EL TRIBUNAL SUPREMO DE LOS ESTADOS UNIDOS Y LA PENA CAPITAL.

La pena de muerte en los Estados Unidos es un asunto que, como el Guadiana, sale a la superficie durante un tiempo para ulteriormente volver a sumergirse en el silencio. Gran parte de la relevancia se debe no tanto al número de ejecuciones, bastante escasa si se compara con otros países como China, sino en que el asunto puede debatirse abiertamente en la prensa nacional estadounidense, algo que no es posible hacer, por ejemplo, en la citada República Popular, donde las ejecuciones son consideradas secreto de estado.

No obstante, el objetivo de la presente entrada es ofrecer unas breves pinceladas sobre el papel del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en relación a las ejecuciones que tienen lugar en territorio norteamericano. Y el mismo, contra lo que pueda parecer, es muy limitado debido precisamente a la doble estructura de división del poder característico del federalismo norteamericano.

En efecto, desde sus mismos orígenes, el Tribunal Supremo ve limitado su ámbito de acción a asuntos federales, y no estatales. En otras palabras, que únicamente cuando se está ante asuntos en donde puedan verse afectada la propia Constitución federal, las leyes aprobadas por el Congreso o los tratados internacionales suscritos por los Estados Unidos, el máximo órgano judicial estadounidense puede válidamente entrar a conocer un asunto. Ello tiene una consecuencia muy relevante: en el grueso de las condenas a la pena capital, el Tribunal Supremo no podrá entrar más que a través de una impugnación tangencial. Y ello porque, al ser el gobierno federal un gobierno de competencias limitadas a las que estrictamente les atribuye la sección octava del artículo primero del texto constitucional, las no expresamente atribuidas al Congreso permanecen en manos de los distintos estados. Y el derecho penal no es una competencia de naturaleza federal, sino estatal, de ahí que las leyes que tipifican delitos comunes emanan de los legislativos estatales, por lo que la vía judicial finalizará en el Tribunal Supremo del estado en cuestión, y no en el de los Estados Unidos. Cierto es que existen leyes federales que tipifican determinadas conductas como delito, pero estamos ante conductas muy específicas. El asesinato, por ejemplo, es un delito de naturaleza estatal.

Lo anterior implica que el Tribunal Supremo únicamente puede entrar a conocer de un asunto relativo a pena capital en una serie de circunstancias. Unas veces, la petición se limita a una simple tutela cautelar, caso de personas en el corredor de la muerte que reclaman suspender la ejecución de la pena mientras se resuelven los recursos que han interpuesto frente a la condena. Pero en otras ocasiones, se pide un pronunciamiento sobre el fondo, algo que puede ocurrir en tres supuestos. En primer lugar, la apelación directa ante el Tribunal Supremo impugnando la resolución del órgano superior estatal, si bien es extremadamente difícil que dicho órgano admita este tipo de recursos directos. En segundo lugar, atacar directamente la constitucionalidad de un método concreto de ejecución, sobre la base que el mismo vulnera la octava enmienda constitucional (que proscribe los castigos “crueles e inusuales”). Y en tercer lugar, las solicitudes de habeas corpus interpuestas por personas condenadas a muerte. Ahora bien, basta comprobar los tres tipos de procesos para comprobar que en ninguno de ellos se ataca la pena de muerte directamente, pues en el primer caso (apelación directa) lo que se impugna es una condena particular; en el segundo, un método concreto de ejecución, y en el tercero ni tan siquiera se cuestiona la pena en sí, sino la vulneración de derechos constitucionales a lo largo del proceso.

El Tribunal Supremo sí que abordó un ataque directo la pena de muerte hace casi cinco décadas, el 29 de junio de 1972, a la hora de resolver el asunto Furman v. Georgia (408 US 238 [1972]). El mismo resuelve una serie de pleitos acumulados (¡bendito sistema donde no existe complemento de productividad que facilite la picaresca judicial de forzar pleitos en cascada!) donde la cuestión jurídica a resolver se delimitó de la siguiente forma: “La imposición y ejecución de la pena de muerte en estos casos ¿constituye un castigo cruel e inusual en vulneración de la octava y decimocuarta enmienda constitucionales?” Como puede verse, aun cuando parece que estamos ante una impugnación de la propia constitucionalidad de la pena de muerte, no es tal, pues los promoventes del recurso circunscribieron el pronunciamiento del Tribunal a los casos concretos que se les sometían. No obstante, la sentencia tiene una peculiaridad, que la hace curiosísima. La resolución está redactada per curiam (aforismo latino utilizado cuando no se desea que conste el ponente) se limita a un escueto párrafo donde se limita a establecer lo siguiente:

“El Tribunal sostiene que la imposición y ejecución de la pena de muerte en estos casos constituye un castigo cruel e inusual en vulneración de la octava y decimocuarta enmienda constitucionales.”

No obstante, los nueve jueces del Tribunal emitieron votos particulares tanto concurrentes como discrepantes. Tan sólo dos (William Brennan y Thurgood Marshall) cuestionaban la propia existencia de la pena de muerte. Otros tres (William O. Douglas, Potter Stewart y Byron White) no cuestionaban el fondo de la pena, sino los criterios arbitrarios de aplicación, que denotaban ciertos prejuicios raciales, de ahí que ciñesen sus consideraciones a los criterios de aplicación, y no a la naturaleza del castigo en sí. Los restantes cuatro (el por entonces chief justice Warren Burger y Harry Blackmun, Lewis Powell y William Rehnquist) no consideraban contrario a la constitución ni a los “modernos criterios de decencia” la existencia de la pena capital. La enorme división entre los jueces fue la causa que la resolución del Tribunal no efectuase un pronunciamiento general, sino que se ciñese a “estos casos”.

Los estados aprendieron la lección y se apresuraron a modificar las leyes penales con la finalidad de eliminar toda posible sospecha de aplicación de la pena capital por motivos raciales.

Cuatro años más tarde, el 2 de julio de 1976, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos volvió a plantearse la cuestión de la pena de muerte a la hora de resolver el asunto Gregg v. Georgia (428 US 153 [1976]), que resuelve igualmente varios asuntos acumulados (¡cómo se nota que en la otra orilla del Atlántico no se dejan sentir los perniciosos efectos del complemento de productividad vinculado al número de sentencias!) donde la cuestión planteada es mucho más directa que en el caso Fulman, puesto que se articulaba de forma ya abierta y general: “El asunto a resolver en este caso es si la imposición de la pena de muerte bajo la ley de Georgia vulnera la octava y decimocuarta enmienda constitucional.” En este caso, el Tribunal Supremo se pronuncia, manteniendo exactamente el mismo alineamiento que tres años antes (sin otra salvedad que la sustitución de William O Douglas por John Paul Stevens). En este caso, el parecer mayoritario lo integraron Potter Stewart, Lewis Powell y John Paul Stevens (existieron votos particulares concurrentes de Byron White, Warren Burger, Harry Blackmun y William Rehnquist), y en la sentencia no efectuaron un pronunciamiento definitivo, sino un deslinde trazado con delgadas líneas rojas.

En efecto, en el caso Gregg v. Georgia el Tribunal Supremo considera que la pena capital no vulnera de forma automática la Constitución. Si la normativa prevé un automatismo en la aplicación de la pena de muerte, la misma sí que ha de ser considerada inconstitucional. Ahora bien, si la misma se impone en virtud de un precepto legal que permite imponerla, pero con la previsión de atenuarla en función de las características del acusado, y aun así un jurado la imponga tras unas indicaciones del juez donde queden claramente especificados y delimitados los ámbitos de aplicación de tal forma que se limite la discrecionalidad, y siempre y cuando esa condena pueda ser objeto de impugnación por vía de recurso, no sería contrario a la Constitución la imposición final de la última pena.

Sí que existen pronunciamientos sobre la inconstitucionalidad de la pena de muerte, pero para colectivos específicos. Por ejemplo, el 20 de junio de 2002, en el caso Atkins v. Virginia (536 US 304 [2002]) el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por una mayoría de seis votos frente a tres, deja sin efecto la doctrina del caso Penry v. Lynaugh y fija como criterio que es contrario a la constitución imponer la pena de muerte a personas con discapacidad mental. Dos años más tarde, el 1 de marzo de 2005, el Tribunal Supremo resuelve el caso Roper v. Simmons (543 US 551 [2005]). Esta vez, por la mayoría más escueta de cinco votos frente a cuatro, la resolución, de la que fue ponente Anthony Kennedy (cuyo voto fue decisivo al apartarse de su alineamiento ordinario con William Rehnquist, Antonin Scalia, Sandra Day O´Connor -que en el caso Atkins había sumado su voto a la mayoría- y Clarence Thomas), se dejó sin efecto la doctrina sustentada en el asunto Stanford v. Kentucky, y se fijó como criterio que la octava y decimocuarta enmiendas constitucionales prohíben la imposición de la pena de muerte a personas que, en el momento de cometer el delito, fuesen menores de 18 años.

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