US v SINENENG-SMITH: EL TRIBUNAL SUPREMO RECHAZA QUE UN ÓRGANO JUDICIAL SUPLA LA INACTIVIDAD DE LAS PARTES.

¿Es posible que un órgano judicial introduzca ex novo cuestiones no planteadas por las partes, llame a terceros con el objetivo de que ofrezca razonamientos jurídicos respecto a ellas, y falle sobre las mismas con el objetivo de llegar a una meta que los litigantes originales no habían señalado, pero a la que el juzgado deseaba llegar? No es un supuesto abstracto o de laboratorio, sino que se trata de un supuesto real que hubo de resolver el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso United States v. Sineneng-Smith, resuelto el pasado jueves día 7 de mayo y en el que el máximo órgano judicial de los Estados Unidos vuelve a propinar un severo correctivo al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito. Y, a diferencia de otras ocasiones, el bofetón jurídico adquiere en esta ocasión una intensidad mayor al venir propinado con el aval unánime de los nueve magistrados.

Como siempre, expondremos los hechos del caso para, a continuación, ofrecer el razonamiento del Tribunal Supremo

Primero.- Antecedentes del caso.

1.1.- De carácter fáctico: los hechos determinantes

Si uno echa un vistazo a los antecedentes de hecho del caso, contempla que el asunto es aparentemente sencillo: se trataba de una particular que se había enriquecido mediante la estafa a gran escala a inmigrantes que residían de forma irregular en los Estados Unidos. En concreto, se trataba de una “profesional” integrante de una consultora que ofrecía asesoramiento a extranjeros que trabajaban en territorio estadounidense sin tener las preceptivas autorizaciones. Así, durante el periodo comprendido entre 2001 y 2008, la particular en cuestión giró a cada uno de sus clientes (insistimos, extranjeros que trabajaban en Estados Unidos sin la debida autorización) un total de 6.800 dólares, de los cuales 5.900 se correspondían a solicitudes presentadas al Departamento de Trabajo y otros 900 a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, lo que le permitió durante los siete años en cuestión recaudar la nada despreciable cantidad de tres millones trescientos mil dólares. Hasta el momento, en principio, no hay nada anormal, pese a que uno se pregunta cómo fue posible que personas que en principio se encuentran en un colectivo que si por algo se caracteriza es por la falta de recursos económicos pudo abonar una minuta tan elevada por los servicios prestados, pero, orillando ese interrogante, en principio, nada habría que objetar a que una persona facture sus servicios por la cantidad que estime, gozando los ciudadanos de plena libertad para aceptarlo o servirse de otro profesional distinto que ofrezca el asesoramiento a un precio menor.

El problema radicaba en que para obtener la autorización de los organismos federales, éstos exigían un doble requisito, material y procedimental. El primero consistía en que el inmigrante en cuestión debía encontrarse ya residiendo en territorio estadounidense en una fecha concreta, 21 de diciembre de 2000, por lo que no podrían solicitar la regularización quienes llegasen a suelo americano con posterioridad a tal fecha; el segundo, que las solicitudes de regularización debían presentarse antes del 30 de abril de 2001. Y la persona denunciada, siendo consciente de que muchos de sus clientes no podían acogerse a dicha posibilidad al no reunir los requisitos ni materiales ni procedimentales, silenció tal circunstancia y les facturó por unas gestiones que estaban destinadas al fracaso más rotundo.

En otras palabras, que no es un supuesto atípico ni desconocido, puesto que equivalentes similares hay en nuestro país. Y, una vez detectado tan reprochable comportamiento, la autora del mismo hubo de afrontar las responsabilidades penales, iniciándose así la fase judicial del caso.

1.2.- El iter procedimental del caso.

Los Estados Unidos formalizaron la acusación, imputando a tan reprochable sujeto un delito tipificado en el Título 8 (“Extranjeros y Nacionalidad”), Capítulo 12 (“Inmigración y Nacionalidad”), Subcapítulo Segundo (“Inmigración”), Parte IV (“Provisiones Generales de carácter penal”) del Código de los Estados Unidos. El delito que se le imputaba era aquél recogido en el parágrafo 1324, según el cual constituye un delito federal: “alentar o inducir a un extranjero a venir, entrar o residir en los Estados Unidos, siendo consciente de o despreciando el hecho de que tal llegada, entrada o residencia es o será ilícita”. El delito cuenta con una pena agravada cuando se comete: “con la finalidad de obtener ventaja comercial o ganancia financiera”. En otras palabras, que estamos ante un tipo penal que pretende evitar la entrada irregular de inmigrantes convirtiendo en delito federal (ojo, federal y no estatal) la incitación, cooperación o asistencia a inmigrantes para la entrada ilícita en territorio americano, agravando la pena cuando tal actuación está realizada con ánimo de lucro.

En el Juzgado de Distrito, la acusada alegó que su conducta no estaba inserta en el tipo penal en cuestión, argumento que se rechazó, siendo condenada por incurrir en varios delitos del tipo indicado. La acusada apela la sentencia, invocando en su favor las mismas tesis que había sostenido en la instancia, es decir, que su conducta no entraba en el tipo penal que se le aplicaba. Y es entonces, cuando la Sala del Tribunal de Apelaciones actúa de forma ciertamente peculiar.

En efecto, los tres magistrados que integran la sala, “en lugar de resolver el asunto tal y como fue planteado por las partes”, llama a tres amici curiae (figura propia del ordenamiento jurídico norteamericano que consiste en la intervención de un tercero que no tiene un interés directo en el asunto, pero sí legítimo que puede coincidir con la pretensión ejercitada por cualquiera de las partes en liza) para que argumenten una cuestión planteada ex novo por la Sala: si el tipo penal es excesivamente ambiguo bajo la primera enmienda. A la hora de abordar tal circunstancia, la Sala relega a las partes procesales a un segundo plano, y otorga prioridad a quienes los magistrados llamaron como amici curiae, como lo acredita la circunstancia que a éstos se les otorgaron veinte minutos para exponer sus tesis mientras que al letrado de la parte apelante tan sólo se le permitieron diez minutos. Y, en base a las argumentaciones de esas terceras partes originariamente no demandantes ni demandados (en realidad, ni apelantes ni apelados), la Sala anula por contrario a la Constitución el tipo penal aplicado.

Los Estados Unidos impugnan tal pronunciamiento ante el Tribunal Supremo, quien acepta conocer el asunto, teniendo lugar la vista oral del caso el día 7 de febrero del presente año 2020.

Segundo.- Pronunciamiento del Tribunal Supremo.

La ponente de la sentencia fue Ruth Bader Gisburn, quien contó con el apoyo unánime de sus ocho colegas, lo cual ya da una idea de la gravedad del comportamiento del Tribunal de Apelaciones. Pero ya para abrir boca, antes de ofrecer la argumentación jurídica, el Tribunal Supremo deja bien claro que: “la Sala de [el Tribunal de] Apelaciones se aparta tan drásticamente del principio de representación de las partes que constituye un abuso de discrecionalidad

La Sentencia inicia los fundamentos jurídicos recordando el principio general de justicia rogada que preside la resolución de asuntos de naturaleza tanto civil como penal, con una única excepción:

“En nuestro sistema contradictorio de resolución, se sigue el principio de congruencia. Como este Tribunal ha señalado en Greenlaw v. United States, 554 US 237 (2008) “tanto en asuntos civiles como penales, en primera instancia y en apelación…descansamos en las partes para fijar los asuntos a decidir, asignando a los tribunales el papel de árbitro neutral de asuntos que las partes le presentan” Id. e 243. En asuntos penales, la desviación del principio de justicia rogada ha tenido lugar usualmente “para proteger los derechos de litigantes pro se”; id. en 244; ver, por ejemplo, Castro v. United States, 540 US 375, 381-83 (2003) (avalando la autoridad de los tribunales para reformular las solicitudes de los litigantes pro se con la finalidad de “evitar cierres innecesarios” o “inapropiadamente estricta aplicación de requisitos formales, o para crear una mejor correspondencia entre la sustancia de una argumentación pro se y su fundamentación jurídica subyacente” (citación omitida). Pero como norma general, nuestro sistema “se designa sobre la premisa que [las partes defendidas por letrados competentes conocen qué es mejor para ellos, y son responsables de exponer los hechos y los argumentos que avalen sus tesis” Id. en 386 (Scalia, J, concurriendo tanto en parte como en cuanto al fondo)

Ruth Bader Gisburn aprovecha en ese párrafo no sólo para exponer de forma muy didáctica el principio general de justicia rogada, sino para rendir un homenaje a su gran amigo de tantos años, el juez Antonin Scalia, cuyas afirmaciones en un voto particular concurrente aprovecha para ilustrar la situación.

Claro está, como ya se adelantaba en el párrafo en cuestión, el principio de justicia rogada es: “flexible, no riguroso”, pues hay ocasiones que sin duda justifican una “modesta iniciativa del Tribunal”. Pero el Tribunal considera que no se dan las circunstancias en este caso. La condenada en primera instancia actuó asesorada de un “letrado competente”, y por tanto:

“Aunque como observamos anteriormente, un tribunal no está limitado por los precisos argumentos de las partes, pero la radical transformación del [Tribunal de Apelaciones del] Noveno Circuito en este caso va mucho más allá de lo tolerable.

Por las razones expuestas, revocamos la sentencia del Tribunal de Apelaciones] del Noveno Circuito y devolvemos el asunto para su reconsideración, despojado de las cuestiones añadidas por la Sala de apelación para que se asemeje fielmente a lo expuesto por las partes”

Soberano bofetón del Tribunal Supremo a la Sala del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, ofrecido además de forma muy cruda al no ahorrar epítetos y expresiones («se aparta tan radicalmente«, «va mucho mas allá de lo tolerable«) nada halagüeños para el órgano inferior .

Da la impresión que el Tribunal de Apelaciones, por las razones que fuere, ya tenía decidido su veredicto antes de emitir la sentencia, pero al ser necesario para ello pronunciarse sobre un asunto no alegado por las partes, acudió al subterfugio de introducir artificialmente la cuestión e introducir a partes originariamente no demandantes ni demandadas en el pleito para que la argumentaran, otorgando a dichas partes, además, un trato mucho más relevante que a las principales.

Todo lo cual demuestra un hecho objetivo, y es que no sólo la Administración abusa de la discrecionalidad, sino que el tercero de los poderes también puede incurrir en tal comportamiento, como la sentencia que acabamos de glosar pone de manifiesto.

Cabe indicar que en nuestro país la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha previsto que el juez pueda, en efecto, percatarse que el asunto presenta matices o cuestiones no abordadas por las partes, al señalar que:

Si el Juez o Tribunal, al dictar sentencia, estimare que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada debidamente por las partes, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar el recurso o la oposición, lo someterá a aquéllas mediante providencia en que, advirtiendo que no se prejuzga el fallo definitivo, los expondrá y concederá a los interesados un plazo común de diez días para que formulen las alegaciones que estimen oportunas, con suspensión del plazo para pronunciar el fallo. Contra la expresada providencia no cabrá recurso alguno”

Ahora bien, lo cierto es que, en mis ya dos décadas de experiencia cotidiana en el orden contencioso, no he visto ni una sola ocasión hacer uso de tal posibilidad. Es más, lo que sí he visto y no una ni dos, sino varias decenas de veces, es como ante la incomparecencia del defensor de la Administración, era cierto juez quien asumía la tarea de exponer motu proprio en la sentencia las líneas defensivas del ente público.

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