LA HIPERTROFIA MUNICIPAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

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El pasado sábado día 28 de diciembre de 2019, el diario El Comercio publicaba una noticia (y, en este caso, no era una inocentada) cuyo titular rezaba: “El Principado pierde 5.400 habitantes y acentúa su crisis demográfica”. Aun cuando el artículo estaba elaborado fundamentalmente desde el punto de vista de la geografía humana, lo cierto es que el mismo tiene innegables repercusiones en el ámbito del ordenamiento jurídico-público, y debiera llevar a los dirigentes políticos a plantearse una serie de cuestiones que, por egoístas intereses de partido, se cuidarán muy mucho de efectuar. Bajemos un peldaño desde la frialdad de los datos objetivos a las conclusiones que de ellos se pueden extraer.

A fecha 1 de enero de 2019, y según datos suministrados por el Instituto Nacional de Estadística, el Principado de Asturias contaba con una población total de 1.022.800, lo cual supone un lento pero continuado descenso, dado que en el año 2018 la población se situaba en 1.028.244 y en 2017 en 1.034.960. Ahora bien, veamos cómo se distribuyen administrativamente ese millón de habitantes. La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias cuenta con la friolera de 78 municipios. Sin embargo, puede comprobarse que si se suma el número de vecinos de los municipios de Gijón (el más poblado, con un total de 271.780 habitantes), Oviedo (a cierta distancia de la Villa de Jovellanos, con 219.686), Avilés (a mucha distancia de las anteriores, con 78.182 habitantes) y Siero (con 51.667 habitantes) ello nos arroja un total de 621.315 habitantes, lo que implica, a efectos del presente análisis, que cuatro municipios agrupan el 60,75% de la población asturiana. El 39,25 restante, es decir, 401.485 se distribuyen entre setenta y cuatro concejos. De esos setenta y cuatro, tan sólo dos puede decirse que se acerquen tibiamente a los cincuenta mil: Langreo, con 39.420 habitantes y Mieres con 37.959. Ergo, si añadimos la población de Mieres y Langreo a la de Gijón, Oviedo, Avilés y Siero, ello deja a 324.106 habitantes para ser distribuidos entre 72 concejos, lo que arroja un saldo medio de 4501 habitantes por municipio. Cifra que es engañosa, porque de esos setenta y dos sólo uno (Castrillón) supera los veinte mil habitantes, sólo otros dos (San Martín del Rey Aurelio y Corvera, este último por el canto de un duro) sobrepasan los quince mil, y tan sólo otros diez (Aller, Cangas del Narcea, Carreño, Gozón, Laviana, Lena, Llanera, Llanes, Valdés y Villaviciosa) sobrepasan los diez mil.

En otras palabras, que diecinueve municipios o concejos agrupan a 873.403 personas, lo que supone el 85,4 de la población asturiana. Los restantes 149.397 se distribuyen en cincuenta y nueve municipios, algunos de los cuales (Yermes y Tameza, Pesoz) no alcanzan ni tan siquiera las ciento cincuenta almas. Los hay que, superando dicha frontera, no llegan a los quinientos (Caravia, Illano, San Martín de Oscos, San Tirso de Abres, Santa Eulalia de Oscos, Santo Adriano, Villanueva de Oscos), y quienes no llegan a los mil (Amieva, Degaña, Grandas de Salime, Onís, Peñamelera Alta, Ponga, Proaza, Sobrescobio, Taramundi). Renuncio a seguir con los fríos datos estadísticos, pero el sagaz lector podrá hacerse una idea de por dónde van los tiros. Y renuncio a entrar en las parroquias rurales a las que se ha reconocido personalidad jurídica. ¿Consecuencias? Municipios sin recursos, incapaces de gestionar sus competencias y al borde de la quiebra, de la que se salvan tan sólo porque nuestra legislación (también por pura inercia histórica) no permite el concurso de los entes municipales como sí ocurre, por ejemplo, en el ordenamiento estadounidense, donde sí se contempla esa posibilidad, y donde en más de seiscientas ocasiones diferentes ciudades han tenido que acogerse al mecanismo concursal.

Es evidente que desde el punto de vista de la organización administrativa la estructura territorial del Principado de Asturias hace aguas por todos lados. No puede mantenerse un entramado de setenta y ocho entidades municipales cuando entre sólo cuatro de ellas agrupan al sesenta por ciento de la población, y mucho menos cuando cincuenta y nueve de ellas no llegan ni tan siquiera al umbral de diez mil personas. Esa división, que tan sólo se mantiene por pura tradición, no resiste el más mínimo análisis de racionalidad. Mantener una estructura tan arcaica basándose tan sólo en razones históricas sería lo mismo que pretender que una vivienda funcionase hoy con cocina de carbón en lugar de vitrocerámica. Quien suscribe reconoce manifestar un gran respeto por las venerables cocinas de carbón, puesto que en el hogar de dos de sus bisabuelas (a quienes llegó a conocer) y sus cuatro abuelos no existía otra cocina que esa. Pero intentar en la segunda década del siglo XXI funcionar con un medio de finales del siglo XIX y primera mitad del XX sería cuando menos chocante, por no decir ridículo.

El Principado de Asturias está sufriendo una lenta y progresiva hemorragia poblacional, que se agrava por la inexistencia de fuentes que suplan la crisis de la industria tradicional asturiana. Tras la denominada “reconversión industrial” iniciada en la década de los noventa del siglo XX, que supuso el cierre de gran parte de las minas de carbón y la privatización de la Empresa Nacional Siderúrgica, los dos pilares básicos que sustentaban la economía asturiana se resintieron. A ello debe añadirse que en la última de las entidades citadas, la modernización tecnológica conllevó lógicamente la supresión de puestos de trabajo. Gran parte de las cantidades destinadas a compensar el cierre de las minas ya se sabe dónde ha terminado: en bolsillos particulares o en cuestiones ajenas a la búsqueda de fuentes alternativas.

No obstante, aunque económica, social y políticamente el Principado de Asturias se asemeja muy poco a la de mediados del siglo XX, desde el punto de vista jurídico-administrativo no se han producido innovaciones de calado. Territorialmente se ha mantenido una estructura arcaica sin justificación alguna, y desde el punto de vista de los recursos humanos se da una curiosísima paradoja: si en el sector privado la informatización y el uso de medios tecnológicos propios del siglo XXI conlleva habitualmente la disminución de personal, en la Administración pública la regla es justo la contraria. Sólo así se explica que, por ejemplo, en cierto edificio administrativo de cinco plantas existente en la capital, existan nada menos que tres bedeles en cada planta.

No obstante, en vez de afrontar esos problemas serios y reales, la Administración autonómica ha optado por distraer con el juguetito del bable. Entiéndase, no se está criticando que se fomente el uso del bable como lengua tradicional asturiana (que, como parte de la cultura, ha de ser objeto de protección) pero sí que ello se haga a costa de ignorar los problemas reales que afronta una comunidad autónoma que, triste es decirlo, ni tiene peso alguno en la política nacional ni importa nada dentro ni fuera del territorio autonómico. Y mientras seguimos perdiendo habitantes, y mientras la industria se va, continuamos manteniendo setenta y ocho entidades municipales, una estructura administrativa hipertrofiada de personal y unas líneas de acción totalmente alejadas de lo que es preciso abordar.

Ego autem censeo.

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