LA POLÍTICA MIGRATORIA DE TRUMP (Y DE OBAMA) A JUICIO EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE LOS ESTADOS UNIDOS.

DACA

Mañana día 12 de noviembre de 2019 tendrá lugar en la sede del Tribunal Supremo de los Estados Unidos la vista oral de tres asuntos acumulados que tienen por objeto verificar si es ajustada a Derecho la actuación de Donald Trump a la hora de suspender el programa llevada a cabo por la anterior presidencia en el sentido de no ejecutar la normativa legal en lo que respecta a expulsar determinados inmigrantes del territorio norteamericano. En concreto, estamos hablando de los asuntos Department of Homeland Security v. Regents of University of California, Trump v. NAACP y McAlenan v. Vidal, donde las cuestiones a resolver por el Alto Tribunal son las siguientes:

“(1) Si la decisión del Departamento de Seguridad Interior de rectificar la política de Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) es judicialmente controlable y (2) Si la decisión del Departamento de Seguridad Interior de rectificar la DACA es lícita”

Conviene hacer un poco de historia al respecto y aclarar en qué consistía la DACA.

Todo comienza el 12 de junio de 2012, cuando la Secretaria del Departamento de Seguridad Interior, Janet Napolitano, firma un Memorandum que lleva como título: “Ejercicio de la Discreción a la hora de hacer cumplir la normativa en lo referente a Individuos que llegaron a los Estados Unidos siendo niños”, que recibió la denominación abreviada de Deferred Action for Childhood Arrivals, y que fue conocida por sus siglas (DACA). Dicho memorándum tenía como destinatarios a los Directores de las tres agencias federales con competencias en materia de inmigración y extranjería, es decir, la Protección de Aduanas y Fronteras, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración y la Ejecución de Inmigración y Extranjería. El objetivo último del memorándum era, en efecto, loable, pues buscaba:

“Establecer cómo, en el ejercicio de nuestra discreción ejecutiva, el Departamento de Seguridad Interior ha de hacer cumplir las leyes nacionales de inmigración contra determinados jóvenes que fueron traídos a este país como niños y que sólo conocen el mismo como hogar. En general, estos individuos carecen de intención de vulnerar la ley y nuestra actual revisión de casos pendientes está realmente conduciendo al archivo de muchos de ellos. Sin embargo, son necesarias medidas adicionales para asegurar que nuestros recursos ejecutivos no se malgastan en estos casos de baja prioridad, sino que realmente se focalizan en personas dentro de nuestra prioridad ejecutiva.”

En definitiva, se trata de mitigar el rigor de las disposiciones legales a través de la fijación de criterios ejecutivos a seguir a la hora de aplicar aquéllas, algo que incluso el documento en cuestión reconoce de forma explícita:

 

“Nuestras leyes nacionales inmigración deben ejecutarse de forma clara, pero flexible. No están elaboradas para ser ciegamente aplicadas sin consideraciones dadas a circunstancias individuales en cada caso”.

En base a dicho objetivo, la Secretaria de Seguridad Interior fijó cinco criterios que, de darse en una persona concreta, determinarían que la misma no fuese expulsada del territorio estadounidense aunque su residencia en el mismo fuese ilícita. Esos criterios eran el establecimiento de unos umbrales de edad (la persona no debía superar los treinta años y haber entrado en los Estados Unidos siendo menor de dieciséis), la fijación de un periodo de residencia dentro de los Estados Unidos (como mínimo, cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de redacción del memorándum) y la concurrencia de dos requisitos, uno de carácter positivo (haber obtenido la titulación educativa básica o secundaria, o haber sido “honorablemente licenciado como veterano” de la Guardia Costera o de las Fuerzas Armadas Estadounidenses) y uno negativo (ausencia de condena penal por delito o falta).

En definitiva, como hemos dicho se trataba de una medida que desde el punto de vista humano puede calificarse como razonable, pues se trataba de ofrecer una solución a personas que habían penetrado en territorio estadounidense de forma ilícita, pero que se habían aclimatado en el mismo y que no suponían ninguna amenaza para la seguridad, dado que bastaba cualquier condena, por mínima o de escasa entidad que fuese desde el punto de vista material la norma vulnerada, para que la persona en cuestión fuese automáticamente excluida del ámbito de aplicación de esta medida. El problema radicaba en que, si desde el punto de vista moral la medida era lógica y comprensible, desde el punto de vista jurídico la misma afrontaba notables dificultades, pues se estaba excepcionando la aplicación de la ley a través de una simple medida ejecutiva.

Ahora bien, conviene no perder de vista un dato significativo. El hecho de que el inmigrante fuera beneficiario de una medida excepcional (no ser expulsado de territorio estadounidense) no implicaba de ninguna manera acceder a un status de legalidad, ni que se impidiese a las autoridades federales que en un futuro reconsiderasen su decisión y pudiesen expulsar al inmigrante ilegal. En otras palabras, la DACA lo que otorgaba era la mera suspensión temporal de una medida, la expulsión del territorio. Pero tal expulsión, como la espada de Damocles, pendía colgada de un cabello sobre la cabeza del individuo.

Varios estados impugnaron judicialmente esos criterios e incluso llegó a adoptarse la medida cautelar de suspensión. Uno de los asuntos llegó incluso al Tribunal Supremo, que hubo de enfrentarse en el año 2016 a la impugnación, por la Administración Obama, de la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, que confirmaba la suspensión cautelar dictada por el Juzgado de Distrito de Texas. No obstante, el 23 de junio de 2016, el Tribunal Supremo en el caso United States v. Texas desestimó la impugnación presentada por el Solicitor General de los Estados Unidos, al estar internamente dividido con cuatro votos a favor y cuatro en contra (recordemos que en esa época el Tribunal se encontraba reducido a ocho miembros, pues aún no se había cubierto la vacante que había dejado el fallecimiento de Antonin Scalia en febrero de ese mismo año) y, según es costumbre, en caso de empate a votos ello supone confirmar la resolución de instancia.

Siendo candidato a la presidencia, a lo largo de su campaña electoral, Donald Trump anunció que, de llegar a la Casa Blanca, dejaría sin efecto la DACA. Es posible que esto suene extraño a oídos españoles, pero guste o no el personaje, lo cierto es que Donald Trump cumplió gran parte de sus promesas, y así, el mes de septiembre de 2017 desde el ejecutivo estadounidense se dejó sin efecto la medida. Lógicamente, ello supuso que todos los pleitos en los que se cuestionaba jurídicamente la DACA perdiesen automáticamente el objeto procesal.

Las críticas no se hicieron esperar y se iniciaron los pleitos para dejar sin efecto la medida adoptada por Trump, de tal medida que la DACA volviera automáticamente a ser aplicable. El ejecutivo sostenía que, en primer lugar, la decisión de anular la DACA no es judicialmente revisable de conformidad con los estándares existentes en los Estados Unidos y, en segundo lugar, que la medida adoptada es lícita, pues la DACA era ilegal “desde su propia concepción”, de ahí que con su anulación se estaba restaurando el imperio de la ley que aquélla había conculcado.

Como en tantas otras ocasiones, el Tribunal Supremo tendrá la última palabra. Y en esta ocasión, contra lo que pueda parecer, no es sólo la política de Donald Trump la que está sobre la mesa de Sus Señorías, sino también la de Obama.

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