EL TONY CURTIS DE “BOEING BOEING” EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA.

 

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En 1965, John Rich dirige la divertidísima comedia Boeing Boeing, uno de cuyos personajes, Bernard Lawrence (encarnado por un magnífico Tony Curtis, cuyo nombre real, por cierto, era Bernard Schwartz) comparte un mismo apartamento con tres azafatas de distintas compañías (con las que, además, mantiene relaciones de pareja) con la particularidad de que ninguna de ellas conoce la existencia de las otras dos, dado que sus turnos no coinciden. Cuando Lawrence recibe la visita de su amigo Robert Reed (el genial Jerry Lewis) y éste le afea la conducta, recibe a modo de contestación la siguiente frase antológica: “Poseo todas las ventajas de la vida matrimonial y ninguno de sus inconvenientes.”

Pues bien, esa sorprendente afirmación inserta en una comedia de los años sesenta serviría para ilustrar a la perfección la situación procesal de la Administración en el proceso contencioso-administrativo. Es cierto que en el orden civil puede existir una desigualdad de facto en función de la situación económica o medios disponibles por cada litigante, pero cuando menos, de iure, se respeta la situación de igualdad procesal. En el orden contencioso-administrativo la situación de desigualdad no se produce ya de facto, sino que de la forma más descarada y grosera la desigualdad se traslada a la propia situación procesal, con un desequilibrio en favor de los entes públicos que clama al cielo. La Administración pretende, en el seno del orden contencioso, beneficiarse de los privilegios que como poder público ostenta, pero a la vez tener la posibilidad de invocar ante los órganos jurisdiccionales la igualdad de armas en el seno del proceso. Lo dicho, todas las ventajas, pero sin los inconvenientes.

Junto a ello, existen otros preceptos que, leídos e interpretados de forma abstracta, llevarían a pensar que los mismos benefician a ambas partes en liza pero que, situadas en su contexto o en el seno de la relación procesal, benefician claramente a una de ellas, que, como bien habrán podido deducir sin el más mínimo esfuerzo, es siempre la Administración pública, que se convierte así en una especie de banca de casino: siempre gana. Y si alguien, por pura casualidad la hace saltar, siempre existen mecanismos hábilmente introducidos para no llevar a efecto lo debido.

Uno de esos preceptos aparentemente inocuos y que despliegan de manera fría y objetiva sus efectos es el celebérrimo artículo 128.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, según el cual: “Los plazos son improrrogables, y una vez transcurridos el Secretario judicial correspondiente tendrá por caducado el derecho y por perdido el trámite que hubiere dejado de utilizarse. No obstante, se admitirá el escrito que proceda, y producirá sus efectos legales, si se presentare dentro del día en que se notifique la resolución, salvo cuando se trate de plazos para preparar o interponer recursos.” Dicho precepto consagra un privilegio exclusivo de la jurisdicción contencioso-administrativa e inexistente en otros órdenes jurisdiccionales, cual es el de diluir el principio de preclusión, en cuanto una actuación puede efectuarse válidamente el mismo día en que el órgano judicial declara precluido el trámite. Es cierto que el artículo 135.5 de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil permite que los escritos sujetos a plazo se puedan presentar válidamente “hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo”, pero esa posibilidad de subsanación se restringe a un periodo muy reducido, transcurrido el cual el trámite precluye; en el orden contencioso, sin embargo, la posibilidad de subsanación se extiende hasta la fecha de notificación de la resolución declarando la preclusión, algo que en ocasiones se suele demorar no ya días, sino incluso semanas. No siendo extraño, además, que desde las propias dependencias se comunique de forma “extraoficial” el inminente dictado de la resolución de marras para que la Administración, aunque con retraso, haga los deberes.

En los años ochenta y noventa del pasado siglo, a la hora de valorar los errores arbitrales, el inefable José María García solía decir que los colegiados: “unas veces te dan, y otras te quitan”. La afirmación no deja de ser cierta, pero también lo es que no es lo mismo dar diez y quitar uno, que dar uno y quitar diez, pues en el primer caso los errores nos arrojarían un saldo positivo de nueve, mientras que en el segundo nos encontraríamos con una cuenta de resultados negativa. En efecto, alguien podría decir que el artículo 128.1 beneficia a ambas partes. Pero es claro y manifiesto que el mismo tiene un objetivo bien claro: evitar que una eventual preclusión de la contestación a la demanda recaiga en perjuicio de la Administración en un orden jurisdiccional concreto donde ésta reina sobre las demás partes. Un traje de gala hecho a medida para brillar en un ambiente muy concreto, por cuanto dicho atuendo permite únicamente su lucimiento en un lugar específico (orden contencioso) y queda deslucido o inapropiado fuera del mismo (órdenes civil, penal y social). Sería deseable un análisis estadístico que ilustrase las ocasiones en que las previsiones del artículo 128.1 han tenido que ser aplicadas y la parte beneficiaria del mismo, que con total seguridad arrojaría un nada sorprendente resultado.

Por ello, cada vez que observo en un escrito procesal emanado de un defensor público hablar de la “igualdad de partes” me entra una sensación que oscila entre la hilaridad y el enojo, no faltando las ocasiones en que me siento tentado a responder con la célebre frase de George Orwell: “Todos somos iguales, pero unos son más iguales que otros.”

En definitiva, el personaje que a mediados de los sesenta encarnara Tony Curtis en la hoy no suficientemente conocida película con cuya cita abríamos el primer párrafo, ha hecho su entrada por la puerta grande en la jurisdicción contencioso-administrativa. Porque la Administración, como Bernard Lawrence, posee todas las ventajas de ser poder público y particular, pero ninguno de los inconvenientes de ambos. Lo único que sería de desear es que los entes públicos que pululan como demandados por la jurisdicción contenciosa hubiesen de padecer en sus carnes la misma situación que el pícaro Lawrence hubo de sufrir cuando las tres azafatas vieron modificados a la vez su régimen de turnos y ello determinase que hubiesen de coincidir físicamente en el apartamento que compartían con aquél.

En fin, para terminar con un poco de diversión, ofrezco al amable lector el tráiler de la divertidísima comedia, cuyo visionado recomiendo encarecidamente:

 

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2 comentarios el “EL TONY CURTIS DE “BOEING BOEING” EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA.

  1. Excelente entrada, no le falta razón, pero en muchas ocasiones, a los abogados que lo conocen, el artículo 128.1 de la Ley 29/1998, no ha sacado de un buen lio al despistarnos con los plazos. En todo lo demás estoy de acuerdo con usted.

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  2. Yo lo he usado con la demanda en muchas ocasiones, por esa mala costumbre que tenemos de extender los plazos al máximo. Eso si, con el susto pegado al cuerpo por si el tribunal se daba prisa. Por otro lado, dice la leyenda que en Sevilla, el TSJA de vez en cuando y con fines “educativos” notifica a la Junta de Andalucía un centenar de resoluciones declarando la caducidad del trámite. Para qué no se acostumbren!

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