AMY CONEY BARRET: FORMACIÓN ACADÉMICA, CURRÍCUMUL PROFESIONAL Y FILOSOFÍA JURÍDICA

Como habían adelantado casi todos los medios de comunicación, Donald Trump ha formalizado su intención de proponer a Amy Coney Barrett, actualmente juez federal en el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito Judicial, para cubrir la vacante que dejó en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos el fallecimiento de la juez Ruth Bader Gisburng. Y, como era de esperar (de hecho, quien suscribe lo adelantó en su página de Facebook) la prensa española ha despachado el asunto con una simplicidad acorde con el nivel del estamento periodístico actual. Lo único que se ha trasladado a la población es que se trata de una juez “ultraconservadora” (sic) o, en el más generoso de los casos, que es “católica”. Lo primero no es cierto, lo segundo sí, aunque en ambos casos lo sorprendente es que se prescinda de su currículum y se apele a sus creencias religiosas como base para una eventual exclusión. Algunos de los más perspicaces han aludido a su relativa juventud (Barrett tiene en la actualidad cuarenta y ocho años) a modo de impedimento.

Analicemos brevemente el perfil de la juez:

Edad.- Amy Coney Barrett nació el 28 de enero de 1972 en Luisiana, Nueva Orleans. Es decir, que procede de un estado del sur profundo, y cuenta actualmente con cuarenta y ocho primaveras; muy bien llevadas dicho sea de paso, como puede comprobar cualquiera visionando una foto de la aspirante a juez del máximo órgano federal.

En efecto, si se compara la edad de Barret con la de sus potenciales colegas, la misma pasaría a ser la benjamina del grupo. El más veterano es Stephen Breyer, con ochenta y dos años de edad, seguido a distancia por Clarence Thomas, justo diez años más joven y Samuel Alito, con justo siete décadas; otros tres jueces se encuentran en la horquilla entre los sesenta y los setenta (el chief justice Roberts, Sonia Sotomayor y Elena Kagan) y tan sólo Brett Kavanaugh con cincuenta y cinco y Neil Gorsuch con cincuenta y tres aligeran la media de edad. Por tanto, es evidente que Barrett contribuiría a rejuvenecer en parte la institución, al ser siete años más joven que Kavanaugh, el benjamín de los jueces.

Algún sector de la prensa ha visto su relativa juventud como inconveniente. Pero claro, sería pedir un imposible a la prensa española que estuviese algo familiarizada con el tema del cual escribe, porque de haberse documentado un poco (sólo un poco) podría comprobar sin esfuerzo que Joseph Story, uno de los más brillantes jueces que ha tenido el Tribunal Supremo a lo largo de su historia, frisaba únicamente treinta y dos años cuando llegó al supremo órgano judicial estadounidense en febrero de 1812, propuesto por James Madison. O que John Jay tenía cuarenta y cuatro años en el momento de ser nombrado nada menos que chief justice en septiembre de 1789, siendo Jay curiosamente quien todavía ostenta en la actualidad el hito de ser la persona que ha accedido con menos años de edad a la presidencia de la institución. Pero es que no hace falta ir tan lejos. William Hubbs Renquist tenía un año menos que Barrett cuando llegó al Tribunal Supremo en febrero de 1972.  

Estudios y trayectoria profesional.- El currículum, tanto académico como profesional de Barret es tan amplio que ni tan siquiera sus adversarios se atreven a cuestionarla y, de hecho, en el último debate presidencial el propio candidato demócrata, Joseph Biden, reconoció que no tiene nada que objetar en cuanto a la trayectoria profesional y a la cualificación jurídica de la candidata. Desde el punto de vista académico, obtuvo el bachillerato con la calificación de magna cum laude, y cursó estudios de derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame, donde fue la primera de su promoción, y de cuya revista jurídica fue editora.

Una vez obtenido el título superior, Barrett fue asistente jurídica de dos jueces, Laurence Silberman (del Tribunal de Apelaciones del Circuito de Columbia) y Antonin Scalia (en el Tribunal Supremo). Tras ello, en el año 1999 se adentró en el ejercicio de la abogacía en dos despachos profesionales, actividad que desde el año 2002 compatibilizó con la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame, la misma en la que se había cursado sus estudios. Ha sido autora, además, de varias publicaciones en las revistas jurídicas más importantes del país. En el año 2018 fue propuesta como Donald Trump como candidata para el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito, siendo confirmada por el Senado (tras una confirmación donde tuvo lugar un vergonzoso episodio al que ulteriormente nos referiremos) por 55 votos a favor y 43 en contra.

Su currículum, por tanto, es intachable y atesora unos profundos conocimientos que no sólo transmite al alumnado universitario, sino que se complementa con la visión práctica que le otorga el ejercicio vivo del derecho en los tribunales, a los que llegó como juez en 2017. Curiosamente, todo este bagaje profesional.

Creencias religiosas.- Barrett es una persona católica, algo que no ha ocultado y que le valió ser protagonista, durante su proceso de confirmación como juez de apelaciones, de uno de los episodios más profundamente repugnantes que se han visto en el Senado. De todos es sabido que el candidato a cualquier puesto de la judicatura federal ha de someterse a un escrutinio del Senado, donde puede bien contestar a todas las preguntas o bien acogerse a lo que se denomina el “precedente Gisburn”; sí, como oyen, precedente “Gisburn” porque debe su nombre a Ruth Bader Gisburn, quien durante su procedimiento de confirmación se negó a contestar determinadas preguntas. Pues bien, Barrett no se acogió a dicha cómoda facultad, sino que contestó a todas las preguntas, afirmando, citamos textualmente: “Mis pertenencia a un credo o mis confesiones religiosas no me impedirán cumplir mis deberes como juez”. Pues bien, la repugnante contestación que recibió Barrett de la senadora demócrata Dianne Feinstain fue textualmente la que sigue: “El dogma vive sonoramente en tu interior, y eso es un problema.” Es decir, que la libertad religiosa opera tan sólo a favor de determinados credos o ausencia de credos, y en contra de otros. Es una lástima, por ejemplo, que la citada senadora no recordase que la fallecida Gisburn era judía practicante, aunque quizá el “dogma” judío sea más tolerable para la senadora que el cristiano.

Cabría recordar, igualmente, que hubo y hay jueces católicos practicantes que han prestado servicios en el Tribunal Supremo y que han aplicado con rigor los precedentes judiciales aun cuando éstos chocasen con sus creencias. No está tan lejano el recuerdo de Anthony Kennedy (que, recordemos, permaneció en el Tribunal Supremo desde 1988 hasta junio de 2018) quien, pese a ser católico, fue el voto decisivo para mantener vigente la doctrina Roe y para dictar la sentencia Obergefell v. Hodges, que vinculó el matrimonio entre personas del mismo sexo como protegido por los preceptos constitucionales.

Concepción jurídica.- Barrett, al igual que su mentor Antonin Scalia, posee una visión “originalista” del Derecho. Es más, ella misma ha descrito magistralmente su concepción jurídica en un reciente artículo titulado Originalism and stare decisis, publicado el año 2017 la Revista de Derecho de la Facultad de Notre Dame, y que el lector interesado puede consultar aquí. En realidad, más que originalista, Barrett se adscribe a la corriente del judicial restrain, posición que se opone al judicial activism. Intentaremos explicar de forma breve y sencilla qué implican ambas dicotomías.

1.- El originalismo no es, en el fondo, más que un modo de interpretar la Constitución o los textos legales. La propia Barrett lo explica claramente en el artículo citado con anterioridad: “Los originalistas sostienen que las decisiones de generaciones anteriores, fijadas en el texto ratificado, son aplicables hasta que sean legalmente modificadas. Los fundamentos de esas decisiones se contienen principalmente en fuentes históricas. Por ejemplo, el significado original de la Constitución puede extraerse de documentos tales como los debates en la Convención Constitucional, los debates de ratificación, los escritos federalistas y antifederalistas, las acciones de los primeros Congresos y Presidentes, y las primeras sentencias de los juzgados federales. El originalismo, por tanto, otorga prioridad al precedente, y por ello los originalistas rechazan la posibilidad de desviarse del significado originalmente establecido..” En otras palabras, que se trata de interpretar un texto (ya sea constitucional o legal) según el significado original de sus palabras. Frente a tal doctrina interpretativa, a los originalistas se oponen quienes no se detienen sólo en el texto de la ley, sino en los objetivos o propósitos de la misma.

En cierta ocasión, los dos jueces cabezas visibles de ambas tesis, Antonin Scalia por los originalistas y Stephen Breyer por sus oponentes, departieron amigablemente sobre el particular en una interesantísima sesión. Ambos coincidieron en que son seis los instrumentos que el jurista posee para desentrañar el significado de un texto legal: “texto, historia, tradición, precedentes, propósitos y consecuencias.” Los originalistas se centran en los cuatro primeros, mientras que sus oponentes inciden en los dos últimos.

En resumen, para un originalista, el texto de la ley y el significado de sus palabras marcan la meta o punto final del recorrido, mientras que para sus adversarios ideológicos el texto es tan sólo el punto de partida.

2.- El debate entre judicial activism y judicial restrain es un debate sobre la posición que ha de ostentar el juez respecto a los otros dos poderes, fundamentalmente el legislativo. No estamos ante algo nuevo, sino que este conflicto tiene su origen en la década de los setenta del siglo XIX, justo tras la guerra de secesión.

Los partidarios del judicial activism sostienen que el juez debe utilizar la Constitución como medio de garantizar los derechos ciudadanos, y no han de reusar sacar todo el partido a la facultad de control de constitucionalidad y declara la nulidad de leyes si ello redunda en garantizar las libertades individuales. El paradigma de juez “activista” fue Stephen Field, quien no dudó a lo largo de toda su larguísima trayectoria judicial (es el juez que ostenta el record de servir durante más número de años en el Tribunal Supremo, dado que permaneció en activo treinta y cuatro años y medio) no dudó en valerse de la decimocuarta enmienda para expandir los derechos ciudadanos. Es posible que en ocasiones ello conllevase enfrentamientos ocasionales con el legislativo, pero el juez ni ha de responder ante éste ni tiene otra misión que la de proteger a los ciudadanos frente a los eventuales abusos del poder. Otro ejemplo de activismo judicial es el que tuvo lugar en la época de Earl Warren, bajo cuyo mandato al frente del Tribunal Supremo se consagraron muchos derechos que, desde el punto de vista del derecho positivo, no se encontraban en la Constitución garantizados de forma expresa, sino que se extrajeron implícitamente de los principios garantizados en la misma.

Frente al activismo judicial, está el judicial restrain, según la cual la misión del juez es aplicar el derecho tal y como ha sido aprobado, y que muchos conflictos que se someten para enjuiciamiento a los tribunales no son de naturaleza judicial, sino política, siendo los órganos correspondientes (legislativos y ejecutivos) quienes han de resolverlos. Es una postura evidentemente mucho más cómoda, pues excluye de raíz todo conflicto con los otros dos poderes. Paradigma de judicial restrain es Oliver Wendell Holmes, quien llegó a decir: “si mis compatriotas quieren irse al infierno, mi deber sería ayudarles.” Pero claro, tiene sus inconvenientes, como cuando el propio Holmes (en coherencia con su filosofía) avaló en el caso Buck v. Bell la constitucionalidad de una ley virginiana que acordó la esterilización de las personas discapacitadas, con la célebre frase: “tres generaciones de incapaces son suficiente”.

Barrett es claramente partidaria del judicial restrain. Ello no quiere decir que lo sea al nivel de Holmes, puesto que si el texto de una ley es claro y de la interpretación “originalista” de la norma se extrae que la misma es contraria a la Constitución, el deber del juez es declarar la inconstitucionalidad de la misma, y no efectuar “lecturas” o interpretaciones “creativas” forzando la interpretación hasta extremos que el propio texto legal interpretado rechaza. La propia Barrett ha criticado en un artículo (al que nos hemos referido en otro post) al propio chief justice Roberts por actual de tal manera en el caso National Federation of Independent Busines v. Sebelius por forzar la interpretación de la ley para salvar la constitucionalidad de la reforma sanitaria auspiciada por Obama.

Momento temporal de la propuesta.- Es el único punto donde los críticos pueden tener razón, pero la crítica no es en puridad contra Barrett, sino contra los republicanos por falta de coherencia interna.

En efecto, cuando Antonin Scalia falleció en febrero de 2016, el presidente Obama, tras unas semanas de respetuoso luto por el juez fallecido, propuso en marzo de ese año a Merrick Garland como candidato a cubrir la vacante. Los republicanos, que dominaban el Senado, rehusaron siquiera tramitar la propuesta alegando que, dado que se estaba en un año electoral, debía ser el presidente electo quien tuviese la facultad de realizar dicha propuesta. Ahora, esa misma tesis, como un boomerang, se les vuelve en contra, en cuanto Donald Trump propone a Barrett cuando apenas restan dos meses para los comicios. Por tanto, quienes invocan falta de coherencia y de respeto a los actos propios, llevan toda la razón.

Pero lo cierto es que los republicanos no tenían razón en 2016, y tenían en su mano el tramitar la propuesta y rechazarla, con lo que agotarían el plazo necesario hasta la celebración de los comicios. Algo parecido a lo que ocurrió en 1968 cuando Earl Warren, temiendo que Richard Nixon resultase vencedor en los comicios presidenciales de ese año, dimitió para que fuese Lyndon Johnson quien eligiese a su sucesor. La jugada le salió rana, porque si bien Johnson propuso a Abe Fortas como chief justice, el Senado tramitó la propuesta, pero dilató los procedimientos dando tiempo a que se celebrasen los comicios, frustrando el plan de Warren. Fortas, por cierto, se vería obligado a dimitir al hacerse público en 1969 que había recibido regularmente dinero de una institución a la que asesoraba.

Pero desde el punto de vista jurídico nada impide no ya que un presidente a quien le queden escasas semanas de mandato, sino incluso un presidente en funciones pueda efectuar nombramientos. Si no, que se lo digan a John Marshall, figura que, aun mitificada en exceso, continúa siendo descrito como el “gran” chief justice. Pues bien, Marshall fue propuesto por un presidente en funciones y ratificado por un Senado en funciones, justo cuatro semanas antes de que tomase posesión un nuevo presidente de unas tendencias políticas distintas al que lo propuso y que el Senado iniciase un nuevo periodo de sesiones con una mayoría distinta.  

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