DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA: SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIALES Y PRESCRIPTIVOS.

Ciertamente, los últimos diez años están siendo ricos en acontecimientos inéditos que han obligado a activar preceptos constitucionales que no habían precisado aplicarse durante las cuatro décadas de régimen constitucional. La crisis del bipartidismo y las débiles mayorías parlamentarias hicieron que en el año 2016 por vez primera hubiese de acudirse a la disolución anticipada de las Cortes que, ex constitutione, impone el artículo 99.5 de la norma fundamental. Los desafíos independentistas catalanes hubieron de verse contestados desde los poderes del estado con la activación del artículo 155. Y, en esta ocasión, un acontecimiento ajeno a la política, cual es la ya formalmente declarada pandemia del COVID-19 ha obligado al Gobierno de la Nación a acudir por segunda vez en la historia al mecanismo de suspensión colectiva de los derechos fundamentales, prevista en los artículos 55.1 y 116 del texto constitucional.

A últimas horas de ayer sábado día 14 de marzo de 2020, el Boletín Oficial del Estado sacaba una edición extraordinaria para publicar el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, norma que entra en vigor “en el momento de su publicación” oficial (en otras palabras, “ya”). No es la primera vez que el ejecutivo hace uso de dicha prerrogativa constitucional, pues hace casi diez años, el 4 de diciembre de 2010, se publicó el Real Decreto 1673/2010 que declaró el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo. No obstante, en aquélla ocasión, aun cuando la declaración afectó a todo el territorio nacional, su ámbito material fue mucho más restringido al ceñirse tan sólo a “la totalidad de las torres de control de los aeropuertos de la red y los centros de control” gestionados por AENA. En esta ocasión, el hecho desencadenante es la “crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos”, tal y como explicita el breve preámbulo que también recoge la circunstancia que “la Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional”. Tal es el denominado “hecho determinante” para el ejercicio de la potestad, que se justifica por un fin público de “proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública”. Tales son los elementos que esgrime el Real Decreto como justificativos y que, en el caso de una futura impugnación judicial, constituirían los “hechos determinantes” y el “fin” del ejercicio de la potestad, inherentes a todo uso de potestades discrecionales. El hecho desencadenante (declaración de pandemia por la OMS) es pacífico y notorio, como lo es igualmente la licitud del fin perseguido (contención de la enfermedad y salvaguardia de la salud colectiva). Resta, por tanto, detenerse en las medidas.

Básicamente, el Decreto pone bajo el control del Gobierno de la Nación las competencias de Salud, Seguridad y Defensa, estableciendo una especie de “núcleo duro” ejecutivo constituido por los titulares de las carteras de Defensa, Interior, Transportes y Sanidad, éste último con una competencia residual al considerarlo autoridad competente “en las áreas de responsabilidad que no recaigan en la competencia” de alguno de los otros tres titulares citados (artículo 4.2 in fine). Lo importante es que esas autoridades quedan habilitadas para “dictar órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarios para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares”, sin que se encuentren atados por las formalidades y ritos del procedimiento administrativo, pues se estipula que “para ello, no será precisa la tramitación de procedimiento administrativo alguno.” En definitiva, estamos ante un “Prometeo desencadenado” que puede emanar actos administrativos eficaces y obligatorios sin tener que transitar por los cauces procedimentales que de ordinario se exigen.

No voy a comentar las limitaciones que el Real Decreto impone a la ciudadanía dado que han sido básicamente explicadas por el Presidente del Gobierno en su tardía comparecencia causada por la imprevista duración del Consejo de Ministros. Pero sí me gustaría incidir en tres circunstancias que afectan al mundo jurídico y que tienden a paliar o compensar las restricciones impuestas en la circulación de personas y el ejercicio de determinadas actividades. Esas medidas son dos:

Primera.- Suspensión de todos los plazos de prescripción y caducidad (Disposición Adicional Cuarta). Se trata de una suspensión universal que afecta a “cualesquiera acciones y derechos”, y que se extiende “durante la vigencia del estado de alarma y, en su caso, prórrogas que se adoptaren.” Es decir, que la acción de seis meses para la reclamación de vicios ocultos, o el plazo de un año para el ejercicio de las acciones de responsabilidad extracontractual con base en el artículo 1902 del Código Civil quedan suspendidas durante estos quince días, pudiendo extenderse la suspensión en caso de que se prorrogue la duración del estado de alarma. Así pues, durante estos el cómputo de los institutos de prescripción y caducidad se detiene, por ministerio de la ley, como se detuvo el sol por mandato divino para ayudar a Josué en su lucha.

Segunda.- Suspensión de plazos administrativos (Disposición adicional tercera). En este caso, se desciende un poco más hacia lo particular, es decir, del universo jurídico al microcosmos del Derecho público, pues el objeto de la suspensión son los “plazos de tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público”, si bien motivadamente podrían acordarse por el órgano competente “las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado”, si bien esta medida está condicionada a la expresa aceptación del interesado.

Lo cierto es que dicha cláusula está redactada en un lenguaje tan vago que permite albergar dudas en cuanto a su extensión práctica. ¿Se aplica única y exclusivamente a procedimientos iniciados por las entidades del sector público o a los iniciados por el interesado? El uso de la preposición “de” que sigue al sustantivo “procedimiento” no aclara la cuestión. Como tampoco queda suficientemente claro y explícito si afecta a procedimientos cuyo inicio debe iniciarse forzosamente durante el periodo del estado de alarma o de sus prórrogas. Por ejemplo: ¿Cabría con base a esta Disposición entender suspendido el inicio del plazo de presentación de la liquidación trimestral de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, de Sociedades y del Impuesto sobre el Valor Añadido? Es evidente que si se acude a una interpretación finalista (es decir, incidiendo en los propósitos de la norma) la respuesta sería positiva, pero si atendemos a criterios originalistas (texto del Real Decreto) la cuestión sería más dudosa. Pues no me cabe duda que la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social argumentarán que, puesto las declaraciones se efectúan por vía telemática, no es preciso un desplazamiento físico a las entidades y, por ello, las medidas restrictivas acordadas en la normativa de declaración del estado de alarma ni obstan ni impiden tal presentación. Habrá que ver qué ocurre y, sobre todo, si el asunto llega a los órganos judiciales qué resuelven estos.

En este caso, la Administración ha pretendido jugar con cartas marcadas: muestra las mismas para, a continuación, ocultarlas, creando una apariencia de seguridad que en el fondo no es tal y que, como siempre, juega en su beneficio.

Tercera.- Suspensión de plazos procesales (Disposición adicional segunda). En este caso se “suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales en todos los órdenes jurisdiccionales”, medida que se extiende hasta que pierda su vigencia la declaración de estado de alarma. Se trata de una medida general, es decir, que afecta a todo el ámbito de la Administración de Justicia. No obstante, se establecen determinadas excepciones fundamentalmente en determinados asuntos de naturaleza penal (habeas corpus, actuaciones con detenido, órdenes de protección, vigilancia penitenciaria y medidas cautelares en caso de violencia sobre mujer y de menores) y determinados procedimientos preferentes y sumarios como los especiales de protección de derechos fundamentales en materia contenciosa y laboral o el procedimiento de conflicto colectivo.

Contrasta la claridad con que se aborda la suspensión de los plazos procesales con la ambigüedad que se aborda la suspensión en materia administrativa. Quizá sea la malevolencia natural de quien esto suscribe, pero no creo que ello responda a algo accidental o a un simple descuido en la redacción.

Una última cuestión que reconozco es anecdótica, pero que si no fuera por lo trágico de la situación daría para un sainete del inmortal Carlos Arniches. Una comparecencia inicialmente prevista para las tres de la tarde se ha demorado hasta pocos minutos después de las nueve debido a la imprevista duración del Consejo de Ministros, que el Presidente del Gobierno ha justificado por la existencia de un “debate enriquecedor, intenso y sosegado”, que sin duda no diferiría en extremo del discurso ministerial que principia la obra El señor Badanas. Sería deseable que, como en la celebérrima pieza de Luis Vélez de Guevara, un moderno diablo cojuelo hubiese levantado los tejados del Palacio de la Moncloa permitiendo contemplar la escena que allí se vivió entre las dos y las nueve horas del catorce de marzo de dos mil veinte, donde una persona que según sus propias declaraciones se encontraba en “cuarentena” se saltó la misma para acudir a la sesión del Consejo, ofreciendo, sin duda, un elocuente ejemplo de respeto a las prescripciones sanitarias.

Los aficionados al buen cine clásico seguramente recordarán con nostalgia El hidalgo de los mares (espantosa traducción del original Captain Horatio Hornblower), un film dirigido por Raoul Walsh y protagonizado por Gregory Peck y Virginia Mayo, y cuyo guión adaptaba dos de las novelas de Cecil Scott Forrester que integraban la saga que tenía por protagonista a Horacio Hornblower. Pues bien, en dicho film su protagonista, el capitán inglés Horacio Hornblower (un imponente Gregory Peck) debía trasladarse a tierras centroamericanas para entrevistarse con un cacique local, don Julián de Alvarado, que se había sublevado contra España. El rebelde en cuestión era un criollo de escasa estatura que pretendía infructuosamente ensalzar su ridícula figura y posición haciéndose llamar “el supremo” por sus atemorizados compatriotas. Es posible que me equivoque y que de nuevo se deba a mi malevolencia natural, pero estoy casi seguro que en la sesión del Consejo de Ministros en que se ha declarado el estado de alarma más de uno de sus integrantes ha intentado convertirse en un émulo de Alvarado.

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