NY STATE RIFLE & PISTOL ASSOCIATION v CITY OF NEW YORK: CUANDO SE GANA UN PLEITO CON BALAS DE FOGUEO.

En el mundo jurídico, como en otros ámbitos de la vida, a veces es posible lograr los objetivos ansiados tan sólo disparando un cartucho de fogueo. Es lo que han logrado los demandantes del caso New York State Rifle & Pistol Association Inc et al. v. City of New York, et al. La asociación demandante, que había visto desestimadas sus pretensiones en instancia y apelación, lograron que dos entes públicos dieran marcha atrás tan sólo con la amenaza de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos entrara a conocer el fondo del asunto, que versaba sobre un derecho tan querido a la población norteamericana como el de poseer y portar armas. A este asunto ya le dedicamos a principios de año un post monográfico exponiendo los antecedentes del caso.

La Sentencia, que se hizo pública el pasado día veintisiete de abril es un prodigio de síntesis, puesto que ocupa tan sólo página y media que, sin embargo, permite al lector hacerse una perfecta idea tanto de los hechos como del núcleo de la cuestión. Nada mejor, por tanto, que ofrecer a los lectores una traducción de la sentencia cuyo ponente se desconoce, dado que aparece redactada per curiam:

“En el Juzgado de Distrito, los recurrentes impugnaron una normativa de la Ciudad de Nueva York relativa al transporte de armas de fuego. Los demandantes sostenían que la misma vulneraba la segunda enmienda constitucional. Los demandantes solicitaban remedio cautelar y pronunciamiento sobre el fondo contra la aplicación de la normativa dado que la misma impedía el transporte de armas a una segunda residencia o a campos de tiro fuera de los límites de la ciudad. El Juzgado de Distrito y el Tribunal de Apelaciones rechazaron las pretensiones de los demandantes. Se acordó admitir a trámite el certiorari. Con posterioridad a la admisión a trámite del certiorari, el Estado de Nueva York modificó su normativa sobre licencias de armas de fuego, y la ciudad reformó la normativa de tal forma que los recurrentes en la actualidad pueden trasportar las armas a una segunda vivienda o a un campo de tiro fuera de los límites de la ciudad, que es precisamente el remedio que los recurrentes solicitaban en el suplico de su recurso. La reclamación de los recurrentes para una tutela cautelar y sobre el fondo en lo referente a la antigua normativa de la ciudad ha perdido, por tanto, su objeto. Los recurrentes argumentan que, sin embargo, la nueva regulación aún vulnera sus derechos. En particular, los recurrentes sostienen que no se les permite detenerse para tomar un café, comer o efectuar descansos en áreas de servicio en el camino a su segunda residencia o campos de tiro fuera de los límites de la ciudad. La ciudad responde que esas detenciones rutinarias son totalmente permisibles bajo la nueva regulación. No resolveremos aquí la controversia sobre la actual normativa, por cuanto como sostuvimos en Lewis v. Continental Bank Corp, 494 US 472, 482-483 (1990):

“Nuestro modo ordinario de proceder en relación a casos que han perdido su objeto es dejar sin efecto la sentencia con orden de inadmitir. Ver. Deakins v. Monaghan, 484 US en 204; United States v. Munsingwear Inc, 340 US 36, 39-40 (1950). Sin embargo, en supuestos don de la pérdida de objeto es atribuible a un cambio en el marco legal aplicable al caso, y donde el demandante puede ostentar pretensiones residuales que aún permanecen bajo la nueva regulación y que lógicamente no podían esgrimirse con anterioridad, nuestro criterio es dejar sin efecto la sentencia y devolver el asunto para que continúe el procedimiento, donde las partes podrán, si fuera necesario, modificar sus argumentos o desarrollar los mismos con más amplitud. Ver Diffenderfer v. Central Baptist Church of Miami Inc 404 US 413, 415 (1972).»

Los recurrentes argumentan que aun cuando no reclamaron con anterioridad indemnización por daños ocasionados por la aplicación de la antigua normativa de la ciudad, aún pueden reclamarlos en el seno del actual procedimiento. Los demandantes no solicitan daños en su escrito; es más, la posibilidad de reclamación por daños no fue planteada hasta bien entrado el procedimiento en el presente Tribunal. La Ciudad de Nueva York sostiene que es demasiado tarde para los demandantes incluir en este momento una reclamación por daños. Una vez devuelto el asunto, el Tribunal de Apelaciones y el juzgado de distrito podrán considerar si los demandantes pueden aún incorporar una reclamación por daños en este pleito relativo a la antigua normativa de la ciudad de Nueva York. Se revoca la sentencia del Tribunal de Apelaciones, y el caso se devuelve para tramitar apropiadamente tal procedimiento.

Así se ordena”

Juzguen los lectores si esa resolución no es un ejemplo donde se patentiza el pleno ejercicio de las facultades estilísticas y de síntesis de la que hacen gala los jueces del máximo órgano judicial estadounidense, pues el potencial lector en modo alguno se siente tentado a abandonar la lectura debido a la extensión (insistimos, página y media) sino que además los jueces se han molestado en hacer sus resoluciones comprensibles para toda la ciudadanía. Así, hasta el lego en derecho puede comprobar que se estaba ante un pleito donde se impugnaba una normativa que limitaba la circulación del ciudadano cuando éste se desplazaba con armas de fuego, y que tras dos fallos desestimatorios en instancia y apelación, tanto la ciudad de Nueva York como el estado homónimo modificaron la normativa para adecuarla a las pretensiones de la asociación demandante una vez que el Tribunal Supremo accede a conocer en vía de recurso la impugnación. En otras palabras, que los recurrentes han vencido en el enfrentamiento disparando balas de fogueo.

La pregunta que asalta inmediatamente el cerebro del lector es obvia, y se refiere a los motivos que inducen tanto a la ciudad como al estado a dar una satisfacción extraprocesal a los recurrentes cuando los entes públicos han obtenido dos fallos avalando la licitud de la regulación. Quien ofrece respuesta al mismo es el juez Samuel Alito, en un extenso voto particular concurrente (que ocupa treinta y un páginas) y al que se adhieren los jueces Neil Gorsuch y Clarence Thomas. Según Alito, Nueva York no ha obrado tan desinteresadamente como parece, sino que con tal maniobra intenta evitar un fallo interpretativo del Tribunal Supremo. Ofrecemos a continuación los primeros razonamientos del voto particular de Samuel Alito:

“Al inadmitir erróneamente este caso por satisfacción extraprocesal, el Tribunal permite que se manipule nuestra agenda en una forma que no debería tolerarse. Doce años atrás, en Distrito de Columbia v. Heller, sostuvimos que la Segunda Enmienda protege el derecho de los ciudadanos americanos a poseer y portar armas. Dos años después, en nuestra sentencia McDonald v. Chicago, establece que tal derecho puede esgrimirse de forma plena frente a los Estados. Desde entonces, los tribunales inferiores han resuelto numerosos asuntos relativos a impugnaciones, con base en la segunda enmienda, de varias normas federales, estatales y locales. Muchos han fracasado. Se nos ha solicitado en muchas ocasiones revisar algunas de tales sentencias, pero hasta este caso se han denegado tales solicitudes.

El 22 de enero de 2019 admitimos considerar la constitucionalidad de una ordenanza de Nueva York que limitaba el derecho reconocido en Heller. Entre otras cosas, la ordenanza prohibía a los ciudadanos neoyorkinos respetuosos con la ley que poseían lícitamente armas en su hogar (“licencia local”) llevar dichas armas a campos de tiro fuera de la ciudad. En su lugar, los titulares de dichas licencias que deseaban lograr o mantener con seguridad el uso de sus armas de fuego estaban limitados a los siete campos de tiro de la Ciudad, todos los cuales, salvo uno, estaban restringidos a socios y a sus invitados.

En el juzgado de distrito y el Tribunal de Apelaciones, la Ciudad defendió vigorosamente y con éxito la constitucionalidad de la ordenanza, y la ley fue avalada sobre la base de lo que se nos dice es el marco para resolver reclamaciones que afectan a la Segunda Enmienda que ha sido aplicada de manera uniforme por los Tribunales de Apelación. Uno podría pensar que la ciudad, habiendo convencido a los tribunales inferiores que su normativa era consistente con los pronunciamientos de Heller, estaría dispuesta a defender tal victoria ante este Tribunal. Pero una vez admitimos a trámite el certiorari, tanto la Ciudad como el Estado de Nueva York actuaron apresuradamente para evitar que resolviéramos este caso. Aunque la Ciudad insistió previamente que su normativa se basaba en importantes propósitos de seguridad pública, nuestra decisión de admitir a trámite el recurso aparentemente llevó a un cierto tipo de epifanía, y la Ciudad rápidamente modificó su ordenanza. Y el Estado aprobó una ley que convertía en ilegal la Ordenanza de Nueva York […]

Un prominente escrito apoyando a la Ciudad fue aún más allá. Cinco Senadores de los Estados Unidos, cuatro de los cuales son miembros de la abogacía de este tribunal, redactaron un escrito insistiendo que el caso debería ser inadmitido. Si el Tribunal no lo hacía, amenazaban, el público comprobaría que el Tribunal está “motivado únicamente por razones políticas, en lugar de por estricta sujeción a la ley”, y el Tribunal afrontaría la posibilidad de represalias legislativas.

Lamentablemente, el Tribunal inadmite ahora el caso por satisfacción extraprocesal. Si el Tribunal llevase razón jurídicamente, suscribiría tal decisión. Bajo la Constitución, nuestra autoridad se limita a decidir casos y controversias, y si no existe ya una controversia, estamos obligados a inadmitirlo. Pero si existe un caso en nuestra agenda y poseemos competencia, tenemos obligación de decidirlo […] Por tanto, en este caso debemos aplicar los criterios establecidos para determinar si el caso ha perdido su objeto, y bajo dichos criterios, tenemos un caso vico ante nosotros. Es indudablemente cierto que la nueva regulación estatal y local satisfacen la mayoría de las solicitudes de los demandantes, pero ese no es el criterio para decidir si el caso ha perdido su objeto. Pues “un caso pierde su objeto sólo cuando es imposible para un tribunal otorgar cualquier remedio efectivo a la parte vencedora” Chafin v. Chafin, 568 US 165, 172 (2013) (énfasis añadido). “Mientras las partes tengan un interés, no importa lo reducido, en el resultado del pleito, el caso no ha perdido su objeto”. Ibid (énfasis añadido)

En definitiva, que tanto el Estado como la Ciudad de Nueva York han actuado no por desinterés o por convencimiento, sino que han aseverado la certeza del viejo refrán español: “Bueno es el miedo donde no hay vergüenza”. Ante la simple posibilidad que el Tribunal Supremo pudiese emitir un fallo contrario a los intereses de los entes públicos y que, además, efectuase una interpretación que desautorizase muchos criterios jurisprudenciales mantenidos (entre ellos, por los propios órganos judiciales sitos en el estado de marras), Nueva York optó por una retirada estratégica. Se da la razón a los demandantes, pero evita un pronunciamiento general que desautorizase cierta jurisprudencia que aplica erróneamente los pronunciamientos Heller y McDonald. Con todo, hay algo más preocupante en este caso: la explícita amenaza de cinco senadores estadounidenses en su escrito, que no se han recatado en esgrimir posibles represalias legislativas si no se inadmitía el asunto. En este caso, el Tribunal liderado por John Roberts ha intentado emular a su antecesor John Marshall y evitar un choque entre dos poderes del estado.

Por cierto, conviene deshacer un equívoco respecto al uso de armas. A ningún mandatario estadounidense se le ha pasado por la cabeza no ya suprimir, sino tan siquiera restringir el derecho que a los ciudadanos estadounidenses garantiza la segunda enmienda. Un ejemplo concreto lo tenemos en el Barack Obama, a quienes los medios de comunicación han elevado a una especie de santidad laica. Pues bien, en junio de 2016, cuando se encontraba a punto de agotar su mandato, respondía en un programa televisivo a la pregunta de un espectador, rechazando totalmente que fuera su intención, la de Hillary Clinton (la entonces candidata demócrata a la presidencia) o la de alguno de sus correligionarios el desarmar a los ciudadanos. En concreto, Obama afirmó, entre otras cosas, lo siguiente:

En primer lugar, la idea que yo, o Hillary, o los demócratas o a quien quiera que elijáis estemos contribuyendo a quitar las armas a los ciudadanos, es sencillamente falsa. Estoy a punto de abandonar el cargo. Se han vendido más armas desde que soy presidente que a lo largo de la historia americana. Hay suficientes armas para cualquier hombre, mujer o niño de este país. Y en ningún momento, nunca ha sido mi intención confiscar armas a ciudadanos responsables

He aquí en enlace por si ello no fuera suficiente:

En definitiva, que nos encontramos ante un tema a la vez apasionante y controvertido, irremisiblemente ligado al modo de ser y al carácter norteamericano.

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