantes que revelaban la profunda decepción por un sistema que se refugiaba cada vez más en esos formalismos tan caros a la tradición española, y que en no pocas ocasiones primaban casi siempre en contra del particular.

No quisiera, por ello, dejar de transcribir dos párrafos de Jesús González Pérez que, cuando menos para el redactor de estas líneas, valen por todo un Tratado de Derecho Administrativo y constituyen una enseñanza a tener en cuenta por todos quienes se mueven cotidianamente en el orden contencioso-administrativo.

El primero de ellos es el que incluye en el prólogo a la tercera y última edición de su Manual de Derecho Procesal Administrativo, (que vio la luz en el 2001), que trataba de poner al día para adecuarlo a la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El párrafo que a continuación no sólo tiene la auctoritas de provenir de uno de los autores materiales del Proyecto de la que acabaría por convertirse en Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956, sino que revela, junto con su permanente recuerdo a su maestro Guasp, la profunda decepción que uno de los padres fundadores del moderno derecho procesal administrativo experimentó con la jurisprudencia elaborada al amparo del texto legal que con tanta ilusión había contribuido a aprobar:

Mantengo, por supuesto, el sistema que, con tanta devoción hacia mi maestro Jaime GUASP, reflejé en aquel Derecho procesal administrativo, que dentro de muy pocos años cumplirá medio siglo. Fue una obra escrita con la ilusión y el ímpetu de la juventud, sobre una Ley que acababa de nacer y en la que tanta esperanza pusimos muchos. El mismo sistema que sintetiza en esta tercera edición del Manual también descansa sobre una ley nueva. Pero está escrito después de cincuenta y cinco años de diario ejercicio en la profesión de Abogado en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en los que, al ver cómo se iba degradando la justicia administrativa y renacían con más vigor que nunca los viejos formulismos, la desilusión ha ido desplazando a la esperanza.

Percátese el lector en dos cuestiones. A la hora de referirse a la evolución de la justicia administrativa, don Jesús utiliza el vocablo: “degradación”, que, como “acción y efecto de degradar”, nos posibilita tres opciones de comprensión: la primera, “reducir o desgastar las cualidades inherentes a alguien o algo”; la segunda: “humillar, rebajar o envilecer”; y, la última, “disminuir progresivamente la fuerza, la intensidad o el tamaño de algo”. No puedo ofrecer una interpretación auténtica al desconocer cuál de las tres acepciones (cuando no las tres en conjunto) era la que pretendía utilizar don Jesús, pero es evidente que cualquiera de las tres no es muy halagüeña para la justicia administrativa. Lo cierto es que, casi dos décadas después de haberse redactado el párrafo transcrito, no veo motivo alguno para corregir la visión que tenía uno de los puntales de la disciplina administrativa en nuestro país, aunque sí puedo afirmar que la situación no sólo no ha mejorado, sino que se agravó en extremo. No es, por tanto, extraño, que González Pérez experimentase una “desilusión”, estado de ánimo que precisó de medio siglo para que tal desánimo calase en su espíritu, imagínese lo que es la situación en la actualidad, donde a un letrado le bastan únicamente dos quinquenios para ver su ánimo decaer.

El segundo de los párrafos es el que abre su magno tratado Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, y que mantuvo incólume desde sus primeras ediciones sin que lo eliminase. El mismo revela el escaso aprecio que tan ilustre autor tenía de la judicatura española en cuanto a su papel en la protección de los derechos de los particulares:

En este, como en tantos otros aspectos de la estructuración del Estado de Derecho, nuestros Jueces no se han caracterizado por su originalidad ni por su audacia. Respetuosos, sumamente respetuosos con quienes, en cada momento, han detentado el poder, tradicionalmente han sido una rémora en las conquistas del ciudadano en sus relaciones con los Poderes públicos que definen un Estado de Derecho.

Para quien, como el autor de estas líneas, está familiarizado con la jurisprudencia estadounidense, esa afirmación no es una hipótesis, ni mucho menos una afirmación insultante: es, simplemente, la constatación de un hecho histórico. Mientras en la otra orilla del Atlántico los jueces siempre se han constituido en un escudo protector del individuo frente al ciudadano, en nuestro país la situación, durante los dos últimos siglos, ha sido justo la inversa. Es más, las contadísimas ocasiones en las que la jurisprudencia se plegó a los intereses del poder coinciden con puntos donde el prestigio de la institución judicial se encuentra en sus niveles más bajos.

En fin, dos lecciones muy a tener en cuenta.

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