EL CASO DE LA VISTA (ORAL) PERDIDA DEL TRIBUNAL SUPREMO.

 

El abogado y escritor norteamericano Erle Stanley Gardner solía comenzar con las mismas tres palabras cada una de las novelas de la saga que tiene como protagonista a Perry Mason, ese cruce entre abogado criminalista y detective privado. Esas tres palabras eran “El caso de…”, que llegaron a ser tan célebres que a ellas se debió que el principal diario sensacionalista pasase a ser conocido como “El caso”. Pues bien, el Tribunal Supremo del Reino de España ha protagonizado un affaire que sería digno tanto de una novela de Gardner como de una crónica periodística en el citado diario. Se trata de lo que podríamos titular: “El caso de la vista (oral) desaparecida”. Incluso rindiendo un homenaje al novelista inglés Stevenson, podríamos anteponerle el adjetivo “extraño”, porque el caso narrado lo es en grado sumo. Extraño a ojos foráneos, claro está, porque al público español está ciertamente familiarizado con tamañas cacicadas.

Se trata del curioso episodio del que se ha hecho eco mi admirado José Ramón Chaves en su maravilloso blog delajusticia.com, aunque su bonhomía natural le ha hecho ser excesivamente generoso a la hora de abordar el mismo. Y es que, por arte de birlibirloque, el Tribunal Supremo ha suprimido una vista oral en un recurso de casación como quien hace desaparecer la comida de un plato: tragándosela sin más. Como el episodio aun con trasfondo jurídico se sale del mundo del Derecho para adentrarse en un campo que oscila entre lo novelesco y lo bufo, en esta ocasión nos apartaremos del esquema narrativo habitual para ofrecer los hechos como si de una novela se tratase, aun cuando lo que realmente merecería este asunto es una viñeta o incluso una historieta corta del maestro Ibáñez (don Francisco).

Dramatis personae.

1.1.- MT S.L. (aclaro que el nombre del recurrente en casación aparece en el Auto que se incluye en la Base de Datos del CENDOJ, como podrá comprobar el amable lector más adelante, aunque para evitar problemas aquí reflejaremos exclusivamente las iniciales de la entidad), como recurrente en casación.

1.2.- ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por sus servicios jurídicos, como parte recurrida.

1.3.- SECCIÓN TERCERA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPREMO, como órgano encargado de resolver

Capítulo Primero- El secuestro de la vista.

Todo hacía presagiar buenas nuevas para la empresa MT S.L.. Su representación procesal había planteado un recurso de casación frente a la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Logró superar incluso el primer escollo o barrera, cual es el trámite de admisión. ¡El Tribunal Supremo había acordado admitir a trámite el recurso! Incluso había señalado las 9:30 horas del 28 de abril de 2020 para la celebración de la vista oral del mismo. Pero entonces, súbitamente, la declaración del estado de alarma se cruzó en el camino.

Pese al estado de alarma, MT S.L. no se «alarmó«, pues supuso que, en buena lógica, la Sala tan sólo demoraría la celebración de la vista a un momento ulterior, cuando el gobierno pusiese fin a la situación excepcionalmente declarada. Pero entonces, el 12 de mayo de 2020 la Sala acordó mediante Providencia entrar a resolver directamente el asunto sin necesidad de vista oral.

MT S.L no se podía creer lo que estaba leyendo. ¿Dónde está la vista? ¡El Tribunal Supremo ha perdido la vista! Hemos de encontrarla.

Capítulo Segundo- En busca de la vista perdida.

Ante ello, cual Indiana Jones, el recurrente se lanzó en busca de la vista perdida. A tal fin, interpuso un recurso de reposición frente a la Providencia ante la Sala, demandando que, cual Santa Rita, lo que se da no se quita. Argumentó que al privarle de la vista, ello haría que la contemplación del asunto quedase distorsionada (pues, citamos textualmente, “recorta la posibilidad de explicar y aclarar aquellos aspectos del asunto que sean necesarios para la decisión y que el propio Tribunal consideró necesaria hace sólo unos pocos meses”), invocando además la conculcación de su legítimo derecho a la tutela judicial efectiva. Como era de esperar, la Abogacía del Estado se opone, argumentando en primer lugar, que los argumentos ya estaban definitivamente concretados “en el recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional y en el recurso de casación ante esta Sala en los escritos de preparación e interposición” y que, además, se conculcaba la doctrina de los actos propios y la buena fe procesal porque ninguna de las partes había solicitado la vista oral.

Capítulo Tercero- El Tribunal Supremo pierde definitivamente la vista.

Mediante Auto de 12 de junio de 2020 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictada en recurso 1745/2020 (ES:TS:2020:3673A), y que el lector puede consultar íntegro aquí, el Tribunal Supremo, con el arrojo, gallardía y valor que le es habitual, desestima el recurso presentado y viene a avalar la pérdida definitiva de su vista, demostrando con ello que ha perdido dicho sentido ocular.

La Sala inicia su argumentación con una divertida errata, pues manifiesta textualmente que: “A consecuencia de la emergencia sanitaria COVID-19 el Gobierno decretó el estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de mayo” (sic). Con lo cual, alguien ajeno a la situación española se preguntaría cómo es posible suspender una vista oral en abril por un estado de alarma declarado en «mayo» y no en «marzo«.

No obstante, erratas aparte, la fundamentación de la Sala para desestimar el recurso es antológica, y la transcribimos íntegramente:

“El recurso debe ser desestimado. Esta sala acuerda la celebración de vista en algunos recursos de casación -ante la imposibilidad de hacerlo en todos ellos- no tanto porque sea necesario para el derecho de defensa, ya plenamente satisfecho con la tramitación ordinaria, sino por el mayor interés público o jurídico de determinadas materias y de conformidad con el espíritu de la regulación del derecho de casación. Ahora bien, con o sin celebración de vista en todo recurso de casación las partes han podido expresar ya con entera libertad y con la amplitud que han estimado conveniente lo que a su derecho conviene en sus respectivos escritos de interposición y contestación a la demanda, por lo que en ningún caso podría quedar afectado el derecho de defensa por la no celebración de vista, incluso en aquellos recursos en los que la Sala hubiera decidido inicialmente su celebración en razón del interés público o jurídico del asunto.

En el presente caso es evidente en todo punto la inconveniencia de postergar la resolución del asunto de manera indefinida, concurriendo una emergencia sanitaria en la que no es posible saber con certeza el momento que pudiera celebrarse una vista con plena garantía de la salud de todas las personas involucradas en el desarrollo de la misma, tratándose de asuntos conclusos y en los que las partes han podido, como ya se ha indicado, exponer y aclarar todo lo que a sus intereses convenía. Debe recordarse que incluso más allá de las medidas de restricción de la libertad de circulación adoptadas en el estado de alarma y de los acuerdos de la Sala de Gobierno de este Tribunal sobre la restricción máxima de actuaciones presenciales a las que resulten imprescindibles, las recomendaciones de las autoridades sanitarias hacen aconsejable evitar toda concurrencia presencial evitable en los próximos meses.”

Al recurrente sólo le quedaría preguntarse, cual Manolo Escobar: “¿Dónde estará mi vista”?

ANÁLISIS DEL CASO

Al aprobarse la Ley Orgánica 7/2015 de 21 de julio, que introduce el nuevo régimen de la casación vigente en la actualidad, desde estas páginas lo describimos como un “certiorari a la castiza”. En efecto, se pretendía trasladar al ámbito español una casación que la asemejara al certiorari estadounidense, pero no era muy difícil, conociendo el suelo donde habría de germinar tal semilla, intuir que tal injerto degeneraría en algo grotesco. Los hechos vienen a avalar tal circunstancia.

Expondremos a continuación cómo los argumentos de la Sala no resisten el más mínimo análisis jurídico.

1.- Se arguye, en primer lugar, que la celebración de vista en “algunos” recursos no se debe «tanto porque sea necesario para el derecho de defensa, ya plenamente satisfecho con la tramitación ordinaria, sino por el mayor interés público o jurídico de determinadas materias y de conformidad con el espíritu de la regulación del derecho de casación”. Como veremos más adelante, el único “espíritu” al que parece haberse acogido el auto es al de las “navidades pasadas”, suponiendo que el ponente y sus adjuntos sean lectores de Dickens (porque, desde luego, el «espíritu de las leyes» parece no haberles inspirado mucho, quizá porque no toleren a Montesquieu) pues lo que explicita el razonamiento del Auto es precisamente la carencia de la más mínima justificación objetiva.

En efecto, a diferencia de lo que ocurre en los Estados Unidos (donde todos, absolutamente todos los recursos tienen fase escrita y fase oral) el legislador español no quiso incomodar mucho a Sus Señorías afincadas en el máximo órgano judicial español y en la redacción del artículo 92.7 LJCA introdujo la siguiente cautela: “Cuando la índole del asunto lo aconsejara, el Presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, de oficio o a petición de la mayoría de los Magistrados de la Sección antes indicada, podrá acordar que los actos de vista pública o de votación y fallo tengan lugar ante el Pleno de la Sala.” La vista oral no tiene lugar en todos los casos, sino tan sólo el algunos, aquellos en que la «índole del asunto» lo aconsejara, es decir, que tienen un «algo» especial, dentro de lo especiales que son todas las casaciones en el nuevo sistema.

Por tanto, si la Sala acordó vista pública, aun cuando no lo solicitasen las partes, fue porque consideró que la “índole del asunto” lo aconsejaba. Ahora bien, acordada la vista por tal circunstancia, no cabría prescindir de ella a no ser que se justificase que el asunto habría perdido esa “índole”, y sería ciertamente extraño que en apenas dos meses tal circunstancia desapareciese. Item más, dado que la vista hubo de acordarse precisamente por encontrarse vinculada a la “índole” del asunto, y visto que tan sólo cabría eliminarla por haber desaparecido dicha circunstancia, ello hubiera exigido formalmente prescindir de la vista mediante Auto motivado en el que se razonase por qué la vista dejó de ser necesaria, y no mediante una simple providencia limitada a dejar sin efecto la vista oral. El «espíritu» de la ley, pisoteado y arrojado al fango.

2.- La segunda argumentación no tiene desperdicio, y demuestra que incluso la Administración de Justicia, cuano le conviene, utiliza el COVID-19 a modo de excusa o justificación para actitudes que nada tienen que ver con dicha enfermedad. En efecto, la Sala dice textualmente: “Debe recordarse que incluso más allá de las medidas de restricción de la libertad de circulación adoptadas en el estado de alarma y de los acuerdos de la Sala de Gobierno de este Tribunal sobre la restricción máxima de actuaciones presenciales a las que resulten imprescindibles, las recomendaciones de las autoridades sanitarias hacen aconsejable evitar toda concurrencia presencial evitable en los próximos meses.”

El interrogante surge casi de forma instantánea: ¿Ese razonamiento se aplica sólo a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, sólo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, sólo al Tribunal Supremo como órgano, o, por el contrario, tal razonamiento se aplica a toda la Administración de Justicia? Porque, evidentemente, de aceptar tal aserto, no veo por qué no puede utilizarse el mismo criterio en los juicios civiles, donde con los escritos de demanda y contestación el juez ya tiene todos los argumentos necesarios para resolver, según doctrina inapelable de la Sala.

3.- La referencia al “espíritu” que hace el Auto es, cuando menos, curiosa. En efecto, ya hemos indicado que la intención de la Ley Orgánica 7/2015 fue acercar la casación española al certiorari estadounidense. Supongo que los magistrados del Tribunal Supremo español son perfectos conocedores que los procedimientos ante el máximo órgano judicial estadounidense tienen una fase escrita (solicitud inicial e impugnación de la misma, decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre admisibilidad y escritos de formalización y oposición), y una fase oral que es necesaria, obligatoria e imprescindible. Llama poderosamente la atención que en plena pandemia del COVID-19, y con la sede del Tribunal Supremo de los Estados Unidos cerrada al público, el supremo órgano federal norteamericano celebrase las vistas orales por videoconferencia. Acrecienta aún más la admiración por los jueces norteamericanos el hecho que dos personas en plena senectud al ser octogenarios (caso de Ruth Bader Gisburn, con 86 años y Stephen Breyer con 81), otro que sobrepasaría la edad de jubilación en España (Clarence Thomas, con 71) y el chief justice que llega en este 2020 a los 65 años de edad, no hayan tenido ningún problema en adaptarse a las circunstancias y en celebrar vistas orales utilizando las nuevas tecnologías. En nuestro país, los jueces del máximo órgano judicial, personas que aun en edad provecta en principio conservan pleno vigor físico, no son capaces de estar a la altura de personas que les sobrepasan con creces en primaveras.

En fin, no puede decirse que el Tribunal Supremo del Reino de España haya sorprendido. Más bien ha confirmado los presagios más negros; o, perdón, seamos políticamente correctos, más «oscuros«.

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