«EL ASFALTO»: UN RETRATO DE LA SOCIEDAD Y LA ADMINISTRACIÓN VISTA POR IBÁÑEZ SERRADOR.

elasfalto

El pasado viernes 7 de junio de 2019 fallecía Narciso Ibáñez Serrador, persona que desde hacía tiempo había inscrito su nombre con letras de oro en la historia de la pequeña pantalla. Es imposible entender la historia de la televisión sin el nombre de Chicho, quien con sus inolvidables Historias para no dormir y, sobre todo, con el legendario Un, dos, tres, había logrado en el primer caso hacernos estremecer con un fotograma y, en el segundo, reunir, quizá por última vez, a toda la familia en torno al televisor para disfrutar con las aventuras (y en más de una ocasión, desventuras) de los concursantes. El Un, dos, tres quizá es el mejor ejemplo de la necesidad de respetar la ecuación producto/sociedad. Emitido por primera vez en los estertores del franquismo y prolongado durante los años de la transición y de la democracia, constituyó un éxito sin precedentes registrando porcentajes de audiencia que hoy serían inconcebibles. Sin embargo, cuando a principios del siglo XXI intentó emitirse de nuevo y además, en esta ocasión dedicando cada programa a una obra literaria cuya lectura devenía en imprescindible para entenderlo, la audiencia no acompañó a tan valeroso como quijotesco intento de insertar el formato en una sociedad absolutamente distinta a aquélla que lo había aupado hasta cotas olímpicas de audiencia.

Pero más que la obra de Chicho en general, quisiera referirme a una en particular que, bajo el disfraz de inocente fábula, supone un mordaz y tétrico, aunque no menos veraz retrato de la sociedad y la Administración española, de entonces y de ahora, que en este punto los tiempos no han cambiado tanto. Me refiero a la deliciosa El asfalto, uno de los capítulos insertos en la serie Historias para no dormir. En el mismo ya constata el individualismo a ultranza de la sociedad, y el enfermizo y patológico formalismo de la Administración española.

El argumento de El asfalto es aparentemente sencillo. En una ciudad española, cuyo nombre se oculta pero que puede representar cualquier mediana población de nuestro país, un ciudadano de mediana edad (encarnado por Narciso Ibáñez Menta, padre del director) sale a dar un paseo para activar la circulación de sus extremidades inferiores, una de las cuales lleva vendada de tobillo para abajo. Lo hace a una hora ciertamente inusual, en plena tarde cuando el astro rey está en su apogeo elevando la temperatura hasta cotas difícilmente soportables, y cuando las calles (el decorado lo integran unos espléndidos dibujos de otro genio inmortal, don Antonio Mingote) están desiertas. Inadvertidamente, su pie enfermo se introduce en un pequeño agujero donde el asfalto está derretido. Al principio, este ciudadano sin nombre en esa ciudad sin nombre apenas le da importancia y se ríe de su torpeza, pero esa diversión inicial cede cuando se da cuenta de la imposibilidad de sacar la pierna del asfalto. Un asfalto que de forma lenta, progresiva e imparable, le va tragando literalmente. Y aquí empieza la pesadilla y el retrato de la sociedad española y de su poder público.

Poco a poco la ciudad se despierta de la siesta, y gentes de lo más diverso van pasando al lado del atrapado individuo, sin prestarle el menor auxilio pese a los requerimientos de este. Hombres, mujeres y niños pasan a su lado y, o bien hacen como si no existiera, o bien le miran compadeciéndose de su situación pero sin ofrecerle la más mínima ayuda. La excepción a ese comportamiento miserable lo ofrece un anciano gallego, que intenta poner remedio a la tragedia. Este ciudadano, ya en la tercera edad, carece de fuerzas físicas para acometer por sí mismo la tarea, pero acude rápidamente a poner la situación en conocimiento de la autoridad para que ésta ayude al indefenso ciudadano.

Si hasta ese momento Chicho ha retratado el individualismo de la sociedad, a partir de ahora retrata de manera absolutamente veraz el comportamiento de la Administración; la de entonces, bien es cierto, pero ese retrato que muestra las miserias del poder público no ha perdido vigencia para nada hoy en día, más bien pudiéramos decir que en los tiempos actuales la crítica efectuada si de algo pecaría es de benévola. Él pobre anciano gallego acude a las autoridades exponiéndoles no sólo la gravedad del problema, sino la urgencia del mismo: “se hunde, ese señor se hunde”, manifiesta de forma airada ante las autoridades. Unas autoridades representadas por unos individuos sumidos en las sombras y situados frente a unas mesas que se elevan varios estadios por encima del particular (magistral forma de constatar la lejanía del poder y el aislamiento en el que éste se encuentra) y que con siniestra y tétrica voz le repiten: “por duplicado, por triplicado”, mientras estampan ostentosamente sellos en los diversos formularios que ante ellos tienen. Inútiles son las súplicas del pobre viejo y sus lamentos por la situación (“pero es que ese señor se hunde, se hunde”). La respuesta que le ofrecen los siniestros personajes que encarnan el poder es la clásica letanía administrativa emitida desde el olimpo del poder: “por duplicado, por triplicado”. El pobre gallego retorna y pone la situación en conocimiento del atrapado, a quien el asfalto ha llegado ya literalmente al cuello y que, agradecido y resignado a su suerte, libera a su frustrado benefactor de todo compromiso. Finalmente, el ciudadano desaparece tragado por el asfalto. Fin de la historia.

Desde el punto de vista del Derecho público, esta pequeña historia muestra a las claras una visión de la Administración española que en modo alguno es desacertada: unas autoridades que buscan, más que solucionar de forma efectiva los problemas, no salirse del cauce de los formulismos, las burocracias, el papeleo, los trámites inútiles y, además, efectuados una, otra y otra vez. Interpretaciones formalistas, puntillosas de la letra de la ley que buscan retorcerla para, en el fondo, no hacer nada. Y es que la Administración de nuestro país, si en lo que a buscar soluciones se refiere no es precisamente ejemplo a seguir, sin embargo en lo de exigir formalismos, ritualidades inútiles, burocracia sin sentido y duplicidades reiteradas, en eso sienta cátedra indiscutible y no tiene parangón.

Habrá quien piense que estamos ante una visión arcaica y que los actuales tiempos han superado tal forma de actuar. No lo creo así. En la edición que la editorial Cátedra ha efectuado de una de las obras maestras de la literatura española, Miau (otro espléndido retrato de la Administración patria a través de la triste historia de un cesante) el amplio y detallado estudio introductorio termina con una frase que en su momento se me quedó grabado a fuego por lo tristemente acertado de la misma: formalmente, la Administración española de principios del siglo XXI en nada se parece a la descrita por Galdós; materialmente, es idéntica.

Habrá quien piense que todo lo anterior son exageraciones. En su cotidiano quehacer ante los tribunales, quien ahora se dirige a ustedes ha comprobado que existe en el personal que presta sus servicios ante la Administración de Justicia un sector de funcionarios (no muy amplio, cierto, pero tampoco desdeñable, pues no baja del quince por ciento) que parece haber hecho de poner obstáculos en el camino su principal función. Secretarios judiciales que hacen una interpretación rigorista con la finalidad de priorizar los papeles sobre los medios tecnológicos; trámites absolutamente incomprensibles (algunos de los cuales, por cierto, no vienen en la letra de la ley, sino que se los inventan los máximos responsables de la tramitación ordinaria de los asuntos) que únicamente se explican por “ese respeto que ha habido siempre en España por lo inútil”, como se lamentaba don Pío Baroja (otro impagable retratista) en uno de los capítulos iniciales de El árbol de la ciencia.

Ahora bien, todo lo formalista, riguroso, implacable y feroz que es el funcionario para con quienes no ostentan tal condición, se trastoca en laxitud, generosidad y amabilidad cuando se trata de actuar de conformidad con sus propias preferencias. Y ahí va un ejemplo concreto que cualquier jurista puede comprobar. Expongamos el comportamiento de cierto Secretario Judicial con destino en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de una concreta capital de provincia situada en el norte de España, de cuyo nombre me acuerdo perfectamente, pero que renuncio a explicitar por ahora. Al César lo que es del César: a nivel profesional es un trabajador infatigable y lo ha demostrado en muchas ocasiones, pero lo anterior no obsta a que cuando se trata de analizar los escritos de los letrados no es que mire con lupa, sino con microscopio la letra de la ley, siendo inmisericorde con el más mínimo defecto; hasta tal punto que, como manifiesta acertadamente un compañero, si no requiere de subsanación por defectos gramaticales y sintácticos en los escritos de las partes es porque sus resoluciones no son precisamente un ejemplo a seguir en cuestiones estilísticas. Pues bien, dado que a nivel tecnológico dicho Secretario no es que se encuentre muy avezado al uso de las nuevas tecnologías (algo explicable dada la edad no ciertamente provecta, pero sí madura del personaje descrito), y como es uno de los pocos que, dicho sea en su honor, acude a las vistas orales, es un espectáculo digno de ver cómo mientas ésta se desarrolla el fedatario público no se arredra y acomete de forma simultánea la redacción del acta en forma manuscrita, pese a que la vista se esté grabando en formato audiovisual y soporte digital. No sólo eso, sino que finalizada la vista, cuando los letrados se disponen a abandonar la Sala les retiene para hacerles rubricar el acta. Bien, supongamos que algún letrado imite el comportamiento formalista de dicho secretario y le recuerde el artículo 63.7 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, cuyo tenor literal es el siguiente:

El acta prevista en los apartados 5 y 6 de este artículo, se extenderá por procedimientos informáticos, sin que pueda ser manuscrita más que en las ocasiones en que la sala en que se esté celebrando la actuación careciera de medios informáticos. En estos casos, al terminar la sesión el Secretario judicial leerá el acta, haciendo en ella las rectificaciones que las partes reclamen, si las estima procedentes. Este acta se firmará por el Secretario judicial tras el Juez o Presidente, las partes, sus representantes o defensores y los peritos, en su caso.”

Supongamos, por tanto, que se niegue no sólo porque la ley establezca claramente respecto al acta “sin que pueda ser manuscrita”, sino que incluso dispone de forma clara que en los casos que lo sea, el Secretario “leerá el acta”. ¿Se imaginan la situación? ¿Cómo creen que reaccionaría esa personificación del rigor formal si se le exigiese, con el mismo rigorismo, que antes de firmar el acta leyese la misma? No creemos equivocarnos si auguramos que no acogería precisamente bien el requerimiento, pese a ampararse en una interpretación literal de la norma.

Un claro ejemplo de lo que fue, es y lamentablemente seguirá siendo la Administración española. Formalista con los ciudadanos. Generosísima y laxa hasta el extremo con ella misma.

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