A VUELTAS SOBRE EL SISTEMA DE INGRESO EN LA JUDICATURA: REFLEXIONES PARA UNA REFORMA DEL SISTEMA.

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Corría el día 5 de junio del año 1787 cuando los delegados reunidos en Filadelfia a los efectos de reformar los Artículos de la Confederación se plantearon cómo habrían de ser elegidos los jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y, eventualmente, los de la jurisdicción federal. Aun cuando la iniciativa presentada por los representantes de Virginia tenía previsto el nombramiento por el Poder Legislativo (léase, por ambas cámaras), desde el comienzo de los debates quedó bien claro que sólo existían dos opciones: que los jueces fuesen nombrados por la segunda cámara (es decir, el Senado) por tener menos número de miembros, o por el ejecutivo. La nota discordante la puso Benjamín Franklin, quien propuso el sistema que “según creía” se utilizaba en Escocia, a saber, que fuesen los propios Abogados quienes eligiesen a los candidatos a jueces porque (siempre según Franklin) elegirían a los más capacitados con la finalidad de no tener que competir con ellos en el foro. Finalmente, la opción triunfante, propuesta (creo recordar) por Nathaniel Gorham fue una síntesis entre ambas posturas: el Presidente sería quien efectuase la propuesta, pero debería contar con la autorización del Senado para que el nombramiento fuese efectivo.

Viene lo anterior a raíz del documento hecho público por el Partido Socialista Obrero Español que lleva por título: “Propuesta abierta para un programa progresista”, donde se contienen hasta un total de 370 medidas desarrolladas a lo largo de 76 páginas. De ellas, tan sólo cuatro medidas abordan el tema de la justicia, y son las contenidas en el epígrafe 2.3.6, que lleva por rúbrica “Justicia independiente”, que apenas ocupa medio folio. Pues bien, ha hecho ya ha ocasionado un conflicto entre las Asociaciones Judiciales la propuesta número 243, que está redactada en los siguientes términos:

“Modernizaremos también el sistema de acceso a la carrera judicial, para lo cual nos inspiraremos en los mejores elementos de los sistemas europeos de carrera única judicial y fiscal previendo mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades con independencia de la situación económica de los aspirantes.”

Llama la atención que una propuesta redactada en términos tan abiertos y tan vagos haya despertado ya las críticas de las Asociaciones Judiciales, salvo, como era previsible, la ideológicamente vinculada a la formación política proponente. Y digo que llama la atención porque en el mismo únicamente se habla de “modernizar”, pero sin precisar en qué consiste ni en ofrecer tan siquiera, cuando menos en el documento, una mínima base que permita dilucidar en qué sentido ha de interpretarse la misma. Si acudimos a una interpretación literal, por “modernizar” ha de entenderse: “hacer que alguien o algo pase a ser moderno” (acepción que al vocablo otorga el Diccionario de la Real Academia Española), lo cual no implicaría eliminar o suprimir el sistema, sino adecuarlo a los tiempos actuales.

No es un secreto que quien suscribe es un entusiasta del sistema anglosajón, sobre todo del británico, que posee la judicatura cuya independencia hace siglos está plenamente asegurada. No obstante, no es tan ingenuo el redactor de estas líneas como para no ser consciente que los sistemas o criterios que son válidos en un país y para una sociedad están tan ligados a éstos que es posible no funcionen en otros países donde la cultura y las costumbres son muy diferentes. Y, en efecto, el sistema de selección de jueces en Gran Bretaña (elegidos por un comité de entre las solicitudes que presenten los letrados con más de siete años de ejercicio efectivo de la profesión) en nuestro país probablemente no funcionaría debido a las picarescas, corruptelas y amaños que suelen perpetrarse desde el poder.

Ahora bien, sin cuestionar la existencia del sistema de oposición, considero inexcusable la reforma del desarrollo de las pruebas, para adecuarlas claramente a la tercera década del siglo XXI. No se trata de cuestionar el sistema de oposición, sino de reforzarlo, modificando tan sólo el desarrollo de las pruebas.

Paso a continuación a exponer mis reflexiones sobre el particular

Primero.- Prescindir de la memoria como criterio exclusivo de las pruebas e introducir y fomentar los aspectos prácticos.

Las pruebas de acceso a la función pública en general (esto no es exclusivo de la judicatura) descansan única y exclusivamente en un temario más o menos amplio (en función del grupo al que se opte) que el opositor ha de conocer al dedillo. Es decir, se trata de un sistema que es cien por cien memorístico. Eso tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja: se supone (presunción iuris tantum, que en casos concretos se puede destruir mediante pruebas fehacientes) que el opositor domina a la perfección el temario que se ha visto obligado a estudiar. El inconveniente, que en bastantes casos el opositor que ha tomado posesión de su cargo al enfrentarse a un supuesto concreto tiene dificultades para aplicar los conocimientos teóricos y, en ocasiones, se bloquea, en el sentido literal de la expresión. Se podrá argumentar que estamos ante casos aislados, pero lo cierto es que la práctica cotidiana demuestra que el porcentaje de supuestos de esta índole dista mucho de ser anecdótico o residual.

Considero que el sistema basado en la simple memorización de temas, mantenido en nuestro país (como tantas otras cosas) por pura inercia histórica, debe reformarse en profundidad, y ello por los siguientes motivos:

1.1.- Se supone que quien ha finalizado una carrera, mejor o peor tiene ya un conocimiento acreditado de la materia. Este presupuesto básico es el que rige en los sistemas anglosajones, es decir, que quien finaliza unos estudios de naturaleza superior ya tiene acreditados unos conocimientos teóricos, sirviendo el título para su acreditación. Por tanto, no se trataría de demostrar lo que conoce, sino en qué medida sabe trasladar a la práctica sus conocimientos. Eso es lo que se precisa en la función pública en general y la judicatura en particular: llevar a la práctica los conocimientos, aplicando el derecho a supuestos concretos.

1.2.- Ningún empleado público en su sano juicio resolvería un expediente sin consultar la normativa e incluso la jurisprudencia aplicable en cualquiera de las bases de datos a su disposición. En mis casi dos décadas de ejercicio profesional no he visto ni un solo juez que haya reconocido públicamente que dicta las sentencias basándose exclusivamente en la memoria. Por tanto, si en el cotidiano quehacer la memoria es necesaria pero no de forma exclusiva, no veo por qué no se ha de trasladar dicha circunstancia a las pruebas de acceso.

Cuento, además, una anécdota reveladora. En mis ya lejanos años de facultad, cuando la cátedra de Derecho del Trabajo la ostentaba Joaquín García Murcia (un grandísimo profesional de la docencia y con conocimientos enciclopédicos de la materia que impartía), a la hora de realizar los exámenes finales se permitía a los alumnos utilizar el código de normas laborales para contestar a las preguntas. Es evidente que quien dominaba la materia sabía perfectamente a qué norma y a qué precepto concreto acudir; para quien no se había asomado por la asignatura, el tener a su lado una recopilación normativa era algo inútil.

1.3.- El ordenamiento jurídico dista mucho de ser el mismo que el de hace un siglo, o incluso hace medio siglo. Hasta mediados de los sesenta del siglo XX, existía una cierta estabilidad normativa, y los textos tanto legales como reglamentarios aprobados podrían permanecer vigentes años, lustros e incluso décadas, lo que podría facilitar e incluso justificar cierto nivel de memorización. En la actualidad, no es ya que se hayan multiplicado exponencialmente las normas de todo tipo, sino que tal multiplicación geométrica en cuanto al número es inversamente proporcional a su vigencia, que en ocasiones se reduce incluso a meses.

Añádase a lo anterior que en los años sesenta tan sólo existía un ordenamiento: el estatal. Ahora hay que manejar hasta tres distintos: el comunitario, el estatal y el autonómico. ¿Alguien en su sano juicio piensa que cualquier ser humano puede tener la capacidad para retener y memorizar toda la normativa que apruebe la Unión Europea, España y su Comunidad Autónoma de residencia?

Es por lo anterior que obligar a alguien a memorizar unas normas que es posible en un mes ya estén derogadas, es solicitarle un esfuerzo inútil.

1.4.- A un juez que accede a la carrera por oposición libre, con el temario vigente pueden presuponérsele unos conocimientos sólidos en materia civil y penal, pero en modo alguno en derecho público y social, como demostraremos ulteriormente con el temario en la mano. Sin embargo, y con esas carencias de base, un juez de oposición puede terminar en un Juzgado de lo Social o en uno Contencioso-Administrativo sin más que un brevísimo cursillo de «adaptación«. Ya hay, cuando menos, una grieta clara en el sistema que precisaría corregirse

 

1.5.- No estaría de más exigir un cierto nivel de redacción en los jueces. Últimamente existen resoluciones judiciales que, por utilizar una célebre frase del profesor Henry Higgins (el divertido protagonista de My fair lady inmortalizado para la posteridad por el gran actor británico Rex Harrison) son un “asesinato a sangre fría” del lenguaje. Algo tan básico como el uso de la coma, el punto y coma, los dos puntos, el punto seguido y el punto y aparte deberían ser cuando menos objeto de recordatorio. No es de recibo que en una resolución judicial de seis páginas un párrafo ocupe cuatro de ellas, sin un solo punto y aparte. No entro ya en el contenido, donde algunas de las nuevas generaciones simple, lisa y llanamente desconocen el significado elemental de algunas palabras.

Segundo.- Permitir el acceso por órdenes jurisdiccionales y limitar el salto entre jurisdicciones.

Otro de los males que aqueja nuestro sistema de acceso a la judicatura es el derivado de la peculiaridad del temario. Analicémoslo.

2.1.- Sistema vigente de acceso.

Para que no sea objeto de crítica, tomo como base el temario aprobado el 9 de abril de 2019 para las pruebas de ingreso a la carrera judicial y fiscal. Las mismas tienen la siguiente estructura: Derecho Constitucional, 27 temas; Derecho Civil sustantivo 92 temas; Derecho mercantil, 16 temas; Derecho procesal civil, 58 temas; Derecho penal sustantivo, 64 temas; Derecho procesal penal, 39 temas; Derecho administrativo y laboral, 27 temas, de los cuales 14 se corresponden con administrativo y 13 a laboral. Un simple vistazo al temario permite comprobar que hay una sobreexposición al derecho privado y penal, tanto material como sustantivo, mientras que los ordenamientos administrativo y social apenas se tocan. Por tanto, el opositor que acceda a judicatura por oposición libre tendrá unos conocimientos más bien limitados (por no decir que muy simples o casi nulos) de derecho administrativo y laboral.

Una vez superadas las pruebas, y tras dos años “congelado” en la Escuela Judicial, el sufrido opositor tendrá que escoger su primer destino forzosamente como juez en un juzgado mixto (primera instancia e instrucción), para al poco tiempo acceder a la categoría de magistrado y poder optar ya a otros destinos. Es posible, por tanto, que de ahí se vaya saltando de juzgado en juzgado, de orden jurisdiccional en orden jurisdiccional hasta llegar al deseado.

2.2.- Crítica del sistema y alternativa propuesta.

Considero que el sistema anterior no resiste el más mínimo análisis racional y crítico. No puede condenarse a una persona que sienta una especial querencia por los ordenamientos administrativo o laboral y que tenga la vocación de ser juez en esos órdenes jurisdiccionales, a empaparse derecho civil y penal, a aguantar dos años en un juzgado mixto y esperar a que la suerte le depare que en algún concurso exista una vacante en el orden jurisdiccional concreto y que nadie le quite la plaza.

La alternativa que propongo, sin cuestionar el sistema de oposición, es el siguiente:

2.2.1.- Articular temarios específicos para los distintos órdenes jurisdiccionales, especialmente para el contencioso-administrativo y laboral, de tal manera que pueda accederse directamente a los mismos. Ello contribuiría a dotar de una mayor calidad a los jueces (accederían ya “especializados” al estudiar un temario específico vinculado a las materias conocimiento de dicho orden jurisdiccional) que se trasladaría a la propia Administración de Justicia.

2.2.2.- Limitar el “salto” jurisdiccional de los jueces. No es de recibo que una misma persona llegue a desempeñar varios puestos en órdenes jurisdiccionales distintos. Persona conozco que ha iniciado su carrera en un órgano mixto (como es norma general), pasar a un juzgado de instrucción y de ahí a un laboral. ¿Se imaginan ustedes a un médico que, tras superar las pruebas del MIR y estar cinco años como especialista en cardiología, súbitamente pretendiese de la noche a la mañana ser oculista? ¿O a un especialista en medicina de familia que tras seis años atendiendo a pacientes en la consulta decidiese dar un cambio a su vida y solicitase ser neurocirujano? ¿Se imaginan que en los dos ejemplos extraídos del mundo de la medicina se aceptase ese cambio sin necesidad de efectuar prueba alguna y tan sólo se exigiese para aceptar el cambio efectuar un curso de un mes de duración? Pues lo que no ocurre en el mundo de la medicina, se acepta en el de judicatura.

Las anteriores son tan sólo unas reflexiones personales, subjetivas y, por tanto, falibles, pero que creo por lo menos deberían ser sometidas a un debate y no ser rechazadas ab initium, basándose única y exclusivamente en lo venerable del sistema actual. Porque antigüedad no implica necesariamente rectitud o corrección.

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