EL «SANTO TEMOR» DE LOS JUECES ESPAÑOLES AL VOTO PARTICULAR EN LAS SENTENCIAS.

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Existe entre los jueces españoles un anatema, una especie de tabú, un acontecimiento que con tan sólo mentarlo provoca en los magistrados ponentes el mismo efecto que al conde Drácula le producían los ajos y los crucifijos. Ese fantasma que pretende conjurarse a cualquier precio es el del voto particular. Por una errónea concepción de lo que el mismo constituye, por un mal entendido corporativismo y por una deficiente comprensión del vocablo “confianza”, se tiende a identificar la discrepancia con un ataque personal hacia el redactor material de una sentencia. En definitiva, que, si un juez discrepa de sus colegas, se le mira de reojo con cierta hostilidad. Al fin y a la postre, rige la norma no escrita del “hoy por ti, mañana por mi”, y el manifestar abiertamente una diferencia de criterios supone quebrar esa regla sagrada.

El fallecido juez Antonin Scalia, que, con independencia de que uno comparta o no su filosofía jurídica, ha sido uno de los grandes jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, manifestaba en una entrevista que: “Ataco ideas, no ataco a la gente. Y algunas muy buenas personas tienen ideas muy malas.” En otra entrevista que se le hizo conjuntamente con su colega y gran amiga Ruth Bader Gisburn, y en la que específicamente se le preguntó por las razones en virtud de las cuales dos personas con un vínculo de amistad tan sólido se combatían tan enérgicamente en los estrados, Scalia manifestó que aquel juez que no sepa aceptar la discrepancia es que no merece sentarse en los estrados.

El voto particular es algo inherente a la propia historia judicial norteamericana. Desde el punto de vista intrínseco, el formular un voto particular no es ni bueno ni malo, y ni beneficia ni disminuye el parecer mayoritario, sino que tan sólo evidencia puntos de vista diversos sobre una cuestión. Han existido votos particulares célebres que, con el devenir de los años, han pasado de la discrepancia a la doctrina mayoritaria y existen otros que, simplemente, reflejan simplemente el parecer de quien lo formula, y que no desea ser vinculado con la mayoría.

Hay muchos ejemplos de votos particulares que el tiempo ha convertido en jurisprudencia mayoritaria. Pensemos, por ejemplo, en los que formularon los jueces John McLean y Benjamin Curtis en el tristemente célebre asunto Dred Scott v. Sandford; en el que formuló el juez John Marshall Harlan en el también célebre Plessy v. Fergusson; o en el del juez Oliver Wendell Holmes jr. en la sentencia Lochner v. New York. Hay también otros que no llegan a alcanzar el grado de doctrina jurisprudencial aplicable, mas permanecen en los anales y en los repertorios jurisprudenciales como la expresión de quien lo emite; caso, por ejemplo, de los votos particulares emitidos por Byron R. White y William Rehnquist en el asunto Roe v. Wade, o el que Antonin Scalia elaboró en el caso Planned Parenthood v. Casey.

Han existido grandes disidentes en la historia judicial norteamericana, como el ya citado Oliver Wendell Holmes o William Rehnquist. Este último discrepó tantas veces con sus colegas que llegó a ser conocido como el “disidente solitario” (lone disenter) e incluso sus asistentes jurídicos, haciendo gala del mismo sentido del humor que siempre acompañó a Rehnquist, le regalaron en cierta ocasión una miniatura del célebre “llanero solitario” (lone ranger). Esa discrepancia no impidió que Rehnquist fuese uno de los jueces más apreciados por su bonhomía y su sentido del humor, y que incluso su gran rival ideológico, William Brennan, apreciase a su díscolo colega.

Lo que ocurre en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos acontece igualmente en los Tribunales de Apelación. No es que sean infrecuentes, sino que se dan con bastante frecuencia los votos particulares discrepantes, e incluso los parcialmente concurrentes. Sin que ello desmerezca o disminuya para nada al sistema judicial ni implique en modo alguno una falta de confianza o de respeto del juez discrepante hacia sus colegas mayoritarios.

En definitiva, que el voto particular no es un anatema ni constituye un síntoma de desconfianza de un miembro de la Sala hacia el resto de integrantes de la misma. Sólo una concepción profundamente desviada o errónea de la naturaleza de dicha institución puede llevar a tal conclusión. Si me apuran, más bien acontece lo contrario. En muchas ocasiones la búsqueda de la unanimidad a cualquier precio lo que encubre es un deseo de compartir una responsabilidad y evitar la individualización de ésta. En definitiva, que todos los firmantes de una sentencia puedan responder de la misma forma que el pueblo de Fuenteovejuna cuando dieron inicio las investigaciones tendentes a dilucidar la responsabilidad del asesinato y descuartizamiento del comendador Fernán Pérez de Guzmán.

No me resisto a contar una historia sobre las unanimidades y las discrepancias. En el ya comentado asunto Dred Scott v. Sandford (donde, recordemos, el Tribunal Supremo manifestó que el Congreso de los Estados Unidos carecía de competencias para suprimir la esclavitud en los territorios y que las personas de color no eran «ciudadanos» desde el punto de vista constitucional) inicialmente iba a ser unánime. Por unanimidad, el Tribunal Supremo se iba a lavar las manos adoptando lo que en terminología jurídica estadounidense se denomina narrow ruling, es decir, un fallo que no pretende sentar doctrina general, sino circunscrito a las peculiaridades del caso. Pues bien, el chief justice Roger B. Taney había logrado inicialmente que el Tribunal se limitase a declarar que no podía entrar a conocer del asunto porque el mismo había sido fijado definitivamente por el Tribunal Supremo de Missouri y se estaba ante una cuestión de competencia estatal. La negativa de un juez a aceptar dicha circunstancia llevó a una sentencia que entró en el fondo del asunto y evidenció donde se encontraba cada uno. Y, por cierto, muchos años después se descubrió que el presidente electo, James Buchanan, se dirigió por escrito a uno de los jueces del Tribunal Supremo urgiéndole a que la sentencia se dictase antes de su toma de posesión, señalada para el 4 de marzo de 1857.

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