RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y SEPARACIÓN DE PODERES.

La reciente Sentencia 986/2020 de 13 de julio, de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictada en recurso 89/2019 resuelve un interesantísimo supuesto que atañe a la declaración de la responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial. No se va a abordar un comentario relativo al pronunciamiento del máximo órgano judicial español, dado que ello ya lo efectuó, de forma muy rigurosa y didáctica, José Ramón Chaves García en la entrada que, con el título La responsabilidad patrimonial de los jueces por errores judiciales, publicó en su indispensable blog delajusticia.com el pasado día 24 de julio. No obstante, en dicho comentario no se abordan importantes cuestiones susceptibles de plantearse a raíz de dicho asunto y que atañen más que nada al principio de división de poderes. Veámoslo.

Primero.- Defensa en juicio del CGPJ y división de poderes.

Imagínese el amable lector del blog que es el administrador de una comunidad de vecinos, y que en su misma planta existe un propietario con el que no sólo tiene ocasionalmente conflictos, sino que además usted, en su condición de administrador, es el responsable de controlar determinados aspectos la actividad de su vecino como propietario integrante de la comunidad.  Sin embargo, cuando un tercero le demanda a usted, en ese pleito es defendido por un abogado que no sólo depende de su vecino, sino que es retribuido por éste. Pues bien, una situación análoga es la que se ha producido no sólo en la sentencia a la que hemos hecho referencia, sino en todos aquellos pleitos en los que es parte el Consejo General del Poder Judicial, donde éste aparece “representado y defendido por el Abogado del Estado”.

Bien, considérese el asunto. Según el artículo 122.2 de la Constitución, el Consejo General del Poder Judicial es el “órgano de gobierno del mismo”, es decir, del Poder Judicial. Por otra parte, la Dirección Jurídica del Estado es el “centro superior consultivo de la Administración del Estado, Organismos autónomos y entidades públicas dependientes” y según su propia normativa, “está integrada, con nivel orgánico de subsecretaría, en el Ministerio de Justicia” (artículo 2.2 del Real Decreto 997/2003 de 25 de julio). Es decir, que su personal no sólo forma parte del Poder Ejecutivo, sino que depende, por vía jerárquica, del titular de uno de los Departamentos Ministeriales, que es, además, quien ostenta la facultad de nombramiento y cese del Abogado del Estado Jefe.

En otras palabras, que personal funcionario dependiente por vía jerárquica de uno de los Ministros es el encargado de la defensa en pleito del órgano de gobierno del Poder Judicial, que es precisamente el encargado de controlar al Poder Ejecutivo, del que dependen los Abogados del Estado.

Es por ello harto paradójico que el Tribunal Supremo considere “no exenta de sobras” y “problemático” el inciso del artículo 296.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y no considere, cuando menos, chocante que la defensa en juicio del Poder Judicial se encomiende a empleados públicos integrantes del Poder Ejecutivo y dependientes por vía jerárquica de uno de los Departamentos Ministeriales. Máxime si tenemos en cuenta que el Poder Legislativo goza, para la representación y defensa en juicio, de un colectivo especial, el cuerpo de Letrados de las Cortes Generales, no dependiente del Poder Ejecutivo.

Insistimos, es curioso, muy curioso, que el Tribunal Supremo haya demostrado una extraordinaria sensibilidad en lo que respecta al artículo 296.2 LOPJ y no considere “problemática” esta circunstancia relativa a la representación, que no da, precisamente, una buena imagen.

Segunda.- Responsabilidad por error judicial y separación de poderes.

En el caso de daños ocasionados por error judicial o por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, el procedimiento ha de incoarse, según dispone el artículo 293.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ante el Ministerio de Justicia, es decir, uno de los Departamentos Ministeriales que integran el Gobierno, que ostenta la jefatura del Poder Ejecutivo. Ahora bien, la decisión de éste es impugnable ante los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo. En otras palabras, que la decisión sobre la responsabilidad por error judicial o funcionamiento anormal de la Administración de Justicia corresponde al Poder Judicial, el mismo órgano causante del error.

Meditemos brevemente la situación. El daño causado por error judicial no es imputable directamente a un juez o magistrado, ni tan siquiera al órgano judicial del que es titular, sino al Poder Judicial como tal, de la misma forma que el daño causado por un acto administrativo no es imputable a la persona que lo dicta ni al órgano del que emana, sino a la Administración en su conjunto. Ahora bien, si en el caso de la responsabilidad patrimonial de la Administración (organización integrada en el Poder Ejecutivo y bajo la dirección de éste), aun cuando el procedimiento se tramita ante la propia Administración la palabra última la tiene el Poder Judicial, es decir, un tercero imparcial, en el caso de daños ocasionados por la Administración de Justicia la palabra última la tiene precisamente la entidad a quien se imputa el error cometido.

Cuando en 1610 la Court of Common Pleas del Reino de Inglaterra resolvió el célebre asunto Dr. Thomas Bonham v. College of Physicians (popularmente conocido como el caso Bonham), el juez Edward Coke afirmó rotundamente que: “uno no puede ser juez y parte” en su propia causa. Pues bien, en este caso, quien ha de resolver un asunto con carácter definitivo es precisamente el mismo Poder que ha de pronunciarse sobre su propia actuación.

Es innegable que estamos ante una cuestión realmente compleja que quizá merece una reflexión más en profundidad, aunque quizá una posibilidad sería que el pronunciamiento último sobre la existencia o no de error judicial recayese en un jurado popular. Y frente a quienes esgrimen la falta de especialización jurídica de los potenciales jurados, cabría esgrimir que según un principio arraigado en el sistema jurídico anglosajón (de donde procede dicho instituto) el jurado circunscribe su pronunciamiento a consideraciones de carácter fáctico, no jurídico. En otras palabras, tal y como enunciaron, entre otros James Wilson y James Iredell en los orígenes mismos de la jurisdicción federal estadounidense, las cuestiones de hecho son competencia exclusiva del jurado, y las de derecho privativas de los órganos judiciales.

Tercera.- Extraña actuación del Tribunal Supremo respecto del artículo 296.2 LOPJ.

A la hora de interpretar dicho precepto, el Tribunal Supremo realiza una afirmación irreprochable, que es la siguiente:

“El inciso final del art. 296.2 LOPJ, sin embargo, puede suscitar alguna perplejidad. El problema subyacente es quién puede y debe declarar el dolo o la culpa grave que, como se ha visto, son presupuesto indispensable para la repetición de lo pagado. A este respecto, el art. 296.2 LOPJ contempla dos posibilidades: que se declare en sentencia o que se reconozca «en resolución dictada por el Consejo General del Poder Judicial conforme al procedimiento que éste determine». Mientras que la primera posibilidad no es problemática, la segunda no está exenta de sombras: no es evidente que declarar la existencia de dolo o culpa grave en el ejercicio de la potestad jurisdiccional sea algo que pueda encomendarse al CGPJ, como tampoco lo es que el correspondiente procedimiento sea regulado por el propio CGPJ. Como observa el Abogado del Estado en la contestación a la demanda en este asunto, es jurisprudencia clara y constante que el CGPJ no puede controlar directa o indirectamente las actuaciones de naturaleza jurisdiccional. Este inciso del art. 296.2 LOPJ es problemático”

Bien, una interpretación literal del artículo 296.2 LOPJ no deja el menor asomo para la duda: a la hora de establecer la acción de reembolso, dicho precepto contempla dos posibilidades alternativas a las cuales puede acogerse el perjudicado, pues el uso de la conjunción disyuntiva “o” es altamente reveladora. Y esas dos posibilidades son, una el reconocimiento del dolo o culpa grave en la propia sentencia; otra, en “resolución dictada por el Consejo General del Poder Judicial conforme al procedimiento que este determine.” Esta segunda posibilidad es la que el Tribunal Supremo ve “problemática” y que causa “perplejidad” porque supone, según su lectura, que el CGPJ pueda “controlar directa o indirectamente las actuaciones de naturaleza jurisdiccional”. Ahora bien, si asume (insistimos, con mucha razón) tal lectura, la pregunta es obvia: ¿Por qué no plantea la cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la constitucionalidad del mismo?

En definitiva, nos encontramos con un tema apasionante que no sólo es susceptible de plantear interrogantes en función de los asuntos concretos que llegan a los órganos judiciales, sino otros que afectan a cuestiones de mucho más alcance.

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