JOHN JAY SE ASOMA AL INFORME DE LA JUDICATURA FEDERAL DEL AÑO 2019 PARA ILUSTRAR LOS EFECTOS DEL COVID-19 EN EL MUNDO DE LA JUSTICIA.

Como es habitual, cada 31 de diciembre se hace público el End Year Report (Informe sobre el año judicial) que elabora el Presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en su condición de responsable máximo de la judicatura federal y cabeza visible del tercero de los poderes. En un reducidísimo número de páginas (este año no llega a agotar las siete), trata de exponer la evolución del número de pleitos durante el año judicial finalizado; año judicial que, recordemos, se inicia cada 1 de octubre y finaliza el 30 de diciembre del año siguiente. Cada informe suele estar dedicado monográficamente a un asunto, una vez expuesto cual se ofrece ya la evolución en cifras de los casos tramitados y resueltos por los órganos judiciales de carácter federal en todos los niveles. John Roberts hace uso de una misma estructura en todos los informes elaborados a lo largo de sus ya quince años de mandato: partiendo de un hecho o acontecimiento histórico relacionado con el asunto a tratar, aborda ulteriormente el núcleo de la cuestión, finalizando con una somera evaluación y valoración de las estadísticas. Se trata de informes muy didácticos, bien escritos, asequibles para cualquier potencial lector que no necesariamente ha de estar familiarizado con el argot o el mundo jurídico estadounidense y, sobre todo, es de una extensión que invita a la lectura. Nada que ver, por tanto, con los informes anuales españoles, más destinados al autoconsumo y a disuadir de la lectura que a otra cosa.

El informe hecho público ayer (y que el lector interesado puede consultar aquí) está dedicado, como no podía ser menos, a la pandemia del COVID-19 y a sus efectos sobre el mundo judicial. Pero lo que me ha sorprendido es la aparición en el informe de un personaje muy querido a quien esto suscribe, y que se asoma ya en la segunda línea del documento: nada menos que el primer chief justice, John Jay. Y es que el primer párrafo del informe es el que sigue:

“Doscientos treinta años atrás, nuestro primer Chief Justice, John Jay, convocó al Tribunal Supremo para su sesión inaugural. Sin casos todavía en su agenda, Jay y sus colegas procedieron a recorrer los circuitos. Tal deber, asignado por el Congreso, les requería para viajar a lo largo del joven país y presidir los juicios en los tribunales federales inferiores. Jay asumió, junto a su colega William Cushing, el Circuito Este, que comprendía su estado natal de Nueva York […] América se encontraba en aquellos tiempos bajo una epidemia de gripe y, posteriormente, de fiebre amarilla. Cuando llegó a Hartford, en Connecticut, Jay escribió: “prácticamente cada familia aquí se encuentra enferma de gripe – algunos ancianos han fallecido de ella”. Posteriormente escribió a su mujer Sarah que: “He viajado en algunos días muy desagradables. Todo el país ha estado enfermo, y todavía hay muchos que permanecen así.” El mismo presidente Washington enfermó con una severa gripe ese mes de Mayo. Tres años después, Jay hubo de suspender las sesiones del Tribunal en Filadelfia debido a la epidemia de fiebre amarilla que mató a 5000 de los 50.000 residentes de la ciudad”

Los hechos y las citas son rigurosamente históricos. La primera cita la extrae Roberts de la entrada de Jay en su diario de viaje, en concreto la correspondiente al 26 de abril de 1790, mientras que la segunda se encuentra en la carta que casi un mes más tarde, el 20 de mayo de ese mismo año, Jay dirige a su mujer, Sarah Livingston. En ambos casos se trata de documentos no oficiales, sino estrictamente privados (más aún, ceñidos al ámbito estrictamente familiar) y, por tanto, en principio no destinados a ver la luz pública. No sería la primera vez que Jay se enfrentaría con una epidemia de fiebre amarilla, pues justo un lustro después, cuando no se encontraba en un puesto judicial, sino ejecutivo, como gobernador de Nueva York, hubo de afrontar dicha pandemia en su estado natal. La proclama que como máxima autoridad estatal hizo pública el 13 de agosto de 1795, disponía lo siguiente:

“Visto que en estos momentos hay razones para concluir que en las Islas en las indias Occidentales están más o menos infectadas con contagios y que a través de ellas las Floridas están en peligro de recibir y transmitir la misma antes de que puedan tenerse noticias fiables y tomar las precauciones adecuadas; y visto que es bien sabido que los Países en el Levante están rara vez, si es que alguna vez lo están, libres de contagios pestilentes, es por ello que para protegernos y prevenir lo más posible la entrada de dichos contagios en este estado por la presente, y en virtud de los poderes que me atribuye la ley, prohíbo estrictamente la entrada en este estado a todo barco que lleguen a este estado procedentes de las citadas islas, países y lugares, así como todo barco que llegue a este estado de cualquier otra Isla, puesto o lugar en el que al tiempo de zarpar se encontrase infectado. También a todo barco sin excepción que llegue a este estado con cualquier persona enferma a bordo….”

Pero regresemos al informe del chief justice. El mismo recuerda que la última ocasión en que se suspendieron las sesiones del Tribunal Supremo fue en 1918, a consecuencia de la mal llamada “gripe española.” Nunca se volvió a tomar dicha medida hasta el ya fenecido año 2020. Veamos cómo en tres breves párrafos John Roberts resume la forma que ha tenido la judicatura federal de enfrentarse a la situación creada por el COVID-19:

“En marzo, el Tribunal Supremo pidió a los empleados que trabajaran desde sus casas. Trasladamos al modo online los escritos de los letrados y los anuncios de las sentencias. En mayo, por vez primera celebramos las vistas orales a través de teleconferencia. Aun cuando esperamos regresar a nuestro lugar habitual en la sala de vistas, hemos sido capaces de mantener nuestro trabajo. Otros tribunales de apelación a lo largo del país han respondido con similar flexibilidad. Pero una vez más, el gran reto lo afrontaron los “primeros en la lucha” en la familia judicial: los juzgados de instancia y su personal.

Los juzgados de instancia abordan más directamente con el pueblo (abogados, por supuesto, pero también con las partes, testigos, jurados, intérpretes, personal de seguridad y miembros del público que tienen importantes derechos de acceso a los procedimientos). Los jueces de instancia tienen la obligación constitucional y legal de tramitar los asuntos con celeridad, especialmente en lo que respecta a cuestiones penales. Y han tenido que resolver cómo desarrollar sus funciones de acuerdo con los mejores criterios de salud pública disponibles.

A este fin, los jueces que integran la Conferencia Judicial de los Estados Unidos y sus comités (en particular, el Comité sobre Normas de Práctica y Procedimiento) actuó rápidamente para hacer posible conferencias de audio y video en ciertos asuntos penales, con la ayuda del Congreso a través de la autorización de la Ley CARES. En abril, los jueces a lo largo del país desarrollaban funciones judiciales críticas desde sus casas, o desde las mesas de sus cocinas.

Las vistas en toda clase de asuntos se efectuaron de forma virtual. Los jueces rápidamente (o cuando menos eventualmente) aprendieron a utilizar un amplio arsenal de herramientas disponibles para efectuar conferencias de audio y video. Pero este esfuerzo precisó más que nueva tecnología. Los jueces necesitaron efectuar aproximaciones novedosas para tramitar los procedimientos judiciales.”

Retengamos dos datos simplemente: primeramente, la posibilidad de efectuar las vistas orales no sólo de forma audiovisual, sino tan sólo telefónica; y, en segundo lugar, la celeridad con la que se adoptó tal medida que, en el caso del Tribunal Supremo, continúa vigente. La reacción del mundo judicial y legislativo estadounidense fue, por tanto, inmediata y eficaz.

Como anécdota, el informe incorpora un par de fotografías, una de ellas (la que ilustra la presente entrada) correspondiente al año 1918, donde un tribunal celebró sus sesiones al aire libre como medida tendente a evitar los contagios.

A nivel puramente estadístico, en el año judicial anterior (es decir, el que comenzó el 1 de octubre de 2019 y finalizó el 20 de septiembre de 2020), en lo que al Tribunal Supremo se refiere, llegaron al mismo bastantes menos casos que en el año anterior, pues el número de asuntos que traspasaron la frontera del registro descendieron desde los 6.442 del periodo anterior a los 5.411 actuales. El COVID parece haber hecho cierta mella en el número de sentencias, pues si bien los asuntos admitidos a trámite fueron exactamente los mismos que el periodo anterior (73) y el número de ellos que quedaron vistos para sentencia fue también idéntico (69) este año se dictaron tan sólo 53 sentencias, a diferencia de las 66 del año judicial anterior.

Por el contrario, en los juzgados federales los asuntos sufrieron un incremento al que no afectó en nada la pandemia. Así, los casos civiles aumentaron nada menos que el 58% (desde 297.877 a 470.581), mientras que los asuntos concursales descendieron un 21%, si bien aun así mantienen un volumen considerable, pues se elevaron a 612.561.

Los Tribunales de Apelación no experimentaron apenas variación en el número de asuntos, pues el leve descenso apenas llega al uno por ciento.

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