LOMAX v ORTIZ-MARQUEZ: EL TRIBUNAL SUPREMO PONE COTO A LOS ABUSOS DE LA JUSTICIA GRATUITA.

En el ámbito procesal, se producen incuestionables abusos de personas que, careciendo de recursos económicos para litigar, utilizan el beneficio legal de justicia gratuita para interponer reclamaciones absurdas, desproporcionadas o, directamente, temerarias. Bien es cierto que la Ley 1/1996 de 10 de enero prevé un doble filtro a los efectos de evitar un abuso: el inicial del propio Colegio (expresamente previsto en el apartado segundo del artículo 15 ante una “solicitud manifiestamente insostenible o carente de fundamento”) y del del letrado que designe el colegio si la solicitud ha superado el filtro inicial (artículo 32). Pero no es menos cierto que, si la letra y el espíritu de la ley son claras, la realidad cotidiana desnaturaliza en su aplicación práctica tan loables objetivos, puesto que los Colegios no suelen rechazar solicitudes por muy absurdas y temerarias que sean, tapándose ojos y narices para firmar en barbecho el otorgamiento provisional. También dejan en la práctica sin efecto la segunda barrera frente a abusos del sistema, pues cuando es el letrado a quien provisionalmente se le asigna un asunto quien redacta un informe de insostenibilidad, los Colegios profesionales en ocasiones los rechazan con los argumentos más absurdos y extraños que imaginarse pueda. Baste como ejemplo que cierta corporación profesional (de cuyo nombre no es que no me acuerde, sino que por caridad cristiana prefiero no hacerlo), ante el informe de insostenibilidad que elaboró cierto profesional afirmando que carecía absolutamente de la más mínima base para oponerse a un desahucio por falta de pago (dado que el propio beneficiario de justicia gratuita reconocía que, en efecto, adeudaba las cantidades que se le reclamaban) afirmó que, aun compartiendo los razonamientos, no podía compartirse la conclusión porque el ciudadano tenía, no obstante, cito textualmente: “derecho a que un letrado garantizase que se cumplen las formas procedimentales” (sic). Otro caso sangrante es el que tuvo lugar en plena sede judicial, cuando ante una demanda totalmente abusiva, al ser puesto de manifiesto por el juzgador que no existía prueba fáctica alguna que avalase las pretensiones de la demandante, el letrado de la parte actora (designado por el colegio merced a un expediente de justicia gratuita) afirmó textualmente: “es igual, mi cliente va a apelar, porque tiene justicia gratuita.”

Vienen las anteriores reflexiones al caso de la sentencia Lomax v. Ortiz Marquez, que ayer día 8 de junio de 2020 ha hecho pública el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y que afecta al ámbito del acceso a los tribunales de aquellas personas carentes de recursos económicos para litigar. Bien es cierto que en Norteamérica la justicia gratuita está circunscrita al ámbito exclusivamente penal y en determinados litigios de protección de derechos fundamentales (civil rights), afectando el supuesto en cuestión analizado por el Tribunal Supremo a lo que, utilizando un aforismo latino, se conoce como acción in forma pauperis, denominación que reciben las solicitudes presentadas por personas que carecen de recursos económicos necesarios para sufragar los costes de una acción judicial. Tal reconocimiento de insuficiencia de recursos para litigar no se produce a nivel administrativo (como en nuestro país), sino directamente en vía judicial.

A la hora de regular legalmente la solicitud de litigación in forma pauperis, debe acudirse al Capítulo 28 parágrafo 1995 del United States Code. Y el mismo, al igual que la legislación española, contiene un doble filtro. El primero, el contemplado en la letra e). Si bien en su apartado primero se establece que: “El tribunal puede solicitar a un letrado que represente a cualquier persona que no pueda permitirse pagar a un abogado”, establece una excepción: “el tribunal rechazará cualquier solicitud si en el momento de la solicitud, la alegada falta de recursos es incierta, o si la solicitud o apelación sea carente de fundamento o temeraria, reclame algo para lo que no pueda garantizarse un remedio o reclame cantidades de dinero a alguien inmune a tal acción” A este primer filtro, que pretende evitar reclamaciones infundadas o carentes de base, se añade una segunda previsión contenida en la letra g), tendente a evitar que un individuo persevere en el uso abusivo y fraudulento de las solicitudes in forma pauperis, y que viene determinada por el infructuoso ejercicio previo de acciones similares acogiéndose a tal beneficio. Así, se dispone que: “en ningún caso un prisionero entablará acciones civiles o apelará una sentencia dictada en tales procedimientos bajo dicha sección si el prisionero, en tres o más ocasiones anteriores mientras se encontraba encarcelado o detenido en cualquier instalación, interpuso una demanda o apelación en un tribunal de los Estados Unidos y haya sido rechazada sobre la base de ser temeraria, maliciosa o que solicitase algo para lo que no existiese remedio; salvo que el prisionero se encuentre en peligro inminente de serios daños físicos.” Dicho precepto establece un elemento subjetivo (se aplica únicamente a “prisioneros”) y otro objetivo (el rechazo previo de tres acciones). La propia normativa aclaraba qué debe entenderse por “prisionero” a los efectos de tal sección, englobando a “cualquier persona encarcelada o detenida en cualquier instalación que se encuentre acusada, condenada, sentencia o considerado delincuente por infracciones a la normativa penal o a los términos y condiciones de libertad provisional o condicional.” Se planteaba, no obstante, en el caso de las consideraciones objetivas, si al efecto de alcanzar ese tope máximo de tres acciones infructuosas estipuladas se computan los supuestos donde en el rechazo a las pretensiones aun viniendo en una sentencia firme, ésta no gozase de los efectos de cosa juzgada. Tal es la cuestión jurídica que resolvió el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en la sentencia citada.

Los hechos del caso Lomax hacen referencia a un recluso apellidado de tal forma, que se encontraba interno en una prisión de Colorado, y que presentó una solicitud in forma pauperis frente a tres empleados de prisiones impugnando su expulsión del programa de tratamiento para agresores sexuales; lo cual, dicho sea de paso, ya revela que no nos encontrábamos precisamente con un “angelito”. El problema radicaba en que Lomax ya había visto desestimadas tres demandas anteriores, por lo que en el juzgado de distrito se rechazó su solicitud de litigación gratuita. Disconforme, impugna la desestimación, acogiéndose a un sutil tecnicismo: dos de las desestimaciones carecían de efectos de cosa juzgada, por lo que tendría en su mano reiterar nuevamente la misma pretensión ante los órganos judiciales. No obstante, el Tribunal de Apelaciones rechazó tal argumentación sobre la base que a los efectos de la ley es irrelevante que la sentencia tenga o no los efectos de cosa juzgada, sino que lo material y decisivo es el rechazo judicial de una pretensión.

El Tribunal Supremo confirma las dos resoluciones de instancia en una sentencia redactada por Elena Kagan y que obtuvo el apoyo de sus ocho colegas, y donde tan sólo Clarence Thomas mostró su discrepancia con una aclaración efectuada en nota al pie. Y lo hace en una resolución judicial breve (cinco páginas y media), magistralmente estructurada (encabezamiento donde se expone el núcleo de la controversia a solventar, antecedentes fácticos, fundamentación jurídica y conclusión final) y en un estilo sencillo y accesible a cualquier lector. Ya al comienzo de la fundamentación jurídica se explicita la solución adoptada:

“El caso empieza, y más o menos termina, con el texto de la Sección 1915 (g). Según tal precepto, un prisionero acumula un rechazo por cada acción desestimada sobre la base que plantee una reclamación para la que no exista remedio. La expresión tan amplia incluye toda clase de desestimaciones. Tanto a los que tengan como a los que carezcan de cosa juzgada y permitan al demandante reintentar su pretensión en una demanda ulterior.”

Y la conclusión final se resume en un párrafo no menos tajante:

“El texto de la PLRA referente a la previsión de las tres desestimaciones hace bien sencilla la resolución de este asunto. La desestimación de un pleito en los casos donde no exista remedio debe computarse como rechazo, goce o no la sentencia de los efectos de cosa juzgada.”

Así, el Tribunal Supremo pone coto a los abusos del sistema, evitando que una persona se beneficie de los efectos de la litigación gratuita para pervertir el objetivo último perseguido, cual es que las personas que realmente carecen de ingresos para litigar utilicen la justicia gratuita como un instrumento para hacer valer sus derechos, no para abusar de los mismos interponiendo alegremente pleitos.

La sentencia me plantea un interrogante de naturaleza fáctica que la resolución judicial no solventa. ¿Cómo es posible que una persona que manifestaba carecer de recursos económicos para litigar ha podido llegar nada menos que ante el Tribunal Supremo con los efectos económicos que ello conlleva? Porque, evidentemente, su solicitud inicial de justicia gratuita había sido rechazada y, por tanto, en principio hubo de satisfacer de su bolsillo los costes de la litigación. Y, por tanto, si pudo costearse nada menos que tres instancias judiciales, una de ellas en el Tribunal Supremo, es que realmente cuenta con recursos económicos que hace que su solicitud fuese, en principio, cuando menos no del todo cierta.

En fin, con esta resolución, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos intenta poner coto, de alguna manera, a los abusos en la justicia gratuita. Sería deseable que en nuestro país se tomase ejemplo y se cortasen determinados abusos, minoritarios si, pero no desdeñables, que pervierten el sistema. Aunque mucho me temo que los colegios profesionales continuarán, en este punto, adoptando la cómoda técnica del avestruz.

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