UNA SECRETARIA JUDICIAL CONSIDERA QUE UNA SOCIEDAD MERCANTIL PÚBLICA ES UNA “ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO.”

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A lo largo de casi dos décadas de ejercicio profesional, he tenido la oportunidad de encontrarme con todo tipo de empleados públicos en el ámbito de la Administración de Justicia. En lo que a los Secretarios Judiciales se refiere (aclaro que, si bien en los escritos dirigidos a un órgano jurisdiccional utilizo la terminología legal de “Letrado de la Administración de Justicia” vigente desde 2015, extramuros del proceso mantengo la nomenclatura tradicional) he podido comprobar que los mismos admiten una triple clasificación.

1.- Un sector importante, que no sólo acomete diariamente su tarea con una profesionalidad impecable y digna de encomio, sino que además, en el trato personal empatiza con las partes y sus problemas, y trata de solucionarlos para, en la medida de lo posible, facilitar un correcto desarrollo de las actuaciones.

2.- El grueso del colectivo, que prefiere, en la medida de lo posible, de acompasar el texto de la norma con el principio de agilidad procesal, haciendo gala a su vez de un trato exquisito con las partes, pero sin que ello obste a que consideren necesario o preferible mantener una mínima y respetuosa distancia con las partes y sus defensores y representantes.

3.- Por último, existe un porcentaje mínimo (pero, por desgracia, no desdeñable) que ha hecho de su misión el obstaculizar o, cuando menos, dilatar en extremo las actuaciones. Son aquellos que extreman el formalismo, efectúan interpretaciones puntillosas y estrictas, encuentran defectos donde no los hay; en definitiva, que responden a la concepción que tradicionalmente (y en muchos casos de forma equivocada por un erróneo ejercicio de inducción o extrapolación a todo un colectivo de un espécimen muy concreto y no representativo del mismo) se ha tenido del empleado público, eso sí, en su trato con terceros, porque cuando se trata de su propio actuar ese rigorismo se trasmuta en generosidad y comprensión ilimitada. Ocioso es decir que para los incluidos en este porcentaje (que habitualmente suelen responder a un mismo patrón de edad, oscilante entre la talludez y la senectud) la distancia que les separa de las partes o sus defensores no es mínima, sino inmensa, puesto que se consideran a sí mismos ubicados en una especie de Olimpo jurídico sito fuera del alcance de los simples mortales.

Las anteriores observaciones devienen en imprescindibles para entender el recentísimo Decreto de 9 de julio de 2019 que perpetró la Secretaria Judicial de cierto Juzgado de lo Social de la capital asturiana. Secretaria ésta, por cierto, que constituye un ejemplo típico del conocidísimo refrán español de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio, si no fuera porque en este caso no deberíamos hablar de una viga, sino de un rascacielos.

Hemos de indicar al lector que el pleito en el seno del cual se dictó la resolución citada tenía como partes (como suele ser habitual en el orden social) a trabajadores y empresario, siendo este último una sociedad anónima de capital íntegramente público. La sentencia dictada fue parcialmente estimatoria, y ambas partes impugnaron la misma. En este punto, el orgullo personal de la responsable máxima de tramitación procesal del órgano judicial en cuestión debió resentirse en extremo, porque en el corto plazo de veinticuatro horas cometió tres errores de cierta gravedad (una especie de tres en uno jurídico) imperdonables en quien hace de las formalidades su modo de actuar:

1.- Para empezar, notifica a las partes un Decreto teniendo por precluido el trámite de formalizar el recurso de suplicación de una de ellas, cuando el plazo no había concluido aún. A la hora de formalizar el recurso de suplicación, el plazo se cuenta por días, y al tratarse de días hábiles no se incluyen los festivos, siendo así que en el supuesto concreto mediaba una festividad local. Primer resbalón en la bañera del proceso.

2.- En segundo lugar, para tratar de salir airadamente de lo anterior, comete un segundo error jurídico: deja sin efecto la previsión de un Decreto mediante una simple Diligencia de Ordenación. Segunda patada gravísima a la legislación procesal.

3.- Por último, y para rematar la faena ya digna de haberle dado los tres avisos, admite el recurso de la sociedad mercantil demandada sin que la misma hubiese consignado el preceptivo depósito para recurrir que al efecto establece de forma preceptiva la legislación procesal laboral como requisito inexcusable para admitir a trámite la suplicación. Y es aquí donde la situación adquiere tintes dignos de un esperpento de Valle-Inclán o, si uno prefiere tomárselo con humor, de una astracanada de Muñoz Seca.

El letrado que defendía a la parte trabajadora, impugnó la Diligencia de Ordenación que admitía a trámite el recurso de la empresa, y lo hizo con los siguientes argumentos, que transcribimos literalmente:

“El artículo 229.1 LRJS dispone que: “todo el que, sin tener la condición de trabajador, causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, anuncie recurso de suplicación o prepare recurso de casación, consignará como depósito: a) Trescientos euros, si se trata de recurso de suplicación.” Cierto es que el apartado cuarto de dicho precepto establece una serie de exenciones, pero para órganos de naturaleza jurídico-pública, siendo así que la demandada en los presentes autos es una entidad que, aunque perteneciente al sector público, tiene naturaleza jurídico-privada, como de una mera lectura del artículo 2.2.b) de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público se extrae sin el más mínimo esfuerzo.

Desde luego, la Diligencia de Ordenación impugnada nada dice de que se haya constituido el depósito para recurrir lo que en principio, salvo que por descuido o por otra circunstancia se hubiera omitido dicho aspecto, debe llevar al lector de la misma a concluir que no se ha ingresado el mismo, lo que supone necesariamente la imposibilidad jurídica de tramitar el mismo en tanto en cuanto no se constituya tal depósito, puesto que, como hemos indicado, el mismo es requisito inexcusable para la tramitación del recurso, salvo que el recurrente se encuentre exento del mismo, lo que no es el caso.”

Tras ello, finalizaba suplicando no que se inadmitiese el recurso de suplicación de la empresa, sino que, citamos de nuevo textualmente (salvo en la denominación de la parte en concreto):

“Se requiera a la entidad X. a fin de que abone el preceptivo depósito para recurrir, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se le tendrá por desistida del mismo”.

Pues bien, la misma Secretaria Judicial que exige de forma puntillosa respetar hasta la última coma del Real Decreto 1065/2015 de 27 de noviembre, la misma que acomete lecturas textuales de la norma que llevan a una conclusión diametralmente opuesta a una interpretación sistemática, la misma, en fin, que extrema los rigores y las exigencias con terceros, resuelve mediante Decreto de 9 de julio de 2019 lo siguiente. Abróchense los cinturones y agárrense bien a lo más próximo que tengan. He aquí cómo resuelve ese faro que nos ilumina y que nos guía:

“se cita como infringido el artículo 229.1 de la LRJS, sin embargo es lo cierto que dada la naturaleza jurídica de la entidad demandada, al tratarse de una empresa pública, debe entenderse de aplicación lo dispuesto en el párrafo 4 del citado artículo que contempla que cuando se trate de entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, como es el caso, quedarán exentos de la obligación de constituir los depósitos, cauciones, consignaciones o cualquier otro tipo de garantía previsto en las leyes, por lo que no siendo necesario efectuar depósito para recurrir, no puede prosperar tampoco el recurso en cuanto a la solicitud de requerir a la parte recurrente a fin de acreditar su constitución.”

En otras palabras, que la Secretaria Judicial identifica sociedad mercantil de capital público con entidad de naturaleza jurídico-pública o, por ser más exactos, sector público con naturaleza pública, evidenciando con ello un desconocimiento elemental de la naturaleza de los entes del sector público.

Conviene que el amable lector tenga en cuenta tres circunstancias:

1.- La Orden JUS/1848/2016 de 24 de noviembre, por la que se modifican los programas de acceso al Cuerpo de Secretarios Judiciales, dentro del apartado V, el Tema 1 tiene como contenido material la organización administrativa, y dentro del mismo existe el siguiente epígrafe: “Administración Institucional. Organismos autónomos y entidades públicas empresariales.” Es decir, que no estamos ante una materia o cuestión que le deba ser ajena, puesto que entra dentro del temario, aunque sea por exclusión (los organismos autónomos y entidades públicas empresariales sí son entidades de naturaleza jurídico-pública).

2.- En segundo lugar, la autora del Decreto demuestra no haberse asomado ni por asomo a la legislación que se le citaba en el escrito, lo que demuestra, más que nada, que elaboró el Decreto por simple inercia. Y ello porque si hubiera consultado el precepto citado en el propio recurso (el 2.2.b de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público) comprobaría sin el más mínimo esfuerzo que el mismo integra en el sector público: “Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, en particular a los principios previstos en el artículo 3, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas.”

A mayor abundamiento, una simple consulta a ese instrumento tan útil como desconocido que es el Diccionario del Español Jurídico (que cualquiera puede utilizar de forma gratuita a través de la página web de la Real Academia Española, pero que a título particular cito por su versión impresa) hubiera encontrado la siguiente definición de la voz “Sociedad Mercantil Estatal”:

“Adm. Entidad con forma de sociedad anónima en que la Administración General del Estado ostenta una participación directa o indirecta mayoritaria de las participaciones de su capital o ejerce un control sobre las mismas. Tiene naturaleza jurídico-privada, quedando sus actividades sujetas al ordenamiento jurídico-privado. No obstante, cuando la Administración posea, directa o indirectamente, el cien por cien de las participaciones será de aplicación el ordenamiento jurídico-público en aspectos presupuestarios, contables, patrimoniales, financieros y de contratación.”

Es más, cualquier manual sencillo de Derecho Administrativo hubiera permitido reforzar la anterior conclusión. Así, por ejemplo, una mera ojeada a las páginas 533 a 542 del primer tomo de los Principios de Derecho Administrativo General, de Juan Alfonso Santamaría Pastor (cito por la quinta edición, en Iustel, año 2018, por ser la más reciente) permitiría encontrar, al inicio de la exposición (cuya rúbrica, por cierto, ya es ilustrativa, puesto que habla de las “personificaciones de naturaleza fundacional y forma privada”) la siguiente afirmación:

“Junto a las personificaciones instrumentales constituidas bajo formas de derecho público, las Administraciones territoriales han utilizado también, desde hace largo tiempo, formas de personificación características del Derecho privado: la más importante de ellas es la personificación bajo forma de sociedad mercantil.”

3.- Cualquiera de los amables lectores me podría efectuar una objeción a los dos puntos anteriores: si dice usted que la redactora del Decreto se integra un colectivo que responde a un patrón de edad (entre la talludez y la senectud) es posible que en el momento de acceder al puesto por oposición la situación fuese distinta.

Bien, asumamos esa objeción, aun cuando ello implicase reconocer que la susodicha Secretaria no se actualiza profesionalmente. Acudamos a la primera edición (año 1977) del primer tomo del Curso de Derecho Administrativo de Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández. Si nos adentramos en la página 255, ubicada dentro del capítulo V (“la personalidad jurídica de las Administraciones públicas”) en encontraremos un epígrafe donde se analizan las “sociedades de ente público”, y que principia con la siguiente frase:

“La Administración comienza a utilizar la técnica de las sociedades mercantiles de una manera ocasional y esporádica, bien con fines de auxiliar la financiación de alguna obra o servicio público gestionados por una sociedad privada (…) Estas intervenciones iniciales van a poner de manifiesto la utilidad que presenta para la Administración la adopción de una veste mercantil para la gestión de actividades industriales y comerciales, especialmente porque libera inmediatamente dicha gestión de todas las limitaciones del Derecho público (…) La forma mercantil supone la introducción en el tráfico de una entidad que externamente, en sus relaciones con terceros, va a producirse bajo un régimen de Derecho Privado. Pero internamente tal sociedad es realmente una pertenencia de la Administración que aparece como socio exclusivo de la misma, un ente institucional propio de la misma. Ad intra, en las relaciones entre la sociedad y su ente matriz, esta realidad se impone, de manera que el gobierno que sobre la misma efectúa dicho ente no se limita a lo que deriva de su status jurídico-privado de socio, sino que cae de lleno en la regulación jurídico-pública, si quiera sea porque el socio sólo bajo cauces jurídico-públicos puede manifestarse.”

En definitiva, que ya en 1977 el maestro indiscutible de tantas generaciones de administrativistas explicitaba el carácter privado de este tipo de sociedades mercantiles, si bien en su relación con el ente matriz trataba de sujetarlas a normas jurídico-públicas.

El autor de estas líneas ha de confesar que cuando comentó el asunto con varios compañeros de promoción (algunos en el ejercicio de la abogacía privada, otros en distintos puestos de nivel superior en las distintas Administraciones, incluida la de Justicia) pensaron inicialmente que les estaba gastando una broma pesada, y únicamente cuando se les aseguró con total seriedad que no se estaba bromeando sino exponiendo una situación real, se echaron las manos a la cabeza. La conclusión unánime de varias personas (insisto, todas ellas profesionales del sector) es que tal resolución únicamente admite dos explicaciones: La primera (paradójicamente la más generosa) es el desconocimiento de la normativa, algo preocupante dado el cargo que ostenta la persona que elaboró la resolución; la segunda, sería que voluntariamente y conscientemente desease, en este caso, apartarse de la normativa en vigor, lo que sería aún más grave dadas las inherentes consecuencias que conllevaría, motivo por el que de plano se desechó esta opción.

En todo caso, lo que el episodio narrado deja patente es que en determinadas ocasiones, quienes hacen gala de un intolerable formalismo y rigidez ad extra únicamente pretenden encubrir gravísimas carencias ad intra. En definitiva, que el formalismo y rigor procesal es la versión jurídica de la tradicional historia: “el traje del emperador“, que pretende ocultar el hecho que éste se encuentra desnudo.

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