ANUNCIO DEL GOBIERNO: JUECES SIN SER LICENCIADOS EN DERECHO, PERO CON CONTROLES PERIÓDICOS DE «ADECUACIÓN».

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ANUNCIO DEL FUTURO GOBIERNO: SE ELIMINA EL REQUISITO DE LA LICENCIATURA EN DERECHO PARA ACCEDER A JUDICATURA. LOS JUECES SERÁN NOMBRADOS DIRECTAMENTE POR EL GOBIERNO.

En una concurrida rueda de prensa ofrecida ayer, las personas llamadas a ocupar la Vicepresidencia del Gobierno y el Ministerio de Justicia, señores Pablo Capillas Mazatlán y Melchor Infante Real, expusieron las líneas maestras de acción del nuevo gabinete en lo que respecta a la Administración de Justicia. La medida estrella y en la que el futuro Gobierno tiene puestas todas sus esperanzas es la desaparición del requisito de la licenciatura en Derecho y la desaparición de las oposiciones como método de acceso a la judicatura. Con ello se pretende, en palabras del señor Capillas, de “democratizar” el poder judicial, siendo necesario eliminar los “obstáculos tradicionales” que impedían situar a dicho poder en una línea acorde con el sentir del pueblo:

La prioridad del nuevo gobierno será culminar la transición entre el juez decimonónico, que de forma paradójica ha prolongado artificialmente su existencia hasta hoy, por un juez plenamente acorde con la realidad actual. En otras palabras, se trata de eliminar del mundo jurídico al juez burgués reemplazándolo por el juez popular”.

En palabras del señor Infante Real, lo perseguido con tal medida no es otra cosa que:

“Evitar resoluciones judiciales que, aun ajustadas a la letra y al espíritu de la ley, se oponen al sentir mayoritario y democráticamente expresado por el pueblo. Es cierto, y no nos duelen prendas reconocerlo, que en los últimos años un amplio sector de la magistratura ha tratado de congraciarse con el sentir popular dictando sentencias por todos conocidas que, si bien jurídicamente muy cuestionables, no son, sin embargo, cuestionadas por la mayoría del pueblo llano. De lo que se trata es de evitar que, en el caso extremo que el juez se encuentre en la disyuntiva de optar entre la ley y el pueblo, opte sin dudarlo por el segundo. El pueblo ha de ser siempre el norte y guía de las decisiones, aun cuando las mismas hayan de traspasar la frontera de la ley.”

Para ello, en el plazo máximo de tres meses, el futuro gobierno presentará una iniciativa legislativa sustentada en tres pilares básicos.

En primer lugar, se eliminará la dualidad entre juez y magistrado, dado que, según el futuro vicepresidente:

crea una imagen jerárquica totalmente alejada de los principios de igualdad que han de presidir todos los ámbitos de la vida, estratificando o creando de forma artificial anacrónicos estamentos el mundo de la justicia; distinción, además, sin otra base que la simple inercia histórica y que carece de justificación objetiva alguna. Además, esa dualidad no existe en otros países.”

En segundo lugar, y lo más importante, se elimina el requisito de poseer la titulación en Derecho para acceder a la magistratura. En este punto, el señor Infante Real justifica dicha supresión del requisito de poseer la licenciatura en Derecho porque:

En muchos casos, se trata de resolver cuestiones fácticas, para lo cual no es preciso ostentar conocimientos jurídicos, sino tan sólo poseer buen sentido común y sabiduría popular. En el caso de que el asunto presente cuestiones de naturaleza legal o normativa, la titulación en derecho tampoco garantiza en muchas ocasiones sapiencia, sino simplemente memoria. Si no, fíjense en mi [risas]. Si de lo que se trata es de acercar la Justicia al pueblo, debemos acercar el pueblo a la Justicia. Y la mejor forma de hacerlo es suprimir un requisito arcaico, vetusto, antediluviano y, si me apuran, cuasi fascista como es el del juez titulado en Derecho.”

El tercer y último requisito es la designación de los jueces por el ejecutivo. “No sé de qué se extrañan –afirma Capillas Mazatlán- si esto es lo que se viene haciendo desde 1985 de forma mucho más sibilina. No hacemos más que elevar a la categoría jurídica lo que es una realidad evidente.” No obstante, esa designación por el ejecutivo vendrá acompañada de una periódica comprobación del requisito de “popularidad”. En este sentido, según el futuro titular de Justicia, se requerirá periódicamente información a los Delegados del Gobierno de las Comunidades Autónomas, para que:

a la mayor brevedad posible vayan remitiendo notas, con respecto a cada uno de los jueces ejercientes en los partidos judiciales sitos en el territorio autonómico, expresivas del nombre, edad, época de nombramiento para el actual destino, servicios y méritos que tengan contraídos, así como verificando si sus resoluciones se sitúan en la órbita del sentir popular y son aceptadas gratamente por el pueblo. A ello se acompañarán las observaciones que se estimen pertinentes acerca de los antecedentes, honradez, integridad, laboriosidad en el desempeño de sus funciones, así como de su conducta moral y política, y del concepto que tengan en el público entre las personas sensatas y de buena opinión. Deberán remitir tales informaciones a medida que vayan conociendo los hechos en ella descritos

Los jueces que sean informados negativamente serán trasladados del ámbito de la Administración de Justicia a la Administración General del Estado durante un periodo mínimo de cinco años, a un puesto de nivel equivalente al desempeñado, pero donde la mentalidad del juez pueda reciclarse mediante el desempeño de unas tareas donde los elementos de “dependencia y sometimiento” sean imprescindibles, a fin de moldear su carácter.

 

MAGISTRADOS DE RENOMBRE AVALAN EL PROGRAMA GUBERNAMENTAL

Hemos recabado el parecer de dos expertos e ilustres juristas, Camilo Marqués Pomposo e Iván Tonio Xilofón Arroyos, ambos magistrados en activo. Los dos han saludado con entusiasmo las líneas maestras de la reforma, y han manifestado públicamente su enojo por el hecho de que se llegue a dudar siquiera de la plena constitucionalidad de la medida.

El artículo 117.1 de la Constitución establece claramente que la Justicia emana del pueblo. Por lo tanto, pretender que los jueces respondan ante ese mismo pueblo en nombre del cual emana dicha Justicia no es más que el estricto cumplimiento de un mandato constitucional. En definitiva, nada hay en las medidas anunciadas que contraríe o vulnere nuestra norma fundamental”, afirma el señor Marqués Pomposo.

Xilofón Arroyos avala las dos grandes novedades del nuevo gobierno, cuales son la eliminación de la exigencia de la titulación jurídica en jueces y la designación por el ejecutivo atendiendo a criterios de estricta vinculación popular.

“En cuanto a lo primero, yerran absolutamente quienes piensan que la Constitución impone o exige que los jueces y fiscales tengan titulación jurídica. Muy al contrario, si ustedes se molestan en echar un vistazo al Título VI del texto constitucional, comprobarán que el mismo se a “jueces y magistrados”, sí, pero en ninguno de los preceptos que integran dicho título se exige o impone una titulación jurídica, ni tan siquiera para el Fiscal General del Estado. Cuando la Constitución ha querido imponer ese requisito lo establece de forma expresa, como ocurre con el artículo 159.2, al indicar que los miembros del Tribunal Constitucional han de ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, Funcionarios Públicos y Abogados, “todos ellos juristas de reconocida competencia”. Si la mera condición de juez o fiscal estuviese limitada o circunscrita exclusivamente a titulados en Derecho, la precisión del artículo 159.2 sería una tautología innecesaria. Por tanto, el requisito de titulación jurídica para ser juez o fiscal no es un requisito constitucional, sino de mera legalidad. No hay, pues, impedimento constitucional alguno. Lo único que está proscrito es que una misma persona pueda ser a la vez juez y miembro del Gobierno o de alguna de las Cámaras”

En lo que respecta a la designación de los jueces por parte del ejecutivo:

“Según el artículo 9.1 la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del estado, uno de los cuales es el judicial, que se administra en nombre del pueblo. Todas las funciones estatales emanan, pues, de una misma fuente, el pueblo, por lo que la designación de jueces por el ejecutivo no contradice la separación de poderes. Lo que proscribe ésta es que una misma persona ejerza funciones correspondientes a dos poderes, pero no que los miembros de un poder sean designados por otro. Quien sostenga eso, debe recordar que la elección del Presidente del Gobierno que, no olvidemos ostenta el poder ejecutivo) se efectúa por el Congreso de los Diputados una de las cámaras legislativas.”

Xilofón Arroyos tampoco ve tachas de inconstitucionalidad en el hecho de que el juez deba someterse a la voluntad popular:

“Las críticas que se efectúan a esa medida son ridículas. El artículo 117.1 establece, sí, que los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Pero olvidan que según el Preámbulo el imperio de la ley no es otra cosa que la expresión de la voluntad popular, y que la Justicia se administra en nombre del pueblo. Los jueces son, pues, simples vicarios de ese pueblo al que deben someterse.”

Marqués Pomposo si ve algo más complicado el trasladar al juez con base en los informes remitidos por el Delegado del Gobierno.

“En este caso, puede haber un choque con el principio de inamovilidad, si bien el conflicto es más aparente que real. No obstante, los jueces, como servidores del pueblo, no hemos de rehusar mancharnos la toga con el lodo del sendero, por muy embarrado que el mismo esté. En todo caso, personalmente no veo tacha de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional no ha dudado, por ejemplo, en utilizar criterios metajurídicos como la “aceptación social” para avalar la constitucionalidad de normas legales cuyo texto aparentemente era contrario al de la norma fundamental. No veo por qué no puede hacerse lo mismo en este caso”

 

 

DIVISIÓN ENTRE LAS ASOCIACIONES JUDICIALES.

No hay unanimidad, sin embargo, entre las principales asociaciones judiciales. Así, por ejemplo, Juristas para la Dedocracia (que en su próxima sesión mutará su nomenclatura para denominarse “Juristas y Juristos para y paro la y lo Dedocracia y Dedocracio”) no tardó en emitir una nota informativa en la que apoya ardorosamente las medidas anunciadas.

“Desde el nacimiento de la asociación y a lo largo de nuestra historia, no hemos defendido otra cosa que una plena aceptación de la democracia por el estamento judicial, incluso si para ello han de fenecer las propias asociaciones judiciales. Bendita muerte la que conlleva la plena democratización de la Justicia. El norte del pueblo ha de ser siempre nuestro guía.”

La organización mayoritaria en el estamento judicial, Ayuda Para los Magistrados, ha procedido de forma mucho más cautelosa, aunque ha anticipado ciertas reservas en cuanto a alguna de las medidas. Uno de sus portavoces, Jorge Luis Regimo Vázquez, no ha dudado en arremeter contra la posibilidad de apartar al juez de su destino en base a informes negativos, aunque ha optado por:

“Diferir toda opinión al respecto hasta analizar la plasmación de tales principios en el correspondiente proyecto de ley. Permítannos no anticipar objeciones que, quizá, devengan en innecesarias.”

En todo caso, Regimo Vázquez se ha encogido de hombros y se limitó a citar a un ilustre jurista americano:

“Como dijo en su día Oliver Wendell Holmes jr., si mis compatriotas desean ir al infierno, mi obligación sería ayudarles”

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