TEXAS v. PENNSYLVANIA ET AL: LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES LLEGAN DE NUEVO AL TRIBUNAL SUPREMO O «VEINTE AÑOS DESPUÉS»

Los comicios presidenciales estadounidenses celebrados el pasado mes de noviembre de 2020 han provocado una situación jurídica que, aun cuando expresamente prevista en la Constitución, no sea en la actualidad ciertamente algo habitual: que el Tribunal Supremo actúe como órgano de instancia única o, por utilizar la terminología jurídica norteamericana, ejercite “jurisdicción originaria”. Y esa posibilidad la ofrece el asunto Texas v. Pennsylvania et al, donde el estado de la estrella solitaria ejercita una acción jurídica para que el máximo órgano jurisdiccional se pronuncie sobre la existencia de fraude o no en las elecciones presidenciales. Se trata ciertamente de una demanda atípica, pero ello no la convierte per se en temeraria o cuestionable. 

Trataremos de explicar brevemente la cuestión para los lectores no familiarizados con el argot legal estadounidense, así como para aclarar algunas cuestiones con el objetivo de despejar las dudas que puedan haber ocasionado los corresponsales españoles en los Estados Unidos, cuya labor informativa en esta materia si bien ha estado a la altura de lo que en ellos es frecuente, no es ciertamente la que debería exigirse a un profesional de la información. En esta entrada, utilizaremos el sistema de preguntas y respuestas con la finalidad de exponer la cuestión de forma algo más didáctica.

Primero.- ¿Por qué el asunto llega al Tribunal Supremo sin pasar por los órganos judiciales inferiores?

Al igual que ocurre en nuestro país, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos actúa como órgano de primera y segunda instancia, si bien en terminología procesal estadounidense aquélla recibe la denominación de “jurisdicción originaria” (original jurisdiction) y ésta la de “jurisdicción revisora” (appellate jurisdiction). La delimitación entre ambas viene fijada taxativamente en el Apartado Segundo de la Sección Segunda del Artículo Tercero de la Constitución, y no se basa en la cuantía del pleito o en la autoridad de que procede, sino exclusivamente de la naturaleza del asunto. Dicho precepto constitucional dispone lo siguiente

“En todos los asuntos relativos a Embajadores, otros ministros públicos y cónsules, y aquéllos en los que un estado sea parte, el Tribunal Supremo tendrá jurisdicción originaria. En todos los restantes casos, el Tribunal Supremo tendrá jurisdicción revisora, tanto en cuestiones de derecho como de hecho, con las excepciones, y bajo las regulaciones que el Congreso establezca.”

Quiere ello decir que de las diez materias que la Constitución atribuye a la jurisdicción federal detrayéndola de las estatales (materias que recoge el apartado primero del precepto legal citado), tan sólo aquellos que afecten a autoridades diplomáticas extranjeras o en los que un estado sea parte conocerá el Tribunal Supremo en instancia única. En el resto de supuestos, sólo podrá conocer por vía de recurso, por lo que será necesario agotar las instancias procesales anteriores (juzgados de distrito y Tribunales de Apelación).

En este caso, la parte demandante es un estado, concretamente el estado de Texas, que dirige su acción frente a otros cuatro estados (Pennsylvania, Georgia, Michigan y Wisconsin), por lo que es evidente que nos encontramos ante uno de los supuestos donde el máximo órgano judicial estadounidense tiene jurisdicción originaria.

Segundo.- ¿Puede el Tribunal Supremo inadmitir a trámite el asunto?

En principio, la respuesta es no. En la actualidad, la gran mayoría de los asuntos que llegan al Tribunal Supremo lo hacen a través de la vía del writ of certiorari, cuya admisión es voluntaria y donde el Tribunal Supremo posee una amplísima discrecionalidad. En la práctica, tan sólo se admite un asunto bien cuando sobre una materia existe jurisprudencia contradictoria entre diversos Tribunales de Apelación, teniendo en este caso como objetivo unificar criterios y fijar jurisprudencia (que será de obligado cumplimiento en virtud de órganos inferiores en virtud del principio de stare decisis) o en el supuesto que considere deba fijar interpretación de una normativa federal. No existe en la legislación estadounidense un criterio que establezca cuándo el Tribunal Supremo puede admitir este tipo de asuntos, sino que la tradición no escrita es que el certiorari se admite en el momento que cuatro jueces votan favorablemente a admitir el mismo.

Ahora bien, en los supuestos donde el Tribunal Supremo ejerce jurisdicción originaria dicho órgano carece de discrecionalidad para inadmitirlo a trámite. Podrá rechazar la demanda si la misma adolece de defectos formales, si carece de base (tanto en su vertiente fáctica como jurídica) en la que apoyarse o (y esto es de suma importancia) si considera que el asunto no implica o afecta a la Constitución o a las leyes federales. Pero no puede quitarse el asunto de encima con la misma facilidad que un certiorari, y ello porque la jurisdicción originaria es un imperativo constitucional, mientras que la revisora depende de la normativa legal de desarrollo.

No obstante, en este caso la parte actora se ha curado en salud, y aun cuando en su demanda afirma que: “el demandante cuestiona que este tribunal posea discrecionalidad para rehusar conocer el asunto” ofrece tres motivos para ello, de los cuales llaman la atención los dos últimos: “este Tribunal ha reconocido frecuentemente el extremadamente importante interés nacional en las elecciones presidenciales y la normativa de aplicación a las mismas”, y, añadida a la anterior, que: “no existe ningún otro remedio para que un estado impugne la múltiple gestión defectuosa de las elecciones presidenciales en otro estado”. Por cierto, anécdota curiosa, para justificar esto último el letrado demandante se acoge a un precedente de un tribunal ingles datado en 1774, según el cual, cito textualmente: “si no existe ningún modo de juicio, en ese único supuesto se otorgaría jurisdicción a los Tribunales del rey

Que el Tribunal Supremo ejerza jurisdicción originaria implica una cuestión importantísima a efectos procesales: el órgano jurisdiccional no está limitado a cuestiones jurídicas, sino fácticas.

Tercero.- ¿Qué cuestión plantea el estado de Texas para su resolución?

La cuestión, tal y como la plantea el estado de Texas, es la siguiente:

“Si el Tribunal Supremo debería evitar que Georgia, Michigan, Pennsylvania y Wisconsin certificar los resultados de las elecciones presidenciales del año 2020 porque los cambios en los procedimientos de elección estatales a la luz de la pandemia del COVID-19 vulneran la Constitución”

Observe el lector dos hechos esenciales que deben tenerse muy en cuenta a la hora de enfocar jurídicamente este asunto:

3.1.- Texas liga la cuestión a los cambios en los procedimientos estatales que los cuatro estados frente a los que se entabla el juicio efectuaron, más imputando los cambios o mutaciones no a actos de naturaleza legislativa, sino ejecutiva.

3.2.- Ahora bien, el principal obstáculo a esta cuestión es que si se cuestiona una normativa estatal, en principio se trata de una cuestión ajena a la jurisdicción federal, pues son los órganos judiciales del estado concreto que aprueba la ley cuya validez se impugna los únicos competentes para interpretarla. De ahí que el estado de Texas apunte a que esos cambios efectuados por los estados a nivel no legislativo puedan ser contrarias a la Constitución federal. Y eso sí que es competencia de la jurisdicción federal.

Cuarto.- ¿Es el estado de Texas el único demandante?

Formalmente si, materialmente no. Trataremos de explicarlo.

En la legislación procesal civil española existe lo que jurídicamente se denomina “intervención de sujetos originariamente no demandantes ni demandados”, quienes podrán ser admitidos como tales si acreditan un interés directo y legítimo en el resultado. En el sistema estadounidense existe tal figura con la denominación latina amicus curiae. Pues bien, Donald Trump, lógicamente, se ha apresurado a personarse en la causa alineándose con las pretensiones del estado de Texas, pero no ha sido el único. Nada menos que diecisiete estados (Alabama, Arkansas, Florida, indiana, Kansas, Louisiana, Mississipi, Missouri, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennesee, Utah y Virginia Occidental). Este dato, obviamente, ningún corresponsal español lo ha considerado de interés suficiente como para tan siquiera mencionarlo, lo cual da buena cuenta del rigor de los tantas veces citados “profesionales” a cuyo lado el benemérito repórter Tribulete era un ejemplo de rigor y honestidad periodística

En otras palabras, nos encontramos con que el 36% de los estados que integran la Unión se encuentran en un lado del cuadrilátero, lo cual no es, ciertamente, una cifra nada despreciable, puesto que supera con creces la cuarta parte de los territorios que componen los Estados Unidos.

Quinto.- ¿Cómo justifica el demandante su pretensión?

De dos formas:

5.1.- En primer lugar, trata de convencer al Tribunal Supremo de que posee competencia para resolver esta causa. Esto, en principio, sería la cuestión más fácil, dado que se trata de una controversia en la que un estado es parte y, por tanto, cae de lleno dentro de las previsiones del texto constitucional, como ya hemos tenido ocasión de ver al contestar al segundo interrogante. La cuestión no se plantearía, por tanto, en términos de competencia, sino de legitimación activa. En otras palabras, se trataría de verificar en qué manera afecta al interés del estado de Texas la actuación de los estados de Pennsylvania, Georgia, Michigan y Wisconsin.

Y a ello dedica el actor el apartado II.A.3.a) de su escrito de demanda, rubricado: “el estado demandante ha sufrido un daño de hecho”. En esta ocasión, el demandante entremezcla dos argumentos, uno de los cuales aun cuando presentado de forma aséptica, tiene un hondo calado político. Afirma, en primer lugar, que: “si los estados demandados nombran compromisarios de forma inconstitucional que se oponen a compromisarios nombrados por el estado demandante, ello busca derrotar los intereses del estado demandante.” Pero, en segundo lugar, apunta al peculiar rol que el vicepresidente posee en los Estados Unidos. Recuérdese que el vicepresidente es, constitucionalmente, el encargado de presidir el Senado, cámara de representación estatal, y aunque no posee voto de ordinario, en caso de empate puede inclinar la balanza con el voto de calidad. En una Cámara Alta donde la situación está muy equilibrada, quién ostente la vicepresidencia (sostiene el demandante) es claramente de interés estatal.

También el demandante incide en que no se está ante una cuestión política, aunque obviamente el resultado pueda tener inevitablemente consecuencias de tal naturaleza. Aquí el demandante se apoya, curiosamente, en un precedente emanado de la vituperada época Warren, en concreto el célebre Baker v. Carr, donde el Tribunal Supremo rechazó que los asuntos referentes a los comicios fuesen de naturaleza política y, por tanto, podían ser perfectamente judicializados.

5.2.- Salvado el primer escollo, ha de entrarse ya en el fondo, es decir, aportar un principio de prueba que permita al Tribunal verificar el el asunto tiene “base”. 

El demandante afirma que los estados demandados vulneraron el texto constitucional. En efecto, la norma jurídica suprema establece que los compromisarios se elegirán: “de la forma que establezca el legislativo” de cada estado. Es decir, que la libertad que la Constitución federal otorga al legislativo en cuanto a forma de elegir los compromisarios es absoluta. Ahora bien, y aquí es donde la demanda incide sobremanera, cuando mediante actos ejecutivos y judiciales del estado se conculca la normativa estatal establecida para la elección de compromisarios, se está a su vez vulnerando la constitución federal. Por utilizar palabras de la demanda: “Cuando órganos no legislativos estatales y locales, de manera sistémica o intencional no cumplen con las leyes electorales debidamente aprobadas, realizan una actuación que de facto equivale a una modificación no permitida de la ley electoral del estado efectuada por un cargo ejecutivo o judicial.” Tal proceder, según la demanda, “es siempre inconstitucional, pero es particularmente escandalosa cuando elimina las garantías legislativas para la integridad de los comicios.”

Sexto.- ¿Qué posibilidades existen de que la demanda prospere?

En contra de lo que afirman los medios de comunicación españoles (y, en este caso, estadounidenses) existen pruebas más que evidentes de irregularidades en el recuento de votos efectuado en los cuatro estados frente a los que se dirige la demanda, como por ejemplo, condados donde han existido más votos que habitantes, votos por correo emitidos fuera de plazo que se computaron de forma irregular, votos por correo que se antedataron para hacerlos aparecer con fecha anterior; todo esto ha sido acreditado por declaraciones de numerosos testigos. Por tanto, se trataría de verificar si, en primer lugar, dichas irregularidades tuvieron sus consecuencias en el resultado electoral alterándolo y, en segundo lugar, si tal infracción puede reconducirse a la vulneración de un derecho constitucional federal.

Personalmente, tiendo a creer que en este caso el Tribunal Supremo tienda a evitar mancharse demasiado las togas en un asunto políticamente espinoso. No es que los jueces norteamericanos rehúsen coger el toro por los cuernos y, en ocasiones, dictar resoluciones de las que son plenamente conscientes no agradarán a los medios de comunicación, que parecen haberse convertido un auténtico foro judicial paralelo mucho más decisivo que aquél, aunque sin el rigor de la fase probatoria ni procedimental. Pero es dudoso que el máximo órgano judicial desee repetir la experiencia de hace veinte años, cuando al resolver el asunto Bush v. Gore sufrió una merma en su prestigio de la que aún no ha logrado recuperarse del todo. Conste que dicha sentencia, en nuestro país, es tan citada como poco leída, pues muchos de quienes la someten a crítica parecen no estar familiarizados por la misma pues, para empezar, ninguno de los magistrados cuestionó que el estado de Florida había conculcado el principio de igualdad de trato en el voto (al dar por válido en una mesa un voto que en otra era considerado nulo) lo que, por cierto, no siempre benefició al candidato republicano. 

El demandante es perfecto conocedor de tal circunstancia y, por ello, ofrece una vía de escape al Tribunal Supremo, y que le evitaría el coste sufrido en el año 2000. En tal ocasión, la estimación de la demanda de Bush implicaba otorgar los votos compromisarios de Florida a éste y, en la práctica, otorgarle automáticamente la mayoría de votos en el Colegio Electoral, lo que suponía llegar de forma automática a la Casa Blanca. Por el contrario, en este caso se solicita que se impida a los cuatro estados que certifiquen la victoria electoral de Joseph Biden. La situación que se produciría sería muy distinta. En tal supuesto, dado que ninguno de los dos candidatos obtendría la mayoría de voto compromisario, la elección recaería de forma automática en la Cámara de Representantes. El Tribunal Supremo podría argumentar, en ese caso, que sería una “rama política” (denominación con la que los órganos judiciales estadounidenses suelen calificar a los poderes legislativo y ejecutivo) quien decidiría finalmente la cuestión.

Carlos Gardel decía en su célebre tango aquello de «veinte años no es nada«, si bien Alejandro Dumas no opinaba lo mismo, pues en su novela «Veinte años después«, el cuarteto protagonista de «Los tres mosqueteros» mantenía incólumes sus valores, gallardía y vitalidad de antaño, el paso del tiempo hacía mella en ellos. Es cierto que de los nueve jueces que componían el Tribunal Supremo en la época que hubo de enfrentarse al caso Bush v. Gore tan sólo dos (Clarence Thomas y Stephen Breyer) permanecen en la institución. Pero no es menos cierto que ninguno de quienes ahora integran la institución desearía sufrir no ya personal, sino institucionalmente un deterioro como el que supuso para el máximo órgano judicial su intervención en un asunto tan delicado y explosivo.

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