A VUELTAS CON LA INDEPENDENCIA JUDICIAL EN ESPAÑA: INEXISTENCIA EN EL PASADO Y EN EL PRESENTE.

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En diciembre del año 2006, ante un grupo de alumnos de bachillerato que se encontraban de visita en la sede del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el chief justice John Roberts manifestaba que uno de los aspectos más difíciles a la hora de articular un sistema democrático es precisamente asegurar la independencia del poder judicial, máxime cuando no existe tradición en el país que intenta implantarla. Eso y no otra cosa, es lo que ha ocurrido en España, un país donde no ha existido ni puede decir que exista independencia judicial.

Conviene, antes de nada, hacer una precisión. No se está afirmando que carezca nuestro país de “jueces” independientes, que claro que los hay, aunque no precisamente en lo que el maestro Alejandro Nieto describe como “alta magistratura”. Lo que se afirma y sostiene rotundamente es que no existe independencia “judicial”, referida al poder. Ni ha existido ni existe. Ello se explica claramente por el devenir histórico del poder judicial en nuestro país, donde ha estado claramente sometido a la voluntad del ejecutivo y donde los jueces, como el resto de los funcionarios, para conservar su cargo lógicamente no debían ser incómodos.

Hay dos trabajos que demuestran claramente esta tesis. En primer lugar, la magnífica tesis doctoral que en el año 2004 defendió Braulio Díaz Sampedro, titulada significativamente La politización de la justicia: el Tribunal Supremo (1836-1881), que ulteriormente publicó como libro el Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Tal estudio se ciñe, como su propio título indica, al máximo órgano judicial español, y lógicamente se podría argumentar que la intervención ministerial en la justicia estaba ceñida a la cúpula de la organización judicial. Para cubrir ese vacío en lo que respecta a los órganos judiciales de nivel inferior acaba de aparecer un magnífico libro debido a Pedro Ortego Gil, titulado: Inamovilidad, interinidad e inestabilidad. El control ministerial sobre los jueces en el siglo XIX, que acaba de publicar hace apenas dos meses el Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. El propio autor aclara en su introducción que ha limitado su investigación al ámbito territorial de la Audiencia Provincial de Zaragoza, pero es evidente que lo que allí ocurrió puede tomarse como ejemplo o botón de muestra de lo que ocurría en otras partes del territorio nacional. ¿Y qué teníamos allí? Pues una clara intervención del ejecutivo en el judicial a través de la designación de jueces, que, además, no tenían garantizada la inamovilidad, por lo que podían ser privados del cargo a simple capricho del ejecutivo. En otras palabras, que las “cesantías”, distaban mucho de ser algo limitado o circunscrito a los empleados públicos de la rama ejecutiva, sino que también se aplicaba a los integrantes del tercero de los poderes. Y si bien intentó ponerse coto a dicha situación con la aprobación el 15 de septiembre de 1870 de la Ley Provisional sobre Organización del Poder Judicial, en la práctica el ejecutivo continuó haciendo de las suyas. Una buena prueba de ello es el hecho de que el juez encargado de instruir el sumario del asesinato del general Juan Prim, fue trasladado forzosamente por el gobierno, pese a que ya estaba aprobada la normativa de organización del poder judicial, como explicaba hace poco en un programa radiofónico Eduardo Torres-Dulce Lifante (ex Fiscal General del Estado) que en un ejercicio de erudición sin precedentes expuso en apenas diez minutos todos los avatares fácticos, jurídicos e históricos acerca del célebre magnicidio ocurrido en la calle del Turco.

La situación anterior explica que los jueces, al igual que el resto de empleados públicos, para garantizar lo más posible su permanencia en el puesto, trataran de no ser excesivamente incómodos y no incurrir en la ira del poder ejecutivo. Es algo humanamente comprensible. En la célebre película Judgement at Nuremberg (aquí penosamente titulada Vencedores o vencidos), el personaje encarnado por Spencer Tracy, el juez Dan Haywood, lo explicaba con una frase que casi pasa desapercibida entre el público español: “Cuando me eligieron juez sabía que existían personas intocables, y que deberían seguir siéndolo si yo quería seguir siendo juez.” Haywood se refería a un sistema donde los jueces eran elegidos por votación en sufragio universal y, por tanto, se refería a poderes fácticos, así que imagínense lo que sería esa frase aplicada a un sistema donde la elección de jueces descansaba en la única y libérrima voluntad del ejecutivo. La consecuencia es lógica, clara y humanamente comprensible: el juez se hizo acomodaticio, dúctil, cómodo y no excesivamente peligroso, lo que evidentemente diluía cuando no hacía desaparecer la función principal del poder judicial. En ese contexto de explícita intromisión del poder ejecutivo en funciones judiciales, se explica claramente la afirmación de don Jesús González Pérez a la que tantas veces se ha hecho referencia en este blog, y que ha incluido en todas y cada una de las ediciones de su imprescindible estudio Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas:

“En este, como en tantos otros aspectos de la estructuración del Estado de Derecho, nuestros Jueces no se han caracterizado por su originalidad ni por su audacia. Respetuosos, sumamente respetuosos con quienes, en cada momento, han detentado el poder, tradicionalmente han sido una rémora en las conquistas del ciudadano en sus relaciones con los Poderes públicos que definen un Estado de Derecho.”

Las reflexiones anteriores no se circunscriben al siglo XIX, sino que son de plena aplicación a la actualidad. Ya plenamente asentada la Constitución de 1978, a su amparo se perpetraron ataques brutales a la independencia judicial desde otros poderes que han sido respondidas por el Judicial con un clamoroso y elocuente silencio. Como cuando cierto ex ministro de Justicia negó al Consejo General del Poder Judicial (órgano este cuya supresión, por cierto, convendría ya plantearse seriamente ante su rotundo fracaso) el carácter de órgano de gobierno de los jueces, sino que le otorgó la naturaleza de órgano político para el control de la magistratura, afirmaciones que fueron ulteriormente ratificadas por un político actualmente vocal del citado Consejo. La consecuencia inmediata es un sistema donde la alta política se entromete en la judicatura y a su vez, en una especie de retroalimentación, la alta magistratura avala o apoya de forma expresa determinadas opciones políticas, dando así el golpe de gracia a la ya muy mermada imagen que tiene en nuestro país el tercero de los poderes.

Un ejemplo concreto de esa retroalimentación entre política y judicatura lo ofrece determinada asociación judicial, que el pasado día 12 de noviembre de 2019 publica en su cuenta oficial de Twitter la siguiente frase: apoya la conformación de un gobierno que sume las fuerzas progresistas y que opte por políticas favorecedoras de la igualdad y la garantía de los derechos y libertades.” Es cierto que tan intolerable muestra de injerencia de cierto sector de la judicatura en cuestiones políticas ha sido inmediatamente contestado por las otras dos asociaciones, pero la afirmación ahí queda. Y uno se pregunta en qué medida los integrantes de la asociación que favorece y apoya de forma explícita y nada disimulada el gobierno de una determinada opción política, pueden enjuiciar de forma imparcial un asunto en que ese futuro gobierno o alguno de sus miembros tenga la condición de parte. El resultado que de ello puede esperarse es el mismo que en aquella célebre escena de un clásico film del oeste donde una persona detenida en la celda de la oficina del sheriff acusado de robar caballos, reclamaba su derecho a un proceso justo, y donde el sheriff, de forma socarrona, le contestaba: “Por supuesto. Tendrás tu juicio justo. Y después te ahorcaré personalmente.” O aquélla otra de la divertidísima Destry Rides Again, donde el alcalde del pueblo (a sueldo del cacique del lugar) cuando se ha detenido a uno de los esbirros de la banda de quien le pagaba, felicitaba al ayudante del marshall con las siguientes palabras: “Y ahora, en mi condición de magistrado, presidiré el juicio. Convóquese a todos los ciudadanos para constituir un jurado. Todo será legal”; una vez constituido el jurado, el “juez”, en presencia del cacique del pueblo, les indicaba a los elegidos (por cierto, en la taberna), que “tras examinar objetivamente las pruebas, se retirarían a deliberar, y, después, volverán con un veredicto de no culpabilidad”.

Entiéndase bien, no se está criticando que, a nivel estrictamente personal, el juez pueda tener su ideología y sus opiniones, pero trasladar a nivel oficial el apoyo a una determinada opción política (el apoyo se efectúa desde la cuenta oficial de la asociación) no es precisamente un ejemplo ni una garantía de independencia judicial. Una independencia que, en nuestro país, no ha tenido ni tiene, ciertamente, defensores entusiastas. Porque claro que existen en nuestro país jueces independientes, pero cuando ante la existencia de comportamientos intolerables de sus colegas optan por el silencio o la evasión, el clamoroso silencio equivale, a estos efectos y frente a terceros, a todo un festival de decibelios.

Una de las principales funciones del Poder Judicial es el servir de escudo protector de las libertades individuales frente a los abusos del poder público. Cuando, por inercia histórica, la situación es precisamente la inversa (servir de escudo del poder alineándose históricamente con éste por los motivos expuestos), es evidente que el sistema quiebra.

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