SELECCIÓN DE JUECES PARA EL TRIBUNAL SUPREMO: PUBLICIDAD ESTADOUNIDENSE v OPACIDAD ESPAÑOLA.

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Hoy 12 de octubre de 2020 dan comienzo en el Comité Judicial del Senado las audiencias (hearings) que forman parte del procedimiento de confirmación de Amy Coney Barrett como juez del Tribunal Supremo. Tales audiencias, que son públicas y transmitidas en directo, integran la segunda parte del procedimiento de confirmación senatorial de un candidato a juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, procedimiento que cabría describirse utilizando el estribillo del celebérrimo tema de Lynn Anderson: “Nunca te prometí un jardín de rosas”. En efecto, a diferencia de lo que ocurre con los nombramientos para el máximo órgano judicial español, caracterizados por la opacidad y gestación en las covachuelas y donde el Consejo General del Poder Judicial actúa con un oscurantismo digno de los misterios órficos, el procedimiento de confirmación de un juez federal en Estados Unidos no sólo es público, sino que desde el primer momento cualquier individuo tiene acceso a toda la información obrante en el expediente, que, además, se vuelca de inmediato en la página web de la Cámara Alta. Así, el ciudadano medio puede conocer todo sobre el futuro juez federal.

En primer lugar, el Comité Judicial del Senado remite al candidato un cuestionario estándar donde ha de desgranar su vida no sólo profesional, sino personal. Aplicado a Amy Coney Barrett, podemos tener a la vista su amplio currículum y su dilatada y meritoria trayectoria profesional, que los nefastos y lamentables medios de comunicación españoles han despachado en apenas una palabra motejando a la juez de “ultraconservadora”.  En la respuesta a este cuestionario estándar, Barrett ha tenido que utilizar treinta y una páginas, de las cuales cabe extraer lo siguientes (el interesado puede consultar el documento íntegro en este enlace):

1.- Datos personales: Amy Coney Barrett (cuyo nombre de soltera era Amy Vivian Coney) nació en 1972 en Nueva Orleans, Luisiana. Su dirección profesional en la actualidad es Notre Dame Law School, 3165 Eck Hall of Law, Notre Dame, Indiana.

2.- Datos formativos: Estudió en el Rhodes College entre 1990 y 1994, donde se graduó en 1994, y cursó estudios jurídicos en Notre Dame Law School, entre 1994 y 1997, licenciándose summa cum laude en 1997.

3.- Admisión para el ejercicio de la abogacía. Fue admitida en la abogacía de Virginia en 2000, y en la del Distrito de Columbia un año más tarde, en 2001.

4.- Experiencia profesional. Dentro de este apartado pueden distinguirse diferentes fases, aunque en la contestación que Barret efectúa no vienen clasificadas de esta forma:

4.1.- Trabajo en prácticas durante la formación académica.

Entre 1994 y 1997, todos los veranos Barret efectuó prácticas profesionales, en concreto en Phelps Dunbar LLP (años 1994 y 1995), Liskow & Lewis (1995), en la propia Notre Dame Law School (1995-1996), Stone Pigman Walther Wittmann LLC (1996), Liskow & Lewis (1996) y Covington & Burling (1997).

4.2.- Trabajo como asistente jurídica (law clerk) de jueces.

Los alumnos que finalicen la carrera en un puesto muy destacado, tienen la posibilidad de trabajar durante un año como asistentes jurídicos de jueces. Amy Coney Barrett, que finalizó como número uno de su promoción, trabajó durante un año (1998-1999) como asistente jurídica de Laurence H Silberman, juez del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, y otro (1999-2000) desempeñando las mismas funciones para Antonin Scalia, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

4.3.- Experiencia profesional como trabajadora.

En este punto hay que contemplar a su vez tres apartados distintos:

4.3.1.- Ejercicio de la abogacía privada.

Como abogada, trabajó para los bufetes de Miller, Cassidy, Larroca & Lewin L.L. en el periodo 1999-2000, y para Baker Botts LLP en el año 2001. Así pues, cuenta con experiencia profesional como abogada, si bien apenas reducida a un trienio.

4.3.2.- Personal docente e investigador de la Universidad

Desde el año 2001, Barrett orientó su carrera profesional al mundo universitario, impartiendo docencia en la George Washington University Law School (2002-2002), y en Notre Dame Law School (desde 2002 hasta la actualidad).

Es por ello que desde los años 2008 y 2009 forma parte de varios comités integrados en la Asociación de Facultades de Derecho Estadounidenses (en concreto, las secciones de Derecho Constitucional, Proceso Civil, Pruebas, Tribunales Federales, Derecho y Religión, Legislación y Derecho de proceso político y -aspecto éste que seguramente dejará boquiabiertos a los habitualmente indocumentados corresponsales españoles- Mujeres en la Educación Legal). Es más, en la Universidad de Notre Dame forma parte de varios comités, entre ellos el Forum Legal de Mujeres (desde el año 2006 hasta la actualidad), Forum de Justicia Social (durante el bienio 2004-2006)

4.3.3.- Experiencia judicial.

Desde el año 2018 es Juez del Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito Judicial.

4.4.- Publicaciones e intervenciones académicas y oficiales.

4.4.1.- Cuenta con veintiocho publicaciones doctrinales, entre las que destacan Catholic Judges in capital cases (1998), Stare decisis and due process (2003), The supervisory power of the Supreme Court (2006), Countering the majoritarian Difficulty (2017) y Congressional originalism (2017).

4.4.2.- Ha pronunciado numerosas conferencias e intervenido en varios congresos y cursos como ponente. Enumerarlas todas sería imposible, pues ocupan nada menos que nueve páginas del documento que se entregó al Senado.

El verdadero y auténtico “terror” que ha provocado su nominación es la manera que la candidata tiene de acercarse al espinoso asunto de la interpretación constitucional. Frente a quienes efectúan interpretaciones “creativas” o “avanzadas” que, en ocasiones, chocan con la propia dicción del texto interpretado, Amy Corey Barrett ha explicitado cual será su modo de actuar de ser confirmada. Y lo ha hecho en contestación a una pregunta escrita de la senadora Diane Feinstein (la misma siniestra personaje que le espetó en 2018 que “el dogma está arraigado en usted”). Barrett le respondió:

“De ser confirmada, mi aproximación a la hora de resolver una controversia constitucional será en primer lugar consultar los precedentes del Tribunal Supremo y del Séptimo Circuito. Donde el precedente sea de aplicación, el mismo rige el asunto. Si el precedente no es aplicable, interpretaría la Constitución con referencia a su texto, historia y estructura. La teoría básica del originalismo es que la Constitución es una norma y debe ser interpretada como tal. Por ello, cuando su texto sea claro, el juez debe aplicarlo.”

Compárese la amplísima información que, con carácter previo al propio nombramiento se ofrece con la roñosa, cicatera y nula información que ofrece el Consejo General del Poder Judicial a la hora de exponer el currículum de la actual presidenta de la Sala Cuarta. Aclaro que ni es intención ni objetivo de esta entrada cuestionar en modo alguno la capacitación ni la cualificación de la magistrada para ocupar su actual puesto (hemos escogido este caso porque, dado que el núcleo de esta entrada se refiere a una juez estadounidense que opta a un puesto en el Tribunal Supremo, creemos que el término de comparación debe ser lo más cercano posible al original, es decir, una jueza española que opte al Tribunal Supremo), sino que lo que es objeto de crítica expresa es la nula información que ofrece el órgano de gobierno de los jueces no en este, sino en cualquiera de los nombramientos. Juzguen ustedes mismos:

“La relación de la nueva presidenta de la Sala Cuarta con la jurisdicción laboral comenzó en 1974, antes de su ingreso en la Carrera Judicial. Tras aprobar la oposición como secretaria de Magistratura de Trabajo, ejerció como tal en Barcelona, Palencia y Valladolid desde 1974 hasta 1987.

Su primer destino como juez, tras ingresar en la judicatura en 1987, fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Bilbao. Dos años después, fue destinada al Juzgado de lo Social número 1 de Valladolid, donde permaneció hasta 1996, año en el que fue nombrada presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. María Luisa Segoviano ejerció dicho cargo hasta su nombramiento, en 2006, como magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.

Desde el pasado mes de junio, como consecuencia de la jubilación de Jesús Gullón, ejercía como presidenta en funciones de la Sala Cuarta del alto tribunal.”

Como decían en un célebre concurso televisivo: atención, pregunta. ¿Dónde están los documentos que integran el expediente de cobertura de la presidencia de Sala? ¿Por qué no se han colgado en la página web? Compárese la transparencia de un sistema de selección (el norteamericano) y la opacidad de otro (el español, muy coherente con el principio “inquisitivo” entendido como secretismo propio de la inquisición). Nada nuevo bajo el sol

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