MNN v HALLECK: PRIMERA ENMIENDA, “STATE ACTORS” Y CENSURA DE CONTENIDOS.

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El próximo lunes día 25 de febrero de 2019 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos celebrará la vista oral del caso Manhattan Community Acces Corp v. Halleck, un asunto donde de nuevo el foco de atención jurídica se centrará en la primera enmienda constitucional, léase, la garantía del “freedom of speech” o libertad de expresión, si bien no abiertamente o de forma directa, sino a través de una cuestión tangencial, cual es la personalidad jurídica pública o privada de un canal de televisión por cable de titularidad privada pero legalmente reservado para uso público. Un asunto de cierta relevancia en tanto en cuanto afronta las potestades de supervisión o incluso de supresión que un medio que destinado a la libre difusión de contenidos (es decir, algo parecido a Facebook, Linkedin o Tweeter pero en versión televisiva) tiene sobre éstos.

Partamos del marco normativo y de los hechos del caso para hacernos una idea de lo que está en juego.

Primero.- Marco normativo: facilitar a personas la emisión de todo tipo de contenidos en la televisión por cable.

1.1.- Normativa federal.

El 30 de octubre de 1984, el presidente Reagan sanciona la Act to amend the Communications Act of 1934 to provide a national policy, cuya denominación abreviada es la de Cable Comunications Policy Act, integrada en el United States Code. Al igual que ocurre en nuestro país, los titulares de canales de emisión por cable precisan obtener una autorización (franchise) para emitir por dicho medio. Ahora bien, la normativa les impone una curiosa exigencia cuando un mismo titular posee un volumen de canales que supere determinado umbral. Así, a la hora de regular los “canales de emisión por cable para uso comercial” el precepto contenido en el 47 USC 532 Sec 612 (a) enuncia un principio general informador de la normativa reguladora: “El propósito de esta sección consiste en asegurar que las fuentes de información más diversas posibles sean de acceso al público de los canales de emisión por cable, de una forma adecuada al crecimiento y desarrollo de los sistemas por cable”; léase, trata de imponer, precisamente para garantizar la libertad de información, que los canales permitan el acceso de las más diversas fuentes informativas para evitar el monopolio informativo. ¿Y cómo logra ese objetivo? El precepto contenido en el 47 USC 532 Sec 612 (b) da respuesta a ese interrogante: “Un operador por cable habrá de fijar la capacidad para uso comercial por parte de personas no suscriptoras del operador, de conformidad con los siguientes requisitos…”, para a continuación establecer un porcentaje en función del volumen de canales que posee el operador; así, por ejemplo, un titular que posea entre 36 y 54 canales habrá de destinar a este objetivo un 10% de los mismos al objeto de facilitar la emisión de contenidos que le remitan personas que incluso no sean suscriptores del canal.

1.2.- Normativa estatal de Nueva York.

Junto a la regulación federal coexiste la estatal, en este supuesto la existente en el New York Codes, Rules and Regulations, cuyo Título 16 lleva por rúbrica “Departamento de Servicio Público.” Dentro de este título, el Capítulo VIII integra las normas reguladoras de la televisión por cable, y establece los requisitos mínimos para “acceso público, educacional y gubernamental” de los canales. Y, más concretamente, establece en su apartado 895.4.a.(1) que: “La autorización de un sistema de televisión por cable con una capacidad de 36 o más canales deberá asignar: (I) como mínimo un canal a tiempo completo para acceso público.”

Segundo.- Los antecedentes fácticos del caso.

Uno de los canales de televisión por cable destinados a uso público, en concreto el Manhattan Community Access Corporation (que gira bajo la abreviatura MNN) cubrió la inauguración de “El Barrio Firehouse Community Media Center”. Dos personas, Jesús Papoleto Meléndez (poeta y autor teatral) y Deedee Halleck (productora cinematográfico de documentales) estuvieron en el evento entrevistando a los asistentes a la inauguración. Discrepantes con la cobertura, elaboraron un documental titulado “El 1% visita el Barrio”, que remitieron al canal de acceso público para su emisión. El mismo era sumamente crítico con la información ofrecida por la MNN, y en el mismo se manifestaba que dicho canal: “estaba más interesado en agradar al 1% de asistentes que en señalar las necesidades comunitarias de quienes viven en el este de Harlem”.

La reacción de la cadena MNN no se hizo esperar y fue fulminante. En una carta dirigida el 11 de octubre de 2012 a Deedee Halleck le comunica que de forma inmediata quedaba suspendido su derecho a emitir programas en el canal de acceso público de la MNN durante un mes, argumentando que el contenido del documental vulneraba las restricciones de la cadena proscribiendo la “participación en el acoso o amenazas graves hacia el personal y/o productores de la cadena”. Con todo, la represalia hacia Halleck fue sumamente benévola si se compara con la sufrida por Melendez, a quien se privó del mismo derecho: “indefinidamente“; o, como decía irónicamente el personaje encarnado por Stewart Granger en la versión cinematográfica de Scaramouche cuando en un lance de honor terminaba con la vida de un noble con asiento en los Estados Generales, el ilustre diputado estará ausente: “a perpetuidad.”

Los hechos, pues, son bastante simples. Cobertura mediática de un evento. Remisión por parte de dos personas de un documental sumamente crítico con la cobertura e importancia que la cadena le ha dado en relación con el volumen de destinatarios a la vez que critica el silencio del medio acerca de las necesidades de los colectivos sitos en otras áreas de la ciudad. Y, por último, represalia del medio de comunicación.

Tercero.- Iter procedimental.

Halleck y Meléndez no se resignaron a sufrir en silencio la represalia y acudieron a los tribunales en defensa de sus derechos vulnerados. Su defensa era clara: se estaba cercenando su derecho a la libertad de expresión, garantizado por la primera enmienda, en cuanto la reacción de la cadena MNN no dejaba el menor asomo de duda en cuanto que nos encontrábamos ante un supuesto de represalia que tenía su origen en una información crítica con la productora.

Sin embargo, el Juzgado federal del Distrito Sur de Nueva York, a la hora de resolver el asunto Halleck v. City of New York, inadmite de plano la demanda, pero impugnada dicha resolución, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, en su sentencia Halleck v. Manhattan Community Acces Corp (882 F.3d 300 [2d Cir. 2018]) revoca la sentencia de instancia y ordena tramitar el asunto.

¿Cuál es el razonamiento por el cual el Tribunal de Apelaciones da la razón a los demandantes? Muy sencillo. Sostiene que los canales de acceso público son “foros públicos”, es decir, lugares equiparables a las calles, plazas, vías de comunicación públicas; y, además, el canal MNN es lo que en terminología jurídica estadounidense se denomina “state actor”, es decir, una persona (física o jurídica) que no actúa en nombre propio como particular, sino en representación de un ente público. Por tanto, le son de plena aplicación las restricciones que a los entes públicos impone el Bill of rights, lo que incluye la libertad de expresión garantizada por la primera enmienda que, a través de la decimocuarta y de la doctrina jurídica de la incorporation, es igualmente de aplicación a los estados.

En otras palabras: un medio privado puede tener control sobre los contenidos que emite, pero un medio de acceso público (como se entiende es un canal reservado para este fin) no.

Obviamente, el canal MNN acudió vía certiorari ante el Tribunal Supremo, quien ha decidido a trámite el recurso. El fondo del asunto no se centra estrictamente sobre el derecho a la libertad de expresión, ni siquiera sobre si la acción de la MNN es una represalia por el contenido del documental crítico con la cadena, sino sobre si un canal reservado ex lege para la emisión pública de contenidos que le remitan personas incluso ajenas o no vinculadas ni por vía de suscripción a los mismos puede entenderse que es un “state actor” y, por tanto, tiene cercenadas las facultades de supervisión sobre los contenidos.

Un tema, sin duda alguna, apasionante desde el punto de vista jurídico.

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