EXPLICACIÓN Y VALORACIÓN DE LA DECISIÓN JUDICIAL DECLARANDO ILÍCITA LA SUSPENSIÓN DEL PARLAMENTO INGLÉS.

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Desde hace unas horas, se ha hecho viral la noticia según la cual un tribunal escocés ha estimado que es ilegal la suspensión del Parlamento británico. Lo que seguramente los medios españoles no dirán es que esa conclusión emana de la Sala de un Tribunal escocés que revoca la sentencia dictada por un juez que había desestimado la demanda. Conviene tener también en cuenta que lo conocido hoy no es la sentencia definitiva, sino una nota de prensa anticipatoria de la decisión, aún por formalizar, y que no se hará pública hasta el próximo día 12.

Como siempre se suele hacer en esta bitácora, separaremos los contenidos de la resolución (en este caso, de la nota de prensa), que se expondrán de la forma más objetiva posible, de las consideraciones u observaciones sobre el particular, que, como tales, son de naturaleza estrictamente personal y, por lo tanto, falibles. En otras palabras, trataremos de mantener formal y materialmente separada la información objetiva de la opinión subjetiva.

Primero.- Nota de prensa del Tribunal sobre los motivos que le llevan a declarar ilícita la decisión del Primer Ministro de aconsejar a la Reina la suspensión del Parlamento británico.

Veamos lo que dice la nota de prensa. Para no asemejarnos a la prensa española ni cometer sus mismos errores, optamos por ofrecer a los lectores de este blog la nota íntegra hecha pública por el Tribunal de Sesiones Escocés, intentando respetar en la traducción lo más fielmente posible el original:

“La Sala de Apelaciones del Tribunal de Sesiones ha resuelto que el consejo del Primer Ministro a S.M la Reina para que se suspenda la sesión del Parlamento desde los días 9 y 12 de septiembre hasta el 14 de octubre fue ilícita porque tenía el propósito de bloquear el Parlamento.

 

79 demandantes, 78 de los cuales son parlamentarios en Westminster, presentaron el 31 de julio de 2019 una solicitud de revisión judicial, solicitando una declaración inter alia en el sentido de declarar ilícito que el Gobierno del Reino Unido aconsejase a S.M la Reina que suspendiese las sesiones del Parlamento con el objetivo de evitar que se dispusiese de tiempo suficiente para considerar la retirada del Reino Unido de la Unión Europea.

 

Se había fijado para el día 6 de septiembre una vista sobre el fondo, pero el 28 de agosto, aconsejada por el Primer Ministro, SM la Reina promulgó una Orden en Consejo suspendiendo el Parlamento entre el 9 y 12 de septiembre hasta el 14 de octubre. El Lord Ordinario (el juez competente para conocer el asunto en primera instancia) rechazó adoptar una medida cautelar, pero señaló la vista sobre el fondo para el día 3 de septiembre. El día anterior a la vista, en cumplimiento de su deber, los demandados presentaron algunos documentos parcialmente ocultos que mostraban algunas de las deliberaciones del Gobierno relativas a la suspensión, datadas el 15 de agosto.

 

El Lord Ordinario rechazó la pretensión. Consideró que el consejo del PM a SM la Reina sobre la suspensión era, como asunto de alta política y control político, no sujeto a revisión judicial; la decisión de proponer el consejo no puede ser enjuiciada con ningún criterio legal por los tribunales.

 

La moción impugnatoria (apelación) tuvo lugar en la Primera División del Tribunal de Sesiones los días 5 y 6 de septiembre. El Parlamento fue suspendido en las primeras horas del Martes, 10 de Septiembre.

 

Los tres jueces de la Primera División decidieron que el consejo del PM a SM la Reina estaba sujeto a control judicial, que estaba motivado por el propósito impropio de bloquear el Parlamento y que el mismo, y lo que en el traía causa, era ilícito.

 

El Lord Presidente, Lord Carloway, decidió que aun cuando el consejo a SM la Reina sobre el ejercicio de la prerrogativa regia de suspender el Parlamento no estaba sujeta a control judicial sobre la base de los criterios normales de revisión judicial, sería sin embargo ilícita si su propósito fuese bloquear el escrutinio parlamentario del ejecutivo, que es el pilar central del buen principio de gobierno comprendido en la constitución; esto se deriva de principios de democracia y estado de derecho. Las circunstancias en que se ofreció el consejo y el contenido de los documentos entregados por el demandado acreditan que esa fue el auténtico motivo de la suspensión.

 

Lord Brodie consideró que pese en el momento en que se presentó la demanda el asunto distaba mucho de estar sometido a control judicial, la suspensión concreta acordada, como táctica para frustrar el Parlamento, puede legítimamente ser calificada de ilícita. Este es un caso egregio de claro fracaso en el cumplimiento de los criterios generalmente aceptados de comportamiento de las autoridades públicas. Debe deducirse que los principales motivos por los que se acordó la suspensión fueron evitar o impedir al Parlamento controlar al ejecutivo para responder y legislar en relación al Brexit, y permitir al ejecutivo lograr una política de un Brexit sin acuerdo sin más interferencia Parlamentaria.

 

Lord Drummond Young concluyó que los tribunales poseen competencia para declarar si cualquier poder, bajo prerrogativa o similar, ha sido legalmente ejercido. Era obligación del Gobierno del RU mostrar una razón válidad para la suspensión, teniendo en cuenta la fundamental importancia constitucional del escrutinio parlamentario de la acción del ejecutivo. Las circunstancias, particularmente la amplitud de la suspensión, muestra que el propósito era evitar tal escrutinio. Los documentos aportados no muestran otra explicación para esto. La única inferencia que puede extraerse es que el Gobierno del RU y el Primer Ministro deseaban restringir al Parlamento.

 

El Tribunal también decidió que no requeriría que el demandado aportase una versión completa de los documentos aportados.

 

El Tribunal en consecuencia dicta Sentencia declarando que el consejo del Primer Ministro a SM la Reina y la suspensión que la siguió fueron ilícitos y por tanto nulos y sin efecto.

 

Este resumen se ofrece para ayudar a comprender el razonamiento del tribunal. No forma parte de los motivos de la decisión. La sentencia completa del tribunal es el único documento válido.

 

La sentencia íntegra del tribunal estará disponible en la página web de los Tribunales Escoceses a las 12 del mediodía del Viernes 13 de Septiembre de 2019.”

Cualquier lector puede extraer dos conclusiones de la nota que acabamos de transcribir:

1.- Lo que se anula no es acto formal de suspensión del Parlamento acordado por la Reina, sino el consejo ofrecido por el Primer Ministro. Aunque la Sala no lo dice en la nota, con toda probabilidad la sentencia invocará el célebre principio británico del King can do no wrong, y que, puesto que lo único que ha hecho la Reina es formalizar una decisión adoptada por el Primer Ministro, la responsabilidad última ha de recaer sobre éste.

2.- El único criterio de enjuiciamiento es el motivo subyacente para la suspensión, motivo que no era otro que la decisión del Gobierno de impedir el debate parlamentario sobre el Brexit.

Hasta aquí, los hechos expuestos de forma objetiva, es decir, la información. Vayamos ahora a las opiniones.

Segundo.- Valoración de los razonamientos contenidos en la nota de prensa.

Considero, dicho sea con todos los respetos y siempre respetando cualquier otro criterio mejor fundado en Derecho, que la decisión del Tribunal de Sesiones es absolutamente incorrecta. Y ello por varias razones:

2.1.- El ejecutivo tiene en sus manos la posibilidad de suspender el Parlamento durante un periodo más o menos largo, sin que tenga que dar explicaciones sobre ello. Es más, en nuestro constitucionalismo histórico se acogió siempre dicha posibilidad, incluso en los textos más avanzados.

Cito únicamente dos ejemplos, sirviéndome para ello de los textos emanados del liberalismo progresista.

El artículo 71 de la Constitución española de 1869 establecía que: “Una sola vez en cada legislatura podrá el Rey suspender las Cortes sin el consentimiento de éstas. En todo caso, las Cortes no podrán dejar de estar reunidas el tiempo señalado en el artículo cuarenta y tres”, precepto este último que estipulaba: “Las Cortes estarán reunidas a lo menos cuatro meses cada año, sin incluir en este tiempo el que se invierta en su constitución. El Rey las convocará a más tardar para el dia primero de febrero.” Nótese que, respetando ese periodo mínimo de cuatro meses, el monarca podía suspender las Cortes “sin el consentimiento de éstas”, es decir, de forma libérrima y sin tener que ofrecer explicación alguna.

Veamos lo que establecía al efecto la Constitución de 1931. A diferencia de la anterior, en este caso nos encontramos ante un texto constitucional que articula una República que no puede ser propiamente calificada ni de parlamentaria, ni de presidencialista, sino todo lo contrario, pues entremezclaba principios de ambas. El artículo 81 establecía que el Presidente de la República: “Podrá suspender las sesiones ordinarias del Congreso en cada legislatura sólo por un mes en el primer periodo y por quince días en el segundo, siempre que no deje de cumplirse lo preceptuado en el artículo 58”, precepto este último que a su vez imponía ex constitutione que las Cortes “se reunirán sin necesidad de convocatoria el primer día hábil de los meses de Febrero y Octubre de cada año y funcionarán, por lo menos, durante tres meses en el primer periodo y dos en el segundo.”

En ambos casos, los textos constitucionales atribuyen al Jefe del Estado la posibilidad de suspender las sesiones del órgano legislativo, aun contra su voluntad, si bien respetando ciertos límites. Y, lo que es más relevante, sin necesidad de motivar ni ofrecer justificación alguna.

Que dicha posibilidad se utiliza cuando los gobiernos se encontraban en minoría es evidente. Alcalá Zamora, por ejemplo, utilizó dicha posibilidad en enero de 1936 cuando nombró como presidente del gobierno a Manuel Portela Valladares, que carecía de apoyo parlamentario, precisamente por esa circunstancia.

Aun cuando Gran Bretaña carece de texto constitucional, es evidente que la posibilidad de suspender las sesiones del órgano legislativo durante un periodo limitado de tiempo no es ni ajeno ni incompatible al sistema parlamentario.

2.2.- Considero que el Tribunal de Sesiones ha invadido parcelas que no le corresponden. La decisión de suspender las sesiones del Parlamento es una decisión claramente política, y sin que, como hemos visto, se deba ofrecer motivo alguno para la misma, pues es claro y evidente que precisamente nos encontramos en caso de un instrumento compatible con el sistema parlamentario y que, por su propia naturaleza, ha de utilizarse en momentos concretos y profundamente delicados. El Tribunal, por mucho que intente hilar muy fino, ha invadido cuestiones de naturaleza claramente extrajudicial.

2.3.- Sostener que se trata de bloquear al Parlamento y evitar un debate sobre el Brexit únicamente ocasiona hilaridad en el ciudadano con un mínimo de raciocinio. Desde la celebración del referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, éste no ha hecho otra cosa que debatir. Y ese es precisamente el problema, que se ha limitado a debatir, pero sin adoptar ningún acuerdo.

Recordemos que el Parlamento británico, ese mismo que ahora clama por la suspensión, ha mostrado hasta en tres ocasiones su rechazo a adoptar el acuerdo suscrito por la entonces premier, Theresa May, con la Unión Europea; ha rechazado igualmente un Brexit sin acuerdo; ha rechazado un segundo referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea. En otras palabras, el Parlamento británico, en lo que al Brexit respecta, se ha convertido en un órgano eternamente deliberante, pero con nula capacidad decisoria. Obstaculiza, pero no permite. No decide, pero no deja decidir.

Afirmar, por ello, que la suspensión acordada le impide debatir sobre este tema es un ejercicio de cinismo tan profundo que no existen palabras suficientes en el diccionario para calificarlo como merece.

En fin, que parafraseando al gran jurista y político romano Marco Tulio Cicerón: “Quosque tándem abutere, Britannia, patientia nostra?”

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