VERDADES Y SILENCIOS SOBRE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES ESTADOUNIDENSES DE 2020.

2020 United States of America presidential election. Text design pattern. Vector illustration. Isolated on blue background.

La cobertura que los medios de comunicación españoles han realizado de las elecciones presidenciales y los eventos que han transcurrido con posterioridad ha sido la esperada: desde el punto de la neutralidad informativa, ésta brilló por su ausencia, dado que cuando uno escuchaba los corresponsales daba la impresión de estar oyendo un comunicado del Partido Demócrata. Incluso cierto individuo que no se caracteriza precisamente por su comedimiento a la hora de expresar sus deseos, por una vez tuvo un gesto (ignoramos si voluntario o accidental) de gallardía al afirmar, y cito textualmente: “en este país es la prensa quien declara a un presidente como electo”, lo cual es una verdad solo a medias.

Tengamos claros una serie de datos básicos con carácter general antes de entrar a referirnos a la situación concreta.

Primero.- Sobre los comicios presidenciales en general.

La normativa aplicable en este punto no es otra que el Artículo II de la Constitución y la Sección Tercera, Capítulo Primero del United States Code. Esquematizando, el proceso es el siguiente:

1.1.- Las elecciones presidenciales tienen lugar el primer martes del mes de noviembre (por utilizar la expresión textual que consta en el United States Code: “el martes siguiente al primer lunes de noviembre”), cada cuatro años. Se trata de unos comicios donde el presidente no se elige de forma directa, sino que a quienes se vota es a los compromisarios que, a su vez, elegirán al presidente. Esos compromisarios son elegidos: “por cada estado, en la forma que establezca su legislativo”. Es decir, que en principio sería tan lícito y constitucional que los mismos fuesen nombrados por el Gobernador como que fuese la Asamblea legislativa estatal la encargada de seleccionarlos (método éste, por cierto, que era el más frecuente en la etapa fundacional). Hoy en día, los compromisarios son elegidos directamente por el pueblo de cada estado, en un procedimiento de naturaleza eminentemente estatal, y aplicando normativa estatal.

¿Cuál es el motivo de tan peculiar sistema de elección? El recelo de los padres fundadores a la democracia directa. Por ello, quienes afirman que los Estados Unidos nacieron como una democracia, no tienen ni la menor idea, y basta para acreditar tal circunstancia el discurso que pronunció Edmund Randolph el día 29 de mayo de 1787 para defender el Virginia Plan, donde afirmó (según la anotación de James McHenry): “Nuestro principal peligro radica en las partes democráticas de nuestras constituciones. Considero una máxima incontrovertible que los poderes del estado ejercidos por el pueblo destruyen los otros dos poderes”.

1.2.- Los compromisarios de cada estado se reunirán “el primer lunes tras el segundo miércoles de diciembre” posterior a las elecciones presidenciales, para emitir su voto, certificar el resultado y enviarlo con las formalidades necesarias a la capital, a fin de que los votos compromisarios de los distintos estados sean objeto de recuento en sesión conjunta del Congreso, bajo la supervisión y presidencia del Presidente del Senado.

Por tanto, desde el punto de vista jurídico no existe “presidente electo” hasta que no se ha producido el recuento de voto compromisario. Cosa distinta es que, en la práctica, si los resultados son lo suficientemente elocuentes, el candidato derrotado reconozca la victoria de su rival a través del denominado “concesion speech”, que suele hacerse público una vez se ha felicitado en privado al adversario vencedor. Tan sólo en el año 2000 Al Gore, tras felicitar telefónicamente a Bush, se retractó al ser informado que los resultados en Florida eran tan ajustados que equivalían a un empate técnico, algo que en terminología política estadounidense recibe la denominación “too close to call”.

1.3.- Cualquier candidato puede interponer reclamaciones administrativas y judiciales frente al recuento de voto. Esto no es algo infrecuente ni extraño, sino bastante habitual, si bien tan sólo adquiere relevancia en el caso de elecciones muy reñidas. En principio, al tratarse de procedimientos estatales, han de ser resueltos de conformidad con normativa estatal, sin perjuicio de acceder a la jurisdicción federal siempre que se alegue la vulneración de algún tipo de normativa de tal carácter. Eso sí, la normativa federal establece una fecha o tope máximo para resolver tales controversias: todas ellas han de estar resueltas como máximo seis días antes de la fecha estipulada para la reunión de los compromisarios.

1.4.- En el supuesto que ningún candidato obtenga mayoría de voto compromisario, es decir, que no alcance los 270 votos, de conformidad con lo dispuesto en la Sección Primera del Artículo II, la designación recaería de forma automática en la Cámara de Representantes, mas con una particularidad: el voto no es por cabeza, sino por estado. Quiere ello decir que todos los representantes de un estado habrán de emitir un único voto, debiendo alcanzarse una mayoría de dos tercios de los votos. Quiere decir, a efectos prácticos, que actualmente la Cámara de Representantes emitiría 50 votos, siendo necesario obtener 34 para llegar a la Casa Blanca.

Segundo.- Sobre las impugnaciones de los comicios presidenciales de 2020.

En este punto, conviene hacer referencia a varias cuestiones.

2.1.- Un juez estatal de Pennsylvania adoptó el pasado día 25 como medida cautelar la suspensión del certificado de las elecciones en dicho estado, en tanto no se resuelvan los procedimientos de impugnación planteados. Ello implica dos cuestiones. La primera, que la adopción de una medida cautelar tan extrema implica que existen indicios racionales de irregularidades, puesto que uno de los requisitos exigidos tanto a nivel legal como jurisprudencial para la adopción de la medida es que se aporte un principio de prueba de que la demanda tiene cierta base.

2.2.- En el Juzgado de Distrito de Michigan se sigue el caso King v. Whitmer, y en este punto cualquier lector interesado tiene acceso a la demanda y a los diecinueve documentos aportados junto con la misma, que se pueden consultar en el siguiente enlace. Entre los documentos constan varias declaraciones juradas (affidavits) de personas que atestiguan irregularidades en los procedimientos de recuento, y así, por ejemplo, el documento número tres junto con la demanda aporta numerosas declaraciones (algunas de ellas redactadas de forma manuscrita en libretas y certificadas notarialmente) donde se constatan las irregularidades, y como a personas que cuestionaron las irregularidades se les dificultó e incluso impidió desarrollar su tarea. Una de las deponentes, que fue contratada por Dominion Voting Services para trabajar en el recuento, afirma que un paquete de votos “se contó más de ocho veces” y que cuando informó a su jefe del problema, éste le dijo textualmente que no deseaba escuchar que existían problemas. Se aportan igualmente informes periciales que constatan que el software utilizado para el recuento es susceptible de manipular los resultados.

Una cosa es la credibilidad o valoración que merezcan esas declaraciones, que no es de una, dos o tres personas, sino que alcanzan las decenas) y los informes periciales, aspecto éste en el cual no entramos. Pero otra muy distinta es que los medios de comunicación repitan como papagayos la consigna de que: “no existen pruebas”. De lo que ciertamente no existe prueba alguna es del rigor periodístico e informativo de tales medios, lo que explica el creciente desapego y desconfianza de la población.

En el célebre film Mr. Smith goes to Washington, cuando el senador Jefferson Smith trata de exponer la corrupción de los magnates de su estado cuyos intereses en la Cámara Alta se representa el venal senador Joseph Paine (un magnífico Claude Rains), Smith se ve rodeado por un muro de silencio debido a la genuflexa sumisión de los medios de comunicación a los magnates denunciados. En el enfrentamiento entre ambos senadores que tiene lugar en la Cámara Alta, la prensa, totalmente entregada al corrupto empresario Jim Taylor (genial como siempre el secundario Edward Arnold) llega al punto incluso de impedir en la práctica que un grupo de scouts saque un periódico de barrio por defender al idealista Smith.

Son más que evidentes las similitudes entre Joseph Biden (que a principios de 2018 reconoció ante periodistas que coaccionó al entonces presidente ucraniano para que destituyera al fiscal general de dicho estado) y Joseph Paine, aunque no esperamos que aquél mantenga ese núcleo originario de dignidad que éste atesoraba en el fondo de su antaño noble corazón, y que afloró en los últimos momentos del film, como tampoco pasa desapercibido que los medios de comunicación actuales estén bastante más sometidos a quienes apoyan a Biden que los reflejados en el film lo estaban a los intereses que representaba Jim Taylor. Por el contrario, Donald Trump no puede asimilarse ni de lejos al íntegro y honesto Jefferson Smith, con quien tan sólo comparte la circunstancia de ser un outsider ajeno al establishment («casta» que se diría actualmente) político de Washington. Ahora bien, que el personaje en cuestión sea un estrafalario y que tenga frecuentes salidas de tono y formas impropias o inadecuadas del cargo que desempeña, no debería ser óbice para que los medios cumpliesen con su deber de suministrar información objetiva. Pero ya se sabe, que pedir rigor a los medios de comunicación españoles en todo lo referente a lo acaecido en los Estados Unidos, es como pedir un milagro. Mejor dicho, existen bastantes más posibilidades de que se produzca un milagro de que un español reciba información veraz de los medios patrios en esta materia aunque, bien pensado, esto último no dejaría de ser en sí mismo algo milagroso.

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