EL PRESIDENTE NO ES CLIENTE DEL ATTORNEY GENERAL: RAMSEY CLARK Y EL CASO UNITED STATES v. DELLINGER

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Ayer tuve la ocasión de ver la película El juicio de los siete de chicago, dirigida este mismo año 2020 por Aaron Sorkin, y que dramatizaba el célebre caso United States v. Dellinger et al. en su primera instancia, es decir, en el Juzgado Federal de Illinois. El film, aunque con alguna que otra licencia, se acercaba bastante a los hechos, y en el mismo se explicitaban los abusos de una Administración, la de la ciudad de Chicago (encabezada por su alcalde Richard J Daley), corrupta hasta los tuétanos y abusando de sus prerrogativas, y la de Justicia, personificada en el juez federal Julius Hoffman (que en el momento de los hechos contaba nada menos que con setenta y cuatro primaveras en su haber) de quien nada menos el setenta y ocho por ciento de los abogados que ejercían en su juzgado tenían una opinión profesional más que desfavorable. Pero, aunque el film se centra en el juicio principal, en los títulos de crédito finales se informa brevemente que la condena impuesta a los siete fue apelada ante el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito Judicial, que el día 11 de mayo de 1972, en la sentencia United States v. Dellinger et al (472 F.2d 340) revocó en su totalidad las condenas impuestas y acordó la celebración de un nuevo juicio. Nuevo juicio que jamás tuvo lugar porque el gobierno federal rehusó mantener las acusaciones.

Pero lo realmente importante y que llama poderosamente la atención es el momento en que la defensa cita como testigo a Ramsey Clark, por entonces un simple abogado particular, pero que ostentaba la condición de Attorney General de los Estados Unidos en el momento en que habían ocurrido los disturbios que se enjuiciaban. El juez Hoffman, en una maniobra ciertamente extraña que bordeaba la prevaricación, ordenó escuchar al testigo sin la presencia del jurado (figura terminológicamente conocida en el argot procesal estadounidense como voir dire). Cuando Clark hizo referencia a una llamada que recibió del entonces presidente Johnson, y ante la protesta de la acusación en el sentido que ello suponía vulnerar el privilegio de confidencialidad entre abogado y cliente, pese a que el juez Hoffman había admitido la protesta, Clark efectuó una precisión que acarreaba notables consecuencias jurídicas: “El Presidente no es un cliente del Attorney General”, algo que repitió por dos veces. No obstante, Hoffman desestimó la testifical ante el jurado de Clark basándose en que su posición como miembro del gabinete le impedía declarar sobre tales hechos, incluso aunque los mismos no afectasen a una reunión de gabinete, sino a una llamada telefónica.

El Tribuna de Apelaciones del Séptimo Circuito en su sentencia United States v. Dellinger et al, dedicó uno de sus apartados a la “exclusión del testimonio de Ramsey Clark”, propinando un sonoro bofetón al juez Hoffman. He aquí la decisiva e importantísima fundamentación del Tribunal de Apelaciones:

“Encontramos base en una de las alegaciones de la defensa, y la abordamos porque la situación podría surgir de nuevo en el caso de un nuevo juicio.

Los acusados citaron al anterior Attorney General, Ramsey Clark, como testigo en su favor. La defensa del Gobierno temía que la defensa plantease cuestiones a los efectos de obtener testimonio inadmisible y que por razón del puesto de Mr. Clark como antiguo miembro del gabinete y asesor jurídico supremo del gobierno en el momento de los hechos, los letrados defensores podrían tener éxito a la hora de transmitir al jurado impresiones perjudiciales y erróneas.

Por iniciativa de la acusación, el juzgado efectuó un voir dire en ausencia del jurado para determinar si el testimonio que se obtendría podría ser admisible. El juzgado resolvió que la defensa fracasó a la hora de “demostrar que el testigo llevaría a una contribución relevante o material” y aceptó la protesta de la defensa en el sentido de excluir la testifical de Mr. Clark.

El procedimiento seguido es ciertamente inusual. No hemos encontrado un asunto donde un tribunal requiriese a un testigo que no se hubiese opuesto a su citación judicial, a que efectuase una declaración voir dire acerca de la relevancia de preguntas que se le plantearían en el curso ordinario ante la presencia del jurado. Se ha sugerido que pueden existir situaciones que demanden “una declaración previa para evitar posibles abusos”. Creemos que tal desviación del procedimiento ordinario tan sólo puede efectuarse cuando la intención de incurrir en una conducta perjudicial es claramente demostrable.

El juzgado debió haber permitido a Mr. Clark testificar que telefoneó al alcalde Daley en julio de 1968. Una parte importante de la defensa consistía en el argumento que la administración local rehusó plantear alternativas sobre la manifestación y otras ubicaciones, y la rigurosa solución adoptada que siguió contribuyó a la violencia ocurrida. Los acusados ofrecieron testimonio para acreditar que Davis y otros habían intentado sin éxito en numerosas ocasiones contactar con empleados municipales, que sólo cuando a oficina del Servicio de Relaciones de Comunicación en Chicago se vio envuelta después del 8 de julio, se produjo una respuesta de la ciudad, y sólo por personas que carecían de autoridad para otorgar las autorizaciones. La defensa aportó testimonios que el 25 de julio el alcalde se reunió con empleados del Departamento de Justicia de Washington, Wilkins y Pomeroy, tras lo cual los empleados de Washington y el attorney de los Estados Unidos se reunieron con Davis. Mr. Clark en la declaración voir dire declaró haber telefoneado al alcalde Daley antes del 25 de julio, pero después de haber recibido un informe de Wilkins, que había estado en Chicago, y que como resultado de la conversación el alcalde se reunió con Wilkins y Pomeroy. El gobierno no impugna la relevancia de tal hecho. En el contexto de la teoría expuesta por la defensa, podría haber tenido importancia que se hubiese requerido una llamada del Attorney General de los Estados Unidos para forzar al alcalde a negociar con estos grupos. Podría, cuando menos, añadir una dimensión a la versión de los hechos expuestos por la defensa, y por tanto no debió haberse excluido el testimonio.

Este tribunal ha sostenido que cuando un testigo es capaz de ofrecer pruebas materiales relevantes y competentes en cualquier momento del juicio, el hecho que ostente un cargo y por tanto goce de prestigio no le descalifica como testigo ni convierte su testimonio en perjudicial.”

En otras palabras, que lo relevante a la hora de prestar testimonio no radica en los cargos que ostente o hubiese ostentado el testigo, sino que lo decisivo a tener en cuenta es la declaración que va a prestar. Y, aun cuando no se planteó en la apelación porque fue aceptado incluso en instancia, es que el “cliente” del Attorney General no es ni el Presidente de los Estados Unidos, ni tan siquiera el gabinete (una institución ésta que, por cierto, no aparece regulada en la Constitución, sino que su existencia se debe a una práctica iniciada por George Washington en el ecuador de su primer mandato presidencial), sino el pueblo de los Estados Unidos. Un extenso artículo de William R. Daley titulado de forma harto significativa: ¿Quién es el cliente del Attorney General? (publicado en el volumen 87 de la Revista de la Facultad de Derecho de Notre Dame) dedica nada menos que sesenta y cinco nutridas páginas a demostrar (con fundamentos tanto doctrinales como jurisprudenciales) que el verdadero cliente del Attorney General es el pueblo americano, no el Presidente ni ninguna otra de sus instituciones. Convendría que en España tanto la Fiscalía General del Estado como la Abogacía del Estado en nuestro país se grabaran esta máxima a fuego en sus divisas, aunque es ciertamente difícil poner coto a una práctica casi inmemorial de sumisión al ejecutivo, a quien se contempla como el verdadero y auténtico “cliente” a quien se debe sumisión y obediencia ciega.

Por cierto, un dato anecdótico que afecta a Ramsey Clark. Éste fue nombrado Attorney General por el presidente Johnson en marzo de 1967 (es decir, en el ecuador del mandato presidencial) en sustitución de Nicholas Katzenbach, que había sido nombrado Secretario de Estado. La razón por la que se eligió a Clark para el puesto era curiosa. El padre de Ramsey Clark era Thomas Campbell Clark, que curiosamente había ostentado el puesto de Attorney General de los Estados Unidos entre junio de 1945 y julio de 1949 durante el mandato de Harry S. Truman, quien le propuso para el cargo de juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en agosto de 1949, puesto que conservaba en 1967. El nombramiento de Ramsey Clark como nuevo Attorney General podría crear un conflicto de intereses y provocar que en un alto volumen de asuntos el Tribunal Supremo se viese en la práctica reducido a ocho miembros debido a la necesaria abstención de Tom Clark, algo que éste evitó renunciando a su puesto en el Tribunal Supremo para facilitar la designación de su hijo como Attorney General.  Eso era, precisamente, el deseo de Johnson: tener una vacante en el Tribunal Supremo para designar a Thurgood Marshall (el célebre abogado a cuyos esfuerzos se debió la sentencia Brown v. Board of Education of Topeca) como juez del máximo órgano federal estadounidense.

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