REPUBLIC OF GERMANY v. PHILIPP: CONFISCACIONES EXTRANJERAS, JURISDICCIÓN FEDERAL…Y EL REGRESO DE EMMER DE VATTEL AL TRIBUNAL SUPREMO

Supongamos que existen descendientes de un colectivo que ha sufrido persecución en su propio país. Supongamos que esos antepasados a quienes se sometió a persecución vendieron al estado que los perseguía un conjunto de bienes histórico-artísticos, recibiendo a cambio un precio notablemente inferior al de mercado. Avancemos mentalmente varias décadas para observar que los descendientes de los vendedores, transcurrido casi un siglo de haberse consumado esa venta, deciden impugnarla en el tribunal de un país distinto, alegando que la persecución de sus antepasados se englobaba en una política genocida y que la venta debía considerarse nula. Imaginen que esos descendientes, considerándose agraviados por lo que consideran un expolio de sus antepasados, efectúan una reclamación ante el estado que adquirió esos bienes. Sometido el asunto a un organismo especializado en la materia, éste considera que la venta fue lícita. Inasequibles al desaliento, y conscientes que nada podrían obtener de los tribunales del país frente al que reclaman, deciden entablar una acción judicial ante los órganos de un país distinto.

Plantéense ahora que son ustedes jueces de ese tercer país que han de enfrentarse a un pleito en el cual como parte demandante figuran los nietos de los vendedores originales, mientras que como parte demandada se encuentra el mismo estado que recibió en venta los bienes, y que éste alega la inmunidad jurisdiccional que le blinda frente a acciones ejercitadas frente al mismo en tribunales de otros países. La pregunta es obvia: ¿Entrarían aceptarían la tesis de la inmunidad jurisdiccional e inadmitirían a trámite el asunto o, por el contrario, abordarían el toro por los cuernos y tramitarían el asunto estimando o desestimando en cuanto al fondo?

El anterior supuesto dista mucho de ser una hipótesis de laboratorio, sino que constituye el presupuesto fáctico de la sentencia Federal Republic of Germany v. Philipp, que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hizo pública el pasado día 3 de febrero. Los antecedentes de hechos son básicamente los expuestos en el párrafo anterior, si bien con algunas precisiones adicionales. 

Primero.- Los antecedentes fácticos.

Se trata de un conjunto de bienes conocidos como Welfenschatz, que el Duque de Brunswick vendió durante la República de Weimar a un consorcio de tres empresas de arte cuyos propietarios eran judíos residentes en Frankfurt. Dicho consorcio vendió la mitad del lote a museos y ciudadanos residentes en Europa y Estados Unidos, pero tras el ascenso de Hitler al poder, venden los remanentes al estado alemán por un tercio de su valor de mercado. Poco después, dos de los miembros del grupo de empresas se exilian a Estados Unidos y el tercero, que optó por permanecer en Alemania, fallece poco después. En la fase final de la Segunda Guerra Mundial, las tropas americanas toman posesión de la parte del tesoro vendida a Alemania, y tras el cese del conflicto bélico se reintegra el tesoro a la República Federal de Alemania.

Los descendientes de esos tres propietarios originales del consorcio que vendió los bienes al estado alemán en 1935, son ahora ciudadanos estadounidenses y consideran, casi ochenta años después de consumada la venta, que la misma no fue justa. En 2014 someten el asunto a la Comisión Consultiva Alemana para la Devolución de Propiedad Incautada a Consecuencia de la Persecución Nazi, órgano creado al amparo de los Principios de la Conferencia de Washington en materia de Obras de Arte Confiscadas por los Nazis. Tras un procedimiento exhaustivo, donde intervienen testigos, peritos en la materia y se presentaron numerosas pruebas, el organismo concluye que la venta tuvo lugar sin duda alguna a un precio justo.

Sin embargo, los herederos no quieren dar la batalla por perdida y ante el fracaso ocurrido en Alemania, interponen una demanda en el Juzgado Federal de Washington D.C., reclamando al estado alemán la friolera de 250 millones de dólares porque la venta en realidad fue un “acto de genocidio, y la adquisición vulneró, en consecuencia, el derecho internacional”, mientras que el estado alemán alega la inmunidad de jurisdicción. Tanto el Juzgado Federal como el Tribunal de Circuito rechazan las tesis de inmunidad procesal esgrimidas por Alemania y dan la razón a los demandantes considerando que, en efecto, se estaba ante un “genocidio perpetrado por un estado incluso contra sus propios nacionales en contra del derecho internacional

Segundo.- Resolución del Tribunal Supremo

El asunto llega al Tribunal Supremo, que fija como cuestión a resolver la siguiente: 

“La “excepción expropiatoria” de la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera otorga jurisdicción sobre las reclamaciones frente a un soberano extranjero que ha vulnerado la normativa internacional de derechos humanos al obtener en su propio territorio la propiedad de sus nacionales” 

Dicho de forma más sencilla, se trata de dilucidar si los órganos judiciales estadounidenses pueden entrar a conocer de reclamaciones sobre propiedad derivadas de acciones de un estado frente a sus propios nacionales, no frente a nacionales de otros estados.

Pues bien, la respuesta del Tribunal Supremo es clara y, además, unánime. Los nueve magistrados consideran que no es posible, y se amparan en la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera, aprobada en 1976, que incorpora al sistema legal estadounidense el principio básico de inmunidad de los estados ante los tribunales de terceros estados. No obstante, existen algunas limitadas excepciones a ese principio, a una de las cuales se acogían los demandantes. En concreto a la previsión contenida en el Título 28, Capítulo 97, Parágrafo 1605(a)3, según el cual. “un estado extranjero no gozará de inmunidad ante los tribunales de los Estados Unidos en asuntos que impliquen propiedad adquirida en violación del derecho internacional….” Ahora bien, ¿cómo ha de interpretarse dicho precepto? ¿Se refiere a propiedad adquirida conculcando cualquier parte del derecho internacional, o únicamente se refiere a las normas del derecho internacional relativas a la propiedad? Y ello porque la posición de Alemania consistía en que tal precepto, al referirse al derecho internacional: “se refiere al derecho internacional de la propiedad, no al de genocidio” y, en consecuencia, el caso concreto enjuiciado “se trataba de una cuestión interna”, puesto que se estaba ante una compraventa donde el adquirente era el estado alemán y los vendedores ciudadanos alemanes. 

El Tribunal Supremo de los Estados unidos efectúa un amplio recorrido por el “principio de confiscación interna” (domestic taking rule) que posee “hondas raíces no sólo en derecho internacional, sino en la política exterior estadounidense.” El máximo órgano judicial reconoce que la normativa sobre genocidio forma parte del derecho internacional, y que los tribunales internacionales: “mantienen que el derecho internacional rige en las confiscaciones de la propiedad de extranjeros, pero las medidas adoptadas por un estado sobre la propiedad de sus propios nacionales no están sujetas a estos principios.” El Tribunal Supremo introduce a continuación este párrafo decisivo:

Nos enfrentamos a esta disputa sobre la existencia de límites de derecho internacional sobre las confiscaciones internas en Sabattino, donde se nos solicitó resolver las reclamaciones surgidas a raíz de la nacionalización que en 1960 Cuba efectuó de las empresas azucareras americanas. Este Tribunal concluyó que existían “pocos asuntos en derecho internacional donde las opiniones se encontrasen tan divididas como sobre las limitaciones del poder del estado para expropiar la propiedad de extranjeros” Dudando si adentrarse en tal controversia, en vez de ello se invocó la doctrina de los actos de estado, que impedía a los tribunales de los Estados Unidos determinar la validez de actos públicos de un estado soberano extranjero.

El Congreso no aplaudió esta reticencia del tribunal. En pocos meses desde la sentencia, aprobó la segunda enmienda a la Ley de Asistencia Extranjera de 1964. La enmienda prohíbe a los tribunales de los Estados Unidos aplicar la doctrina de los actos de estado donde se invoque un “derecho de propiedad” basado en la “confiscación…por un acto de ese estado en violación de los principios del derecho internacional”. Tribunales y doctrina interpretaron que la enmienda permitía resolver asuntos como el que la sentencia Sabatino había evitado, es decir, reclamaciones contra estados extranjeros por la expropiación de propiedades de americanos. Pero nada en la enmienda pretendía modificar ningún principio de derecho internacional, incluyendo el principio de confiscación interna […] El Congreso utilizó un lenguaje prácticamente idéntico al de la citada enmienda a la hora de establecer la excepción. Como se ha indicado, dispone que los tribunales de los Estados Unidos pueden ejercer su jurisdicción sobre estados extranjeros en cualquier “asunto que implique propiedad adquirida en violación del derecho internacional.”

En definitiva, que si una nación soberana opta por ejercer un “expropiesé” e incluso un “confisquesé” sobre la propiedad de su sus nacionales, se trata de una cuestión interna cuya legalidad corresponde a los tribunales de ese estado. Pero si la propiedad confiscada o expropiada es de un nacional extranjero, sí que los tribunales estadounidenses pueden entrar a conocerla si esa propiedad se ha adquirido en contravención de las normas internacionales sobre derechos de propiedad.

Esta sentencia posee una curiosidad adicional que, gracias al regreso de un viejo conocido, hermana al Tribunal Supremo de la tercera década del siglo XXI con aquel organismo que en 1790 iniciaba su andadura. Si cualquier persona tiene la curiosidad de asomarse a las primeras resoluciones judiciales emanadas del citado organismo allá en la década final del siglo XVIII, podrá comprobar que los jueces que lo componían no eludían citar tratadistas muy en boga. Y si hubo un autor que ejerció una poderosísima influencia en la generación fundacional fue el ensayista suizo Emmerich de Vattel, más en concreto su Derecho de Gentes y Principios de la Ley Natural aplicados a la conducta y a los asuntos de las naciones y los soberanos. John Jay, James Wilson, James Iredell y Samuel Chase invocaron la autoridad de Vattel a la hora de resolver muchos de los asuntos relativos a cuestiones internacionales, y cualquiera que se asome por la decisiva e importantísima sentencia Ware v. Hylton (que declaró la inconstitucionalidad de una ley estatal de Virginia que contravenía un tratado internacional) comprobará que Vattel era una de las autoridades más citadas. Pues bien, doscientos treinta y un años más tarde, en el caso Republic of Germany v. Philipp, el chief justice John Roberts, en la quinta página de la sentencia, cita expresamente a Vattel y a su clásica obra que tanta influencia tuvo en el propio origen de los Estados Unidos. Un bonito guiño a una de las personalidades que más contribuyó a forjar el pensamiento y las ideas de aquellos jóvenes idealistas que lograron independizarse de la entonces primera potencia mundial.

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