INFORME DE LOS TÉCNICOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES SOBRE LOS PRINCIPIOS JURÍDICOS DEL PROCEDIMIENTO DE IMPEACHMENT

HR

El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en la primera sesión de su centésimo decimosexta legislatura, ha elaborado un documento titulado Constitutional grounds for presidential impeachment, que podríamos traducir como “Bases constitucionales para la destitución presidencial”. Se trata de un interesante documento de cincuenta y cinco páginas que pretende ilustrar acerca de los requisitos que han de concurrir para que sea posible iniciar un procedimiento de destitución presidencial, pero dicho informe posee dos notas características que disminuyen en parte su labor: el mismo no ha sido aprobado de forma unánime, puesto que su propio subtítulo lo deja bien claro al indicar que se elaboró por la mayority staff (mayoría de empleados –técnicos-) del citado comité; y, por otra parte, que el mismo refleja las “opiniones de los técnicos y no reflejan necesariamente los del Comité Judicial ni de ninguno de sus miembros.” Es decir, que por una parte el mismo no es una exteriorización de los criterios del Comité Judicial (algo lógico, puesto que éstos se hicieron públicos a través de dos documentos elaborados por la mayoría demócrata y la minoría republicana) y, por otro, que el propio personal técnico-jurídico del Comité, al igual que éste, se encuentra dividido al respecto y no es capaz de ofrecer un criterio unánime.

El informe goza de enorme interés para quien se encuentre familiarizado con el ordenamiento jurídico estadounidense, porque el mismo no se limita al derecho positivo, sino que es una hábil mezcla de derecho vigente e historia constitucional y política. De ahí que sean frecuentes las citas de los debates constitucionales que tuvieron lugar en la Convención de Filadelfia (que se citan a través de los clásicos e imprescindibles Records elaborados hace casi un siglo por Max Farrand, y que continúan siendo la base documental imprescindible para acercarse a los orígenes de la constitución federal), de los padres fundadores y de los juristas de la joven república, entre ellos, por ejemplo, los Commentaries on the Constitution of the United States elaborados por Joseph Story, uno de los más brillantes jueces del Tribunal Supremo durante la segunda etapa de la presidencia de John Marshall y los años iniciales de Roger B. Taney.

El informe contiene alguna manifestación que considero errada. Como, por ejemplo, cuando se afirma que “los padres fundadores decidieron construir una nación comprometida con la democracia y el estado de derecho, una luz para el mundo en una era de aristocracia” (página 10). Que los padres fundadores deseaban construir una nación es indiscutible, y precisamente el Virginia Plan introducido por Edmund Randolph incidía en tal circunstancia, como lo prueba que el sistema articulado se calificaba como “nacional” en vez de “federal”, denominación esta última reservada para el creado por los Artículos de la Confederación. Que se deseaba articular un sistema basado en la división de poderes y, por tanto, un estado de derecho, es igualmente incuestionable. Pero que los padres fundadores deseaban construir un sistema democrático es una afirmación insostenible y que no resiste el más mínimo análisis. Para empezar, es curioso que los redactores del informe, que utilizan los Records de Farrand, hayan pasado por alto las afirmaciones de varios representantes que atribuían los defectos del sistema confederal y de algunas constituciones estatales precisamente por un “exceso de elemento democrático”; uno de ellos, por cierto, era Edmund Randolph. También sorprende que no incidan en que una institución hoy en día tan anacrónica como el electoral college fue una creación destinada a suponer un freno al elemento democrático en la elección presidencial. Y, por último, sorprende que los redactores del documento no se hiciesen eco de una afirmación del célebre constitucionalista Bruce Ackerman, con la que inicia literalmente su libro The failure of the Founding Fathers: “Los padres fundadores se enorgullecían de ser revolucionarios, pero hablar de democracia les ponía nerviosos”.

A salvo de lo anterior, creo que del informe se extraen tres conclusiones básicas que sin duda alguna sorprenderán al jurista español, más que nada porque enuncian tres principios básicos para el constitucionalismo y aplicables en cualquier país, principios de los cuales el sistema español se está alejando paulatinamente.

Primero.- Importancia del juramento, algo que no es en modo alguno simbólico.

Hemos de recordar que la Constitución estadounidense, pese a estar redactada en 1787, habla de “juramento o promesa” (oath or affirm). Es decir, que no impone una fórmula necesariamente religiosa, sino que admite una civil, pero en todo caso es un juramento o promesa que la autoridad ha de efectuar previamente a la toma de posesión del cargo y como requisito indispensable de acceso al mismo. Recordemos que Barack Obama, en su primer mandato, hubo de prestar el juramento no una, sino dos veces por un ligerísimo defecto formal en la primera de las ocasiones.

Pues bien, en el primer párrafo del informe, se incluye la siguiente frase: “El juramento no es una formalidad. Los fundadores anticiparon que un Presidente desleal podría destruir su experimento democrático”. Al margen de lo erróneo de referirse al “experimento democrático” (como hemos justificado anteriormente), lo cierto es que el juramento no se configura en el sistema norteamericano como un simple ritual formalista al estilo masónico (institución esta última a la que pertenecían, por cierto, gran parte de las personalidades más relevantes de la era fundacional estadounidense) sino como algo decisivo e indispensable.

Segundo.- La destitución únicamente es admisible en el supuesto de comportamientos de gravedad extrema.

Esta es una idea que preside todo el informe. “El presidente no puede ser destituido únicamente en base a una mala gestión, incompetencia general o políticas impopulares. Por el contrario, la cuestión a determinar en cualquier proceso de destitución es verificar si el presidente ha incurrido en una conducta irregular que justifique poner fin a su mandato: “Traición, soborno u otros crímenes y comportamientos similares.” Tal es la cláusula constitucional que habilita para iniciar un proceso de destitución.

A la hora de interpretar la misma, el informe acude a las doctrinas explicitadas por los padres fundadores, e incluye una cita de Alexander Hamilton que goza de rabiosa actualidad, porque alerta de los peligros de que se llegue a la tiranía a través de movimientos populistas y demagógicos. Así, en su primer ensayo de El Federalista, Hamilton recordaba que: “de aquellos hombres que han destruido las libertades de las repúblicas, el mayor número de ellos iniciaron su carrera cortejando obsequiosamente al pueblo; comenzaron como demagogos, y finalizaron como tiranos.”

Es evidente que el uso recurrente de la doctrina de los padres fundadores puede ser ilustrativa de los fines perseguidos, pero aquí el documento incurre en un error de perspectiva. A finales del siglo XVIII, lo que se temía era un ataque a la integridad de los Estados Unidos y el riesgo de que los mismos se convirtiesen en un régimen monárquico como el inglés o degenerasen en un absolutismo similar al existente en las potencias europeas de la época. De ahí que el marco histórico deba tenerse muy en cuenta y por ello muchas de las referencias que se efectúan no puedan en rigor extrapolarse al presente.

Tercero.- Deslinde entre la responsabilidad política y la penal.

Esta es una idea absolutamente diluida en nuestro país desde mediados de los años noventa, donde al surgir los grandes escándalos de corrupción socialista, el entonces presidente Felipe González de forma interesada mezcló o vinculó ambas, de tal forma que vino a concluir que únicamente cabría responder de forma política si existía una previa condena penal.

Sin embargo, la responsabilidad política y la penal son dos cuestiones distintas, que pueden efectivamente coincidir y ser compatibles, pero que no tienen por qué ser sinónimas. Y así, el informe glosado concluye que el impeachment: “Únicamente implica la pérdida del poder político. Esto es inherente a la naturaleza del impeachment: no está para imponer un castigo por daños ocasionados, sino para salvar a la Nación de una mala gestión que pueda hacer peligrar la democracia y el estado de derecho.” Idea en la que insiste al recordar que los padres fundadores: “limitaron las consecuencias del impeachment a la remoción del cargo y a inhabilitarlo para el desempeño de cualquier puesto”, dado que “la Constitución expresamente reservó la imposición de un castigo penal a través del proceso penal ordinario.” Buena prueba de ello es que, aunque el informe omite este dato, en los cuatro proyectos constitucionales presentados en la Convención de Filadelfia, el juicio de impeachment estaba atribuido a los órganos judiciales, y sin embargo a lo largo de los debates se trasladó del poder judicial al legislativo, dado que se trata de un juicio de oportunidad política sobre el cual, por tanto, no podían pronunciarse los Tribunales. Tan sólo se eliminó, en el caso del impeachment presidencial, que el juicio en el Senado estuviese presidido por el chief justice en vez del presidente, dado que aquel, al ser la persona que eventualmente sustituiría al presidente destituido, podría tener un cierto interés.

Es más, el informe reconoce que pueden existir supuestos de comisión de ilícitos penales que no conlleven destitución, y se pone como ejemplo una infracción de tráfico (que en el ordenamiento norteamericano tiene naturaleza penal, no administrativa).

Evidentemente, el informe está hecho ad hoc para justificar el proceso de destitución de Donald Trump, puesto que es claro que el actual presidente no ha incurrido en traición (este tipo penal es el único constitucionalizado, y exige “alzarse en armas” contra los Estados Unidos) ni en un soborno (que exige unos requisitos concretos que en este supuesto no se dan), sino en el residual de “otros crímenes y comportamientos similares”. Es difícil, a la luz de los hechos concretos y de las pruebas, que pueda no ya culminarse el proceso de destitución, sino ni tan siquiera iniciar un proceso penal ordinario, dado que, insistimos, no hay base fáctica alguna que lo sustente.

En definitiva, nos encontramos ante un informe que, aun elaborado allende los mares, convendría leerse atentamente en nuestro país. Pero claro, este documento ha pasado totalmente desapercibido en nuestro territorio, quizá porque algunas de sus afirmaciones, como la relativa a la exigencia de la prestación del juramento y la naturaleza constitutiva y no simplemente formal de éste, chocaría con el espectáculo circense protagonizado hace apenas unos días por los diputados españoles, al lado de los cuales los inolvidables Gabi, Fofó y Miliki constituirían un ejemplo de seriedad, rigor y educación.

Por si algún lector de la presente bitácora desea adentrarse en el informe, puede descargarlo aquí.

Y en otro orden de cosas, quien desee una lectura totalmente ajena al mundo jurídico y mucho más divertida sobre un proceso de destitución a través de impeachment, puede pasar un buen rato leyendo la historieta del inmortal Francisco Ibáñez titulada Impeachment, publicada a finales de la década de los noventa del siglo XX a raíz del proceso de destitución iniciado contra Bill Clinton. Aquí tiene el lector la portada de la misma, a través de la cual puede comprobarse tanto el personaje real que motiva la idea base de historieta como el protagonista que va a ser objeto de destitución y los motivos en base a los cuales se incoa el procedimiento en su contra.

 

 

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