NIZ-CHAVEZ v MERRICK GARLAND O LA IMPORTANCIA DEL ARTÍCULO INDETERMINADO SINGULAR: LECCIÓN DE GRAMÁTICA INSERTA EN UNA SENTENCIA.

Tanto en la época de formación universitaria como a lo largo de la experiencia profesional el jurista ha tenido la oportunidad de percatarse de la importancia del uso del lenguaje y el carácter decisivo que tiene el uso de ciertos términos en detrimento de otros distintos. Tal circunstancia puede comprobarse llevada al extremo en la sentencia Niz-Chavez v. Merrick Garland, que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hizo pública el pasado día 29 de abril de 2021. Dicha resolución judicial destaca no sólo por lo inusual de la alianza de jueces que formaron la mayoría, sino porque gran parte de los razonamientos jurídicos se ciñen a la importancia dada al uso del artículo indeterminado singular “un”. Pero también por el hecho que la citada sentencia otorga al efecto “reflejo” de las formalidades, de tal manera que cuando un ente público exige a terceros cumplir rigurosamente las formas debe actuar con ese mismo respeto y no aplicarse a sí mismo una generosa flexibilidad.

La base del caso gira en torno a una corruptela administrativa a la hora de aplicar un precepto de la legislación de extranjería, en concreto la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes, sancionada por el presidente Bill Clinton el 30 de septiembre de 1996, e incorporada en el epígrafe octavo del Código de los Estados Unidos. En el mismo, se exige que la Administración, para iniciar un procedimiento de expulsión frente a un inmigrante ilegal, precisa notificarle un documento (que la terminología legal estadounidense recoge como “a notice to appear” y que podría traducirse con las lógicas reservas como “una citación”) donde han de recogerse determinados contenidos, y cuya notificación al interesado sirve para detener el cómputo de periodo de estancia en el país. El problema radica en que en los últimos años, los entes públicos encargados de llevar a efecto las previsiones en la materia no incluía tal contenido en un único documento, sino en varios, que se notificaban al interesado en diversos periodos de tiempo.

Pues bien, ya las líneas iniciales de la sentencia implican un tiró de orejas a la Administración, recogiendo la tesis (que, por cierto, debería aplicarse estrictamente a órganos administrativos y judiciales españoles) de que quien extrema los formalismos debiera aplicarse el cuento:

“Cualquiera que haya solicitado un pasaporte, beneficios de la Seguridad Social o una licencia está al tanto de la querencia administrativa por las formas. ¿Comete un error u omite un trámite? Pues vuelva atrás e inténtelo de nuevo, en ocasiones con una sanción por ello. Pero resulta que el gobierno federal encuentra algunas de tales formalidades también frustrantes. La Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996 requiere que el gobierno entregue “una citación” a los individuos que desee expulsar del país. A primera vista, una citación parece justo eso, un único documento que contiene toda la información que un individuo necesita conocer acerca de su procedimiento de expulsión. Pero el gobierno sostiene que incluir tanta información en un único documento es demasiado. Necesita más flexibilidad permitiendo a sus agentes ofrecer la información en diferentes actos (tantos como desee) a lo largo del tiempo (que considere oportuno). La cuestión que se nos somete es verificar si la ley aprobada por el Congreso permite avalar tal actuación ejecutiva.”

En otras palabras, se trata de verificar si es ajustada a Derecho la actuación administrativa consistente en la versión jurídica del célebre “consejos vendo” (cumpla usted todas las formalidades con el mayor rigor posible, y a la mínima no se le admito) “que para mí no tengo” (en el caso de la Administración, ese rigor debe transmutarse en flexibilidad sin límites). Para ello, el Tribunal Supremo debe interpretar la expresión legal “una citación” (“a notice to appear”). Y por una mayoría de seis votos frente a tres, el Tribunal Supremo desautoriza la práctica administrativa.

Como hemos indicado anteriormente, la sentencia tiene dos notas características.

Primero.- La inusual composición de la mayoría de jueces. De los seis que integran la mayoría, la mitad son los integrantes del sector “liberal” (Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan) pero a ellos se han sumado tres jueces del sector conservador, en concreto los tres que profesan una filosofía jurídica “originalista” (Clarence Thomas, Neil Gorsuch, y Amy Coney Barrett) y, curiosamente, dos de ellos han sido nombrados a propuesta de Donald Trump. El ponente de la sentencia ha sido precisamente Neil Gorsuch.

Tal circunstancia no debería llevar a sorpresa. Quien haya leído el libro A republic, if you can keep it (Random House, 2019), recopilación de conferencias y artículos de Neil Gorsuch, sabe perfectamente cuáles son los criterios interpretativos que sostiene dicho juez, y que comparte su colega Thomas.

Segundo.- Casi toda la sentencia se dedica a resaltar la importancia que tiene en este caso el uso del artículo indeterminado singular “una” (“a”) para llegar a la conclusión alcanzada por la mayoría. Principia la sentencia ofreciendo lo que es el principio general interpretativo que sigue a la hora de enfrentarse a desentrañar el sentido de cualquier texto legal:

“Cuando se nos demanda resolver una disputa acerca del significado de un texto legal, el Tribunal normalmente otorga a los conceptos legales su significado ordinario en el momento que el Congreso los aprobó. Las personas que llegan ante nosotros tienen igualmente derecho a jueces independientes que agoten “todas las posibilidades” basándose en ese significado. Cuando el uso de esas herramientas nos permite resolver la cuestión que se nos somete, nuestra “única función” es aplicar la ley tal y como la encontramos, y no otorgar deferencia a la lectura de la misma que el gobierno pueda efectuar”

Y llega el núcleo de la controversia, la importancia del artículo “una”:

“Para activar el precepto, el gobierno debe notificar “una” citación que contenga toda la información que el Congreso ha especificado. Para un lector común -tanto en 1996 como hoy- “una” citación parece sugerir justo eso: “un” único documento conteniendo la información requerida, no una amalgama de piezas.

Tampoco las tesis de la Administración (reproducidas por los disidentes) son enteramente satisfactorias. Ésta afirma que la norma define el término “citación” como “comunicación escrita”, y afirma que es obvio dicha “comunicación escrita” puede efectuarse por medio de un documento o varios. Pero este argumento no es razonable. La normativa afirma que “comunicación escrita” es “referida a una citación”. El artículo singular “una” por tanto cae fuera del término definido (“citación” y modifica enteramente la definición. Por ello incluso si hiciésemos exactamente lo que la Administración sugiere y sustituimos “comunicación escrita” por “citación” la ley obstinadamente requeriría “una” comunicación escrita conteniendo toda la información.”

La importancia, pues, del artículo indeterminado es tal que la sentencia destaca la misma:

Ciertamente, todo aquí depende en una pequeña palabra. En opinión de algunos, demasiada.”

Es por ello que el Tribunal se ver obligado a ofrecer varios ejemplos didácticos no sólo para ilustrar a las partes y al público en general, sino a los propios jueces disidentes, cuyas tesis recoge y a quienes refuta en términos ciertamente divertidos, utilizando sin embargo manuales de gramática y libros de estilo:

“Quizás reconociendo que es demasiado, la Administración y los disidentes descansan y centran sus esfuerzos en otra dirección. Nos recuerdan que “el artículo indefinido “una” frecuentemente se utiliza para referirse a algo que puede adquirir en más de una situación. La Administración observa, por ejemplo, que un escritor puede publicar “una” historia en forma de serie, o un autor puede entregar “un” manuscrito capítulo a capítulo. Los disidentes ofrecen sus propios ejemplos, destacando que “una solicitud de trabajo” y “un contrato” pueden prepararse en partes. Por tanto, incluso aun cuando la ley hable reiteradamente de “una” citación, la Administración y los jueces disidentes sostienen que es posible que el Congreso permitiera que esa citación se efectuara a lo largo del tiempo y por partes.

El problema con tal respuesta es que cualquiera admite que el lenguaje no siempre funciona de esa manera. Para utilizar el mismo ejemplo que utilizamos en Pereira, alguien que acuerde comprar “un” coche difícilmente esperaría recibir hoy el chasis, las ruedas la semana siguiente y seguidamente el motor. Como mucho, todos los ejemplos que la Administración y los jueces disidentes no hace más que demostrar que el contexto importa. Y en el presente caso, ocurre que el contexto no altera en nada la primera impresión.

Empecemos con el uso ordinario. Normalmente, los artículos indeterminados (como “uno” o “un” precede a sustantivos que son susceptibles de recuento. Los ejemplos anteriormente citados son ilustrativos: mientras puede decirse que “escribió un manuscrito” o “remitió tres solicitudes de trabajo”, nadie diría “escribió manuscrito” o “envió solicitud de trabajo”. Por contraste, en sustantivos no susceptibles de recuento (incluyendo abstracciones del tipo “cobardía” o “diversión”) casi nunca utilizan artículos indeterminados.”

En definitiva, una lección de gramática inserta en un documento judicial. No deja de ser curioso.

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