CUANDO, AL FILOSOFAR SOBRE EL DERECHO A LA VIDA, EL TRIBUNAL SUPREMO IMITÓ A ANTONIO GARISA.

En cierta ocasión, un ganadero acudió al despacho del abogado Felipe Recuero con la finalidad de plantearle un delicado problema que le había sucedido. Una de sus reses se había escapado del corral, dado a luz a un ternero en propiedad comunal y después vaca y ternero se introducían en propiedades de un vecino. Cuando el ganadero requería al abogado para que le aclarase de quién era la res neonata, el jurista tomó uno de los gruesos volúmenes de la benemérita editorial Aranzadi y, tras leer de forma apresurada unas líneas, don Felipe respondió a su cliente: “¡Pues lo deja bien claro! ¡El ternero es…..de la vaca!” Lo expuesto en las líneas anteriores no es en modo alguno un caso real, sino una divertida escena de La cenicienta y Ernesto, película española hoy olvidada y donde tan peculiar abogado lo interpretaba el siempre divertidísimo Antonio Garisa (auténtico protagonista del film, en el que, por cierto, también destacaba el patriarca de una ilustre saga, don Rafael Bardem) mientras que el sufrido ganadero era encarnado por el no menos genial José Luís Ozores en una fugaz aparición. Claro que al final del film se terminaba descubriendo que el letrado no era tal sino, en sus propias palabras, “un poeta” que no tenía el más mínimo conocimiento jurídico, pero que trataba de acomodar los hechos a sus ideas preconcebidas para ayudar al prójimo.

Pues bien, la recentísima Sentencia 141/2021 de 4 de febrero de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictada en recurso 6395/2019 (ES:TS:2021:351) efectúa afirmaciones que, si uno no las viera reflejadas en una sentencia del más alto órgano judicial español, tentado estaría de atribuirlas al personaje encarnado por el genial Antonio Garisa que, dicho sea de paso, hubiera solventado la cuestión de forma harto más presentable.

La sentencia desestima el recurso de casación interpuesto frente a la Orden INT/992/2017 de 28 de septiembre por la que se declara de utilizad pública la Asociación “Derecho a Morir Dignamente”. Lo preocupante son algunas de las afirmaciones vertidas en el citado documento judicial que, insisto, son cuando menos sorprendentes, y algunas de ellas, además, inciertas. Veámoslo.

1.- Comienza la sentencia con una afirmación inaudita seguida de una inexactitud. Afirma la sentencia lo siguiente:

“No es fácil determinar el contenido del derecho a la vida, como lo pone de manifiesto el hecho de que, entre los derechos humanos tradicionales, fue el de más tardío reconocimiento; y así, ni estaba en la redacción originaria de la Constitución Americana, en la que se incorporó en la IV Enmienda y solo desde el punto de vista de impedir que pudiera quitarla el Estado; ni en la cercana Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano […] No es sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, quizás debido a sus efectos, cuando se empieza a reconocer en los Texto Constitucionales la vida como uno de los derechos humanos.”

Que seis magistrados del Tribunal Supremo afirmen que “no es fácil” determinar el contenido del derecho a la vida debería llevar a la preocupación. Pero afirmar que el derecho a la vida no se recoge hasta los textos constitucionales posteriores a la Segunda Guerra Mundial es pura, lisa y llanamente falso. Es evidente que ni el ponente ni quienes suscribieron sus afirmaciones deben estar familiarizados con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, suscrita el 4 de julio de 1776, uno de cuyos párrafos, que conocen incluso hasta los estudiantes de Derecho, afirma:

Sostenemos estas verdades como evidentes por si mismas: que todos los hombres son creados iguales, que están dotados por su Creador con ciertos derechos inalienables, entre los cuales se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.”

Ya tenemos, pues, el derecho a la vida como derecho inalienable e inherente al ser humano, y recogido en un texto de 1776. Podrá objetarse que la Declaración de Independencia no es un texto propiamente constitucional. Aceptemos tal objeción. Vayamos, pues, a la Constitución del estado de Virginia aprobada el 12 de junio de 1776 (que, como puede verse, precede a la propia independencia). Dicha constitución está dividida en dos partes, la primera un Bill of rights, la segunda un “frame of government”. Pues bien, si uno acude al primer artículo del Bill of rights podrá encontrar lo siguiente:

Que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes, y poseen ciertos derechos inherentes, los cuales, cuando entran en estado de sociedad, de los cuales no pueden, por ningún acuerdo, ser privados por su posteridad, entre ellos, el disfrute de la vida y la libertad…”

Por si sus señorías consideran que el anterior es un hecho aislado, vayamos a la Constitución de Massachussets, aprobada en 1780 y redactada por John Adams. Al igual que en el caso de Virginia, se divide en dos partes, un Bill of rights y un frame of government. Pues bien, la Constitución de Massachussets reconoce el derecho a la vida en dos artículos, que recogen la vertiente positiva (artículo X, “todo individuo de la sociedad tiene el derecho a ser protegido por ella en el disfrute de su vida, libertad y propiedad”) y negativa (artículo XII: “ninguna persona será arrestada, encarcelada, despojada o privada de su propiedad, inmunidades o privilegios, puesto fuera de la protección de la ley, exiliado o privado de su vida”).

Por tanto, el derecho a la vida sí se recogía en textos constitucionales, mucho antes de 1945 y, por supuesto, un poco antes que en 1791 y 1787. Sólo había que indagar un poco, algo que, por lo visto, sus Señorías ilustrísimas no consideraron oportuno hacer o, simplemente, desconocían aspectos básicos de la historia constitucional.

2.- A continuación, la Sentencia incluye un párrafo en el cual pretende sin duda alguna ahondar en las concepciones de la vida muy cercanas a Quevedo, pero con un estilo ciertamente más cercano a Antonio Ozores, y con unos razonamientos en algunas ocasiones más propios de Luís Sánchez Pollack. Escuchemos a las más preclaras voces del sistema judicial español filosofando sobre la vida en abstracto:

“Porque deberá reconocerse que los fines de la asociación declarada de utilidad pública no pueden incardinarse en la muerte como antítesis de la vida, sino que deberán vincularse a la misma vida, en el sentido de que es consustancial a la vida la irremediable extinción de esta por la muerte en un proceso natural, lo cual lleva a la conclusión de que integra ese derecho una actividad encaminada a la preparación de las personas para ese inevitable y luctuoso hecho. Y así cabría señalar que no hay actividad sanitaria, cultural, religiosa, informativa o de cualquier otro género que afecte a las personas de manera directa que no tenga en cuenta la muerte y, por ello, que no trate de concienciar a las personas para ese irremediable fin de su existencia. Y, con ello, no es que se proteja o fomente la muerte, se protege la vida, porque la vida no puede desconocerla. En suma, una actividad que prepare a la persona para su muerte, no deja de ser una protección de la misma vida; en primer lugar, porque la vida finaliza con ella y cuando se despliega esa actividad hay vida; pero, además, mientras se da esa asistencia, existe vida y sentimientos avocados a la muerte para los que nunca serán suficientes una cuidada asistencia. Máxime cuando el fin de la vida, si siempre es incierto, hay supuestos en los que procesos patológicos permiten aventurarla en un tiempo más o menos cercano“

Desde luego, podrían haberse utilizado otros razonamientos para desestimar al recurso de casación, pero el utilizado es realmente preocupante y, visto el mismo, uno empieza a comprender los motivos de la exquisita sensibilidad con que desde la Administración de Justicia se aborda el fenómeno de la ocupación, porque si trasplantamos el razonamiento de la sentencia de marras, el mismo no dejaría de ser una “protección de la misma propiedad”.

Es cierto que, tras los asertos anteriores, la Sentencia continúa afirmando, y en este punto no puede sino suscribirse íntegramente a la misma, que:

entre obligar a vivir y provocar la muerte haya múltiples estadios intermedios a los que el Derecho no puede ser indiferente. Nos referimos, y es cómo ha de acotarse el debate, que entre esos extremos hay situaciones a los que social y jurídico, debe darse respuesta como es la situación de personas que por la evolución de la enfermedad incurable y con agónicos padecimientos físicos, sin expectativa alguna de recuperación, pueda adoptar decisiones con el fin de terminar su propia existencia que la ciencia médica puede alargar hasta términos inhumanos, como la misma parte recurrente acepta, si bien los excluye, sin fundamento alguno, de los fines que integra la asociación declarada de utilidad pública.”

Con todo, la indubitada certeza de la afirmación que acabamos de transcribir no excusa las preocupantes afirmaciones vertidas con anterioridad, y que demuestran no sólo que en esta ocasión al querer vestir su razonamiento adentrándose en el proceloso océano de la historia el Tribunal Supremo ha tenido el mismo éxito que el Titanic, sino que, a la hora de adentrarse a las hondas preocupaciones sobre la vida, cuando abandona el mundo jurídico pretendió emular a Quevedo o a Unamuno, y le ha salido un Ozores.

Da la impresión que, en los últimos años, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, salvo algún ligero pescozón ocasional y salvo desautorizaciones en asuntos verdaderamente clamorosos, se ha convertido más bien en un escabel del poder público. Y no es que uno discrepe necesariamente del fallo o resultado final de la sentencia comentada, pero sería imposible asumir todos y cada uno de los razonamientos vertidos en la misma. Todo parece indicar que, en vez de abordar jurídicamente el asunto y resolver de conformidad con ello, el procedimiento fue exactamente el inverso: se falló primero y se abordó posteriormente la delicada tarea de motivar el resultado. Y quizá descubramos que, al igual que el personaje encarnado por Antonio Garisa en el film al que aludíamos en el párrafo inicial, en el presente caso más que magistrados, lo que encontramos en realidad son «poetas«.

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