NO ME FOTOGRAFÍES (EL DESPACHO OFICIAL) QUE NO TE CHILLO. EL CASO DEL DESPACHO DEL DIPUTADO QUE ACABÓ EN EL TRIBUNAL SUPREMO

Es interesante la recentísima Sentencia 217/2020 de 17 de febrero de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictada en recurso 305/2019 (ES:TS:2020:379), que estima íntegramente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por un reportero de la publicación OKDiario frente a la Resolución de 3 de julio de 2019 de la Mesa del Congreso de los Diputados, que le había retirado durante un año la acreditación por la documentación gráfica publicada en dicho medio el día 19 de junio del pasado año. Aun cuando la resolución definitiva se fundamenta en criterios más técnicos (vulneración del principio de tipicidad) la misma contiene interesantes reflexiones de alcance general muy dignas de tener en cuenta.

Los hechos a tener en cuenta son los siguientes. El día 19 de junio de 2019, OKDiario publica una noticia que intitula: “Los delirios de grandeza de Iglesias: tira los tabiques de tres despachos para hacerse uno solo”, noticia que desarrollaba ilustrándola además con un video y unas fotografías del interior de los despachos. El Congreso de los Diputados reaccionó de forma tan rauda como inusual: en menos de dos semanas desde la publicación, la Mesa del Congreso acordó retirar la acreditación al periodista que redactó la noticia. Se amparaba para ello en la Instrucción de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre información gráfica en la Cámara, publicada en las páginas 16 y 17 del Boletín Oficial de las Cortes Generales del día 2 de enero de 2012, en concreto en los apartados cuarto y quinto de la citada instrucción, siendo harto paradójica la cita del último de los preceptos, según el cual: “En el desempeño de la actividad autorizada, los redactores gráficos deberán respetar los derechos fundamentales de los Diputados y demás personas que prestan sus servicios en la Cámara.”

El periodista afectado impugnó judicialmente la citada resolución de la Mesa a través de un procedimiento especial de protección de derechos fundamentales, en el cual, curiosamente, no invocaba la libertad de información, sino el haberse conculcado el principio de tipicidad consagrado en el artículo 25 de la Constitución. Y ello porque, según la demanda, “la Instrucción castiga exclusivamente la actuación de informadores gráficos que la contravengan y que, como no se ha podido probar que hubiera sido él quien grabara las imágenes, se le ha sancionado por utilizarlas en la información de la que fue autor.” Curiosamente, el Ministerio Fiscal (parte necesaria en este tipo de procedimientos) abogaba por la estimación del recurso, es decir, que se alineaba con el demandante en la causa.

La Sala estima el recurso porque “los términos” de la Instrucción de la Instrucción citada “imponen necesariamente esa solución”. El párrafo en cuestión sobre el que descansa la estimación es el siguiente:

«Por tanto, la sanción no obedece a que se considerara probado que el recurrente tomó las imágenes de los despachos en cuestión, ni a que accediera a un lugar expresamente prohibido a los informadores gráficos, sino a que utilizara las fotografías en la información que publicó al respecto. Tiene, pues, razón la demanda, se ha sancionado una actuación no tipificada por la Instrucción, ya que nada dice sobre el uso de las imágenes que pudieran obtenerse en contravención de los límites que ella misma establece. Por eso mismo, tampoco autoriza la retirada de la acreditación a quien no es informador gráfico y no se le imputa haber hecho unas fotografías al margen de sus previsiones, sino haberlas publicado en una información. La ausencia de la imprescindible tipicidad supone, en consecuencia, la infracción del artículo 25.1 de la Constitución que prohíbe las sanciones «por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan (…) infracción administrativa según la legislación vigente en aquél momento»

En definitiva, se considera que la mera publicación de las fotografías no se encuentra tipificada como infracción, sino tan sólo la autoría.

De todas formas, la Sala da dos pasos más.

En primer lugar, y en relación con la autoría, la considera irrelevante a la hora de solventar la causa. Tras referirse a las manifestaciones efectuadas en una tertulia política por quien con toda probabilidad era el director del medio al que pertenecía el sancionado, y al que reconoció explícitamente como “autor” de las fotografías de la discordia (con lo cual, menuda ayuda proporcionó a su empleado), lo cierto es que a tenor del debate procesal, para la Sala el tema de la autoría carece de relevancia a efectos de alcanzar la solución en el caso concreto:

“sucede que ella misma [la Letrada de las Cortes] afirma que no es lo relevante quién hizo las fotografías, sino el uso de ellas, y, efectivamente, la resolución recurrida no le atribuye –ni sanciona por eso– haber tomado las fotografías sino haberse servido de ellas en el artículo que publicó en OKdiario el día 19 de junio de 2019.”

Pero, en segundo lugar, se pronuncia en cuanto al fondo, es decir, sobre la alegada vulneración de la intimidad de los diputados:

“Publicar fotografías de los despachos de determinados diputados no afecta a su intimidad si no muestran ningún aspecto de esa esfera personal a la que, indudablemente, tienen derecho y que también puede manifestarse en los despachos que se les asignen en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, no se ha identificado ningún aspecto íntimo, ni siquiera personal, en las fotografías.

Por tanto, ninguna limitación a la información gráfica ofrecida por el recurrente puede provenir de ese derecho fundamental, de naturaleza, hay que insistir, personalísima.

Otro tanto cabe decir del derecho que tienen a ejercer sus cargos públicos representativos los diputados a quienes se adscribieron los despachos. No se ha explicado en ningún momento de qué manera ha podido incidir en él la publicación en cuestión. Las fotografías solamente muestran los despachos y no ofrecen ningún elemento del que pueda deducirse impedimento alguno al mismo.”

Y es que, en efecto, no se alcanza a barruntar cómo es posible que la publicación del despacho oficial de un representante del pueblo español puede considerarse que afecte a su intimidad o vulnere sus derechos fundamentales.

En todo caso, se demuestra que el usuario del despacho afectado ha demostrado la misma inteligencia que Thomas Jefferson en 1803. Cuando el antaño fervoroso defensor de la prensa libre vio cómo se publicaban dos noticias que le afectaban, tanto en el ámbito personal (mantener relaciones íntimas con una de sus esclavas, algo que en la época se consideraba absolutamente deshonroso) como política (se le imputaba haber sufragado una campaña de difamación contra George Washington, algo que, debido a la auténtica veneración que existía hacia el personaje, se consideraba incluso más grave que mantener relaciones con una esclava), y que, a mayor abundamiento, eran ciertas, logró que se enjuiciase por difamación a Harry Croswell, propietario del medio en el que aparecieron. Eso sí, el hipócrita consumado que fue Jefferson no osó mancharse las manos directamente, sino que actuó a través de persona interpuesta. El lector interesado puede encontrar más información sobre el caso relativo a Thomas Jefferson en el artículo People v. Croswell: la exceptio veritatis frente a la publicación de libelos sediciosos,

Doscientos dieciséis años separan ambas actuaciones, pero en ambos casos la persona afectada por la información publicada era un ardiente defensor de la libertad de prensa, y en ambos, cuando esa prensa libre publicaba informaciones que los afectados consideraron difamatorias (aunque se probaron ciertas) no actuaron directamente, sino que involucraron a otros cargos públicos en su defensa, para evitar la mala imagen que acarrearía el ejercicio directo de la acción.

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