EL VIA CRUCIS DE LOS PLEITOS NO ACUMULADOS POR LOS TRIBUNALES O LA ARTIFICIAL MANIPULACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS JUDICIALES.

Uno de los preceptos más sistemática y dolosamente conculcados por los órganos judiciales del orden contencioso-administrativo es el artículo 34 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Según dicho precepto: “Serán acumulables en un proceso las pretensiones que se deduzcan en relación con un mismo acto, disposición o actuación. Lo serán también las que se refieran a varios actos, disposiciones o actuaciones cuando unos sean reproducción, confirmación o ejecución de otros o exista entre ellos cualquier otra conexión directa.” El problema radica en que, a la hora de contemplar esa “conexión directa”, la gran mayoría (hay excepciones tan honrosas como escasas) de los magistrados muestran la misma agudeza visual que el primer amo que Lázaro de Tormes tuvo a lo largo de su infancia y juventud.

Ilustraremos lo anterior con un ejemplo de por sí significativo que, insistimos, no constituye una excepción, sino la regla general. El mismo lo protagonizó la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de cierta Comunidad Autónoma unipersonal, cuya sede se encuentra en una ciudad norteña de cuyo nombre el autor de estas líneas se acuerda perfectamente, mas prefiere cubrir su topónimo con un fino velo literario denominándola Vetusta. Dado que aun cuando los autos constituyen formalmente un “procedimiento ordinario”, en realidad suponen un auténtico “via crucis”, de ahí que se identificarán a continuación los sucesivos pasos o estaciones que forman el peculiar camino al Gólgota sufrido por la parte demandante (y las codemandadas) en dicho pleito.

I.- Estaciones del via crucis.

Estación primera.- La oración en la antesala.

Cierto letrado, con una ingenuidad impropia de sus años y de su experiencia en el foro, presentó en su momento un escrito de interposición acumulando las acciones de varias aspirantes a un mismo proceso selectivo frente a sendos actos administrativos que estimaban parcialmente los recursos de alzada presentados frente a la corrección de una de las pruebas. Aun cuando el recurso se dirigía contra cuatro actos distintos emanados del mismo órgano que resolvía las impugnaciones en el seno de un mismo procedimiento selectivo, cada uno de ellos incluía la siguiente afirmación: “Se presentaron varios recursos con idéntico objeto que fueron analizados de manera conjunta, por lo que en la presente Resolución se hace referencia al contenido íntegro del informe”. Ante ello, en el escrito de interposición del recurso, el profesional actuante incluyó, en el apartado “procedencia de la acumulación”, lo siguiente:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.2 LJCA serán acumulables las pretensiones que se refieran a varios actos, disposiciones o actuaciones cuando unos sean reproducción, confirmación o ejecución de otros o exista entre ellos cualquier otra conexión directa.

En este caso, es evidente, clara y manifiesta la conexión directa entre las cuatro resoluciones impugnadas, puesto que todas ellas resuelven impugnaciones efectuadas frente a una misma actuación y el razonamiento jurídico es prácticamente análogo en todas ellas, por lo que se dan los requisitos para la acumulación exigidas en el precepto legal transcrito.”

Estación segunda.- La flagelación por la Secretaria.

El asunto llega a manos de la Secretaria Judicial, persona que se encuentra en esa fase de la vida donde la madurez roza con los dedos la senectud. Si el lector desea saber la reacción que experimenta la citada autoridad cuando se enfrenta a un escrito de interposición en el cual se acumulan varias acciones, puede hacerse una idea simplemente dando el pisotón en la cola a un gato salvaje. Pues bien, observen ustedes la altura de miras de la Diligencia de Ordenación y los poderos y exhaustivos razonamientos que aporta para intentar transmutar un pleito en varios:

entendiendo que dicha solicitud no reúne los requisitos previstos en el art. 34 de la LJCA, de conformidad con lo dispuesto en el art. 35.2 de la referida Ley, acuerdo: Dar cuenta al órgano judicial correspondiente para que adopte la resolución que proceda.”

Obviamente, no sólo cualquier jurista que se precie, sino incluso el lego en derecho es capaz de percibir el agotador esfuerzo desplegado por la Secretaria para explicitar los motivos por los cuales entiende que no procede la acumulación. Agotador, porque sin duda alguna el titánico esfuerzo desplegado a la hora de perpetrar la citada resolución judicial debió indudablemente hacer mella en el estado físico de la redactora.

Estación tercera.- El Magistrado ponente acuerda imponer la corona de espinas.

Los asuntos pasan al magistrado ponente, quien hace igualmente gala de unos esfuerzos argumentativos ante los cuales palidecen las alocuciones de Marco Tulio Cicerón en sus discursos de acusación frente a Cayo Verres. Ríanse ustedes de Edward Coke, de John Marshall, de Oliver Wendell Holmes jr, de William Brennan o de John Roberts jr. Juzguen ustedes mismos el prodigioso despliegue de erudición del que se hace gala en los altos órganos judiciales de nuestro país:

“Dada cuenta; Se admite a trámite la interposición del recurso contra la CONSEJERIA DE PRESIDENCIA, únicamente en lo referente al recurso presentado por Dª IFP resolución [sic] de fecha xx de xxx de 2019, dictada por la Dirección del Instituto de Administración Publica, que estima parcialmente el recurso de alzada interpuesto, contra el anuncio de calificación de la — prueba del proceso selectivo para la provisión de —, debiendo interponer por separado los restantes recursos respecto a los presentados por IAB, IAC, IAD en el plazo de TREINTA DÍAS, haciendo constar en el escrito de interposición de dicho recurso, que es desglosado del presente recurso, con apercibimiento de que de no efectuarlo en el plazo indicado se le tendrá por caducado respecto del recurso que no hubiera dado cumplimiento a lo ordenado.”

Utilizando la célebre expresión del inolvidable Groucho Marx, hasta un niño de ocho años podría comprender los motivos por los cuales no se considera procedente la acumulación. El problema es que para entenderlo hay que acudir no al tenor literal de la providencia, es decir, a lo que dice (que, como el lector podrá comprobar, no dice nada) sino a lo que no dice.

Lo cierto es que el letrado actuante meditó en profundidad si impugnar la citada resolución judicial, aunque no fuera más que para que constase su oposición. No obstante, como no se hacía ilusiones acerca de un recurso de reposición que habría de ser resuelto por el mismo órgano que dictó el acto, lo dejó estar.

Estación cuarta.- Llega Simón de Cirene en forma de codemandado.

Según los evangelios, Simón de Cirene fue la persona que en pleno camino al Calvario, auxilió a Jesús de Nazaret a llevar la pesada cruz que transportaba sobre sus hombros. Pues bien, el papel de Cirene lo desempeñaron aquí los codemandados.

Porque, en efecto, personados un no desdeñable grupo de personas como codemandados, éstos, a través de su representación letrada solicitaron en el primero de los asuntos de la acumulación de pleitos. Y lo hicieron en un escrito muy fundamentado en el que, tras aludir a la identidad de contenido material de todas las resoluciones impugnadas, invocaba de forma expresa no sólo los principios de economía procesal, sino que citaban de forma expresa la Sentencia del Tribunal Constitucional, núm. 8/2014, de 27 de enero, que estimaba el recurso de amparo interpuesto frente a un Auto del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo que acordaba presentar de forma separada las acciones acumuladas en una misma demanda sin ofrecer razonamiento alguno que lo amparase.

Así, paradójicamente los codemandados intentaban ayudar al demandante a llevar la pesada cruz. La situación era, para el órgano judicial, ciertamente difícil, puesto que era totalmente seguro que el demandante no se opondría a la acumulación, y más que previsible que la Administración tampoco se mostrase opuesta a unir en un mismo pleito los que jamás debieron separarse.

Estación quinta.- La Sala ejecuta la crucifixión.

Para evitar la humillación de tener que denegar una acumulación cuando todas las partes están de acuerdo la misma, la Sala actúa de la única forma posible para evitar el sonrojo: denegar la solicitud de acumulación de los codemandados sin dar audiencia a las restantes partes para formular alegaciones. Y lo hace mediante una providencia que muestra nuevamente que los magistrados españoles están a la altura de los más célebres jueces y juristas norteamericanos que pasaron a los anales de la historia del derecho estadounidense. Qué son Chisholm v. Georgia, Marbury v. Madison, McCullough v. Maryland, Brown v. Board of Education of Topeka o District of Columbia v. Heller frente a la altura jurídica y la profundidad del razonamiento de la que hacen gala tres magistrados españoles en el exhaustivo argumentario que despliegan en el siguiente texto de la Providencia denegatoria:

“Dada cuenta, no ha lugar a la acumulación solicitada por el Procurador Sr. XY, en nombre y representación de los codemandados, estando a lo acordado en la providencia de fecha – de — de 2020, en la que se acordada el desglose de las resoluciones recurridas y la presentación de los recursos por separado.”

Los magistrados culminaban así el calvario de la actuación procesal.

II.- Motivos por los cuales la Sala actúa como actuó

Si a la hora de exponer los hechos se ha optado por un tono humorístico (de un humor negro, ciertamente) y jocoso, enfrentados a la circunstancia de ofrecer los motivos por los que la Sala actuó de tal forma, nos despojaremos del manto irónico y se retomará la seriedad habitual.

2.1.- En primer lugar, no podemos decir que sorprenda, pero sí que llama poderosamente la atención carencia del más mínimo argumento o razón por la cual se acuerda tramitar los pleitos por separado. La Secretaria se limita a indicar que “entendiendo que no se dan los requisitos”, pero no concreta por qué razones concretas y específicas entiende que no concurren los mismos, mientras que el Magistrado ni tan siquiera se molestó en afirmar que no se dan, sino que directamente impone la tramitación por separado guardando el mutismo más absoluto sobre las razones por las cuales llega a tal conclusión. Con un par. Pero es que, además, a la hora de resolver la solicitud de acumulación planteada por los codemandados, la Sala ya ni escondió o disimuló el disgusto que le produjo, puesto que resolvió mediante una simple providencia de cuatro líneas diciendo que se esté a lo dispuesto en la providencia anterior, resolución esta última que, como hemos visto, se encontraba huérfana de toda base jurídica argumentativa

Si uno se molesta en leer la sentencia de John Jay en el caso Chisholm v. Georgia, una sentencia, como todas las de Jay, maravillosamente fundamentada y escrita (hasta el punto que llevó a varias personas que inicialmente pensaban diferente a suscribir la misma), se puede encontrar la siguiente afirmación:

“Como esta sentencia, aun cuidadosamente formada, se trasladó al papel de forma precipitada durante los intervalos de pausas diarias, y mientras me encontraba ocupado y preocupado con los asuntos del día, temo sea menos concisa y coherente de lo que debiera, por lo demás, haber sido.”

Jay era injusto consigo mismo, puesto que un corresponsal asistente a la lectura pública de la sentencia, a la hora de informar de la misma en el medio para el que trabajaba la describió como una de las: “más brillantes y fundamentadas que se han visto jamás en un Tribunal de Justicia”. Pero lo cierto es que el tiempo no era algo de lo que Jay estuviera sobrado. Durante los meses de febrero y agosto debía asistir a las vistas en el Tribunal Supremo, preparar los asuntos y redactar las sentencias, mientras que durante los meses de abril a junio y septiembre a noviembre debía actuar como juez de circuito en varios lugares del territorio, lo que implicaba pérdida de tiempo en desplazamientos (con gastos de manutención y estancia que debían pagar los jueces de su propio bolsillo), asistencia a vistas y elaboración de las correspondientes sentencias. Si a ello se añade que Jay era asesor oficioso del presidente Washington en materia de política exterior (lo que implicaba la lectura de cartas recibidas y contestación a las mismas) y que se comunicaba casi a diario por escrito con su esposa, uno se maravilla de cómo tan escaso de tiempo pudo elaborar una sentencia tan brillante como fue la suya en el caso Chisholm.

Por ello, cuando uno contempla resoluciones tan parcas, ramplonas y sin fundamento como las transcritas, emanadas de jueces que no consumen ni la décima parte del tiempo que a esa misma profesión dedicaba Jay, uno cada vez siente más admiración hacia aquellos brillantísimos juristas estadounidenses de finales del siglo XVIII, y sinceramente lamenta que no resucitasen para poner orden en la maltratada justicia española.

2.2.- El verdadero y auténtico motivo por el que la Sala actúa de tal manera está bien claro para cualquier individuo mínimamente familiarizado con la situación de la justicia española. La finalidad no es otra que inflar artificialmente las estadísticas de pleitos a fin de que los magistrados puedan percibir el complemento de productividad.

En efecto, en el presente caso, formalmente existirán varias sentencias, pero materialmente tan sólo habrá una única: la primera. Y ello porque elaborada una, las restantes se limitarán a transcribir literalmente la primera, cuando no se elabore el texto de una y se actúe mediante un simple corta y pega reproduciéndolo en las restantes. ¡Cuánto trabajan en Vetusta!, pensarán sin duda alguna en más altas instancias si atienden al elemento puramente cuantitativo, aunque quizá pensasen otra cosa si se atuviesen al contenido material de las sentencias.

Lo más gracioso de todo es que uno de los magistrados de dicho órgano judicial, antiguo presidente de Sala, se refirió en cierta ocasión a las “demandas de corta y pega”, quizá demostrando no ser consciente de lo que se cocía en las entrañas de la Sala que presidía, porque de serlo tal afirmación no sería un auténtico sarcasmo, sino una burla siniestra hacia los profesionales a quienes se dirigía.

Lo anterior acredita de qué manera puede falsearse o alterarse al alza la estadística judicial simplemente manipulando la aplicación del artículo 34 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Estoy convencido de que si el complemento de productividad se ligase no al número de asuntos tramitados, sino al volumen de páginas de las resoluciones judiciales, incluso los magistrados mas ágrafos (entre los cuales se encuentran, por cierto, los de la Sala a la que nos hemos referido) comenzarían inflar el paginado de sus resoluciones con oraciones subordinadas y con ejercicios de culteranismo que ríanse ustedes de don Luís de Góngora y del Conde de Villamediana.

El conocido poeta romántico José de Espronceda finalizaba su obra El estudiante de Salamanca con la siguiente afirmación: “Y si el lector dijeres ser comento/como me lo contaron, te lo cuento“. Pese a lo divertido de tal conclusión, en nuestro caso es más adecuado poner la coda a esta entrada de la misma forma que solía finalizar sus intervenciones un conocido locutor y presentador español, por ser tal expresión mucho más acertada: “así son las cosas, y así se las hemos contado“.

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