REALES DECRETOS DEL REY (SIN PASAR POR EL CONSEJO DE MINISTROS) NOMBRANDO AUTORIDADES: MONCLOA DEFIENDE SU NATURALEZA JURÍDICO-PRIVADA.

Alfonso-XIII-01

La pasada semana ofrecíamos a los lectores el curiosísimo episodio del Real Decreto expedido por el Rey sin haber pasado por el Consejo de Ministros, todo ello gracias a un no menos curioso informe de la Abogacía del Estado, así como la inadmisión por parte del Consejo de Ministros de una solicitud de revisión de oficio instada frente al mismo, argumentando que se trataba de un “acto de Su Majestad el Rey” no sujeto a Derecho Administrativo; como si estuviésemos en la época de Francisco Martínez de la Rosa, Ramón Narváez o Vicente Santamaría Paredes.

No obstante, el asunto distó mucho de finalizar ahí, pues gracias al hilarante actuar del entonces Ministro de Asuntos Exteriores y al ejecutivo, el Real Decreto “de Su Majestad el Rey” nombrando al Rector de una institución sita en el extranjero se trasmuta jurídicamente en: ¡¡una resolución jurídico-privada!! Si, si, han leído ustedes bien. Y no, no nos encontramos ante un argumento fruto de ese inmortal genio de la historieta española que es Francisco Ibáñez, bajo cuya pluma con total seguridad el acontecimiento entraría por derecho propio en los anales de la historieta. No, la situación es mucho más grave: emana de los altos órganos de la Administración del Estado. Veámoslo.

Primero.- Los hechos.

 

1.1.- En nuestro anterior post nos referimos in extenso a los peculiares acontecimientos que llevaron a publicar en el Boletín Oficial del Estado un Real Decreto firmado por el Rey sin haber pasado por el Consejo de Ministros, acto cuyo objeto no era otro que nombrar al Rector del Real Colegio de San Clemente de los Españoles de Bolonia.

1.2.- Los órganos estatales italianos rehúsan hacer ejecutivo en su territorio el meritado Real Decreto en cuanto se trata de un acto administrativo dictado por una autoridad no italiana.

1.3.- Para solventar el problema derivado de la circunstancia anterior, el día 13 de abril de 2016 el Ministro de Asuntos Exteriores, amparándose en lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento (UE) 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, expide una certificación al amparo del Anexo II del citado Reglamento. Con ello, “transforma” jurídicamente el Real Decreto de nombramiento del Rector en un acto privado.

1.4.- A partir de entonces, el asunto se bifurca al judicializarse tanto en el país de origen (España) como en el de destino (Italia), en una rocambolesca sucesión de eventos procesales dignos del inolvidable Luis Sánchez Pollack “Tip” (de quien, por cierto, este año se cumple el vigésimo aniversario de su fallecimiento)

1.4.1.- En Italia, dado que los órganos del Colegio rehusaron efectuar una toma de posesión al beneficiario del desaguisado, éste, quizá por ser consciente de las serias dudas jurídicas que plantearía el caso si articulaba su pretensión como ejecución de un nombramiento, “transforma” (merced a una sutileza de la legislación procesal italiana) el litigio en un pleito posesorio, articulando su pretensión no frente al Colegio, sino frente a su antecesor (a título personal). Y, sorprendentemente, los tribunales italianos le dan la razón, condenando al anterior Rector a título personal, no como autoridad.

Los problemas vienen a la hora de instar la ejecución. El nuevo rector nombrado graciosamente por Su Majestad merced a las artimañas jurídicas del Ministro de Asuntos Exteriores (en complicidad con la Abogacía del Estado) solicita que el condenado (no residente en Italia) consigne los bienes muebles (tales como llaves de local, sellos, etc.) existentes en las dependencias colegiales. En última instancia, los órganos jurisdiccionales italianos declaran inejecutable la sentencia, toda vez que las autoridades académicas no fueron parte en el pleito (y, por tanto, no pueden ostentar la condición de ejecutadas a la hora de llevar a efecto la sentencia de un juicio en el que no tuvieron la condición de parta) y la persona condenada lo fue no en su condición de Rector, sino a título personal. Ver para creer.

1.4.2.- Mientras tanto, en nuestro país, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional se enfrenta a la impugnación que el instituto sito en tierras italianas efectúa contra la certificación expedida por el Ministerio de Asuntos Exteriores al amparo del Reglamento 1215/2012.

La Abogacía del Estado, que se había lucido ya con su informe de febrero de 2015 que es el origen de todo este maremágnum, trata de que el asunto no vaya a más, y pretende liquidarlo antes del propio inicio. Así, al amparo de lo dispuesto en ese comodín que el artículo 58 de la Ley 29/1998 de 13 de julio otorga a las partes demandadas, los Servicios Jurídicos del Estado formulan alegaciones previas instando la inadmisibilidad del recurso. Sostenía, entre otras lindezas, que la certificación impugnada no es un acto sujeto al Derecho administrativo, sino “un acto preparatorio de un proceso de ejecución del mismo dictado en cumplimiento de las obligaciones de cooperación internacional asumidas por España.”

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional estimó las alegaciones previas y mediante Auto declara la inadmisibilidad del recurso, si bien, quizá por causarle vergüenza dicha alegación, se refugió en cuestiones estrictamente formales relativas a la presunta falta de representación del demandante. No obstante, tal resolución es anulada por la propia Sala, que estima el recurso de reposición presentado por los demandantes, al razonar que: “parece aconsejable continuar con la tramitación del presente procedimiento, permitiendo a la Sala pronunciarse en sentencia sobre el verdadero sentido y alcance de este acto administrativo, y no cerrar el litigio con unas alegaciones previas.” La maniobra de la Abogacía del Estado para cerrar el asunto sin un pronunciamiento sobre el fondo, por tanto, fracasó.

El pleito residenciado en la Audiencia Nacional aún no ha sido resuelto.

Segundo.- Consideraciones jurídicas.

Podríamos reproducir, en lo que respecta al actuar del entonces Ministerio de Asuntos Exteriores, las manifestaciones vertidas por Carlos Marx en lo que respecta al golpe de estado de Luis Napoleón Bonaparte: que la historia suele repetirse, y si en la primera ocasión se explicita como tragedia, en la segunda lo hace como farsa.

Para empezar, el Reglamento UE 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo lleva por título: “reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil”. Su artículo primero lo deja aún más claro por si hubiera lugar a la más mínima duda: “El presente Reglamento se aplicará en materia civil y mercantil con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional. No se aplicará, en particular, a las materias fiscal, aduanera ni administrativa, ni a la responsabilidad del Estado por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad.” El propio apartado décimo del preámbulo deja bien claro que: “El ámbito de aplicación material del presente Reglamento debe abarcar lo esencial de las materias civil y mercantil, salvo determinadas materias claramente determinadas [sic]…”

El artículo 2.a entiende por “resolución” a los efectos del reglamento: “cualquier decisión adoptada por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, con independencia de la denominación que reciba, tal como auto, sentencia, providencia o mandamiento de ejecución, así como el acto por el cual el secretario judicial liquide las costas del proceso”; y la letra c) entiende por “documento público” a efectos del tratado: “un documento formalizado o registrado oficialmente como documento público en el Estado de origen y cuya autenticidad: i) se refiera a la firma y convenido del instrumento; ii) haya sido establecida por una autoridad pública u otra autoridad habilitada a tal fin.”

Por su parte, el artículo 60 (en el que se pretende justificar la actuación) reza que: “la autoridad competente o el órgano jurisdiccional del Estado miembro de origen expedirá, a instancia de cualquier parte interesada, un certificado utilizando el modelo de formulario que figura en el Anexo II, con un resumen de la obligación ejecutiva consignada en el documento público o del acuerdo entre las partes consignado en la transacción judicial.”

Ahora bien, nadie con un mínimo de racionalidad sostiene que el nombramiento de una autoridad rectora es un acto de naturaleza jurídico-privada dictada prescindiendo de imperium.

La Abogacía del Estado pretende sostener que nos encontramos ante un asunto de naturaleza civil, y no ante un asunto jurídico público. Para ello se ampara en los apartados 29 y 30 de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda) de 28 de julio de 2016 dictado en asunto C-102/15 (ECLI:EU:C:2016:607) que, en efecto, inciden no en la autoridad de la que emanan las resoluciones, sino a la naturaleza última del acto cuya ejecución se pretende en otro país. Ahora bien, conviene no perder de vista que dicha resolución abordaba un asunto donde las autoridades administrativas en materia de competencia del estado de Hungría habían impuesto una multa por dicho concepto a una empresa concreta (SIEMENS) centrándose el fondo del asunto en una devolución de ingresos indebidos; donde el objeto de interpretación era el artículo 5.3 del Reglamento de 22 de diciembre de 2000 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, según el cual: “Las personas domiciliadas en un Estado miembro podrán ser demandadas en otro estado miembro: en materia delictual o cuasidelictual, ante el tribunal del lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso).” Por si ello fuera poco, el Tribunal, a la hora de resolver la cuestión prejudicial, concluye que: “Una acción de restitución del pago indebido basada en el enriquecimiento sin causa, como la controvertida en el litigio principal, que tiene su origen en la devolución de una multa impuesto en el marco de un procedimiento en materia de Derecho de la competencia, no está comprendida en la materia civil y mercantil en el sentido del artículo 1…”

La continua huida hacia delante de nuestras autoridades y de los Servicios Jurídicos del Estado les impele a tratar de defender con uñas y dientes y disparando frente a todo, incluso frente al sentido común (que, pese a ser el más elemental de los sentidos, a lo que parece, en este caso ha sido el menos utilizado).

No obstante, en este sentido no cabe sostener que nos encontremos ante un acto de naturaleza jurídico-privada. En efecto, si nos atenemos al tenor literal de la normativa vigente, es decir, al Real Decreto de 20 de marzo de 1919 (algunas de cuyas expresiones, por cierto, aún conservan aroma de su época de origen) se refiere a los Reyes de España como “protectores” de la institución, de igual manera que igualmente se refiere al “representante de S.M en el Reino de Italia” quien “tiene la alta inspección sobre la disciplina del colegio y los bienes del mismo” y que incluso “puede adoptar las resoluciones que crea necesarias para el restablecimiento de la disciplina”, así como “amparar y defender la institución.” Se trata, por tanto, de atribuciones de poder público, dado que las autoridades estatales pueden imponer, en última instancia, su autoridad sobre la Junta, algo que no cabría esgrimir en el supuesto que nos encontrásemos ante una actuación estrictamente privada.

Aun cuando efectuemos una interpretación actual de la norma y eliminemos la referencia al “reino de Italia” (que quizá, animus iocandi, debiera haberse incluido en el informe jurídico que en 2015 avaló la existencia de un Real Decreto no emanado del Consejo de Ministros ni del Presidente) y entendamos que las atribuciones que en la norma se otorgan a la Corona hayan pasado al Consejo de Ministros, lo cierto es que a la vista de una interpretación sistemática, histórica y teniendo en cuenta los antecedentes y propósitos de la norma, es meridianamente claro que el acto de nombramiento no es algo estrictamente privado, sino un acto de poder público, e incluso aun cuando se entendiese que se está efectuando el nombramiento de una autoridad privada, el propio acto de nombramiento es un acto separable y fiscalizable en sede contencioso-administrativa.

En definitiva, toda una sucesión de despropósitos y sinsentidos, debidos más que nada a que un profesional, sin duda alguna en un mal día como puede tener cualquiera, decidió interpretar literalmente una norma aprobada en marzo de 1919 desgajándola de su contexto. Sin duda alguna Alfonso XIII (el monarca que expidió el Real Decreto tan erróneamente interpretado justo una centuria después) se hubiera sentido orgulloso.

Anuncio publicitario

1 comentario en “REALES DECRETOS DEL REY (SIN PASAR POR EL CONSEJO DE MINISTROS) NOMBRANDO AUTORIDADES: MONCLOA DEFIENDE SU NATURALEZA JURÍDICO-PRIVADA.

  1. Manuel

    Es decir, que el Ministro publica un RD inconstitucional pensando en su ejecutividad como acto administrativo. Cuando ven que el órgano de gobierno del ente privado no lo acepta, deciden pleitear en Italia y lo presentan como acto administrativo no impugnado. Los jueces italianos les dicen que no se puede reconocer un acto adminsitrativo de un país extranjero. Entonces Margallo expide, sin competencia, un certificado anexo II del Reglamento 1215/2012 y lo intentan pasar por título ejecutivo civil o mercantil (ESPECTACULAR esto) para de este modo, un simple nombramiento de personal, hacerlo pasar por un título ejecutivo y que le entreguen las propiedades de la fundación, al margen y contra el criterio del órgano de gobierno del propietario de esos bienes. ¿QUÉ MENTE PRIVILEGIADA ha creado esto? Porque igual hasta les sale bien. Estarían confiscando de facto un patrimonio vía Reglamento 1215/2012.

    Me gusta

    Responder

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s