ALLEN v COOPER: EL TRIBUNAL SUPREMO ENTRE BARBANEGRA, LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL SENTIDO DEL HUMOR EN LAS SENTENCIAS.

Imagine el amable lector un pleito cuyo fondo último radique en el que el demandante reclama del juzgado la tutela de sus derechos de propiedad intelectual vulnerados por un tercero. Por delimitar aún más la cuestión: una persona que tiene registrados los derechos de propiedad sobre ciertos documentales, observa que la página web de un ente público reproduce sin haber solicitado autorización parte de esos documentales sobre los cuales el autor de los mismos tiene derechos registrados. En principio, cabría suponer que se trata de un abstruso y árido caso donde hayan de manejarse legislación, conceptos y jurisprudencia relativa a la propiedad intelectual y su tutela. Pero seguro no sospecharían que un asunto de tal naturaleza podría suscitar en la sentencia que resuelve definitivamente el caso reflexiones sobre el federalismo y la posición de los estados ante la jurisdicción procesal, la naturaleza de los precedentes judiciales e incluso una nota sobre el pirata Barbanegra, así como dos jocosas bromas que, a cuenta de la piratería, se incluyen en la resolución judicial.

Pues eso y no otra cosa ocurre en el caso Frederick L. Allen et al. V. Roy A. Cooper III, resuelto el pasado día 23 de marzo de 2020 por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. En una sentencia redactada por Elena Kagan, tras un breve párrafo inicial de nueve líneas donde se resume no sólo el núcleo de la controversia sino la solución final adoptada por el Tribunal Supremo, principia con un párrafo donde resume los hechos del caso principiando con una referencia histórica a la que vincula los antecedentes fácticos del propio caso. Se trata de un párrafo inicial que parece extraído de una novela de Rafael Sabatini y que anima al lector a adentrarse aún más en la lectura:

“En 1717, el pirata Edward Teach, conocido como Barbanegra, capturó en las Indias Occidentales un buque esclavista francés al que rebautizó como “Queen Anne´s Revenge”. El velero se convirtió en su buque insignia. Con 40 cañones y 300 hombres, el “Revenge” capturó numeroso botín en su navegación por el Caribe y las costas de Norte América. En 1718 el buque encalló en un banco de arena a una milla de Beaufort, en Carolina del Norte. Barbanegra y gran parte de su tripulación salió ilesa. No así el “Revenge”. Se hundió bajo las aguas, donde permaneció olvidado durante casi trescientos años”

Podrá discreparse de la judicatura norteamericana, pero desde luego no podrá imputársele carecer de estilo literario y de poder de atracción, ni tampoco, como veremos a continuación, de carecer de sentido del humor. Tras el párrafo de introducción histórica, expone ya los acontecimientos que dan origen al caso y que, como verán, están íntimamente ligados a Barbanegra y a su buque naufragado en las costa sur de los Estados Unidos:

“En 1996, una compañía de rescate marítimo, Intersal Inc., descubrió el buque hundido. Según la legislación federal y estatal, los restos pertenecen a Carolina del Norte. Pero el estado contrató con Intersal hacerse cargo de las actividades de rescate. Intersal a su vez contrató al demandante Frederick Allen, un cámara local, para que documentase la operación. Durante una década, Allen elaboró videos y fotografías de las tareas de salvamento de los cañones, anclas y otros restos del Revenge. Registró todos esos trabajos a efectos de derechos de autor.

El pleito surge a raíz de la publicación por Carolina del Norte de algunas de las fotografías y videos de Allen. Éste formula su primera protesta en 2013, cuando el estado vulneró sus derechos de copyright por colgar en su página web el material sin solicitar la debida autorización. Para resolver la disputa, Carolina del Norte llegó a un acuerdo, abonando a Allen 15.000 dólares y permitiendo a las partes utilizar los respectivos derechos respecto a ese material. Pero Allen y el estado pronto se encontraron inmersos en otra disputa. Allen reclama que Carolina del Norte ha colgado cinco de sus videos online y utilizado una de sus fotografías en una revista sin recabar la oportuna autorización. Cuando el estado sostuvo haber actuado de forma correcta, Allen interpuso un pleito ante el Tribunal de Distrito Federal.”

En este punto es donde el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hace gala de su sentido del humor, puesto que, dado que tangencialmente el asunto tiene vínculos con Barbanegra, se refiere expresamente a la vulneración de derechos de propiedad intelectual como “una forma moderna de piratería”. No es la única ocasión. En su voto particular concurrente, Stephen Breyer para ilustrar su parecer, hace gala del mismo humor al utilizar como ejemplo un moderno y célebre título, para acreditar que un ente público es capaz de cometer las mismas infracciones y causar los mismos daños que un particular:

“Uno puede, por tanto, esperar que alguien perjudicado por la vulneración por el estado de tal deber [respetar la propiedad intelectual] pueda “acudir a las leyes de su país para un remedio” especialmente donde, como aquí, el congreso ha ofrecido uno. O, más concretamente, uno puede pensar que Walt Disney Pictures puede demandar a un estado (o a cualquier otro) por emitir sin licencia el éxito de 2003 “Piratas del Caribe (o cualquiera de sus muchas secuelas”

Barbanegra”, “forma moderna de piratería”, “Piratas del Caribe”. todo ello en una sentencia que, incluyendo los dos votos particulares concurrentes, ocupa apenas veintiún páginas, lo que acredita, desde luego, que la profesionalidad, el rigor, la facultad de síntesis y la justicia no están ni mucho menos reñidas con el sentido del humor. Lo cierto es que en el Tribunal Supremo del Reino de España se echa bastante de menos esa fina ironía de la que ocasionalmente hace gala su homónimo estadounidense. Y, desde luego, se echa bastante en sobra la intolerable prepotencia de la que en no pocas ocasiones suele hacer gala con determinados colectivos, como ha hecho en el caso del infectado Auto de 25 de marzo de 2020 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, al que nos hemos referido extensamente en nuestra anterior entrada; en términos, por cierto bastante, más moderados y generosos de lo que el contenido material de la citada resolución judicial demandaba.

La sentencia Allen v. Cooper (Roy A. Cooper III es el actual gobernador de Carolina del Norte) se adentra en la interpretación que ha de otorgarse a la decimoprimera enmienda constitucional, enmienda que entró en vigor en 1798 precisamente para dejar sin efecto la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo dictada en el caso Chisholm v. Georgia. Aun cuando dicha enmienda proscribe que un estado pueda ser parte demandada en un pleito ante la jurisdicción federal, sin embargo la sentencia recoge la evolución jurisprudencial que ha impuesto un par de limitaciones a esa proscripción:

“No siempre es así. Este Tribunal ha permitido que un tribunal federal pueda tramitar un pleito contra un estado sin su consentimiento bajo dos premisas. Primera, que el Congreso debe haber autorizado con “normativa legal inequívoca” la abrogación de la inmunidad estatal frente a pleitos […] Y segundo, que alguna previsión constitucional debe permitir al Congreso poseer tal facultad para restringir la soberanía estatal”.

Pero la sentencia también contiene una reflexión sobre el principio stare decisis, su aplicación práctica y los límites del mismo:

“Este Tribunal ha manifestado que el stare decisis es la piedra fundacional de nuestro estado de derecho […] Para dejar sin efecto un precedente, necesitamos una “especial justificación” sobre y por encima de la mera creencia que “el precedente se decidió de forma equivocada”.

En fin, toda una lección de sentido de la justicia….y del humor. Porque, como decía en cierta ocasión uno de los protagonistas de una vieja serie animada de los ochenta: “la verdadera sabiduría no es ajena a la risa”.

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