TRES BOFETONES JURÍDICOS Y UN CAPÓN DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO TRES DE OVIEDO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO A CUENTA DE LAS SANCIONES DERIVADAS DEL ESTADO DE ALARMA.

La recentísima Sentencia 147/2020 de 9 de noviembre del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres de Oviedo dictada en autos de Procedimiento Abreviado 223/2020 propina un sonoro varapalo a la Administración del Estado a cuenta de las sanciones impuestas por dicha entidad a cuenta del estado de alarma. No es destacable ni novedoso el hecho de que la citada resolución judicial estime la demanda interpuesta por un ciudadano frente a la sanción impuesta, por cuanto ese camino ya había sido transitado previamente por otros órganos jurisdiccionales. Lo que llama la atención poderosamente son los durísimos términos con los que el Juzgado califica el proceder de la Administración, términos que, dicho sea de paso, son total, absoluta e indubitadamente merecidos; y si llama la atención no es por lo inmerecido de esos calificativos, sino por el hecho de que lamentablemente los jueces del orden contencioso-administrativo no suelen ser tan claros y directos a la hora de sacar los colores a los abusos de los entes públicos, sino que incluso cuando les privan de la razón tienden a dulcificar o incluso excusar en cierta medida los mismos.

Para ello, se ofrecerá en la presente entrada una visión jurídica general de la situación para, ulteriormente, centrarla en el caso concreto.

Primero.- Sanciones administrativas a cuenta de la declaración del estado de alarma.

El confinamiento domiciliario acordado mediante Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, orillando las dudas jurídicas que suscita la adopción de tal medida utilizando dicho instrumento (pues, sin cuestionar en estos instantes la necesidad del meritado confinamiento, al implicar una suspensión -no una simple limitación- de los derechos fundamentales hubiera debido adoptarse mediante el estado de excepción, y no el de alarma), ofreció a las distintas Administraciones una oportunidad de oro para que, aprovechando que el Pisuerga del COVID pasaba por el Valladolid de la necesidad de fondos, utilizar dicha situación para obtener ingresos públicos con los que llenar las maltrechas arcas de los distintos entes públicos.

Que el Gobierno utilizase el estado de alarma pese a no ser el instrumento jurídico adecuado para imponer la medida acordada no fue un movimiento inocente. De haberse declarado, como hubiera sido lo procedente desde el punto de vista jurídico, el estado de excepción éste no sólo hubiera debido ser autorizado previamente y ya ab initio por las Cortes, sino que en el Real Decreto por el que se declarase hubiera debido fijarse claramente: “la cuantía máxima de las sanciones pecuniarias que la Autoridad gubernativa esté autorizada para imponer, en su caso, a quienes contravengan las disposiciones que dicte durante el estado de excepción”, como de forma imperativa exige el artículo 13.2.d) de la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio. En vez de eso, el artículo 20 del Real Decreto 463/2020 se remitió a la normativa sancionadora ordinaria en los siguientes términos: “El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes, en los términos establecidos en el artículo diez de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.”

Los propios Servicios Jurídicos del Estado hubieron de efectuar un encaje de bolillos para reconducir la situación y así, en un Informe fechado el día 2 de abril de 2020, la Abogado del Estado Jefe afirmaba que el incumplimiento de las limitaciones impuestas “puede tener encaje” (sic) en la Ley Orgánica 4/2015. No deja de ser curioso el uso del vocablo “puede” en cuanto ya enarbola el pabellón de la duda, que no es posible en derecho sancionador. No obstante, la duda consistía en si el comportamiento sancionable era la simple “desobediencia” al Real Decreto o, por el contrario, el no cumplimentar una orden directa de las fuerzas y cuerpos de seguridad. El informe era sumamente clarificador a este respecto, pues afirmaba:

“Así las cosas, el mero incumplimiento de las limitaciones o restricciones impuestas durante el estado de alarma no puede ser calificado automáticamente como infracción de desobediencia del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015. Dicha infracción concurrirá cuando, habiendo incumplido el particular las limitaciones del estado de alarma, sea requerido para su cumplimiento por un agente de la autoridad, y el particular desatienda dicho requerimiento.”

En otras palabras, que los propios Servicios Jurídicos del Estado afirman que no es posible calificar de desobediencia el simple tránsito por las vías públicas, sino que lo sancionable es el no cumplimentar una orden directa de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Insistimos, esta afirmación se contiene en un Informe fechado el 2 de abril de 2020 emanado del Cuerpo de Funcionarios encargado del asesoramiento y defensa de la Administración General del Estado.

No obstante, las distintas Administraciones, y entre ellas la propia Administración del Estado, actuaron como los tres célebres simios (no veo, no oigo, no digo) y procedieron a sancionar como desobediencia no la renuencia a cumplir las órdenes directas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sino el simple tránsito por la vía pública. A fin de cuentas, «la pela es la pela«, y unos centimillos por aquí, unos euros por allá, contando con que de diez sanciones sólo se impugne una, pues más dinero para las arcas.

Insistimos, no se está poniendo en cuestión la necesidad del confinamiento domiciliario, sino la adecuación del instrumento jurídico utilizado. Y precisamente las dificultades a la hora de sancionar tienen su origen en este vicio inicial, pues de haberse declarado (como era lo procedente) el estado de excepción, sí podría sancionarse el simple tránsito por la vía pública.

Ante tal situación, se produce la situación resuelta por la sentencia a la que hacíamos referencia en el párrafo inicial.

Segundo.- Sentencia 147/2020 de 9 de noviembre del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres de Oviedo.

2.1.- Hechos determinantes.

Los hechos se remontan al día 22 de marzo de 2020, cuando agentes del Cuerpo Nacional de Policía denuncian a una ciudadana que transitaba por una vía pública en la ciudad de Avilés, calificando dicho comportamiento como una infracción grave e imponiéndole una multa de seiscientos euros. Importa señalar que no se sanciona el incumplimiento de una orden directa de los agentes, sino el simple hecho de transitar por la calle.

2.2.- Razonamiento de la sentencia: tres bofetones y un pescozón.

Lo cierto es que la resolución judicial es muy amplia, fundamentada y estructuralmente impecable, dado que incluso en los fundamentos jurídicos rotula cada uno de ellos con el tema abordado. Si alguna objeción (anecdótica o mínima y limitada a un punto de vista estrictamente formal) puede hacérsele a la citada sentencia es que el fundamento jurídico segundo estaría mejor encuadrado en los antecedentes de hecho o en un apartado de hechos probados que en los razonamientos jurídicos propiamente dichos, dado que la rúbrica del mismo es precisamente “sobre los hechos que resultan del expediente administrativo” y el mismo principia con las siguientes palabras: “Son hechos que resultan acreditados…”.

Tras razonar que el pago voluntario con reducción del 50% no impide acceder a la vía judicial (puesto que legalmente lo que implica tal abono es tan sólo conformidad con los hechos, la renuncia a presentar alegaciones y la finalización automática del procedimiento) siempre y cuando la misma quede circunscrita a un debate estrictamente jurídico y no fáctico (puesto que la conformidad se ciñe a los hechos, no a las consecuencias jurídicas que la Administración extrae de los mismos), el fundamento jurídico cuarto entra de lleno a resolver el núcleo de la controversia.

El juez transcribe de forma literal los artículos 36.6 de la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, de Seguridad Ciudadana, el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio reguladora de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, así como los artículos 7 y 20 del Real Decreto 463/2020 de 13 de marzo declarando el estado de alarma.

2.2.1.- Primer bofetón: inexistencia de régimen sancionador específico.

Tras explicitar el marco jurídico aplicable, llega la sorpresa agradable al lector cuando a la Administración demandada se le propina un sonoro bofetón jurídico en los siguientes términos:

En primer lugar, se ha de recordar a la Administración del Estado que el RD 463/2020 no establece, como sería lo correcto desde un punto de vista jurídico a los efectos del ejercicio de la potestad sancionadora, un cuadro de infracciones y sanciones, sino que se remite, en lo que al régimen sancionador se refiere, a lo previsto en otras leyes (art. 20). Por tanto, el régimen sancionador es exactamente el mismo en estado de alarma que el vigente cuando no está declarada la alarma.

Pues bien, no existe ninguna norma, por mucho que se empeñen los Agentes denunciantes primero (carnet profesional NUM001 y NUM002) y la Administración después, que sancione una supuesta limitación a la libertad de circulación, que en nuestro ordenamiento jurídico se configura como un Derecho Fundamental.

Se evidencia, en la actitud de los Agentes de la Policía Nacional, al formular una denuncia como la que ha dado lugar a este expediente, el más absoluto desprecio por los derechos fundamentales de la Sra. Lidia, a quien llegan a denunciar por desobediencia, cuando es lo cierto que resulta ignoto el mandato que la actora desobedeció”

Es decir, que la Administración General del Estado ha actuado con un “absoluto desprecio” por los derechos fundamentales de una ciudadana.

2.2.2.- Segundo bofetón jurídico: desprecio a los principios generales del ius puniendi.

Tras la sorpresa que conlleva una desautorización en términos tan rotundos, uno no puede más que alabar la valentía del juzgador cuando, una vez transcritas las definiciones legales de los términos “desobediencia” y “resistencia” a los efectos de la Ley Orgánica 1/2015, propina el segundo bofetón jurídico a la Administración del Estado, a quien se imputa un “flagrante desconocimiento” de los principios que rigen el ius puniendi:

Pues bien, en este caso, ni por lo más remoto consta que la Sra. Lidia desobedeciese orden legítima dada por los Agente denunciantes,

Esta forma de actuar por parte de la Administración y sus Agentes evidencia un flagrante desconocimiento de los principios que rigen el derecho penal, y por derivación el derecho administrativo sancionador, y es que, cabe preguntarse en qué punto del relato de hechos se dice que la denunciada no abandonara el lugar, y la respuesta es que en ninguno, y ello por la simple razón de que la Sra. Lidia, lo abandonó.

En definitiva, no se cumple los principios del tipo penal (art. 36.6 de la LO 4/2015 (LA LEY 4997/2015)), pues no se desobedeció ninguna orden y mucho menos legítima: no resulta acreditado que el denunciando permaneciera en lugar, por lo que no cabe la imposición de sanción alguna.”

En otras palabras, que la Administración General del Estado prescindió en este caso de los principios más básicos y elementales del Derecho administrativo sancionador.

2.2.3.- Tercer bofetón jurídico: quiebra del estado de Derecho.

El tercer párrafo no tiene desperdicio, porque liga el actuar administrativo nada menos que con la vulneración de uno de los principios estructurales del sistema constitucional español.

“En tercer lugar, y como se ha dicho, para que pueda hablarse de una infracción administrativa de desobediencia la orden debe ser legítima, y es aquí donde se observa nuevamente el abuso de autoridad por porte de los Agentes denunciantes.

Es evidente la arbitrariedad de la Administración al imputar los hechos que se pretenden sancionar, construyendo artificiosamente un relato a todas luces ilegal, abusivo, antijurídico, y situado en las antípodas del Estado de Derecho.

La desobediencia exige un elemento objetivo constituido por una orden dictada por la autoridad dentro de su competencia «ratione materia» y revestida por las formalidades legales. La orden ha de ser expresa, personal, clara y terminante, realizada con todos los apercibimientos legales. No se trata de confundir la desobediencia con omisiones que procedan de error o mala inteligencia”

El párrafo es tan claro y rotundo que sobra todo comentario. Pero es que, además, el propio juzgador constata que el actuar de la Administración no es culposo, sino doloso, es decir, voluntario. Juzgue el lector por sí mismo como finaliza la sentencia:

“En conclusión, la flagrante vulneración al principio de tipicidad resulta tan evidente que incluso es reconocida abiertamente por la Administración. Efectivamente, un pilar del principio de tipicidad es la extensión por analogía, que en nuestro Ordenamiento Jurídico está proscrita en el apartado 4 del artículo 27 de la Ley 40/2015. Sin embargo, en el acto recurrido se aprecia cómo, sin rubor ni disimulo, se busca acomodo en las normas definidoras de las infracciones y sanciones en abierta búsqueda de encajes creativos e imaginativos.

La aplicación de analogía deriva de la remisión a la ley aplicable que se ha efectuado en el decreto de alarma, y que ha resultado ser tan confusa para el ciudadano como para la propia Administración, que en reconocimiento incluso de la inseguridad jurídica vio obligada a dictar por el Ministerio del Interior – Dirección General de la Policía Nacional una nota informativa para aleccionar a sus Agentes sobre la normativa a aplicar en las denuncias formuladas en el estado de alarma.

2.2.4.- Pescozón: imposición de costas sin aplicación del límite del tercio.

La sentencia finaliza imponiendo las costas a la Administración demandada, si bien con una interesantísima precisión:

“No resulta de aplicación el límite del tercio de la cuantía del recurso establecido en el art. 394.3 LECv., por cuanto como declara el ATS de 15 de septiembre de 2020, la aplicación de ese límite, dada la cuantía del recurso, llevaría al reconocimiento de una minuta por cantidades ridículas, en absoluta desproporción con el trabajo profesional desarrollado y la complejidad de este recurso.”

Para el demandante es un logro ciertamente no usual, pues dado que la cuantía del pleito había sido fijada en 300 euros, la Administración hubiera tenido la desvergüenza de pretender que las costas se limitasen tan sólo a cien euros. El juzgador ha sido valiente, pues ha llegado hasta las fronteras que el ordenamiento jurídico-procesal le permite transitar, algo a lo que lamentablemente no muchos compañeros suyos llegan. Para la Administración, no deja de ser un simple pescozón, por cuanto aun cuando no se limite la cuantía al tercio, al tratarse de dinero público nada duele a quienes perpetraron el actuar administrativo, quienes no sufrirán en sus propios bolsillos tal detracción.

Conclusión.-

No es frecuente encontrar una sentencia tan valiente que desautorice en términos tan rotundos y claros un actuar administrativo. Al igual que desde esta bitácora se exponen los requiebros y evasivas del Poder Judicial frente a la Administración, justo es también reflejar las veces en que se tutela claramente los derechos del ciudadano y se evidencian los abusos de los poderes públicos. Personalmente suscribo de la primera a la última línea de la sentencia, e incluso a mi entender, peca de generosa, pues de estar en lugar del juzgador quien suscribe no sólo hubiese declarado de forma expresa la mala fe procesal de la Administración, sino que incluso hubiera dado traslado al Ministerio Fiscal de las actuaciones por si de los hechos se derivase un ilícito penal. No es que el redactor de estas líneas tenga el más mínimo atisbo de fe en el Ministerio Público, pero no hubiera vacilado en adoptar tal medida.

Anuncio publicitario

4 comentarios en “TRES BOFETONES JURÍDICOS Y UN CAPÓN DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO TRES DE OVIEDO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO A CUENTA DE LAS SANCIONES DERIVADAS DEL ESTADO DE ALARMA.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s