CONSTITUYE DESPIDO IMPROCEDENTE QUE SE CESE A UN INDEFINIDO NO FIJO PARA QUE SU PLAZA SEA OCUPADA POR UN FUNCIONARIO DE CARRERA.

despido-libre

Sin duda alguna uno de los problemas que aquejan a las distintas Administraciones y entes públicos es el elevado número de personas cuya relación laboral no goza de estabilidad, sino que su relación pende de un hilo. En el caso de aquéllas personas cuyo vínculo es de naturaleza laboral, la jurisprudencia social dio un paso de gigante con la creación de una nueva categoría, el “indefinido no fijo”, que gozaba de un régimen de protección superior, y ello por cuanto el mismo no podía ser cesado más que por la cobertura reglamentaria del puesto o mediante la amortización del mismo. Ahora bien, el problema consiste en determinar cuando nos encontramos ante una “cobertura reglamentaria de la plaza” y, por tanto, cuándo nos encontramos ante un cese lícito. Y ello porque, de no entender que nos encontramos ante dicho presupuesto necesario, la extinción del vínculo laboral pasaría a ser considerado un despido improcedente.

Deseo, en esta entrada, hacerme eco de dos recientes pronunciamientos del Juzgado de lo Social de Avilés, uno de los cuales ya ha sido avalado por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Y ello porque restringe la facultad de las Administraciones a la vez que aumenta la protección de los trabajadores.

Primer supuesto.- Trabajador indefinido no fijo cesado al ser cubierto el puesto que ocupaba por un funcionario de carrera en virtud de concurso de traslados.

Este es el supuesto que resuelve la Sentencia de 22 de marzo de 2019 del Juzgado de lo Social número 2 de Avilés, y que ha sido recientemente confirmada por la recentísima Sentencia de 11 de octubre de 2019 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

En este caso, el demandante sostuvo ya en su escrito de demanda que la cobertura de un puesto de trabajo desempeñado por un trabajador indefinido no fijo mediante un concurso de traslados restringido a funcionarios no podía ser calificado de cobertura reglamentaria. Se amparaba para ello en la Sentencia de 14 de noviembre de 2017 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictada en recurso número 3676/2017 (ES:TSJGAL:2017:7697). Resolución esta última fundamental, por cuando señalaba como cuestión jurídica a resolver la siguiente:

“La cuestión central del recurso de la trabajadora demandante se concreta a decidir si su cese como personal laboral indefinido no fijo que ocupaba puesto de funcionario, y que fue cubierto por otra persona mediante concurso para la provisión de puestos, debe calificarse como despido y, caso positivo, su calificación, o, como sostiene la Comunidad Autónoma recurrente, ha de considerarse como un cese ajustado a derecho, en cuyo caso han de examinarse los efectos del mismo.”

La Sala del órgano jurisdiccional gallego consideró que dicha situación no podía englobarse dentro del supuesto de “cobertura reglamentaria”, en cuanto no se permitió al trabajador participar en el proceso selectivo para la cobertura del puesto que hasta ese momento desempeñaba, lo cual conllevaba necesariamente el calificar la situación como despido.

El Juzgado de lo Social de Avilés acogió el argumento del demandante y aplicó la misma doctrina, considerando, pues, que no nos encontramos ante un cese lícito, sino ante un despido improcedente. La Sala confirmó la sentencia de instancia considerando la extinción del vínculo laboral como un despido improcedente.

Segundo supuesto.- Trabajador indefinido no fijo cesado al ser cubierto el puesto que ocupaba por un funcionario de carrera en un proceso selectivo libre.

En esta ocasión, y a diferencia del supuesto anterior, el trabajador indefinido no fijo ve extinguida su relación laboral cuando el puesto que desempeñaba pasa a ocuparlo un funcionario de carrera, pero no mediante un concurso de traslados, sino por la celebración de un proceso selectivo donde el trabajador ha tenido la oportunidad de participar.

El caso resuelto por el Juzgado de lo Social número Dos de Avilés es, ciertamente, harto peculiar, pues se trataba de una trabajadora indefinida no fija que, ocupando un puesto de trabajo, se le había encomendado la realización de funciones en un ente con personalidad jurídica propia pero dependiente de la Administración para la que trabajaba; encomienda que se había prolongado durante cinco años y que finalizó justo cuando el puesto que formalmente ocupaba pasó a desempeñarse por un funcionario de carrera. De ahí que se la cesase en las funciones encomendadas, reintegrándola a su puesto original para, a continuación, en diez días poner fin a su relación laboral. En base a dicha circunstancia, es decir, a ese movimiento realizado por el ente público en cuestión, es por lo que considera que nos encontramos ante un despidió improcedente. Así razona la sentencia en cuestión:

“Se centró el debate, como ha señalado la representación actora en fase de conclusiones, no en precisamente en determinar los requisitos de la cobertura reglamentaria de plaza ocupada hasta un determinado momento, por personal indefinido no fijo, sino en constatar sí las actuaciones llevada a cabo por la entidad demandada, son constitutiva de fraude. Más concretamente, ceñido al hecho de que procediéndose el 1 de febrero de 2019 al cese de la actora, tras haberse adjudicado a la Sra. XXX el puesto con Código RPT —-, previamente por resolución de 17 de enero de 2019, se puso fin a la asignación temporal de funciones, que la actora venia disfrutando. Obviamente la extensa tesis mantenida por la representación demandada es ajustada a derecho. Ahora bien, cabría plantearse sí este último “movimiento” de puestos, que ha sido objeto la actora, ajustado sin duda a derecho administrativo, responde a circunstancias casuales o ha sido buscado (o forzado) deliberadamente por la entidad demandada para justificar la extinción de la relación laboral no fija.
Pues bien, la indudable proximidad de fechas entre el cese de la actora (1 de febrero de 2019) y la previa reincorporación de la actora al puesto con Código RPT — (17 de enero de 2019), permite inferir que en la tramitación de expediente (del proceso selectivo de ingreso y proposición para el pertinente nombramiento como funcionarios de carrera), la entidad demanda conocía la cobertura definitiva de la plaza (Código RPT 92020.11), que se adjudicaría, previa solicitud, a la Sra. XXXX. Circunstancia que determinó a “situar” deliberadamente a la actora en la misma, a fin de propiciar su cese desde la cobertura legal.”

No obstante, incluso sin acudir a tal razonamiento, circunscrito a las peculiaridades del caso concreto, la recentísima Sentencia 1578/2019 de 16 de julio de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias hubiera supuesto igualmente la estimación de la demanda cuando un puesto desempeñado por un trabajador indefinido no fijo es ocupado por un funcionario de carrera. Dicha resolución judicial, que se ampara en la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, razona de la siguiente forma:

“Para la resolución de la cuestión planteada se ha de partir del hecho acreditado de que la demandante, vinculada al Ayuntamiento desde el año 1999 como —, es personal laboral indefinido no fijo que venía ocupando una plaza de — que figuraba en la relación de puestos de trabajo como funcionarizada. Pues bien, partiendo de tal presupuesto, la solución de la cuestión viene dada por la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2019 (rcud. 2123/2017), en la que el Alto Tribunal (tras hacer referencia a sus sentencias de 7 de julio de 2015 (rcud. 2598/14), 9 de junio de 2016 (rcud 25/2015), 20 de julio de 2017 (rcud. 2832/2015) y 25 de enero de 2018 (rcud. 3917/2017) en las que se trataba -dice- de determinar si cabía considerar ajustado a derecho el cese de los trabajadores indefinidos no fijos que, por estar adscritos a una plaza de funcionario, ven extinguida aquélla relación laboral por la incorporación de un nuevo titular que accede como funcionario a través del correspondiente proceso de selección) concluye señalando que el cese constituye en tales casos un despido que carece de justificación, manifestando al respecto en su fundamento jurídico tercero que:

“En las sentencias mencionadas, la Sala afirma la calificación como despido del cese del personal laboral fundado en la ocupación de la plaza de funcionario que venía desempeñando, puesto que no estamos ante ninguna causa lícita de extinción del contrato de trabajo que puede ser subsumido en el art. 49.1.b) ET.

Hemos negado que en tal supuesto estemos ante la cobertura reglamentaria de la plaza, porque lo cierto es que la plaza que se ocupa es una plaza de funcionario, no de personal laboral.

La única vía válida para la extinción de los contratos de trabajo de los indefinidos no fijos será la cobertura de la plaza de personal laboral que corresponda con la que ocupen en calidad de tales o, en su caso, la amortización de tal plaza con la exigencia de que la Administración acuda a la vía de los arts. 51 y 52 ET, de conformidad con lo previsto en la Disp. Ad. 20ª de dicho texto legal”

Esta situación es, en consecuencia, la que procede adoptar en el presente caso en el que la trabajadora demandante, que es personal laboral indefinido no fijo que ocupaba una plaza de — que en la relación de puestos de trabajo figura como funcionarizada, fue cesada pror causa de la cobertura reglamentaria de la plaza y puesto por ella ocupado, con una funcionaria de carrera tras la superación del proceso selectivo por el turno libre, puesto que no se está ante ninguna causa lícita que pueda ser subsumida en el art. 49.1.b) del ET para extinguir el vínculo laboral.

Doctrina que ha mantenido expresamente el mismo órgano en la más reciente Sentencia de 11 de octubre de 2019.

Conclusión.-

A la vista de los anteriores pronunciamientos, es claro que el personal indefinido no fijo de las Administraciones públicas únicamente puede ser cesado cuando su puesto de trabajo se amortice o sea cubierto por otro personal de la misma naturaleza, es decir, laboral, puesto que si es cubierto por una persona con la categoría de funcionario de carrera el despido ha de ser considerado como improcedente.

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