EL TRIBUNAL SUPREMO DE LOS ESTADOS UNIDOS VUELVE A TENER QUE PRONUNCIARSE SOBRE EL ALCANCE DE LA SEGUNDA ENMIENDA.

arma

Uno de los temas recurrentes en la jurisprudencia norteamericana es el relativo al derecho a tener y portar armas, consagrado a nivel constitucional en la famosa segunda enmienda. A fecha actual, son dos las resoluciones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que marcan los criterios a seguir en la materia. En primer lugar, District of Columbia v Heller (554 US 570 [2008], que aborda un análisis interpretativo de la segunda enmienda. Dicho asunto propició un interesantísimo duelo jurídico entre Antonin Scalia y John Paul Stevens, del cual salió vencedor el primero al ver su postura arropada por otros cuatro de sus colegas y lograr, aun por la mínima, la mayoría de votos. Según la citada sentencia, la Constitución garantiza un derecho individual que preexiste al propio texto, pues como se indica en la enmienda, no es que se “reconozca”, sino que el derecho “no será infringido”, es decir, que se patentiza que el mismo no surge de la carta magna, sino que aquél precede a ésta. En segundo lugar, dos años más tarde de Heller se falla el McDonald v Chicago (561 US 742 [2010]) según el cual el derecho consagrado en la segunda enmienda constitucional no es exigible tan sólo al gobierno federal, sino que despliega todos sus efectos frente a los gobiernos estatales. Esto último no era una sorpresa ya que, si bien al principio se consideraba que el Bill of Rights únicamente operaba frente al gobierno federal, tras la guerra de secesión y sobre todo, tras la aprobación de las denominadas “enmiendas de la reconstrucción”, la jurisprudencia, a través de un criterio que recibe la denominación jurídica de “incorporation” entendió que los derechos consagrados en las diez primeras enmiendas son de aplicación también a los estados.

Ahora bien, aun cuando en Heller se reconoció que el derecho a portar armas es de carácter individual y, por tanto, indisponible para el legislador ordinario, se reconoció que el mismo no es absoluto y puede estar, como todos los derechos, sujetos a limitaciones, si bien el Tribunal Supremo no ofreció guía o criterio alguno al respecto, abriendo así el camino a que a través de los actos de aplicación de las distintas leyes estatales e incluso de normativas locales se fuese abriendo el camino para que el asunto llegase nuevamente ante el máximo órgano judicial. Uno de esos asuntos es el New York State Rifle & Pistol Association Inc v. City of New York, cuya vista oral tendrá lugar el próximo lunes día dos de diciembre. La cuestión jurídica que se somete al Tribunal Supremo para su resolución es la siguiente:

“Si la prohibición establecida por la ciudad de Nueva York de transportar un arma con licencia, con el seguro puesto y descargada hasta el domicilio o un campo de tiro fuera de los límites de la ciudad es consistente con la segunda enmienda, la cláusula de comercio y el derecho constitucional al libre desplazamiento.”

El caso surge a raíz de un supuesto donde tres particulares que poseían licencias de armas habían querían llevarlas a un campo de tiro fuera de los límites de la ciudad, dándose además la circunstancia que uno de los demandantes tenía una segunda residencia en el propio estado de Nueva York, pero extramuros de los límites de la ciudad homónima. Esos tres individuos, junto con la Asociación Estatal del Rifle de Nueva York, impugnaron la prohibición sobre la base que la misma vulneraba sus derechos constitucionales. El Juzgado Federal del Distrito Sur de Nueva York, quien no observó tacha alguna de inconstitucionalidad. Impugnado tal pronunciamiento, el 23 de febrero de 2018 el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito confirma la sentencia de instancia al desestimar el recurso de apelación interpuesto por los demandantes. El Tribunal de Apelaciones rechaza la tacha de constitucionalidad y, aun cuando parte de la doctrina Heller, separa claramente los supuestos de hecho de ambos casos. En este último, el Tribunal Supremo se enfrentaba ante una prohibición absoluta de tenencia de armas en el propio domicilio, mientras que en el caso enjuiciado por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito lo que se proscribe es el transporte de un arma legal fuera de los límites de la ciudad. Es más, se añade un argumento de una impecable lógica jurídica: no existe óbice alguno para que el propietario de la segunda residencia fuera de los límites de la ciudad pueda obtener otra licencia que le permita el transporte y la tenencia del arma en aquélla.

En fin, apasionantes disquisiciones fáctico-jurídicas a las que el Tribunal Supremo habrá de dar pronta respuesta.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s