SOBRE EL CARÁCTER «NATURAL» DE LAS IRREGULARIDADES EN EL PAVIMENTO.

La verdad es que el ejercicio de la abogacía en el orden contencioso-administrativo depara en ocasiones sorpresas mayúsculas, por cuanto no dejan de sorprender los argumentos que determinados jueces utilizan para salvaguardar a la Administración, tutelándola hasta extremos tales cual si fuera un menor de edad o un ente o colectivo especialmente vulnerable.

Viene esto a raíz de la publicación de una noticia que se hacía eco de una reciente Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Cuatro de Córdoba que denegaba la solicitud de responsabilidad patrimonial instada por un ciudadano frente a dicho ente local a consecuencia de una caída en la vía pública. Lo sorprendente no es la desestimación, sino el argumento utilizado. Siempre según la noticia, estima la sentencia que es una “situación natural” la irregularidad de las aceras, pues no puede esperarse que: “la superficie de las aceras y las calzadas se encuentren en un absoluto alineamiento, totalmente rasante y carente de la más mínima irregularidad”. Pero, insistimos, siempre según lo publicado, lo que remata el argumento es ya la conclusión final: “la posibilidad de caerse en una acera surge desde el momento mismo en que se transita por ellas, sin que las consecuencias de esa caída puedan ser imputables sin más a la Administración responsable.” Este es un argumento novedoso que se suma al ya tradicional de los: “estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social” al que hacen referencia numerosas resoluciones judiciales, entre otras, por ejemplo, la Sentencia de 18 de junio de 2018 de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictada en recurso 588/2017.

Lo anterior me hace evocar la loa que el chief justice William H. Rehnquist hizo en su día de Samuel Freeman Miller, un médico que, mientras ejercía la profesión, decidió estudiar la carrera de Derecho y llegó a ser uno de los jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Así describía Rehnquist el que era sin duda alguna el talento innato del juez Miller:

“El gran talento de Miller, que no poseían totalmente algunos de sus más doctos colegas, era el sentido común. Puede sonar extraño en una profesión que actualmente requiere cuatro años de instituto y tres de facultad e incluso la cualificación de superar un examen para acceder a la abogacía y lograr la admisión en el ejercicio., que el sentido común sea calificado tan altamente como atributo de un juez. Pero se ha dicho acertadamente que la educación legal agudiza la mente de una persona estrechándola, y en una liza entre abogados, cada uno de los cuales busca sacar conclusiones diferentes partiendo de una misma premisa, un buen juez debe en cada momento estar dispuesto a hacer una pausa y decir al abogado: “Su argumento es perfectamente lógico, pero el resultado al que conduce me parece absurdo.”

Esa llegada a conclusiones absurdas no sólo es privativo de los razonamientos esgrimidos por los abogados, sino que también puede aplicarse a las tesis defendidas en una sentencia. Con una diferencia esencial: el abogado tiene como única guía el interés de su cliente, y es lógico que su punto de mira sea lograr una victoria que beneficie a la persona a la cual defiende, pues de no actuar así incurriría no sólo en una negligencia profesional, sino incluso en una responsabilidad civil. El juez, por el contrario, no tiene ese norte y guía, pues la independencia que caracteriza su función hace que su único interés sea aplicar estrictamente la ley y el derecho.

En el presente caso, podemos destruir la argumentación del juez (así como la tradicional del tan manido “estándar” de razonabilidad) por simple reducción al absurdo.

La manifestación relativa a la “situación natural” de la irregularidad del pavimento, en primer lugar es una afirmación que en modo alguno consta acreditada o se ha demostrado que sea cierta. Pero, además, afirmar que es imposible que el pavimento de las calzadas esté en un absoluto alineamiento es una afirmación que parece extraída de una de las celebérrimas historias de Pepe Gotera y Otilio, y no del estado de la ciencia en el siglo XXI.

Lo cierto es que cuando la Administración contrata la realización de una obra, para que ésta se entienda debidamente cumplida es necesario que la misma se haya realizado de acuerdo con los términos del contrato y a satisfacción e la Administración, siendo exigible, además, un acto formal de recepción en el que conste la conformidad de ésta o que, en su caso, se expresen los defectos observados. Si no se refleja objeción alguna, es que por muy chapucera que haya sido la obra en su resultado final, la Administración la asume. Y si esa obra afecta, además, a una vía pública, ha de tenerse en cuenta que la Administración es responsable del correcto estado de la vía, que ha de servir para el propósito para el que se instituyó, es decir, que se pueda circular con normalidad por la misma.

Manifestar, además, que “la posibilidad de caer en una acera surge desde el mismo momento en el que se transita por ellas” es absolutamente inaudito, y si algo hace es evocar en el lector el célebre aforismo que el inmortal don Francisco de Quevedo incluyó en su obra Los sueños, según el cual: “lo que llamáis nacer es empezar a morir, y lo que llamáis vivir es morir viviendo.” En efecto, pues dado que según esa triste visión tan característica del barroco, “nacer es ir muriendo”, no todo evento dañoso con resultado muerte será indemnizable porque, al fin y al cabo (siempre siguiendo el razonamiento de la sentencia comentada) qué hay más natural que perder la vida, puesto que como decía en su momento otro ilustre personaje (Benjamín Franklin) en la vida tan sólo hay dos certezas: la muerte y los impuestos.

Lo único que no se aclara es si esa laxitud que se otorga a la Administración con la evidente finalidad de excluirla de responsabilidad, se aplicarían a una persona física o jurídico-privada cuando el perjudicado fuese un ente público.

Imaginemos el supuesto de un consumidor, el señor Bruumm, que adquiere un vehículo automóvil fabricado por una empresa multinacional del sector. Imaginemos que ese vehículo tiene un defecto a consecuencia del cual se provoca un accidente que ocasiona daños estrictamente materiales a una tercera persona. Imaginemos que ésta reclama frente al autor inmediato de los daños y que éste, a su vez, repite frente al responsable mediato de los mismos. ¿Qué ocurriría si la multinacional alegase que, dado el enorme volumen de vehículos producidos, es “natural” conforme a las reglas de la estadística que algún vehículo pueda tener algún defecto menor y que, por tanto, siguiendo los “estándares de razonabilidad” no puede esperarse que todos los automóviles que salen al mercado lo hagan en perfectas condiciones?

Pongamos otro ejemplo. El ejemplar ciudadano don Homobono Santos Envida, ya en su vetustez que, tras una vida sin desviarse un ápice de la legalidad, se ve súbitamente denunciado por una infracción a la normativa circulatoria. Imaginemos que ese ciudadano de trayectoria personal intachable, alega que dado lo complejo de la normativa actual, es no ya “natural” sino “imposible” (Alejandro Nieto dixit, consúltese su imprescindible Derecho Administrativo Sancionador) pasar por la vida sin conculcar algún texto normativo y que por tanto, siguiendo los “estándares de razonabilidad”, dado que nunca ha cometido infracción previa alguna debe exonerársele de responsabilidad. Ya se pueden imaginar el éxito que tendría dicha pretensión.

Pero es que, a expensas de lo anterior, los razonamientos esgrimidos en la sentencia eran absolutamente innecesarios a los efectos de la resolución de la causa. Hubiera bastado al juez indicar única y exclusivamente que en atención a las circunstancias del caso no se daban las circunstancias que legalmente ocasionan la responsabilidad patrimonial de la Administración. Mas se ve que se ha querido aportar un granito de arena literario en los anales de la jurisprudencia española, a la vez que se echa una manita a la Administración, tan necesitada en tiempos de vacas flacas.

En fin, que día tras día uno se va encontrando argumentos que en modo alguno desmerecen y que refuerzan la tesis esencial mantenida en esta bitácora: la jurisdicción contencioso-administrativa no es otra cosa que un fuero privilegiado hecho a medida de la Administración, como antaño lo fue la militar o la eclesiástica. Y esa misma jurisdicción que amplía hasta extremos inimaginables el nivel de exigencia a los ciudadanos, sin embargo, se muestra laxa, comprensiva, y hasta diríamos que “paternal” con la Administración. Algo, por otra parte, nada sorprendente teniendo el origen que tiene dicha jurisdicción.

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