COMISIÓN DE CONDUCTA JUDICIAL O CÓMO SE VELA POR LA INTEGRIDAD DEL COMPORTAMIENTO DE LOS JUECES EN ESTADOS UNIDOS.

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La pasada semana finalicé la lectura de una de las últimas novelas del genial John Grisham, en concreto la titulada The whistler, aquí no muy correctamente traducida como El soborno. De lectura ágil, la obra adentra al lector en la vida de dos abogados integrantes de la Comisión de Conducta Judicial del estado de Florida, organismo encargado de tramitar y resolver las quejas y denuncias contra los jueces. No es ciertamente el objeto de esta entrada efectuar un resumen de la novela, sino de acercar al lector español a esa institución norteamericana tan desconocida en nuestro país, y que quizá conviniese trasplantar, más que nada porque, como ya dejó bien claro en el siglo XVII el gran jurista inglés Sir Edward Coke, nadie puede ser juez de su propia causa, y en el caso de quejas y denuncias contra miembros del poder judicial, es el propio poder quien las resuelve.

Dejemos una cosa bien sentada: la inmensa mayoría de los jueces de nuestro país son honestos, trabajadores y de una educación exquisita; y en este punto, el redactor de estas líneas hace suya la afirmación de uno de los personajes de la antecitada novela, quien al enfrentarse a una denuncia presentada frente a una juez concreta (la que desencadenará la trama de la narración) afirma que la inmensa mayoría de los jueces del país son íntegros, rectos y capaces, pero que sería imposible negar la existencia de un reducido porcentaje que, de no ser debidamente corregido o eliminado, acabaría por manchar la imagen del colectivo. Para eso precisamente, para que la imagen del poder judicial no se vea empañada por ese reducidísimo número de personajillos, está la Comisión de Conducta Judicial.

Cada estado posee un órgano de este tipo, cuya composición varía de estado a estado pero que suele responder a un cierto patrón. Tomemos como ejemplo la Comisión de Conducta Judicial del Estado de Nueva York. Si uno entra en su página web (algo que sinceramente recomendamos, y que cualquier interesado puede efectuar pinchando en el siguiente enlace), se encuentra con el siguiente mensaje, que informa del objetivo y composición del organismo. Veámoslo:

1.1.- Funciones.

“La Comisión de Conducta Judicial es responsable de investigar las quejas contra jueces del sistema unificado de tribunales y, cuando sea preciso, resolver advertirles, censurarles o expulsarles del cargo si se acredita han incurrido en comportamiento no ético. El juez puede impugnar dicha resolución ante el Tribunal de Apelaciones, el más alto tribunal del estado de Nueva York.”

La página web nos permite acceder a una fuente inagotable de documentación que sirve para acreditar que, en lo que a transparencia se refiere, la Administración de Justicia española continúa en porretas (con perdón). Nos ofrece un cuadro estadístico que permite al lector comprobar cuántos expedientes ha tramitado la Comisión desde el año 1978 hasta el presente, y además, incluso ofrece un listado de procedimientos donde el lector tiene acceso público, libre y gratuito a la resolución final del caso. Como lo son los informes anuales de la Comisión. No obstante, y aun cuando éstos están redactados de una forma mucho más clara y sencilla que los abstrusos homónimos españoles, lo realmente práctico es acceder a las resoluciones finales tomadas por la Comisión, que contienen toda la información del asunto: desde la denuncia, los hechos presuntamente constitutivos de infracción, y la resolución final.

1.2.- Organización.

En cuanto a su composición, nos advierte lo siguiente:

“La Comisión se compone de 11 miembros que tienen un mandato de cuatro años, no siendo su función retribuida. El Gobernador nombra cuatro miembros, el Presidente del Tribunal Supremo de tres, y cada uno de los cuatro líderes del Legislativo estatal nombran uno. La Comisión elige un Administrador y un Consejo, quienes contratan y dirigen al personal en los procedimientos de la Comisión, y un Secretario, que asiste a la Comisión a la hora de dictar sus resoluciones.”

Y, en una de sus pestañas, nos ofrece una amplia información no sólo limitada a los miembros de la comisión, sino acerca de todo el personal que trabaja en la misma. Así, por ejemplo, respecto a los once miembros que la integran (diez en la actualidad por encontrarse uno de ellos vacante), identifica a los mismos por su nombre y apellidos, facilitando la autoridad que los nombró, fecha de nombramiento y fecha de expiración del mandato, así como un breve currículum profesional y una fotografía del mismo. Pero también identifica a todos quienes trabajan en el organismo, identificando a cada uno de ellos por nombre y apellidos y cargo que ostenta, así como un breve currículum profesional, si bien éste más reducido que en el caso de los miembros que lo integran.

Quiero finalizar esta entrada poniendo dos ejemplos concretos. Hace apenas unos días, al departir con dos compañeras de profesión, ambas me transmitieron las experiencias vividas en el trato con dos juezas. Una de ellas me ponderaba el excelente trato que a nivel no ya profesional, sino personal que había recibido de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Llanes, que le facilitó en todo momento la labor. La otra compañera, por el contrario, se lamentaba del comportamiento (casi vejatorio) que sufrió a manos de la titular del Juzgado de Instrucción número Cuatro de Gijón que, en efecto, quien suscribe puede aseverar que si por algo se caracteriza no es precisamente por observar en general los principios más elementales de la cortesía.

Para estos últimos casos sería muy adecuado una Comisión al estilo de la descrita. Bien es cierto, se me dirá, que en nuestro país existe la posibilidad de denunciar. En efecto, pero la denuncia la tramita el Poder Judicial, quien lógicamente siempre barrerá para casa. La Comisión de Conducta Judicial cuenta con personas nombradas por los tres poderes (es decir, que no excluye al judicial, pero incluye a miembros de los otros dos por eso de que nadie puede ser juez de su propia causa), y no se trata de efectuar un escrutinio de las resoluciones judiciales dictadas, sino del comportamiento.

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