A VUELTAS CON LA SELECCIÓN DE JUECES: LOS «TRIBUNALES DEL PUEBLO»

Hace justo ocho años, Jed Handlesman Shugerman publicaba un ensayo titulado The peoples´courts: pursuing judicial Independence in America, en la que abordaba el espinoso asunto de la selección de miembros de la judicatura en los Estados Unidos. Partía el autor de un hecho, cual es que el noventa por ciento de los jueces en los distintos estados que integran los Estados Unidos han de afrontar algún tipo de elección popular para su acceso a los puestos judiciales (en el caso de los jueces federales, su proceso de nombramiento es el previsto en la Constitución federal, es decir, nominación presidencial y ratificación por el Senado). Evidentemente, en el caso de los jueces estatales éstos gozan de una evidente e incuestionable legitimación democrática propia, dado que serían elegidos directamente por la fuente de la soberanía, lo cual impediría que, en caso de veredictos contrarios al ejecutivo o incluso al legislativo se esgrima la ausencia de legitimación popular del estamento judicial. No obstante, en las páginas iniciales del libro se hacía eco de un supuesto real que dejaba explícitas las carencias o inconvenientes del sistema, en tres párrafos que paso a transcribir íntegramente:

“En 2002, un jurado de Virginia Occidental emitió frente a Massey Energy, una compañía minera de dicho estado, un veredicto de 50 millones de dólares por utilizar tácticas ilegales y fraudulentas para forzar a una pequeña empresa, Harman Mining, a salir del mercado. A la vez que Massey apeló tal veredicto en el sistema judicial, su Director Ejecutivo, Don Blackenship, reclutó a Brent Benjamin, un antiguo tesorero estatal sin experiencia judicial alguna, para que se presentase frente al juez Warren McGraw. Blackenship gastó tres millones de dólares (la “parte del león” de los fondos de la campaña de Benjamin) para derrotar al juez Warren McGraw. Gran parte del dinero de Blackenship se destinó a “Por los niños”, una organización creada específicamente para la elección y que bombardeó el estado con anuncios de televisión atacando a McGraw por ser débil frente al crimen y peligroso para los niños. El más destacado afirmaba:

“El juez del Tribunal Supremo Warren McGraw votó para liberar de la cárcel a Tony Arbaugh, una persona que abusó sexualmente de menores. Peor aún, McGraw permitió al convicto violador trabajar de conserje en una escuela de Virginia Occidental. ¿Permitir a un violador de niños ir en libertad? ¿Trabajar en nuestras escuelas? Ese es Warren McGraw, radical juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos [La palabra “radical” en rojo parpadeaba en la pantalla sobre una granulada foto de McGraw].  Warren McGraw. Débil con el crimen. Demasiado peligroso para nuestros chicos.”

La campaña de McGraw carecía de los recursos para hacer frente a tales ataques. Benjamin derrotó a McGraw por un 53% de los votos frente a un 47% y se convirtió en el voto decisivo para anular el veredicto en 2007. Posteriormente, fotografías mostraron a un segundo juez, Spike Maynard, de vacaciones con Blankenship en la Riviera Francesa justo antes de la vista del caso, y también votó a favor de Massey Energy. Bajo presión, Maynard se abstuvo en una nueva vista en 2008, junto con otro juez que había calificado a Blankenship de “payaso” en los medios, acusándole de comprar un asiento en el Tribunal Supremo. Pero Benjamin rehusó abstenerse y emitió nuevamente el voto decisivo para anular nuevamente el veredicto del jurado.

En junio de 2009, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos falló a favor de Caperton, presidente de Harman, frente a Massey Energy, estableciendo por vez primera que un juez elegido debe abstenerse en un asunto que afecte a una empresa que contribuyese con nutridos fondos a su campaña.”

El escenario descrito sonará familiar tanto al lector, como al jurista español, esté o no interesado en el constitucionalismo norteamericano.

Al lector, sin duda alguna le evocará el argumento de la excelente novela, La apelación, escrita por uno de los mejores autores de thrillers ambientados en el mundo jurídico, John Grisham. En ella, el autor toma como base los hechos reales (que básicamente respeta sin más que alterar los nombres de los protagonistas y el lugar de los hechos) para exponer sus reservas sobre el sistema de elección popular de jueces, proponiendo como alternativa el regreso al modelo inglés.

Al jurista familiarizado con el ordenamiento norteamericano la relacionará de forma instantánea con el asunto Caperton et al v. A.T. Massey Coal Co. Inc et al. (556 US 868 [2009]), donde el Tribunal Supremo, por una mayoría de seis votos frente a tres, revocó la sentencia del Tribunal Supremo de Apelaciones del estado de Virginia Occidental. Según el Tribunal Supremo, la implicación del juez Benjamin con una de las partes era tan evidente que su negativa a abstenerse constituía una clara violación del derecho al proceso debido, estableciendo como doctrina jurisprudencial que un juez que debe su cargo a la elección popular debe abstenerse cuando se enfrenta a un caso donde una de las partes es una persona física o jurídica que haya efectuado grandes contribuciones a su campaña. Los votos particulares discrepantes no lo eran tanto en cuanto al caso concreto (dado que aceptaba lo grosero de la implicación en el asunto del juez Benjamin) sino porque la “posibilidad de parcialidad” como causa de abstención era un concepto demasiado genérico que debería ser objeto de más concreción.

Por último, al público español con total seguridad los hechos le evocarán el caso de cierto magistrado que recibió una cantidad de dinero (por cierto, nada despreciable) del presidente de determinada entidad financiera a modo de patrocinio para una serie de conferencias organizadas fuera de nuestras fronteras por el propio juez (a quien, por cierto, también abonó los gastos de estancia) y cuando llegó al juzgado del que éste era titular una querella contra el banquero en cuestión, el juez rehusó abstenerse, siendo así que tramitó el asunto que orientó de forma claramente ventajosa para su antiguo patrocinador.

Lo anterior deja en evidencia las debilidades del sistema de elección popular de jueces, que si bien puede tener la ventaja del otorgarles una legitimación democrática evidente (lo que les blindaría en cierta manera frente a determinados ataques, en cuanto habrían de responder popularmente cada cierto tiempo ante el electorado) lo cierto es que también tiene sus riesgos, puesto que es posible que el juez en ocasiones se incline ante aquéllos a quienes debe el cargo.

Se argumentará que en nuestro país no existe tal riesgo debido a que los jueces no son electos, sino que acceden al cargo tras superar un proceso selectivo. Ahora bien, en el caso de órganos superiores, la última palabra la tiene el Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros sí que deben el puesto a determinadas personas, a quienes lógicamente intentarán complacer en la medida de lo posible siempre, dado que la naturaleza humana es la que es. De ahí que, por utilizar la expresión de diputado cuyo apellido es la más justa y veraz descripción de su naturaleza, la política debería alejar sus “sucias manos” de la Justicia, para, como dijo (y en este caso, con razón) hace casi ocho años un ministro de infausto recuerdo, evitar el bochornoso espectáculo de ver cómo los políticos eligen a los jueces que van a enjuiciar a esos políticos.

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