LA REGRESIÓN DEL STATUS INDIVIDUAL EN LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE TRÁFICO: DE «CIUDADANO» A «PECHERO» .

Ayer día 21 de noviembre de 2020, el diario El Comercio publicaba en su tirada en papel (aunque la noticia aparece también en la edición digital) una noticia con el siguiente titular: “Villaviciosa externaliza la contratación de policías locales para abaratar costes” (sic). Lo sorprendente no es el titular, sino que el mismo desvirtúa totalmente parte del contenido de la noticia, que había sido adelantada en la edición del 30 de junio de 2020  del mismo periódico y del mismo redactor material (y, por cierto, ilustrada con la misma fotografía, como si no hubiera otra), con un titular mucho más ilustrativo y certero y revelador de las auténtica voluntad subyacente en las autoridades municipales: “Villaviciosa prevé duplicar las multas con la externalización del servicio”. Dado que el texto de ambos artículos, pese a estar separados por casi cinco meses de diferencia, es literalmente idéntico, reproduciremos a continuación los dos últimos párrafos de la noticia publicada ayer:

“En esta misma línea, el Ayuntamiento continúa con el proceso para externalizar la gestión de las multas, a cargo de la Federación Española de Municipios. La Policía Local tramitó el año pasado cerca de 900 infracciones, una cifra «anormalmente» baja para un municipio con una población superior a 14.000 habitantes y que recibe un gran número de turistas y segundos residentes a lo largo del año.

Según las estadísticas del sector, la media normal sería de 300 expedientes por millar de habitantes. En el caso de Villaviciosa, ese número se ve limitado a tan solo 130. En razón de la tipología del municipio, por número de habitantes y el carácter turístico, «se estima razonable fijar al objeto del presente contrato una media anual de 1.800 expedientes». Esto supondría unos ingresos para las arcas municipales superiores a los 45.000 euros.”

Confieso que la lectura de esos dos párrafos me llevó de inmediato tanto a la página web oficial del Instituto Nacional de Estadística como a la del Ayuntamiento de Avilés. En la primera pude comprobar que, en efecto, la población del municipio asturiano es “superior” a catorce mil habitantes, pero tal y como está redactada la noticia puede dar a entender que supera con creces dicha cifra, cuando según datos oficiales a los que cualquiera puede acceder a través del citado Instituto Nacional de Estadística, del padrón municipal a fecha de 1 de enero de 2019 se colige que los vecinos del citado municipio asturiano se elevan a 14.439, es decir, que supera la citada cifra por poco, ya que está más cerca de los catorce que de los quince mil. 

La información relativa al contrato resultó ciertamente algo más ardua, por cuanto el portal de transparencia de la página web municipal deja bastante que desear, dado que en lo referente a las contrataciones se limita a facilitar un enlace a la Plataforma de Contratación del Estado donde constan los perfiles del contratante de cada uno de los órganos municipales. Por lo tanto, la “transparencia” no lo es tanto del Ayuntamiento (que no facilita nada) sino de la Plataforma de Contratación del Estado. Ello permite verificar que existe un expediente de contratación tramitado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento relativo a la “Asistencia técnica y colaboración para la gestión y recaudación voluntaria de las multas de tráfico de la Central de Contratación de la FEMP”, adjudicada a la empresa bilbaína (aunque quien actúa en representación de la misma en la firma del contrato tiene dos apellidos que nada evocan a las vascongadas, sino a otro territorio del nordeste peninsular) Servicio de Colaboración Integral S.L.U. Se trata, por tanto, de un contrato cuyo objeto es el: “servicio de asistencia técnica y colaboración para la gestión y recaudación voluntaria de las multas de tráfico.”

Con todo, la noticia nos deja varias impresiones que, cuando menos, son inquietantes en cuanto revelan la auténtica concepción que la Administración tiene de los ciudadanos a los que teóricamente sirve:

Primero.- Retengan este dato: “Según las estadísticas del sector, la media normal sería de 300 expedientes por millar de habitantes.” En primer lugar, habría que preguntarse qué datos y qué municipios se han tomado para hacer la media, es decir, si se ha calculado únicamente municipios de tamaño similar o se acudió al simple expediente de tomar los datos de todos y hacer la media aritmética mezclando elefantes con pulgas.

No obstante lo que llama poderosamente la atención es el concepto que el municipio tiene de sus vecinos, puesto que estima que nada menos que un tercio de los habitantes son no ya potenciales infractores, sino personas que sin duda cometerán un ilícito administrativo. O eso, o es que hay que tramitar trescientos expedientes por millar de habitantes sí o sí.

Segundo.- Concretemos en relación con el municipio en particular: “La Policía Local tramitó el año pasado cerca de 900 infracciones, una cifra «anormalmente» baja para un municipio con una población superior a 14.000 habitantes[…] En el caso de Villaviciosa, ese número se ve limitado a tan solo 130.” La noticia no especifica si esa limitación se debe a que no se han cursado las denuncias o que si, expedido el correspondiente boletín, naufraga en el pantano de legajos y cartapacios y opera la prescripción. En todo caso, es llamativo que el municipio no celebre el reducido número de sanciones vinculándolo al intachable comportamiento de los vecinos en el estricto cumplimiento de la normativa circulatoria, sino a una irregularidad o falta de diligencia administrativa. Consecuencia: el ciudadano es culpable mientras no se demuestre lo contrario.

Tercero.- Por si lo anterior no fuera ya suficiente, el animus recaudatorio se explicita ya de forma totalmente descarnada e indisimulada: “En razón de la tipología del municipio, por número de habitantes y el carácter turístico, «se estima razonable fijar al objeto del presente contrato una media anual de 1.800 expedientes». Esto supondría unos ingresos para las arcas municipales superiores a los 45.000 euros.” Es decir, que pretende no sólo duplicar el número de sanciones, sino que vincula ese aumento no con un afán disuasorio, sino con la recaudación pura y dura, o, por utilizar la fría prosa administrativo/periodística, con los “ingresos para las arcas municipales.”

Los párrafos anteriores dejan claramente en evidencia que en el ámbito de la circulación la finalidad de las distintas administraciones no es represiva o disuasoria, sino pura, lisa y sencillamente la de obtener ingresos fáciles dadas las draconianas normas circulatorias que rigen. Esto no es nuevo, y ya hace dos décadas la propia Administración del Estado había enseñado ligeramente la patita por debajo de la puerta al interponer un recurso de casación en interés de ley que dio lugar a la Sentencia de 19 de diciembre de 2000 de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictada en recurso 74/2000, en la cual los Servicios Jurídicos del Estado (puesto que a sus integrantes les sienta mal que los letrados se dirijan a ellos con el vocablo “compañeros”, acepto gustoso tal circunstancia y, en contrapartida me niego a referirme a los miembros de dicho cuerpo especial como “abogados”) impugnaron una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Málaga que anulaba la imposición de una sanción al no haberse notificado al interesado la propuesta de resolución. Según la tesis de los servicios jurídicos del Estado: “la eficacia en la imposición y ejecución de las sanciones administrativas estaría notoriamente dificultada de seguirse el criterio sostenido por la sentencia objeto del presente recurso en interés de la Ley.” No se trata, pues, de respetar las garantías de los ciudadanos, sino de garantizar la “imposición y ejecución de las sanciones”, que estaría “notoriamente dificultada” de seguirse el criterio de la sentencia.

Según el maestro Eduardo García de Enterría, uno de los logros de la Revolución Francesa, acta de nacimiento del moderno Derecho Administrativo, fue precisamente el mutar la posición jurídica del individuo, que ascendió de súbdito a ciudadano, terminología ésta que incluso adquiere el rango de derecho positivo en la actual regulación administrativa española, superando la tradicional de “administrado”. Sin embargo, en la última década, primero de forma tibia, ulteriormente de forma más vigorosa y descarnada, aunque nominalmente se mantiene al individuo la consideración de ciudadano, desde el punto de vista material ha pasado a considerársele una simple fuente de ingresos, retrotrayéndolo a la categoría medieval de “pechero”, con tendencia a reducirlo aún más a “siervo de la gleba”. Mientras tanto, la Administración, esa organización vicarial “puesta al servicio de los ciudadanos”, como pudorosamente se describe en casi todas las monografías de la disciplina, se ha convertido en una especie de criatura similar a la creada por Víctor Frankenstein. Y todos los lectores de la clásica obra de Mary Wolstoncraft Shelley conocen perfectamente el coste que tal actuar supuso no sólo para el antiguo estudiante de Ingolstad, sino para todos quienes le rodeaban.

4 comentarios en “LA REGRESIÓN DEL STATUS INDIVIDUAL EN LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE TRÁFICO: DE «CIUDADANO» A «PECHERO» .

  1. misnotasetal

    imaginemos (pura fantasía oiga) que el pliego de condiciones prevé una remuneración a la empresa colaboradora del 2,5% del ingreso hecho en plazo de pago voluntario y respecto al ingreso en vía de apremio será el 5% de la cuota tributaria mas el 60% del recargo y el 100% de las costas…… entonces resultará que «En razón de la tipología del municipio, por número de habitantes y el carácter turístico, «se estima razonable que el 60% de las multas se abonen una vez apremiadas»». ….y sujétame el cubata.

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