SEA JUEZ DE APELACIÓN POR UN MOMENTO: INTERPRETANDO TEXTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD (E IRRESPONSABILIDAD) FEDERAL.

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Hace apenas un par de días llegaba a mis manos el libro Reading law: the interpretation of legal texts, elaborado hace ya ocho años al alimón entre el fallecido Antonin Scalia y Bryan A. Garner, conjuntando así la visión academica de Garner con la vertiente práctica de Scalia. La obra pretende, como su propio título deja ya explícito, acercar al lector a la manera en que debe abordarse la interpretación de textos normativos. Pero lo que me sorprendió es su vibrante comienzo, que no apunta a sesudos principios abstractos ni cuestiones teóricas, sino que atrae de inmediato la atención del lector con un interesantísimo supuesto práctico. Así da comienzo esta interesantísima obra:

“Sea usted juez (juez de apelación) por unos instantes. He aquí su caso. Se ha producido un trágico accidente en un embalse cerca de Nueva Orleans. Han fallecido dos personas recién casadas mientras hacían esquí acuático. Un empleado público federal se encontraba en la parte superior de una torre con vistas el embalse. Pese a ser consciente de que había personas en el embalse, abrió las enormes compuertas para facilitar la salida del agua. No había necesidad alguna para hacerlo, y aun así lo hizo. La fuerza de la corriente provocada absorbió por las compuertas a dos parejas de recién casados, y un miembro de cada una de ellas (el marido en un caso, y la esposa en otro) fallecieron. Los cónyuges supervivientes llevaron a juicio al gobierno federal. Tras la vista, el juez de distrito consideró que las actuaciones del empleado público federal “superaban la negligencia grave” y “constituían el típico ejemplo de muerte y daños resultado de una consciente indiferencia gubernamental hacia la seguridad pública”.

La Ley Federal de Reclamaciones Civiles de 1952 permite ampliamente la mayoría de las acciones de responsabilidad civil frente al gobierno federal, pero excluye de forma expresa las acciones proscritas por la Ley de Control de Anegaciones de 1928, texto este último según el cual: “ninguna responsabilidad de ninguna clase vinculará o recaerá sobre los Estados Unidos por cualquier daño de o por anegaciones o inundaciones en cualquier lugar”. El asunto sujeto a interpretación consiste en determinar si esta inmunidad legal incluye la pérdida de la vida humana.

Los letrados del caso, así como vuestros dos colegas de estrado, os han solicitado considerar los siguientes factores:

1.- Las aguas de de los embalses son “anegaciones” a efectos legales, porque así lo ha establecido el Tribunal Supremo en una sentencia anterior.

2.-  La ley que incluye la inmunidad data de 1928, y la tendencia reciente va en contra de las inmunidades.

3.- El propósito de la ley de 1928 era evitar una oleada de pleitos contra el gobierno federal a consecuencia de las masivas medidas de control de anegaciones adoptadas tras la devastadora inundación de Mississippi en 1927.

4.- La ley de 1928 no ha sido invocada en ningún pleito desde 1942. Uno de vuestros colegas insiste en que ha perdido su vigencia por desuso.

5.- Está claramente aceptado que ese tipo de renuncias a la inmunidad deben ser objeto de interpretación estricta. Quiere decir, como sostiene uno de vuestros colegas, que la excepción de 1928 a la que se refiere la Ley Federal de Reclamaciones Civiles debe ser objeto de interpretación amplia.

6.- Los autos demuestran que los cónyuges supervivientes son personas de recursos modestos, y no consta que los fallecidos estuviesen cubiertos por seguros de vida.

7.- El procedimiento legislativo permite demostrar que la principal preocupación [a la hora de elaborar la ley de 1928] apuntaba a la destrucción por el gobierno federal de tierras de cultivo para crear embalses. No existe ninguna referencia a la pérdida de la vida humana.

8.- Por lo que parece, los redactores de la cláusula de inmunidad [de la ley de 1928], no llegaron a contemplar que llegaría un día donde los embalses se utilizarían con fines recreativos, como viene ocurriendo desde 1950. Uno de vuestros colegas os ha pedido considerar qué habrían establecido los miembros del Congreso de haber redactado dicha norma en la actualidad, dado que piensa que jamás hubieran introducido esa cláusula. Sugiere igualmente que el Congreso nunca hubiera aprobado tal inmunidad en estos tiempos.

9.- La cláusula de inmunidad de la Ley de Control de Anegaciones está redactada con un lenguaje genérico: ninguna responsabilidad de ninguna clase por cualquier daño en cualquier lugar.

Vuestros dos colegas de estrado se encuentran divididos, y tiene usted el voto decisivo. ¿Cómo resolvería el asunto? Y, lo que es más importante, ¿Cómo lo razonaría?”

Parece evidente que razones de justicia material inclinarían por afirmar la existencia de una evidente responsabilidad patrimonial del gobierno federal a consecuencia de la negligente (aun diríamos que con relevancia penal) del empleado federal. Pero existe un inconveniente: aunque con carácter general se admite la responsabilidad patrimonial de los Estados Unidos, la norma habilitante para ello, aprobada en 1952, incluye de forma clara e indubitada una excepción, que es la prevista en la Ley de Anegaciones de 1928, cuyo texto parece blindar al gobierno federal de cualquier tipo de reclamación civil. 

Lo que hace aún más interesante el supuesto es que no se trata de una hipótesis de laboratorio o una ficción práctica creada para atraer la atención del lector. Por desgracia fue un caso muy real al que hubo de enfrentarse el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en su sentencia United States v. James (478 US 597 1986]) hecha pública el 2 de julio de 1986, donde debía resolver una impugnación de los Estados Unidos frente a una sentencia del Tribunal de Apelaciones que le era adversa al reconocer una indemnización a los viudos de las personas trágicamente fallecidas. Pues bien, en una sentencia de la que fue ponente Lewis Powell y que contó con el aval de otros cinco colegas (el chief justice Warren Burger, William Brennan, Byron White, Harry Blackmun y William Rehnquist), el Tribunal Supremo revocó la sentencia y sostuvo la imposibilidad de efectuar reclamación alguna en este caso al proscribirlo de forma expresa la normativa de 1928. El razonamiento no fue otro que primar la interpretación literal sobre la teleológica, algo que concluyó de la siguiente forma:

“Como demuestran los hechos de este caso, uno puede comprender perfectamente por qué el Tribunal de Apelaciones optó por encontrar una vía para sostener la responsabilidad del gobierno por su incuestionada conducta negligente. Pero nuestro papel se limita a verificar la intención del Congreso, y éste raramente habla de forma más clara que lo ha hecho en el precepto de aplicación. Si el mismo ha de modificarse, ello debe efectuarlo el Congreso, no este Tribunal. Por tanto, seguimos el claro lenguaje de la sección 702c de la Ley de 1928 que ha recibido la atenta consideración del Congreso y que ha permanecido inalterada durante casi 60 años, afirmando la inmunidad federal en este tipo de asuntos.”

Es altamente significativo que en el parecer mayoritario coincidiesen los jueces Brennan y Rehnquist, en las antípodas ideológicas. Pero que la cuestión no era en modo alguno pacífica lo demuestra que John Paul Stevens formuló un voto particular discrepante al que se adhirieron Thurgood Marshall y Sandra Day O´Connor, un voto particular, por cierto, que el juez Scalia califica en el libro como “admirable

Tales son, a veces, las dificultades que plantea la interpretación de textos normativos. A ello pretende ayudar la obra mencionada en el párrafo inicial de la presente entrada.

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