ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, MODERNIDAD Y LENGUAJE COMPRENSIBLE.

El actual Ministro de Justicia, en la intervención que ha tenido lugar en el seno de la Jornada sobre la modernización del lenguaje jurídico, abogó por utilizar un lenguaje que sea comprensible para el ciudadano. En la cobertura que los medios han efectuado de la noticia, se incide en que el titular del citado departamento ministerial afirmó que “una justicia moderna es una justicia que la ciudadanía es capaz de comprender”, y que “no podemos exigir a un ciudadano que cumpla una ley que no entiende.” Orillando que la última de las afirmaciones llevaría a dispensar del cumplimiento ramas enteras del ordenamiento (como la tributaria, al alcance únicamente a los que, al modo de las antiguas sectas mistéricas del Mediterráneo oriental, han sido iniciados en el conocimiento de lo oculto), lo cierto es que el señor ministro viene a incurrir en una confusión semántica que revela precisamente el poco dominio del lenguaje, pues viene a equiparar como sinónimos dos vocablos que no lo son. Y es que, en efecto, el vocablo “modernización”, como “acción y efecto de modernizar”, no supone otra cosa que “hacer que alguien o algo pase a ser moderno”, mientras que con el término “comprensible” se está haciendo referencia algo que “se puede comprender”, es decir, “entender”, “tener idea clara de las cosas”. La Administración de Justicia puede ser “comprensible” y continuar impertérrita con formas y usos decimonónicos e incluso antediluvianos y, por el contrario, los medios humanos y materiales de la misma pueden adecuarse a la época y, sin embargo, sus resoluciones continuar siendo verdaderos arcanos.

Todo lo anterior me ha hecho evocar un párrafo de la reciente biografía del actual chief justice John Roberts debida a Joan Biskupic. Roberts siempre ha reconocido que, tanto cuando ejercía como abogado como cuando vestía la toga de juez, intentaba redactar sus escritos de la forma más clara y didáctica posible. Biskupic lo relata de la siguiente forma:

“Roberts se esforzaba en mantener un tono coloquial. Resumía los hechos de un caso en razonamientos fáciles de seguir que efectuaba sin referirse a sus notas. Deseaba que los temas estuviesen claros, sucintos y accesibles para los no juristas, y siempre imaginaba a sus tres hermanas como parte de la audiencia mientras elaboraba su aproximación al caso en orden a asegurarse de mantener dicha norma. “Cada asunto es una historia”, reconocía a [Bryan A.] Garner. “No importa si es acerca de una árida interpretación contractual; tienes dos personas que desean lograr algo, y lo plantean juntos; eso es una historia. Y debes contar una buena historia”.

Lo cierto es que al adentrarse en la lectura de las sentencias redactadas por Roberts y, en realidad, en la de cualquier resolución de un órgano judicial estadounidense, uno se percata que bastan unos rudimentarios conocimientos del inglés jurídico para seguir perfectamente la secuencia de hechos y los razonamientos del Tribunal. Es ciertamente envidiable comprobar la envidiable facultad de síntesis, la estricta separación entre hechos y razonamientos jurídicos y el sólido manejo del lenguaje a la hora de articular una sentencia que cualquiera puede comprender. Y no olvidemos que las sentencias norteamericanas ocasionalmente incluyen notas a pie de página y anexos, y aún más frecuentemente efectúan referencias de artículos de revistas jurídicas e históricas, e incluso no es poca la frecuencia con que incluyen citas literarias y cinematográficas.

Por lo tanto, no se trata de asimilar la “modernidad” a la “comprensión”. Porque a la vista de ello a uno le entra el temor que bajo el disfraz de hacer la justicia más “comprensible” se la mantenga en paños menores, en lugar de dotarla de una vestimenta adecuada acorde a la realidad coetánea. Algo que, en modo alguno, interesa a los otros dos poderes, y eso que en nuestro país no ha existido ni un solo ejemplo que pueda asimilarse, por ejemplo, a una desautorización brutal de una acción ejecutiva como la efectuada en el caso Youngstown Sheet & Tube Co v. Sawyer, o la anulación en su totalidad de un instrumento legislativo importante, como ocurrió en el caso Schechter Poultry Corp.v. United States. Si Alexander Hamilton pudo escribir en el número 78 de sus ensayos federalistas que el poder judicial, “por la naturaleza de sus funciones, siempre será el menos peligroso para los derechos políticos de la Constitución” uno se pregunta qué habría escrito el ilustre padre fundador si hubiera tenido a su disposición la historia del poder judicial español.

En fin, que aun cuando el video tiene ya algunos años, ofrecemos al lector una entrevista al citado John G. Roberts jr sobre la importancia del lenguaje en el mundo jurídico. Harían bien muchos jueces, secretarios judiciales y (también, como no) abogados, en tomar buena nota de algunos consejos que ofrece el máximo responsable de la judicatura federal estadounidense. A buen seguro no sólo no perjudicará, sino que obrará en beneficio de la propia Administración de Justicia española, bien necesitada de toda la ayuda posible.

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