SOBRE LA SUSPENSIÓN DE DERECHOS DE PARLAMENTARIOS PROCESADOS.

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Corría el mes de julio del año 1793 cuando Thomas Jefferson, a la sazón Secretario de Estado de los Estados Unidos, se dirigió por carta a los jueces del Tribunal Supremo. El objetivo de la carta era solicitar su opinión jurídica sobre determinadas cuestiones pues, dada la situación de guerra que afectaba por entonces a casi todas las naciones europeas, y dado que los Estados Unidos acababan de proclamar la estricta neutralidad, el presidente Washington, sin embargo, deseaba contar con un sólido dictamen jurídico que le aclarase la correcta interpretación que había de darse a los tratados internacionales suscritos por los Estados Unidos (sobre todo los que le vinculaban Gran Bretaña y Francia, países que encabezaban los bandos en conflicto) y hasta donde alcanzaban sus obligaciones de conformidad con el derecho internacional. Por ello, y a través de Jefferson, el presidente Washington trasladó hasta veintinueve cuestiones de carácter jurídico

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en una carta cuyo borrador fue redactado por el chief justice John Jay, rehusó amablemente cumplimentar el encargo, justificando su negativa en la consideración (jurídicamente impecable) que el sistema de división de poderes le impedía considerar asuntos extramuros de un proceso judicial, y que si el presidente deseaba una opinión jurídica al respecto la Constitución le facultaba para que la solicitase a los titulares de los distintos Departamentos ejecutivos. Buena prueba de lo sólido del razonamiento es la postura en la que se encontró el chief justice, no sólo porque había sido uno de los principales negociadores del Tratado de Paz de 1783 con Gran Bretaña (instrumento que supuso el reconocimiento internacional de los Estados Unidos como nación) sin porque continuaba siendo asesor oficioso de Washington en asuntos de política internacional, hasta el punto de que el borrador inicial de proclama de neutralidad en el conflicto europeo que se había hecho pública el 22 de abril de 1793, había sido redactado por el propio Jay. Sin embargo, pese a ello Jay era muy consciente de los límites competenciales que ostentaba como cabeza del poder judicial, límites que no podía traspasar, de ahí que una cosa fuese el asesoramiento jurídico que a nivel estrictamente particular pudiese ofrecer, y otra muy distinta que su condición de juez le autorizase a pronunciarse de forma oficial sobre un asunto sobre el que no existía controversia jurídica a resolver ante los tribunales.

El excursus histórico que acabamos de ofrecer viene a raíz del lamentable espectáculo protagonizado por dos de los poderes del Estado español (con la complicidad por acción u omisión del tercero de ellos) digna por méritos propios de ser calificada con la misma expresión que el inmortal Carlos Arniches bautizó su pieza teatral La señorita de Trevelez, a la que añadió la expresión: “tragedia grotesca”, con la diferencia que en esta ocasión el papel de la burlada Flora lo asumen los españoles, que sufren en carne propia las burlas y escarnios a los que les someten estos auténticos discípulos de Tito Guiloya y su “guasa club”, de los que si algo puede decirse es que han superado a sus maestros.

La situación fáctica es pública y notoria, lo que dispensa de su exposición. Orillando cuestiones de mera oportunidad (es decir, si los privilegios que gozan los parlamentarios son acordes con la situación existente no sólo en los países de nuestro entorno, sino con el tiempo actual) la cuestión jurídica que se plantea es muy distinta a la que se está trasladando a la ciudadanía.

En este sentido, son dos los preceptos jurídicos a tener en cuenta. En primer lugar, el artículo 384.bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, precepto que establece lo siguiente: “Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión.” El segundo, el artículo 21.1.2 del Reglamento del Congreso, según el cual: “El Diputado quedará suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios, cuando concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallara en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta.”

La cuestión jurídica a resolver no es tanto si los diputados que están siendo objeto de enjuiciamiento han de ser o no suspendidos, cuestión ésta que los preceptos legales transcritos dejan meridianamente claro al establecer, de forma imperativa, la suspensión. El interrogante principal que se plantea es quién debe declarar formalmente esa suspensión; en otras palabras, si ha de ser el Tribunal Supremo o la Cámara a la que pertenecen los procesados.

Personalmente, a nivel jurídico, creo que la respuesta no puede ser otra que la competencia para declarar formalmente la suspensión reside en la Cámara a la que pertenecen los procesados, y ello tanto por la lógica extensión del principio de separación de poderes como de una interpretación sistemática y lógica de la normativa.

En efecto, una cuestión es que la normativa procesal penal imponga que de forma automática en determinados casos un cargo público quede suspenso en el ejercicio de sus derechos, pero otra muy distinta que sea el Tribunal quien haya de decretar formalmente esa suspensión, por cuanto supondría superar la frontera de la jurisdicción para adentrarse en cuestiones de naturaleza parlamentaria o administrativa. Pero existe otra razón más en este caso concreto que avala, a mi entender, la postura aquí defendida. Y no es otra que la especial situación de privilegio en que la normativa actual (constitucional y legal) otorga a diputados y senadores diferenciándola, a efectos estrictamente procesales, de los ciudadanos del común. En efecto, téngase en cuenta que según el artículo 71.2 los diputados “no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva”, siendo tal precepto desarrollado por los artículos 750 a 756 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y esa autorización es tan necesaria que el artículo 754 establece que: “Si el Senado o el congreso negaren la autorización pedida, se sobreseerá respecto al Senador o Diputado a Cortes; pero continuará la causa contra los demás procesados.” Una interpretación sistemática y concordada de estos preceptos con los artículos 384.bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 21.1.2 del Reglamento del Congreso lleva a concluir que ha de ser la cámara legislativa quien adopte el acuerdo de suspensión de los diputados. Y ello porque sería sumamente extraño que los órganos jurisdiccionales hubiesen de solicitar a los cuerpos colegisladores la autorización (preceptiva, además) para proceder al enjuiciamiento uno de sus miembros y, sin embargo, pudieran sin autorización alguna suspenderles en sus derechos.

En definitiva, que una cuestión es que un diputado que sea objeto de procesamiento incurra de forma automática (tanto por la normativa de carácter parlamentario como por la procesal penal) en causa de suspensión, y otra muy distinta quién ha de declarar formalmente tal suspensión, que en este caso, insistimos, no es otro que el Congreso de los Diputados. De la misma forma que el poder judicial no puede declarar la suspensión de funciones de un concejal que esté siendo objeto de procesamiento, dado que esa declaración formal es atribución del Ayuntamiento al que pertenezca.

A nivel ya estrictamente personal y como observación ajena al mundo jurídico, considero que este auténtico juego del escondite que están protagonizando dos poderes del estado (uno por el temor a un juicio adverso en instituciones supranacionales y otro por intereses políticos cortoplacistas) es lamentable y vergonzoso, y el ciudadano de la calle no merece ver degradada hasta extremos inauditos la imagen de una institución con espectáculos que, si excusables e incluso divertidos de ser interpretados por los entrañables Pompoff y Teddy, son indignos cuando los protagoniza una de las Cámaras que representa la voluntad popular.

En fin, que todo este devenir me ha traído a la memoria la célebre frase de la maratoniana película La caída del imperio romano, el clásico film histórico dirigido por Anthony Mann en 1964, y con la que se pone fin a casi tres horas de celuloide: “Este fue el principio de la caída del Imperio Romano. Una gran civilización no se conquista desde el exterior, hasta que se ha destruido a sí misma interiormente.

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