TEXAS v PENNSYLVANIA: EL TRIBUNAL SUPREMO SE «HISPANIZA» PARA INADMITIR A TRÁMITE LA DEMANDA

Comenzábamos el antepenúltimo párrafo de nuestra anterior entrada con la siguiente afirmación, referida a las posibilidades que tenía el asunto Texas v. Pennsylvania en cuanto a su futuro procesal: “Personalmente, tiendo a creer que en este caso el Tribunal Supremo tienda a evitar mancharse demasiado las togas en un asunto políticamente espinoso.” Pues bien, los hechos acaban de darnos la razón. Ayer viernes día 11 de diciembre de 2020 el máximo órgano judicial estadounidense alejó de sí el asunto con un breve párrafo de cinco líneas y media, al que sigue otro que explicita el parecer discrepante de dos magistrados. No es (como seguramente se venderá en nuestro país) que el Tribunal Supremo quite la razón al estado de Texas o al presidente Donald Trump como interviniente adhesivo, sino que ni tan siquiera admite a trámite el asunto. La resolución en concreto es la siguiente:

“TEXAS v. PENNSYLVANIA, ET AL

La solicitud del estado de Texas para la admisión de su demanda se deniega por falta de base de conformidad con el Artículo III de la constitución. Texas no ha acreditado la existencia de interés legítimo en lo referente a la forma en que otro estado gestiona sus elecciones. Las restantes mociones pendientes se rechazan como simples conjeturas.

Declaración del Juez Alito, a quien se une el juez Thomas: A mi parecer, carecemos de discrecionalidad para denegar la admisión a trámite de una demanda en un caso que entra dentro de nuestra jurisdicción originaria. Vid. Arizona v. California 589 US (Feb. 24, 2020) (voto particular de Thomas, J.). Por tanto, yo hubiera admitido a trámite la demanda, pero no otorgaría ningún otro remedio, ni expresaría mi parecer sobre cualquier otra cuestión.”

Dicho sea con todos los respetos, creo que el Tribunal Supremo, a la hora de resolver este asunto, se ha “hispanizado”. En efecto, cualquier persona que en el ejercicio diario de su profesión está en familiarizada con el actuar de los órganos judiciales españoles, podrá comprobar que cuando un órgano rechaza una petición siendo consciente que la misma tiene base, suele despacharla con tan sólo seis palabras: “No ha lugar a lo solicitado”, sin explicación alguna, de forma similar a cuando nuestros progenitores, al proscribirnos determinadas conductas en nuestra infancia, se limitaban a fruncir el ceño y entonar las cuatro temidas palabras: “Porque no. Y punto”, ante lo cual incluso el más tierno infante era consciente que sus mayores ejercitaban la autoridad paternal omnímoda careciendo de motivaciones objetivas para la proscripción. Pues bien, en este caso, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, dicho sea con todos los respetos, ha decidido emular la citada corruptela de los órganos españoles. Y ello por dos poderosísimos motivos:

Primero.- El Tribunal ejercita la discrecionalidad para inadmitir a trámite un asunto, propia y exclusiva del writ of certiorari, para un asunto donde la propia Constitución le atribuye la competencia de enjuiciamiento. En este sentido apunta el voto particular de los jueces Alito y Thomas, a mi entender totalmente acertado.

En efecto, si se repasa el Artículo III de la Constitución podrá comprobarse sin mucha dificultad que el texto constitucional atribuye al Tribunal Supremo la competencia de enjuiciamiento como órgano de instancia en dos asuntos (los relativos a embajadores o representantes diplomáticos y aquéllos otros en los que un estado es parte) y como órgano revisor (es decir, de apelación) en los restantes, si bien en este último caso se especifica: “con las excepciones, y bajo las regulaciones que el Congreso establezca.” Ello implica que la Constitución permite al Congreso no sólo limitar, sino incluso excluir la jurisdicción revisora del Tribunal Supremo, y es lo que el órgano legislativo ha efectuado a la hora de regular el writ of certiorari, donde otorga al Tribunal Supremo una discrecionalidad absoluta a la hora de decidir si admite a trámite o no un asunto.

Ahora bien, esa discrecionalidad no opera en los asuntos donde el Tribunal Supremo actúa como órgano de instancia, cuya admisión a trámite deviene en obligada. Buena prueba de ello es que la delimitación de la jurisdicción originaria y revisora se hace en frases distintas, por lo que la expresión: “con las excepciones y bajo las regulaciones que el Congreso establezca” se refieren única y exclusivamente a la jurisdicción revisora.

Tienen razón, por tanto, los jueces Alito y Thomas a la hora de afirmar que el Tribunal Supremo carece de discrecionalidad para inadmitir a trámite el asunto, por lo que debía haberse dado curso al mismo.

Ahora bien, lo anterior no implica necesariamente que en cuanto al fondo la razón se inclinase hacia la parte demandante. Tan sólo implica que el asunto debiera haberse admitido a trámite y resolverse mediante sentencia.

Segundo.- La causa de inadmisión a trámite se fundamenta en la carencia de interés legítimo, es decir, en una falta de legitimación activa. Ahora bien, la legitimación, aun cuando se trata de una excepción procesal, es algo que ha de decidirse en sentencia, no en un incidente de inadmisión. 

Ahora bien, ni se estaba en un asunto ordinario ni las circunstancias exigían un sacrificio heroico y, como augurábamos, el Tribunal Supremo se ha limitado a apartar de sí el amargo cáliz que se le presentaba, que no hubo de apurar hasta las heces toda vez que dicho órgano, al ostentar la condición de “Supremo”, carecía de superior que pudiere exigirle el comportamiento sacrificial. 

En las elecciones presidenciales celebradas en noviembre del año 1960, el senador demócrata John Fitzgerald Kennedy se impuso al candidato republicano, el entonces vicepresidente Richard Nixon. El fraude electoral en varios estados, en concreto Texas (de donde procedía Lyndon B. Johnson, el running mate de Kennedy) y, sobre todo, en Chicago, fue tan brutal que hoy en día nadie cuestiona que el demócrata llegó a la Casa Blanca debido a una manipulación electoral en ambos estados, todo ello unido al inmenso caudal con el que el patriarca Joseph Patrick Kennedy regó a los medios de comunicación a fin de que estos fuesen ciertamente sensibles al retoño de la familia. A la manipulación electoral se unió la mentira flagrante, puesto que hubo de comprarse literalmente a un facultativo (nuevamente el patriarca de la familia se encargó de estos menesteres) para que certificase una perfecta salud del candidato demócrata que no era tal, puesto que padecía graves dolencias que, de haber salido a la luz, hubieran mermado sonoramente sus posibilidades. El haber fallecido a una edad temprana y en trágicas circunstancias convirtió a John F. Kennedy (al igual que todos los que pasan a mejor vida en tales circunstancias) en un mito, desplazando al hombre, y por tanto, las siniestras circunstancias en las que accedió al poder se ocultaron a favor de la imagen de un hombre familiar, católico y cercano al pueblo cuando la realidad era bien distinta. En 2020 se ha repetido exactamente la situación, si bien, como decía el célebre aserto de Carlos Marx a la hora de describir la figura de Luis Napoleón, si la historia se repite, lo que en la primera ocasión se presentaba como una tragedia, en la segunda lo hacía como una farsa.

Es muy posible que quien esto suscribe se equivoque, pero no auguro al futuro presidente Joseph Biden un mandato largo, y, si me apuran, creo que no llegará ni tan siquiera a diciembre de 2021. El hecho de que sus facultades mentales estén notablemente reducidas (hecho éste que, aunque ocultado sistemáticamente por los medios, es evidente para cualquiera que haya seguido sus intervenciones en los últimos años) y que posea varios esqueletos en su armario, como la evidente e innegable corrupción que le rodea y, sobre todo, varios escándalos de comportamiento sexual inapropiado (sobre los que, de forma nada sorprendente, la prensa ha corrido un tupido manto de silencio inversamente proporcional al desplegado frente a Trump) son el caldo de cultivo para que Biden sea desplazado incluso por fuego amigo. No en vano, el esposo de la futura vicepresidenta Kamala Harris se ha referido a la misma en público, y de forma descarada, como: “la próxima presidenta de Estados Unidos.”

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