LA «VIDA PROPIA» DE INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS O LA FALTA DE COORDINACIÓN EXPLICADAS A TRAVÉS DE «BEN-HUR»

Uno de los principios que a nivel constitucional se impone al actuar administrativo es el de coordinación, y en este sentido el tenor literal del artículo 103 de la norma fundamental no deja resquicio alguno para la duda: “La Administración pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.” Bien es cierto que al referirse a la “Administración pública”, en singular, habrá quien piense que la coordinación se imponte tan sólo al actuar de los órganos de una misma Administración. No obstante, el legislador ordinario ha despejado toda duda al respecto, pues el artículo 3.1 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, transcribe literalmente el precepto constitucional con una interesantísima variación: ya no habla de “Administración pública” en singular, sino de “Administraciones públicas” en plural y, además, precisa que “deberán” (es decir, obligación, no simple facultad) respetar “en su actuación y relaciones” el principio de “cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones públicas.”

Lo que se pretende con tal principio es que todos los entes públicos combinen su actuación para que, respetando las singularidades de cada uno, los esfuerzos combinados optimicen el resultado final. Nada mejor que explicarlo con un ejemplo extraído de una de las obras maestras del séptimo arte, la oscarizada Ben-Hur, glorioso film dirigido por William Wyler en 1959 y que alcanzó la hasta entonces inalcanzada cifra de once premios de la Academia. Pues bien, cuando Judá Ben-Hur regresa a su Judea natal, se encuentra con Baltasar, huésped del peculiar y divertidísimo jeque Ilderím. Ben-Hur encuentra al jeque en un momento delicado, en pleno entrenamiento de la cuadriga para las carreras que se celebrarán en Jerusalén. Nada más otear la situación, Judá, que en Roma se había convertido en un experto auriga, adelanta a su acompañante: “observad, se saldrán en la siguiente curva”, como en efecto, así fue. Cuando Baltasar manifiesta al sorprendido jeque que su acompañante le había indicado lo que pasaría, Ben-Hur explica que no era magia, sino simple observación: uno de los caballos estaba mal situado y frenaba al resto, por lo que tan sólo bastaba alterar levemente la situación de cada uno. El jeque logró persuadir al joven Hur para que fuese el guía de sus cuatro posesiones más preciadas, los caballos “Aldebarán, Altair, Antares y Rigel”. Los esfuerzos coordinados de los cuatro animales guiados por una mano experta lograron optimizar todo el potencial y llegar a la victoria.

Lamentablemente, en el ordenamiento español los entes públicos distan mucho de poseer la nobleza de los caballos (que me perdonen los integrantes de la raza equina por la comparación) y los aurigas tampoco gozan de la sabiduría y firmeza el vástago de la casa Hur. De ahí que el carro acaba inevitablemente saliéndose de la pista, lo que no estaría del todo mal si el único siniestrado fuese el torpe conductor, pero acaba siendo trágico porque una y otra vez los atropellados en el siniestro son los queridos niños que contemplaban el espectáculo; es decir, los antaño siervos de la gleba, ulteriormente súbditos pecheros, hasta hace poco administrados y en la actualidad “ciudadanos” desde la óptica exclusivamente formal, pues materialmente los poderes públicos al contemplarlos no ven personas, sino que sólo ven fuentes de ingresos.

Con todo, lo preocupante no es tal situación, sino que los órganos judiciales, aunque constaten tal descoordinación, la toleren sin más que pías admoniciones. Un ejemplo de ello nos lo ofrece la Sentencia 118/2020 de 30 de enero de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictada en recurso número 3412/2018 (ES:TS:2020:228) que, a la hora de describir las relaciones entre urbanismo, catastro y tributos, desliza la siguiente perla:

“Pues bien, este recurso exige indagar de forma directa las relaciones entre urbanismo, catastro y tributos locales, que no siempre se manifiestan en un escenario armónico.

Por muy deseable que sea la máxima convergencia entre estas disciplinas, el catastro (competencia estatal) tiene una «vida propia» con relación a la clasificación urbanística de los terrenos (competencia municipal y autonómica), especialmente tras la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, que modificó el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Catastro Inmobiliario (en adelante, «TRLCI»).

No deja de ser preocupante que el Tribunal Supremo considere tan sólo “deseable” y no “obligatorio” dar cumplimiento a un requisito constitucionalmente impuesto en la actividad administrativa, cual es el de coordinación. Con los resultados prácticos de todos conocidos, cual es que, por lo que se ve, algunas instituciones, casualmente las más vinculadas a la recaudación, resulta que tienen nada menos que “vida propia”. Como, por cierto, tuvo la criatura del doctor Víctor Frankenstein, con la diferencia que si ésta se revolvió contra su creador, los órganos tributarios se cuidan muy mucho de hacer lo mismo con los suyos.

Uno no puede dejar de preguntarse qué hubiera ocurrido si Judá Ben-Hur, en vez de aplicar como auriga el principio de coordinación mutando la ubicación de los caballos del jeque Ilderim, se hubiese limitado a considerar “deseable” el cambio. Es posible que los caballos negros del tribuno Messala continuasen reinando en Jerusalén.

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